Formalización y reformas laborales: más de lo mismo

Las reformas laborales que se implementan en épocas de crisis no ayudan a los trabajadores.

Héctor Vásquez Fernández. Analista ENS

Cada vez que los patronos pretenden reducir costos laborales y flexibilizar condiciones de contratación, la excusa siempre es la misma: la defensa del empleo formal, la necesidad de acabar con “las rigideces del régimen laboral que impiden la creación de empleos formales”, “ponernos a tono con los nuevos tiempos”, y frases por el estilo.

En 1990, la excusa fue la apertura económica: el país debía abrirles su mercado a las multinacionales, y nosotros debíamos aprovechar el factor costo laboral para ser competitivos. En 2002 el pretexto fue la altísima tasa de desempleo que creó la crisis del 99, con una caída del PIB de -4.4%. Ahora el pretexto es la pandemia del Covid 19 y su impacto en el empleo.

Pero los argumentos siempre son los mismos. En 1990 impusieron una reforma laboral que redujo costos laborales: suprimió la retroactividad de las cesantías, impuso el contrato temporal de manera indefinida, y redujo a la mitad la indemnización por despido injusto. El ponente de la reforma fue Álvaro Uribe. Pero el país en ningún sentido ganó en competitividad, como ha quedado demostrado 29 años después. Eso sí: se hizo más desigual desde la perspectiva de la distribución del ingreso.

En 2002, la reforma laboral del primer gobierno de Uribe eliminó el pago por trabajo nocturno entre 6 y 10 pm, y redujo en 25% el pago por trabajo festivo y dominical. Y aunque la tasa de desempleó bajó, esta no fue el resultado de la reforma, sino de la reactivación económica que se produjo con la bonanza exportadora de petróleo y carbón. Y porque en medio de la crisis y de la violencia salieron del país alrededor de 4 millones de colombianas que buscaban seguridad y mejores alternativas laborales en otros países.

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En 2012, durante el gobierno de Santos, les redujeron a las empresas 13 puntos porcentuales en el valor de la nómina. Éstas dejaron de pagar el 2% para el ICBF, el 3% para el SENA, y el 8% que era su contribución al régimen de salud, pagos que en adelante asumimos todas las colombianas a través del presupuesto nacional.

Sin embargo, la abrumadora tasa de informalidad que históricamente ha tenido el país, apenas se ha reducido de manera marginal. En 2009 los trabajadores con protección social (riesgos laborales, salud y pensiones) representaban el 36.6% de la población ocupada. Diez años después son el 43.2%. Y la tasa de informalidad, medida según el tamaño de empresa (hasta 10 y hasta 5 trabajadores) en 2001 estaba en 52% en las 23 ciudades. Hoy está en 47.3%, según el DANE.

Esto porque el problema de la informalidad nada tiene que ver con los costos laborales, ni con las supuestas rigideces del mercado laboral. Usted puede reducir salarios e imponer el trabajo y el pago de la seguridad por horas, establecer una legislación especial para el campo, y acabar con la poca estabilidad laboral que brinda el contrato a término indefinido, y por eso no se va a reducir el trabajo informal; o la reducción será apenas marginal, como en efecto ha venido ocurriendo. Lo que sí será seguro es que, si ahora se pensiona menos del 10% de los trabajadores que cumplen la edad mayor, mediante el pago de la seguridad por horas los trabajadores que efectivamente se pensionarán se reducirán a la mitad.

En Colombia el trabajo en el sector informal expresa un desajuste en el mercado laboral, un desnivel entre la oferta de puestos de trabajo que es capaz de generar la economía, y la demanda que la población en edad de trabajar hace de estos puestos de trabajo. “No hay cama pa´ tanta gente”. Situación que se agrava por los altos niveles de pobreza, y porque el país no ha sido capaz de construir un sistema de protección social que asegure a los desempleados un ingreso que los proteja de caer en situaciones de pobreza o de indigencia.

El trabajo informal, por precario que sea, se constituye muchas veces en una estrategia de sobrevivencia, al no encontrarse posibilidades de un ingreso fijo en los espacios de la economía regulada y formal.

En este contexto, el trabajo informal, por precario que sea, se constituye muchas veces en una estrategia de sobrevivencia, al no encontrarse posibilidades de un ingreso fijo en los espacios de la economía regulada y formal. Y si no fuera por las economías ilegales del narcotráfico, los indicadores del mercado laboral serían peores, como lo serían también los indicadores de pobreza e indigencia.

La razón está en que Colombia tiene un mercado interno en el que no caben las MYPIMES, el segmento de empresas responsable del 80% del empleo, que es donde se presenta la mayor tasa de trabajo informal. La mayor parte de estas empresas no cuentan con las posibilidades reales de desarrollarse y volverse competitivas.

Eso lo mostramos en un estudio que presentamos en 2009 con base en la información de estados financieros de 24.674 empresas, que en ese momento apenas representaban el 5.5% del total de empresas vinculadas al sistema de riesgo laborales. Estas empresas presentaban ingresos que equivalían a 1.6 veces el PIB de ese año, y a 1.9 veces el consumo final de los hogares. Una concentración que era todavía más escandalosa, pues menos de 5.000 empresas de esa lista (el 1.1% de las afiliadas al sistema de riesgos laborales) concentraban el 88.29% de los ingresos operacionales.[1]

En Colombia la mayoría de empresas están en la economía informal, no únicamente porque les resulta negocio estar allí para evadir responsabilidades fiscales y laborales (algunas aprovechan la debilidad del Estado para lograr este propósito), sino porque la mayoría no tiene las condiciones económicas que se lo permitan. O porque el lugar que ocupan en la cadena de subcontratación no les deja margen alguno para asegurarles condiciones distintas a sus trabajadores; y porque desde las políticas públicas no encuentran un entorno que les facilite salir de la informalidad, que les garantice condiciones de sostenibilidad a sus negocios.

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La denuncia que en 2009 hizo Asconfec, agremiación de pequeños confeccionistas que en aquel momento agrupaba 240 unidades familiares dedicadas a la maquila de la confección, ilustra bien la situación. Asconfec denunciaba que mientras los estándares internacionales para el pago de la maquila era de 220 pesos el minuto de trabajo, en Medellín el valor de ese minuto oscilaba entre 80 y 160 pesos. Ese margen tan estrecho les hacía imposible contratar trabajadores en condiciones de Trabajo Decente y formalizar su actividad.

En este sentido, es ilustrativo también la suerte que corre hoy en el Congreso de la República el proyecto de ley de ‘Pago a plazos justos’. La iniciativa, que limita el tiempo durante el cual le deben pagar las empresas a sus proveedores a 45 días, y que favorece de manera directa a las MYPIMES, está siendo saboteado por la ANDI y el viceministro de desarrollo empresarial, Saúl Pineda. Le han puesto toda clase de trabas.

Es en el segmento de la MYPIMES donde se presenta la mayor proporción de trabajo informal. Rebajar costos laborales, imponer el trabajo y el pago de la seguridad social por horas, no las va a hacer más competitivas a estas empresas, si éstas no cuentan con un entorno económico favorable a su desarrollo.

En este sentido, debe haber una intervención más decidida del Estado para controlar las cadenas de subcontratación y de tercerización, para que no resulten en una estrategia de captura de rentas por parte de las grandes empresas mediante la imposición de condiciones de contratación absolutamente leoninas. Condiciones que a los empleadores que las sufren no les deja más opción que trasladarles los riesgos a sus propios trabajadores; o asumir ellos mismos también los riesgos, manteniendo su actividad en la informalidad.

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[1] Vásquez, Fernández, Héctor. Formalización y el Primer Empleo: política a medias, septiembre de 2010. Documento de trabajo.

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