Presidente de Brasil anuncia “remate” del sector estatal como complemento a reformas laboral y pensional.

Por Carlos Julio Díaz Lotero. Analista ENS

Brasil, que cuenta con la tasa de desempleo más alta de América Latina y un déficit fiscal que supera los 50 mil millones de dólares, se va a hundir en un caos social si el presidente Michel Temer lleva a cabo su reciente anuncio de privatizar 57 empresas del Estado, incluyendo Eletrobras, considerada la “joya de la corona” del sector publico brasileño.

Además de la brutal política de austeridad, en Brasil acaban de imponer una reforma pensional profundamente regresiva, y una reforma laboral que da vía libre a la tercerización, al predominio de los contratos individuales frente a la contratación colectiva, a una mayor flexibilidad de la jornada de trabajo, limita las vacaciones y la salud laboral para las mujeres embarazadas, y agiliza las condiciones de despido del trabajador. Todo con el supuesto propósito de mejorar la competitividad del país para atraer inversión y crear empleo. Además, esta reforma debilita al sindicalismo atacando la contribución sindical, que era obligatoria y equivalente a un día de salario al año. Ahora pasó a ser voluntaria.

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Estas medidas de política pública de corte neoliberal no solo han deteriorado el nivel de vida de los pensionados y de los trabajadores, sino que, hasta el momento, no han tenido ningún impacto en el aumento de la inversión y el empleo.

Mejorar la competitividad a costa del bienestar de la población, es una política que destruye el mercado interno y subordina la dinámica económica al comportamiento de los mercados externos, que en la coyuntura actual se caracterizan por un pobre crecimiento, estancamiento de la productividad y auge de medidas  proteccionistas, como las que impulsa el gobierno de los Estados Unidos al retirarse del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, y renegociar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá.

Esto significa que estamos en el peor de los mundos: debilitamiento de los mercados internos con reformas laborales que recortan derechos, mercados externos que no se reactivan, y un creciente proteccionismo que hará más difícil su acceso a nuestros países.

Ahora el presidente Temer dice que para atraer la inversión y crear empleo hay que vender al Estado. Dentro del paquete que se va a poner en venta, a precio de ganga, se encuentran puertos, aeropuertos, carreteras, vías ferroviarias, compañías de electricidad y la acuñación de moneda, entre otras.

Eletrobras, una de las empresas que se pondrá en oferta, es la mayor compañía del sector de energía eléctrica de América Latina y décima en el mundo. Como holding controla gran parte de los sistemas de generación y transmisión de energía eléctrica de Brasil. Comprende en total 29 hidroeléctricas, 15 termoeléctricas, dos plantas nucleares, 237 subestaciones y más de 59,7 mil kilómetros de líneas de transmisión. La agencia británica Reuters informa que los mercados financieros “están eufóricos” ante la posibilidad de devorarse el supuestamente “ineficiente” complejo eléctrico brasileño.

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La privatización propuesta por Temer no solo no aumentará la inversión ni creará más empleo, sino que le quitará competitividad al país al incrementarles costos a las empresas. Fue lo que ocurrió en Colombia con la privatización del sector eléctrico, que elevó el precio del kilovatio hora de energía 4 veces el promedio internacional. El efecto de esto es la reducción de la rentabilidad de las empresas y un aumento del desempleo.

La venta del patrimonio público al sector privado no se debe considerar desde el punto de vista económico como inversión, sino como una transferencia de propiedad de un bien público del Estado a los particulares, quienes buscan la máxima rentabilidad en detrimento de los objetivos sociales y de desarrollo que debe tener el Estado.

La producción de energía de calidad a un costo razonable es fundamental para la actividad productiva de un país, por lo que es un sector estratégico para el Estado. Todo país necesita tener un amplio sector público que le permita proveer a la sociedad ciertos bienes que pueden no ser de interés para el mercado, pero sí para la sociedad y el desarrollo económico, como los servicios públicos domiciliarios, la justicia, la seguridad ciudadana, el espacio público, la infraestructura, la seguridad social, la cultura, la ciencia, la educación, el alumbrado público, los museos, entre otros.

La privatización no va a solucionar el problema del déficit fiscal, porque esto depende de la dinámica económica y de un desarrollo empresarial, que Brasil no tiene. El sector público es fundamental para construir un futuro en el que la riqueza se redistribuya con equidad, los derechos se garanticen a quienes el mercado descarta, y las empresas tengan un entorno estable para su progreso.

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Es deber moral del sindicalismo, de los movimientos sociales y los sectores democráticos, resistir a esta nueva oleada neoliberal en América Latina y, mediante acuerdos nacionales con sectores empresariales y políticos progresistas, defender el rol del Estado en la economía y la sociedad, y promover una política pública de trabajo decente para el logro de la justicia social y una paz estable y duradera.

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