Entre las noticias e informes especiales publicados por la AIL en los dos primeros meses de 2019, reseñamos en este resumen los 5 más relevantes:
– 170 organizaciones sociales y sindicales realizarán paro nacional el 25 de abril.
– Plan Nacional de Desarrollo: bienvenidos al pasado y al atraso. Análisis de la ENS.
– Razones por las que Duque no debería objetar la Ley Estatutaria de la JEP.
– Con movilización nacional se debe frenar venta del 8.9% de Ecopetrol, dice la USO.
– Maestros de Fecode radican pliego petitorio en medio de paro de 24 horas.
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21 febrero:
170 organizaciones sociales y sindicales realizarán paro nacional el 25 de abril
Representantes de 170 organizaciones sociales, políticas y sindicales de Colombia anunciaron la realización de un Paro Nacional el próximo 25 de abril, en protesta contra las políticas económicas y sociales del Gobierno de Iván Duque, en rechazo a la cadena de asesinatos de líderes sociales, al incumplimientos del Acuerdo de Paz y la no continuidad de las negociaciones de paz con el ELN, y contra el Plan Nacional de Desarrollo que se discute en el Congreso.
“El paro es de carácter político y se hace en defensa de la vida, la paz, la democracia, del medio ambiente y de todos los derechos de los colombianos. Se desarrollará a lo largo y ancho del país”, señalaron sus organizadores en un comunicado.
La convocatoria a este Paro Nacional surgió en el Encuentro de Organizaciones Sociales y Políticas realizado entre el 9 y 10 de febrero pasado en Bogotá, en el que participaron 380 dirigentes y directivos nacionales regionales y sectoriales de 170 organizaciones sociales, sindicales, fuerzas políticas alternativas, agremiaciones de campesinos, indígenas, afrodescendientes, estudiantes, docentes, ambientalistas, mujeres, víctimas del conflicto y organizaciones de derechos humanos.
La CUT es una de las organizaciones sindicales que participa en la convocatoria. Su presidente, Diógenes Orjuela, anunció que en próximos días difundirá una circular con las conclusiones de la CUT al respecto. Dijo que se buscará una convergencia con el resto del movimiento sindical en el marco del Comando Nacional Unitario, a fin de preparar e impulsar el Paro Nacional y las jornadas preparatorias.
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22 febrero
Plan Nacional de Desarrollo: bienvenidos al pasado y al atraso
El Gobierno de Iván Duque presentó al Congreso de la República su proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND 2018-2022), el cual ha sido objeto de muchas críticas por parte de diversos estamentos. Uno de éstos es la Escuela Nacional Sindical, que lo considera una síntesis de lo que caracteriza este gobierno: improvisación, inexperiencia, falta de visión de Estado, guerrerista y revanchista; un plan que les quita a los pobres y les da más a los ricos.
Para Alberto Orgulloso, director de la ENS, el PND es “una colcha de retazos que responde a intereses de las empresas, del capital y de las élites económicas y políticas. En contraste, desmonta derechos sociales y ciudadanos, profundiza el modelo de desarrollo extractivista, concentrador de la riqueza, del ingreso y del poder político. Y va contra el Acuerdo de Paz”.
Por otra parte, el PND carece de enfoque de derechos laborales y de compromiso por el Trabajo Decente, la justicia social y los derechos humanos. “Son simulaciones con cargas ideológicas de la nueva ola de derecha mundial. Los anuncios son una señal de guerra contra las y los trabajadores y el movimiento sindical”, señala la ENS.
Agrega que a los trabajadores y sectores pobres los deja más expuestos y vulnerables, ya que adopta el contrato laboral por horas, la cotización a seguridad social también por horas y con más carga para los trabajadores independientes. Asimismo, por decreto trata de convertir a los trabajadores en “emprendedores” o “empresarios”, lo que no es más que un disfraz del empleo cuenta propia o precario, como los conductores de Uber, los trabajadores de plataformas tecnológicas, etc.
Los trabajadores, sindicalistas, campesinos, sectores populares, víctimas y defensores de derechos humanos serán sometidos a un desmonte de sus derechos constitucionales y los consagrados en las recomendaciones de OIT, que el Estado está obligado a cumplir, como también los compromisos laborales internacionales derivados de los tratados de libre comercio y de la OCDE.
Por último, en su pronunciamiento contra el PND la ENS señala que el gobierno de Duque invade la autonomía sindical y de un tajo impone una reforma laboral y sindical, cuando propone “adoptar medidas pertinentes para regular la multiafiliación y fragmentación sindical”. Lo cual es inconstitucional, pues pretende tramitar ese cambio por la vía del Plan, cuando se debe concertar con el sindicalismo.
Las confederaciones CUT y CTC, en asocio con la Plataforma Laboral y Sindical, han programado en todo el país una serie de 13 foros en torno al PND, en los cuales participan trabajadores, líderes sindicales y expertos en la materia.
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25 febrero:
Razones por las que Duque no debería objetar la JEP
El Presidente Duque tiene plazo hasta el 11 de marzo para firmar u objetar Ley Estatutaria de la Justicia Especial Para la Paz (JEP), norma que ya surtió 8 debates en el Congreso, en los cuales la sociedad pudo expresar sus puntos de vista, y tuvo control de la Corte Constitucional, que tras un extenso análisis emitió la sentencia C-080 del 2018 que, con algunos cambios, la declaró exequible.
Pero el ambiente en torno a esta Ley está caldeado por cuenta de movimientos y fuerzas políticas que aspiran a que Duque objete esta ley, entre ellos el senador Álvaro Uribe y el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez. Mientras que miles de víctimas esperan que el Presidente no la objete, posición a la cual se sumaron la ONU y la Corte Penal Internacional, que abogan para que Duque la firme y así se dé seguridad jurídica a la Jurisdicción Especial para la Paz
Por otra parte, más de 200 organizaciones sociales y de víctimas le enviaron una carta al Presidente Duque para pedirle que sancione sin dilaciones la ley estatutaria, para no afectar las garantías y derechos fundamentales de las víctimas. Insisten en que objetarla propiciaría la impunidad en el país, que pondría en entredicho el compromiso de paz del gobierno.
Ana María Amado, directora del Área de Defensa de Derechos de la ENS, una de las organizaciones firmantes de la carta, considera que el acceso a la justicia es un derecho humano y está estipulado en convenios internacionales suscritos por Colombia, derecho que se afectaría con la objeción de la ley estatutaria. Y afectaría especialmente el derecho de las víctimas, que son el centro del Acuerdo de Paz firmado con las FARC. “Sería un ataque al conjunto de del sistema, incluidas la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de personas Desaparecidas”, señala Amado.
La profesional recordó que el registro de la ENS contabiliza más de 14 mil hechos violentos contra sindicalistas en todo el país, donde la violencia ha victimizado a 487 organizaciones sindicales. Y sus víctimas están esperando justicia, verdad y reparación.
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24 de enero
La movilización nacional debe frenar venta del 8.9% de Ecopetrol, dice la USO
Pese a que el presidente Duque dijo en septiembre que su Gobierno no contemplaba la venta de más acciones de Ecopetrol, el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció que el Gobierno aspira a vender el 8,9% de las acciones que el Estado tiene en esta empresa, las cuales representan unos $10,7 billones.
Sin conocerse la posición de Iván Duque frente a lo dicho por su ministro, el solo anuncio generó controversia. El nuevo presidente de la Unión Sindical Obrera, Edwin Palma Egea, consideró que la medida ahonda la política de desmembramiento de Ecopetrol, el patrimonio más importante de los colombianos, con el propósito de tapar el hueco fiscal que la reforma tributaria que aprobó el Congreso no logró solucionar.
La venta de esas acciones, agregó, pasará factura a las arcas de la Nación, que perderán cerca de un billón de pesos por concepto de los dividendos y regalías que dejará de percibir. “Mientras se eximen de impuestos a las grandes empresas, los ciudadanos tendremos que pagar más impuestos para suplir ese faltante”, subrayó Palma.
De ahí que la defensa de la integridad de Ecopetrol como patrimonio público estará en la agenda de la movilización nacional, según lo indicó la Junta Nacional de la USO en un comunicado, en el que hizo un llamado a las fuerzas vivas del país y a las organizaciones sociales y políticas para que se movilicen por la defensa de Ecopetrol, una empresa que que cada año entrega $13 billones de utilidades a la nación..
Se recuerda que la Ley 1118 de 2006, aprobada cuando era presidente Álvaro Uribe, líder del partido del presidente Duque, autorizó a Ecopetrol a enajenar el 20% de sus acciones en favor de personas naturales e inversionistas institucionales. Hasta ahora ha enajenado el 11.1%, resta el 8.9%, que es al que ahora le quiere echar mano.
Edwin Palma aclaró que la venta del paquete de acciones no afectaría directamente a los trabajadores de Ecopetrol, dado que la naturaleza jurídica de la empresa no cambia, y existe una convención colectiva firmada por 4 años y medio. “Quienes pierden con la venta son los colombianos en general”, reiteró.
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12 febrero
Maestros de Fecode radican pliego petitorio en medio de paro de 24 horas
El rechazo al Plan de Desarrollo que presentó el Gobierno, las amenazas y asesinado sistemático de líderes sociales, la crisis del sistema de salud del magisterio y la exigencia de una reforma constitucional del Sistema General de Participaciones son, entre otras, las razones que movieron a más de 300 mil maestros y maestras a un paro de 24 horas el 14 de febrero, que incluyó movilizaciones en las principales ciudades.
En el marco de este paro y la movilización, Fecode le presento al Gobierno los pliegos petitorios regionales y el Pliego Nacional del Magisterio, el primero que negociará con el gobierno de Iván Duque.
Sobre los objetivos de la protesta, Nelson Alarcón, presidente de Fecode, federación sindical que aglutina al magisterio colombiano, dijo que, en primer lugar, reclamar el derecho a la vida y el cese de amenazas y asesinatos sistemáticos de líderes sociales (22 en lo que va del año). “Exigimos que el Gobierno tome las medidas para proteger a nuestros lides sociales y sindicales, y a la vez haya investigaciones concretas, con resultados, porque la impunidad de los crímenes excede el 95%”, anotó.
La protesta también es contra del Plan Nacional de Desarrollo que radicó el Gobierno, el cual, según Fecode, no contempla una mayor inversión en educación y va en contravía de los derechos laborales y salariales del magisterio.
Los maestros reclaman además mejor atención en salud, pues la que actualmente reciben es mala y cada día empeora. Reveló que a los operadores del servicio de salud al magisterio les deben más de $700 mil millones, deudas que vienen desde hace años, y no hay diligencia para contratar nuevos operadores.
Asimismo, Fecode impulsa una reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, a fin de que la educación pública cuente con mayores recursos. Según Alarcón, las instituciones educativas están deterioradas y cayéndose, hay carencias y dificultades en la dotación de material didáctico, transporte y alimentación escolar, que es de mala calidad y está afectada por la corrupción.
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