Señor Presidente,
La historia reciente del Ministerio del Trabajo en Colombia data de noviembre de 2011, cuando la institución cobro vida jurídica. En los 8 años anteriores, sus competencias fueron asumidas por el Ministerio de la Protección Social, con evidente desmedro para el sector trabajo.
Desde entonces, la tarea ha estado orientada a posicionar el Ministerio a partir de 5 pilares: trabajo digno y de calidad para todos; ni un trabajador sin protección social; puentes para el encuentro de empleadores y trabajadores; de la calidad del trabajo depende la calidad del trabajador; y el trabajo en los nuevos tiempos.
Esos pilares, con sus objetivos, se han traducido en planes, programas y proyectos con logros como los siguientes:
- Una tasa de desempleo de 9,6% para 2013, con 44 meses de reducción continua.
- El desempleo de jóvenes pasó de 20,0% en 2010 a 16,4% en 2013.
- De 2011 a la fecha se formalizaron 530.000 empleos.
- Entre 2012 y 2013 más de 899 mil personas se afiliaron al sistema pensional.
- 8´475.437 personas están afiliadas al Sistema General de Riesgos Laborales, con un crecimiento de 1.2 millones en los últimos dos años.
- En la última medición el trabajo infantil paso de 10,2% a 9,7%.
- Por primera vez en la historia se firmó convención colectiva con los empleados públicos.
- Las convenciones colectivas pasaron de 440 (2010-2011) a 840 (2012-2013), un aumento del 90%.
- Se creó el Servicio Público de Empleo que en un año cuenta con 230 centros en el país.
- El programa Colombia Mayor, que beneficia a los no pensionados de la tercera edad, pasó de 400 mil a 1.300 mil beneficiarios.
- Para más de 7 millones de personas que no han cotizado lo suficiente para pensión, se crearon los BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), que incentivan el ahorro para la vejez con subsidio del gobierno.
La OIT ha jugado un importante papel en esta tarea. Desde hace dos años tenemos un proyecto de asistencia técnica para fortalecer la protección de los derechos laborales, en particular, la libertad sindical y la negociación colectiva, mediante el fortalecimiento del sistema de inspección, los mecanismos de diálogo social y la capacidad gubernamental para mejorar las medidas de protección de líderes y activistas sindicales y combatir la impunidad de los actos de violencia.
En este contexto hemos desarrollado un programa serio, consistente y de logros evidentes. Baste con decir que la OIT lo evaluó y encontró que entre el 89 y el 91 por ciento de los inspectores ha asumido los nuevos procedimientos. Por eso llama la atención ser llamados a rendir informe sobre el Convenio 81, precisamente en el cual estamos recibiendo la asistencia técnica.
Esa decisión nos ha hecho reflexionar sobre los criterios para definir la lista de casos. ¿Cuáles son los intereses que priman para establecerla? ¿Por qué nosotros, que trabajamos de la mano de la OIT, y no países tradicionalmente distantes de este organismo?
Queremos compartir con esta honorable audiencia estas inquietudes y plantear sugerencias. Quizás es necesario estructurar otra metodología precisa, clara, fácil de aplicar, que dé garantías de objetividad e imparcialidad. Podría haber dos listas, la de los llamados a rendir cuentas a partir de una nueva metodología, y la de los llamados a presentar ejemplos de buenas prácticas.
Seamos sinceros. Hoy día el dudoso honor de estar en la lista deja un ingrato sabor para los países que tenemos la convicción de que lo estamos haciendo bien, sin perjuicio de que reconocemos que tenemos un camino por recorrer y, seguramente, errores por corregir.
Quiéranlo o no, y aunque algunos sostengan lo contrario, hoy día, estar en la lista tiene una connotación negativa.
Otra posibilidad es que, en lugar de que haya una lista enojosa y discriminatoria, todos los miembros de la organización sean llamados a explicar la aplicación de los convenios ratificados. Se podría pensar en adoptar para este efecto, un sistema análogo al del Examen Periódico Universal, que realiza el Consejo de Derechos Humanos con notorio éxito.
Muchas gracias señor Presidente.