Desde hace más de 15 días ex trabajadores del Cerrejón, que fueron víctimas de despidos, realizan una protesta en inmediaciones de Albania, en la Guajira. Desde entonces, instalaron una carpa y allí permanecen por grupos de 50 y 60 personas que van rotando. Su manifestación tiene bloqueada la vía férrea que es la salida de carbón de la mina por lo que la empresa los amenaza constantemente con expulsarlos del lugar.
Sin embargo, los trabajadores han seguido firmes en su protesta. También cuentan con el respaldo de Sintracarbón, el sindicato que afilia a la mayoría de los trabajadores de la mina. Los protestantes tienen claro que están reclamando lo justo para ellos y sus familias y solo le piden pocas cosas a la empresa: que se siente a negociar con ellos, que reintegren inicialmente, al menos, a la mitad de los despedidos y que revise la liquidación de los demás.
¿Pero qué pasó? ¿Qué fue lo que llevó a que hoy este grupo de trabajadores estén instalados en lo que han denominado la carpa de la Resistencia? El 23 de febrero de este año Cerrejón tomó la decisión de despedir a 226 de sus trabajadores. La mayoría de estos llevaban un buen tiempo en la compañía. Muchos tienen enfermedades laborales asociadas a lo que hacían en la mina. Además, a muchos, el dinero de su liquidación no les alcanzó para pagar las deudas que tenían con la misma empresa.
Por otra parte, el sindicato y los trabajadores despedidos han presentado una querella ante el Ministerio de Trabajo y hasta el momento no han obtenido una respuesta. Adicionalmente, han puesto decenas de acciones de tutela para salvaguardar sus derechos al trabajo, a una vida digna y al mínimo vital. Solo 8 de casi 200 han sido favorables para quienes las presentaron, el resto han sido negadas, todas por jueces de La Guajira. Las que han sido ganadas fueron falladas por jueces en la ciudad de Bogotá.
¿Por qué los despidos?
Jorge Vieco llevaba 15 años trabajando en el Cerrejón. Hoy es uno de los voceros de los trabajadores que fueron despedidos aquel 23 de febrero. Jorge cree que los despidos de los que fueron víctimas fue una retaliación para con Sintracarbón. El año anterior este sindicato realizó una huelga que tuvo paralizada la producción por tres meses en la mina. El sindicato, del cual hacen parte los trabajadores despedidos, se opuso rotundamente a la implementación de un nuevo turno de trabajo en la mina y como consecuencia, tuvieron el despido, dice Jorge quién además tiene problemas de salud.
Vieco también dice que a los trabajadores les violaron todos sus derechos. Los despidos fueron hechos por una empresa ajena al Cerrejón quien llamó a los trabajadores y les dio un término de 2 horas para tomar una decisión trascendental en sus vidas.
Por su parte, Eduis Amaya, otro de los voceros de los trabajadores despedidos dice que la administración de El Cerrejón quiere acabar con la paz laboral y con la estabilidad de los contratos que por 30 años ha estado en la empresa. Para Amaya, lo que pasó ese 26 de febrero fue una “masacre laboral” y dice no entender cómo una empresa con la cantidad de riqueza que genera, no puede sostener a 226 trabajadores.
Por su parte, la empresa ha dicho que el despido se debe a una transformación. Considera la empresa que era de vital importancia liquidar una parte de sus trabajadores para poder seguir siendo sostenible
El Cerrejón los quiere quitar del camino
Desde que instalaron la carpa los trabajadores han sido presionados para que desbloquen la vía. Les han mandado razones, les han echado la policía y han tratado de poner a las comunidades Wayú en su contra. Según cuentan los voceros, a pesar de ellos querer entablar un diálogo con la empresa, esta no ha querido.
Eduis Amaya dice que en este momento el bloqueo es el único recurso que ellos tienen. Esperaban que las acciones de tutela salieran a favor de ellos, pero eso no sucedió, de alguna manera la empresa consiguió que los fallos fueran dados por jueces del departamento de la Guajira y para él es sospechoso que todos fueran en contra de los despedidos. Por eso, Amaya asegura que la única acción que tienen es la pila de arena que instalaron en la carrilera y la carpa donde se reúnen.
En los comunicados dados a conocer por el Cerrejón dicen que el bloqueo a impedido el suministro de agua potable a las comunidades. Frente a esto, los voceros de los trabajadores alegan que es totalmente falsa esa afirmación. Aseguran que están dispuestos a dejar pasar el tren de ser necesario para el suministro de agua. También afirman que es doble el discurso de la empresa, pues el transporte del combustible necesario para la maquinaria si lo están haciendo, utilizando cerca de 50 tracto mulas. La pregunta que se hacen los trabajadores es porque no pueden abastecer de agua de la misma manera a las comunidades.
Por otra parte, las comunidades Wayú también están de parte de los trabajadores. Algunos líderes tienen serios reclamos desde hace tiempo para con el Cerrejón. La empresa no los ha contratado para realizar trabajos que ellos podrían hacer. Los voceros de los trabajadores despedidos dicen que muchos indígenas Wayú reclaman que la empresa les dé formación a través del Sena y puedan acceder a mejores puestos de trabajo.
Que dice Sintracarbón
Sintracarbón ha estado con la lucha de sus afiliados. Desde el 26 de febrero rechazaron el despido de los trabajadores por parte del Cerrejón e iniciaron acciones legales.
La solidaridad económica también ha sido fundamental. El sindicato recogió una cuota extraordinaria con el fin de ayudar a los despedidos. Dos días de salario fueron donados por los afiliados y con esto se les dio un auxilio a los trabajadores víctimas de la denominada “masacre laboral”. Hay que recordar que, según los trabajadores, muchos de ellos salieron con nada o poco dinero, ya que su liquidación fue retenida por la empresa para pagar los créditos que tenía.
Sintracarbón también se ha pronunciado recientemente por las amenazas de El Cerrejón de desalojar por la fuerza a los despedidos. Esta semana han hecho varios pronunciamientos en ese sentido. El primero de ellos fue una carta que Igor Díaz, presidente nacional del sindicato envió a Gustavo Solano, director de gestión laboral de El cerrejón. En la misiva le expresa el apoyo incondicional que el sindicato dará a los despedidos. También argumenta que no es un conflicto jurídico sino “social y supra legal”. De la misma manera, responsabiliza a la empresa por lo que pueda pasar en caso de que se dé un desalojo en el que se utilice a la policía. Finalmente habla de la “falacia” de la empresa cuando esta argumenta que los despidos se dan por la sostenibilidad de la compañía.
En otra comunicación el sindicato ratifica el apoyo para los trabajadores e insta a la empresa para que dé solución al conflicto. También le piden a la empresa que se “baje” de la actitud represiva contra los obreros activos y despedidos. Mencionan en esta comunicacione que El Cerrejón ha querido mostrar un conflicto entre los actuales trabajadores y los despedidos, cosa que no es así.
Mientras tanto, quienes fueron víctimas de los despidos, continuarán en la carpa hasta conseguir sus objetivos.
*Worker-Driven Labor Law Enforcement Centers: es un proyecto financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Bajo el acuerdo de cooperación IL-33979-19-75-K.
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