En noviembre pasado 20 trabajadores de Agrounión, finca que produce fruto de palma para las empresas procesadoras de aceite en Puerto Wilches, haciendo uso de su derecho de asociación se afiliaron a la seccional de Sintrainagro en esta región y presentaron pliego de peticiones.
Pliego que hasta ahora no se ha negociado, entre otras cosas porque los 20 trabajadores que lo presentaron ya no están en la empresa. A quienes cumplieron su contrato no se los renovaron, y los otros fueron objeto de persecución antisindical y montajes de procesos disciplinarios “chimbos”, y los despidieron.
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El argumento que Agrounión presentó para negarse a negociar con los trabajadores sus condiciones laborales, fue vicios en su presentación del pliego de peticiones, sin precisar bien cuáles fueron esos vicios y su pertinencia. Y ese mismo argumento los han presentado los empresarios en otras fincas palmeras, porque se trata de una estrategia concertada: alegar vicios en la presentación de los pliegos para dilatar la negociación y finalmente conseguir no negociar nada.
Para Marely Cely, directora del Centro de Atención Laboral de Puerto Wilches, quien presta asesoría jurídica a los sindicatos palmeros de la región, lo peor es que el Ministerio de Trabajo le sigue el juego a esa estrategia, por la poca operatividad que muestra: no investiga oportunamente los pretendidos vicios de presentación de los pliegos ni obliga a las empresas a negociar en términos establecidos en la ley, lo que dilata los tiempos y les permite a éstas despedir a los trabajadores y dejar su pliego en el limbo
La abogada Cely menciona que hay abogados al servicio de empresas de palma en el Magdalena Medio y el departamento del Meta, que orientan a los empresarios para que adopten la estrategia de dilación de las negociaciones con excusas jurídicas y recursos no transparentes, que luego los inspectores del trabajo del Ministerio toleran.
“Esas maniobras nos están limitando el proceso organizativo de los trabajadores de las fincas palmeras, que ya no van a querer afiliarse a un sindicato para reclamar sus derechos porque eso les puede costar el puesto”, dice Cely.
Se refiere a la labor que desde hace dos años viene implementando Sintrainagro a partir de la organización de los trabajadores de las fincas y los que trabajan de manera tercerizada, con el fin de promover y procurar mejores condiciones laborales para ellos. Labor que la actitud antisindical de las empresas, sumada a la inoperancia del Ministerio de Trabajo, retrasa o impide.
“Es agobiante ver la constante inoperancia del Estado colombiano en todos los órdenes respecto de la protección de los derechos laborales y de la libertad sindical. Desestima la existencia de las relaciones laborales, los pliegos de peticiones y las negociaciones colectivas”, concluye la abogada Marely Cely.
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