Durante el panel “Paz y dinámicas del trabajo en la ruralidad” el profesor Fernando Urrea Giraldo de la Universidad del Valle realizó una reveladora presentación sobre la Economía campesina y asalariamiento: Dos miradas para una política rural en la dirección de los acuerdos de La Habana.
Puedes leer: “La economía campesina está arrinconada”: Fernando Urrea
“Hay que defender un sistema estadístico que permita a la clase popular, la clase media, y los sectores progresistas del empresariado”, aseguró Urrea Giraldo señalando que al Estado “no les interesa una información estadística buena”. Este sociólogo plantea que la economía campesina está siendo afectada por las políticas rurales que favorece la gran producción capitalista y la concentración terrateniente. Los campesinos, dice, están cada vez más arrinconados y por eso vemos abundantes acciones de resistencia indígena, afro y campesina propiamente dicha en los últimos años a lo largo del país, en especial en Cauca, donde el conflicto armado ha tenido especial asiento e influencia en las economías.
Hoy día, expone el profesor universatario, hay una gran contradicción en la gran propiedad y las empresas capitalistas de cultivos agroindustriales y el tema central son las formas de explotación de la fuerza de trabajo sin derecho a sindicalización o bajo el control de sindicatos patronales. A esto se suma que los sistemas de contratación de mano de obra han deteriorado las condiciones de vida de los trabajadores rurales asalariados como en el caso de los empleados del sector azucarero.
Te recomendamos: La digitalización contribuye a la degradación del trabajo
Por eso, Fernando Urrea dice que el Acuerdo de Paz logrado en La Habana y firmado en Bogotá, así como un futuro con el ELN, tienen que lograr articular políticas de defensa de las economías campesinas, indígenas, negras y blancas-mestizas de modo que se pueda garantizar la seguridad alimentaria para los colombianos. Esto, a la par de la protección del medio ambiente. ¿Cómo lograrlo? Inversión social, presencia del Estado e infraestructura.
Además, sugiere que los campesinos tengan un sistema de seguridad social con apoyo del Ministerio de Trabajo y en articulación con organizaciones campesinas, indígenas y negras . Es decir, que las políticas se combinen en favor de todas las realidades colombianas, no solo de trabajadores en las ciudades o la clase empresarial, sino que también se ponga foco en el sector rural, donde las familias son más pobres y tienen muchos menos oportunidades.