Las recomendaciones de la OIT, el celebrado Plan de Acción acordado entre los presidentes Obama y Santos, y la anunciada voluntad del Gobierno de ambientar un clima favorable al ejercicio de la actividad sindical y al respeto a la vida y los derechos de los trabajadores, no han sido óbice para que continúen en el orden del día los despidos arbitrarios, las violaciones a las convenciones colectivas, las amenazas, atentados y crímenes contra sindicalistas, entre otras anomalías.
Presentamos la reseña de algunos hechos ocurridos en las tres últimas semanas, relacionados con conflictos por violaciones al derecho de asociación sindical y otros derechos de los trabajadores, tanto por parte de empresas nacionales como multinacionales. Lo que muestra a las claras que una cosa son los anuncios y las declaraciones oficiales, y otra muy distinta es la tozuda realidad que a diario les toca vivir a los trabajadores y al sindicalismo colombiano:
Aluminio Raynolds quiere acabar con el sindicato
Sintrametal, sindicato de industria que agrupa trabajadores de la empresa Aluminio Reynolds, denunció la política antisindical que esta empresa ha venido aplicando, y que en el caso de la planta de Barranquilla se evidencia en el afán de reducir producción mediante el traslado de maquinaria a otras plantas del grupo en Cali y Medellín (Alumina y EMA respectivamente). El objetivo de esta estrategia es dejar a los trabajadores sin funciones y así obtener en el futuro autorización oficial para efectuar despidos colectivos, con el propósito de acabar con el sindicato, abolir la convención colectiva y multiplicar sus ganancias.
Además, el 10 de marzo la empresa despidió a los sindicalistas de la comisión de reclamos, violándoles el debido proceso y las leyes que lo rigen, como es el previo levantamiento de fuero sindical ordenado por un juez laboral. Asimismo, sin justa causa recientemente fue despedido otro trabajador.
Carboníferas CI Prodeco y CMU vulneran derecho de asociación
CI Prodeco y Consorcio Minero Unido (CMU), dos empresas de la multinacional suiza GLENCORE, vulnera el derecho de asociación y contratación colectiva, según denuncia Sintramienergética, el sindicato que aglutina a los trabajadores de ambas empresas.
A los trabajadores no sólo se les impuso un Pacto Colectivo, sino que se les recortan derechos adquiridos en convenciones y laudos. El objetivo es que renuncien a su organización sindical, y para ello los bonifican con 7 millones de pesos, y quienes rechacen la oferta son hostigados, sancionados y despedidos, dice la denuncia.
Hace dos años los trabajadores de CI Prodeco presentaron un Pliego de Peticiones que terminó en Tribunal de Arbitramento, el cual sólo se vino a instalar hace un mes. Pero la empresa recusó al árbitro nombrado por el sindicato, con argumentos temerarios que no encajan como causales de recusación. Además la empresa ha incumplido el fallo del Tribunal de de Arbitramento en materia de aumentos salariales, pese a ser fallo confirmado en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia, quedando así la empresa incursa en fraude la Resolución Judicial.
Obreros de Palmas del Cesar en huelga contra tercerización
En Palmas del César S.A., empresa agroindustrial que opera en el municipio de San Martín, el conflicto laboral toca con los sistemas de contratación. La empresa tomó la decisión de acabar con la contratación directa e implementar cooperativas de trabajo asociado y bolsas de empleo, sistemas éstos que en vez de contribuir al progreso de los trabajadores, precarizan su calidad de vida; esto en contraste con el buen momento del negocio del aceite y sus derivados.
De ahí que Sintrainagro, Seccional Minas, sindicato que afilia a los trabajadores de esta empresa agroindustrial, hayan declarado la huelga para responder a la arremetida de la empresa, que se mantiene en su negativa a negociar el pliego de peticiones presentado por el Sindicato, y ha presentado su propio contrapliego, que incluye cláusulas nefastas para los trabajadores, como lo es la revisión de los salarios, que la empresa considera altos; vía libre para contratar personal mediante las diferentes modalidades de subcontratación; y la disminución del 50% de los permisos sindicales, y no pagados éstos con base en el salario promedio sino con el salario mínimo legal vigente.
Lo más preocupante, dice el sindicato, es la actitud de la funcionaria del Ministerio de La Protección Social de la regional de Aguachica, Cesar, que viene accediendo a todas las pretensiones de la empresa.
De los 364 trabajadores de Palmas del Cesar S.A. sólo 138 tienen contrato a término indefinido, y de éstos 107 están sindicalizados.
Despido masivo en la Philip Morris
El viernes 13 de mayo fue un día negro para los trabajadores de la Philip Morris en Colombia (Coltabaco). Este día la empresa despidió a 9 trabajadores sindicalizados.
“Ahora que no digan que eran malos trabajadores, como siempre lo ha dicho esta multinacional cuando se traba de despedir trabajadores, porque los 9 compañeros despedidos se han caracterizado por ser honestos y cumplidores del deber. Lo que deben decir, en honor a la verdad, es que los despiden con la pretensión de producir más con menos gente y a menor costo, y de paso debilitar la organización de los trabajadores”, señaló Sintraintabaco, sindicato de base de esta multinacional.
Estos despidos se suman a la larga cadena de despidos que en esta empresa se han dado: más de 300 desde mediados de la década pasada, cuando la Philip Morris se hizo con la propiedad de Coltabaco.
La Federación de Cafeteros también está en la onda antisindical
Sindicato de Trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros (Sintrafec), denunció la actitud antisindical de Fedecafé y Almacafé, que desconocen la convención colectiva vigente y muestran un comportamiento contrario a los anuncios de protección al sindicalismo que ha hecho el Gobierno Nacional, y al acuerdo Obama-Santos.
En cuanto al incremento salarial, incumple la cláusula convencional que establece que éste no puede ser inferior a 4,03%. También ha aumentado la contratación de trabajadores a término fijo, lo cual no sólo viola la Convención Colectiva sino que dificulta su afiliación al sindicato. La experiencia demuestra que aquellos trabajadores a término fijo que se afilian al sindicato, no se les renueva el contrato, pese a que la convención prevé que quien labore con contrato fijo más de un año tiene derecho a que éste se transforme en contrato indefinido. Hay trabajadores que han completado más de 10 años con esa modalidad de contratación.
También ha incrementado la vinculación de trabajadores contratistas para labores que normalmente desempeñan trabajadores permanentes, desplazándolos a éstos. Asimismo incumple con los permisos permanentes para los directivos sindicales y los cursillistas, conducta que viola la autonomía sindical; y usa los procedimientos disciplinarios para sancionar con ligereza a los trabajadores, sembrando un ambiente de temor entre ellos.
Lo otro es que desde 1998 Sintrafec no presenta pliego de peticiones, porque no hay condiciones para una negociación, así el sindicato esté dispuesto al diálogo. La última negociación se frustró por la intransigencia de la empresa, que cada 6 meses denuncia la totalidad de la convención.
Dice finalmente Sintrafec que “extraña que Gabriel Silva Luján, quien durante sus años como gerente de la Fedecafé no solucionó los problema denunciados, y menos quiso recibir al sindicato, hoy como embajador del Gobierno en Washington esté pregonando lo contrario a lo que fue su comportamiento contra los trabajadores y el sindicato del gremio cafetero”.
Incertidumbre laboral en Metrosalud Medellín
La Asociación de Empleados y Trabajadores de la ESE Metrosalud (Asmetrosalud), denunció la situación de incertidumbre laboral en que están 840 empleados provisionales de esta institución, quienes “por el desorden del Estado hoy se ven sometidos a concurso para preservar sus cargos y ven seriamente afectados en su derecho al trabajo, desconociendo la experiencia y el bagaje que históricamente han aportado a la institución”.
Asmetrosalud rechaza la manera como los directivos de la entidad “manipulan a los provisionales con engaños, sofismas de distracción, discursos incoherentes con las acciones, actitudes oscuras y maltrato sicológico que se materializan en la desprotección del derecho al trabajo y amenaza latente de terminación de la relación laboral de este grupo de funcionarios, quienes no tendrían ni siquiera derecho a ser indemnizados”.
Asimismo denunciaron un proyecto de acuerdo presentado al Concejo que es lesivo para la estabilidad financiera de Metrosalud y vulnera el derecho a la igualdad de los trabajadores y a la comunidad que recibe el servicio. El proyecto contempla prebendas personales para un minoritario grupo de directivos de la entidad (aumentos salariales del 8.85% y 10.14%), y crea cargos asesores para la gerencia, que en nada solucionaría el déficit de personal asistencial que tiene Metrosalud, que requiere 800 funcionarios más para cumplir con los estándares establecidos por la OMS. Además fija.
Para protestar y denunciar esta situación, Asmetrosalud ha convocado a una movilización el martes 24 de mayo.
Detienen abogado defensor de trabajadores portuarios
El martes 17 de mayo la Fiscalía detuvo en Cartagena al abogado y dirigente afro colombiano Oscar Perlaza Arboleda, defensor de los trabajadores portuarios, quien desde hace más de 5 años ha impetrado acciones judiciales contra la tercerización laboral en la Sociedad Portuaria de Cartagena; detención que el sindicato Unión Portuaria calificó como “acto violatorio de los derechos humanos y del Plan de Acción suscrito recientemente entre Obama y Santos, por cuanto criminaliza el legítimo ejercicio del derecho cuando éste se pone al servicio de los más débiles”. Por tanto exige su libertad inmediata.
La Unión Portuaria recordó que en el marco de la política de formalización laboral del gobierno, y del mencionado Plan de Acción, se hizo la convocatoria una mesa de diálogo con las Sociedades Portuarias colombianas, responsables directas de los altos índices de informalidad laboral en la actividad portuaria. Pero hasta ahora el Gobierno no ha convocado a este diálogo tripartito.
No cesan asesinatos, atentados y amenazas contra sindicalistas
No paran los actos contra la vida y los derechos humanos de los sindicalistas, a juzgar por la serie de atentados y amenazas reportados en los últimos días. Veamos:
1- El abogado Hernán Darío Escobar, quien lleva el proceso que, a instancias del Gobierno y los ingenios azucareros, la Fiscalía abrió contra varios corteros de caña acusados de terrorismo en desarrollo del paro de los corteros del Valle del Cauca en octubre de 2008, hecho calificado como un intento de criminalizar la protesta social. El profesional fue baleado por dos hombres motorizados el 13 de mayo en pleno centro de Cali. Recibió 5 disparos que lo tienen en estado crítico en el Hospital Departamental.
2- La criminalidad contra los docentes del departamento de Córdoba esta vez no respetó la celebración del Día del Maestro. El 15 de mayo, mientras celebraba el día del educador, fue asesinado de tres impactos de bala Jhony Alfredo Sierra Vergara, de 22 años, docente de básica en el municipio La Apartada, donde ocurrió el crimen. Era afiliado a Ademacor (sindicato de educadores de Córdoba, y adelantaba una licenciatura de lengua española. El gremio docente de este departamento ha sido en los últimos años uno de los más azotados por asesinatos, extorsiones, fleteos y todo tipo de actos delictivos. En lo corrido de este año 3 docentes han sido asesinados, y van 19 entre diciembre del 2008 y el día de hoy.
3- El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria del Carbón, Sintracarbón, denunció las amenazas, hostigamientos y agresiones contra Fredy Lozano Villarreal, presidente de la Seccional Puerto Bolívar; y Orlando Cuello Rodríguez, fiscal de la Junta Directiva Nacional del sindicato. El primero recibió en su casa un sobre con amenaza de muerte para él y su familia, ratificada después por correo electrónico. En cuanto al segundo, tres encapuchados violentaron la ventana principal de su residencia e ingresaron a ella, procediendo a amenazar con arma de fuego a su esposa y sus dos hijas gemelas. Las interrogaron sobre el paradero de su padre, quien por fortuna esa noche se encontraba en una clínica de la ciudad acompañando a su otra hija enferma. Esposa e hijas fueron dejadas maniatadas y amordazadas en la alcoba principal.
3- Jorge Enrique Rodríguez Rendón, presidente de la Sub-directiva de ANTHOC Puerto Berrío, sindicato de los trabajadores del Hospital La Cruz de ese municipio, se sumó a la larga lista de dirigentes sindicales amenazados por su actividad gremial. Recibió una llamada en la que se le conminaba a retirar el respaldo a las trabajadoras de la cooperativa que se encuentran en paro por la mora de un año en el pago de sus salarios y a no seguir denunciando el atropello que se comete contra ellas. «La demagogia del gobierno Santos sobre la protección a sindicalistas con el propósito de destrabar el TLC, queda desnuda con hechos como éste”, dice el comunicado de denuncia de este hecho.