Renta básica para trabajadores desempleados

La renta básica ayudaría a millones de colombianos que perdieron sus ingresos por la pandemia

Por Héctor Vásquez Fernández

Asocajas acaba de revelar que hasta el 27 de agosto de 2020 se habían recibido 809.751 solicitudes para el auxilio de desempleo, de las cuales efectivamente se habían aprobado 215.880, las equivalen apenas al 4.7% de la población desempleada.

La pandemia dejó sin ingresos a 4.559.875 personas que quedaron desempleados, a las que hay que sumarles 2.719.935 más de nuevos “inactivos”, personas que también perdieron sus empleos pero que, en medio de la pandemia y por razones obvias, dejaron de buscar empleo y por lo tanto dejaron de ser parte de la población activa.

A todas estas personas el gobierno del partido Centro Democrático tiene la obligación de asegurarles el derecho al Mínimo Vital, un derecho que ha sido reconocido desde 1992, (Sentencia T-426 de 1992), en forma extendida y reiterada por la jurisprudencia constitucional de la Corte, como un derecho que se deriva de los principios de Estado Social de Derecho, dignidad humana y solidaridad, en concordancia con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la igualdad en la modalidad de decisiones de protección especial a personas en situación de necesidad manifiesta.

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El mínimo vital es el equivalente a la línea de pobreza, cuyo valor ha sido calculado por el DANE en aproximadamente $270.000 de hoy, por mes y por persona, y representa el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes y servicios, alimentarios y no alimentarios, según esta entidad.

Ni el subsidio de desempleo que entregan las Cajas, ni tampoco el “ingreso solidario”, cumplen con el mandato constitucional que ordena asegurar el derecho al mínimo vital a todas estas personas.

Como lo señaló la directora de Asocajas, el beneficio que entregan estas entidades consiste en la “entrega de dos salarios mínimos en tres cuotas durante tres meses”, que equivalen a $585.201 por mes, pero aplica únicamente para “los trabajadores dependiente o independiente y cotizante de categoría A y B, que estén desempleados y que hayan cotizado a una caja de compensación durante 12 meses en los últimos cinco años, de manera continua o discontinua”, lo que deja por fuera a la inmensa mayoría de los trabajadores desempleados, y lo que explica el porqué de su baja cobertura. Además, si dividimos esta suma por 4, que es el número de personas promedio por hogar, cada persona estaría recibiendo apenas el 54% del valor del mínimo vital. Adicionalmente, estos recursos no los pone el gobierno, sino que salen del aporte patronal a las Cajas, aporte que hace parte del “salario social” de los trabajadores.

Respecto del “ingreso solidario”, la directora general del Departamento de la Prosperidad Social había informado, que “a partir de este 31 de julio se estará entregando el cuarto pago del programa por un valor de 160.000 pesos a 1.700.000 beneficiarios”, que equivalen al 37.3% del total de las personas que se quedaron sin empleo. Este aporte equivale a $40.000 por persona, (160.000 divido por 4, que es el promedio de personas que componen los hogares que reciben este auxilio), los que representan apenas el 14.8% del valor de la línea de pobreza o mínimo vital.

Si Colombia tuviera un Estado Social de verdad y no ese remedo que nos han impuesto las elites gobernantes, deberíamos tener un Piso de Protección Social como el propuesto por la Recomendación 202 de la OIT, (muy diferente a la falsificación que el gobierno nos impuso en el plan de desarrollo), que entre contenidos comprende la “seguridad básica del ingreso, por lo menos equivalente a un nivel mínimo definido en el plano nacional, para las personas en edad activa que no puedan obtener ingresos suficientes, en particular en caso de enfermedad, desempleo, maternidad e invalidez” (R. 202, numeral 5).

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El concepto de Piso de Protección Social se basa en el principio fundamental de la justicia social y en el derecho universal específico que toda persona tiene a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar de sí misma y de su familia. La idea esencial es que nadie debería vivir por debajo de un determinado nivel de ingresos y que todas las personas deberían tener al menos acceso a los servicios sociales básicos.

Este “mínimo definido en el plano nacional”, en Colombia equivale al valor de la línea de pobreza, o mínimo vital, que es el valor propuesto por 55 senadores de la República en su propuesta de Renta Básica de Emergencia, y que consiste en asegurarle un salario mínimo por tres meses a los 6.6 millones de hogares que por causa del confinamiento y la pandemia quedaron sin ingresos, y medio salario mínimo por hogar por otros tres meses.

Hasta ahora, en materia de protección de derechos, el gobierno del Centro Democrático se ha limitado a gastar lo menos posible en las personas que se quedaron sin ingresos, como queda en evidencia con lo recibido por la población desempleada, materializando con ello su idea ultraliberal de “Estado mínimo”, mientras que la mayor parte de los recursos se los ha entregado a los bancos para que estos los presten a las empresas, con el resultado que han sido aquellas empresas con influencia en los bancos y en el gobierno, las que se han quedado con la mayor parte de estos recursos, lo que ha conducido a la quiebra y al cierre de miles de empresas, principalmente, micros, pequeñas y medianas empresas, y a la caída estrepitosa de la economía, con una contracción del PIB de -15.5%.

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