En el año 2024, un grupo de trabajadoras y trabajadores de Hogares Infantiles del Valle de Aburrá comenzó a organizarse con una meta clara: que les escucharan. Desde diferentes territorios empezaron a tejer redes de comunicación y articulación para visibilizar las realidades laborales que enfrentaban en silencio desde hacía años.
La Red de Hogares Infantiles, integrada principalmente por mujeres que dedican su vida al cuidado y formación de la primera infancia, denuncia la precariedad laboral en la que se encuentran quienes trabajan en los hogares infantiles. Cumpliendo un rol misional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), estas trabajadoras y trabajadores son tercerizados por esta institución pública, porque estos contratos se celebran a través de las Asociaciones de Padres (organizaciones sin ánimo de lucro) o operadores, de manera inestable, con salarios indignos, y que, en pocas palabras, no dignifican su labor como cuidadoras.
Según relatan sus integrantes, cada año se repite el mismo panorama: al finalizar el contrato en diciembre quedan desempleadas y en consecuencia del desempleo, sin seguridad social hasta que, con “suerte”, en febrero o marzo se reanuda la contratación, de acuerdo con la versión de las directoras de los hogares infantiles. Durante ese tiempo la mayoría de ellas permanecen sin ingresos, obligadas a endeudarse para suplir sus necesidades básicas y las de sus familias. Situación que se agrava por el manejo irregular de los contratos que se presenta entre el ICBF y el operador, ya que envían muchas veces la minuta contractual con obligaciones y con los espacios de los valores reemplazados por unas XXX.
Adicionalmente, muchas veces son obligadas a firmarlos de manera apresurada, sin posibilidad de analizarlos y con cláusulas incompletas, como lo expresó Diana Zarate, integrante de la Redhogares cuando manifiesta que: “En ocasiones trabajamos por periodos sin salario ni afiliación, solo por amor a la profesión y a los niños. Muchas veces nos dicen: ‘firme ya el contrato o no hay contratación (presión ejercida por parte del operador o la Asociación de Padres)’”.
El incumplimiento en los pagos también las ha empujado a recurrir a paros y plantones frente al ICBF como única herramienta de presión para que se reconozca su labor. En varias ocasiones han tenido que iniciar actividades sin las garantías que toda trabajadora en Colombia debe tener, pero, aun así, teniendo presente la relevancia de su labor del cuidado a los menores, adecuan en sus tiempos libres los hogares infantiles para que estos encuentren espacios dignos al regresar en febrero. “Cada año la salud mental se deteriora más. Estamos agotadas, presionadas por contratos vacíos y pagos atrasados. Y aun así debemos mantenernos firmes porque cuidamos lo más valioso del país: la niñez”, señaló Sara Zuleta, directora del hogar infantil Sol y Luna.
Esta precariedad no solo afecta a las trabajadoras, sino también a los niños y niñas. Durante semanas o meses, al no contar con hogares abiertos, quedan desprotegidos, sin acceso a la nutrición ni al acompañamiento pedagógico que brindan estas instituciones, lo que les expone a situaciones de riesgo, como lo advierte Laura Johana Naranjo, otra integrante de la Redhogares, cuando dice que: “Un niño que se queda sin hogar infantil queda sin nutrición y sin protección. Muchos terminan en espacios inseguros, vulnerando completamente sus derechos”.
La contradicción es evidente: mientras el ICBF se presenta como garante de los derechos de la niñez en Colombia, mantiene en condiciones precarias a quienes cumplen su papel de cuidar diariamente a miles de niños y niñas a lo largo del territorio nacional. Por eso, la Redhogares Infantiles exige al Gobierno Nacional y al ICBF que se reconozca su labor como misional y se ponga fin a la tercerización, garantizando contratos estables, salarios dignos y condiciones laborales acordes con la responsabilidad de cuidar y educar a la primera infancia en el país.