Min-trabajo sancionó por más de $1.000 millones a Lindalana, empresa casi liquidada

Recientemente el Ministerio de Trabajo multó con el equivalente a 1.500 salarios mínimos legales ($1.034 millones) a Lindalana SAS, empresa especializada en tejido de punto con domicilio en Medellín, sancionada por utilizar ilegalmente pactos colectivos como herramienta para acabar con el sindicato de la empresa.

La sanción a Lindalana la venía buscando el sindicato desde el 2014, año en que entabló querella contra ésta por, entre otras anomalías, no haber seguido un procedimiento democrático cuando creó el Pacto Colectivo en el año 2009, y por otorgar a los trabajadores de éste beneficios superiores a los de la convención colectiva.

Con la millonaria multa que le impuso a Lindalana, el Ministerio de Trabajo le da la razón al sindicato, solo que demasiado tarde, no solo porque el daño ya estuvo hecho sino porque no está claro si esa multa se puede cobrar, toda vez que Lindalana está en proceso de liquidación, a un paso de dejar de existir.

Gabriel Agudelo, presidente de la subdirectiva de Sinaltradihitexco Medellín, reveló que desde mediados de 2016 Lindalana SAS fue autorizada por la Superintendencia de Sociedades para iniciar proceso de liquidación, el cual hoy tiene avanzado en un 95%. Ya liquidó la casi totalidad de sus 280 trabajadores, solo están pendientes los 12 directivos del sindicato, quienes se han negado a renunciar protegidos por el fuero sindical. Para poder despedirlos la empresa espera el fallo judicial del levantamiento del fuero.

Según Agudelo, el propietario de Lindalana, Israel Lapciuc Zuserman, ciudadano de ascendencia judía, sustentó su decisión de liquidar la empresa en que, debido a su avanzada edad, ya no puede seguir al frente de ella. Lo curioso es que con las mismas máquinas y en el mismo local donde operaba Lindalana, ahora funciona una nueva empresa, de distinta razón social y nombre parecido: Lindatextil.

Lindatextil es una empresa más pequeña, emplea una tercera parte de los operarios que tenía Lindalana, entre ellos muchos de los extrabajadores de ésta. Sólo que ahora no están vinculados con contratos a término indefinido sino a término fijo de 3 y 4 meses.

Es por esto que Agudelo cree que la liquidación de Lindalana es una treta de la empresa para defraudar a los trabajadores, por lo que, con la asesoría de abogados, prepara una demanda alegando eliminación de los contratos a término indefinido, entre ellos los de un buen número de enfermos (3 con cáncer), y también por el daño causado a la subdirectiva del sindicato.

“Y lo más probable es que ahora se ampare en el proceso de liquidación para eludir el pago de la millonaria multa que le impuso el Ministerio de Trabajo”, agregó Agudelo.

Itinerario de un acoso sindical

Lindalana fue fundada en 1952 por Samuel Lapciuc, cuyo hijo, Israel Lapciuc, logró darle un buen posicionamiento en el mercado nacional de telas de punto para confección de prendas deportivas. Y en todos esos años de historia nunca había tenido conflictos laborales, hasta el año 2009, cuando un grupo grande de sus trabajadores se organizaron en sindicato: Sintralindalana, en respuesta a la decisión de la empresa de eliminar algunas garantías salariales, como el aguinaldo de diciembre y la prima de vacaciones, que quedaron reducidas.

La empresa reaccionó con virulencia a la creación del sindicato: obligó a los trabajadores no sindicalizados a firmar un Pacto Colectivo con vigencia a dos años, el cual fue suscrito por 378 trabajadores, de los cerca de 600 que en aquel momento tenía Lindalana, y lo firmaron sin conocer su texto ni recibir una copia del mismo.

Por otra parte, la empresa adelantó una campaña de desprestigio y miedo al sindicato, para así evitar que los trabajadores se afiliaran, o motivarlos a que se desafiliaran. De esa manera en dos meses logró rebajar la membresía del sindicato a solo 32 afiliados. Además, despidió a 5 de ellos, decisión que el sindicato demandó y por acción de tutela logró su reintegro. Además, consiguió que el Ministerio de Trabajo multara a la empresa por esa infracción.

Adicionalmente la empresa se negó a negociar el pliego petitorio que presentó el sindicato, por lo que el conflicto pasó a Tribunal de Arbitramento. El laudo arbitral concedió algunos beneficios a los trabajadores sindicalizados en materia de vivienda y calamidad doméstica, beneficios que la empresa de inmediato incorporó también al Pacto Colectivo, mejorados incluso.

En el año 2011 se renovó el Pacto Colectivo con un incremento salarial del 5.8%, incremento que se les negó a los trabajadores del sindicato. Esta medida fue demandada por el sindicato ante un juez de tutela, que en su fallo amparó el derecho a la igualdad y obligó a empresa a aumentar en el mismo porcentaje el salario de los sindicalizados.

El Pacto Colectivo será renovado dos veces más: en 2013 y 2015, mientras Sintralindalana seguía bloqueado, perdiendo membresía y sin poder negociar pliego de peticiones porque la empresa se negó a hacerlo, por lo que el conflicto siempre terminó con el laudo de un Tribunal de Arbitramento.

El golpe de gracia lo dio la empresa cuando ofreció indemnización de $2 millones por año laborado a los trabajadores que aceptaran renunciar al sindicato. En total renunciaron 9, con lo cual el sindicato quedó con solo 23 afiliados, número insuficiente para subsistir, situación que la empresa aprovechó para solicitar la cancelación de su personería jurídica, la cual le fue concedida en marzo de 2014 por el Juzgado Primero Laboral de Medellín. Así terminó su vida Sintraindalana, cinco años apenas alcanzó a durar.

La tabla de salvación para los 17 trabajadores sindicalizados que quedaron “en el aire”, fue crear una subdirectiva de Sinaltradihitexco, sindicato nacional de la industria textil, que no requiere 25 afiliados como mínimo para poder funcionar. Pero este sindicato también fue desconocido por la empresa, alegando que su fundación no reunió los requisitos legales.

Ante el desplante Sinaltradihitexco solicitó de nuevo la intervención del Ministerio de Trabajo, que obligó a la empresa a iniciar la negociación del pliego. Pero, como era de esperarse, esta tampoco prosperó y terminó como las anteriores en Tribunal de Arbitramento.

Así están las cosas hoy para esta subdirectiva sindical, con solo 12 trabajadores afiliados, a quienes la empresa no les tiene oficio alguno, les paga salario para que estén en su casa mientras espera que un juez laboral falle el levantamiento de su fuero sindical solicitado por Lindalana. Y cuando eso suceda, con toda seguridad está los despedirá y habrá completado su proceso de liquidación.

De todas maneras, para el sindicato y los trabajadores la resolución del Ministerio de Trabajo que le aplica la multimillonaria multa a la empresa, es un reconocimiento de sus derechos, e interpondrá los oficios que sean necesarios para que esta multa sea ejecutoriada, y sirva de escarmiento a las empresas que persisten en el uso ilegal de los pactos colectivos.