Por Carlos Julio Díaz L.
Director Departamento de Salud y Seguridad Social. CUT Antioquia
Sobre la mina de carbón El Desespero, ubicada en la vereda La Clara, en el municipio de Angelópolis, se han construido múltiples señalamientos desde diferentes instancias del Estado y gremios empresariales, a causa de la reciente tragedia que cobró la vida de 9 mineros el pasado 7 de marzo.
En un principio se dijo que era una mina ilegal, después que tenía licencia para explorar mas no para explotar, más adelante se dijo que estaba explotando por fuera de los límites autorizados en la licencia. Los medios también señalaron que Ingeominas la había cerrado, y el Ministerio de Trabajo expresó que hasta un requerimiento le habían hecho.
Para empezar, el nombre de la mina no es El Desespero, sino La Cascada, pues por la misma entrada quedan varias explotaciones diferentes que se confunden. A su vez, el empresario Arnulfo Velásquez no es el dueño del título, sino que tiene un contrato de operación por el cual debe pagar, además de las regalías, un arrendamiento al dueño del título, lo que combinado con los bajos precios a los que debe vender la tonelada de carbón le generan una baja rentabilidad, que le dificulta asumir todos los costos que implica el cumplimiento de las normas sobre seguridad social, salud ocupacional y seguridad minera, contenidas en el Decreto 1335 de 1987.
No obstante, cuando ocurrió la tragedia los trabajadores estaban afiliados al régimen contributivo de la seguridad social, y se venía implementando el programa de salud ocupacional y el Comité Paritario. ¿Cuál fue la causa del accidente mortal? Una bolsa de agua de 140 metros cúbicos que se encontró durante el desarrollo de la mina, que hizo explotar las paredes de ésta, arrasando a los 9 mineros que murieron. ¿Quién es el responsable de conocer los bulbos de agua que se acumulan por explotaciones pasadas, y que generan riesgos altos a las explotaciones vigentes?
Los responsables son todos los implicados en la actividad minera, pero sobre todo el Estado, que cuando funcionaba la Empresa Colombia de Carbón –ECOCARBON– y posteriormente la Empresa Nacional Minera -MINERCOL- desarrollaba, no sólo acompañamiento técnico en prevención y mitigación del riesgo, sino de levantamiento de los mapas topográficos de las zonas de explotación para detectar las bolsas de agua acumuladas y evitar tragedias, como la ocurrida en la mina La Cascada.
Lamentablemente las reformas neoliberales de los años 90 acabaron con estas entidades del Estado que cumplían una función vital para el desarrollo de la minería subterránea en Colombia, y de manera particular la minería en pequeña escala, tradicional y de hecho que hoy sobreviven bajo el estigma de la ilegalidad, a pesar de que instrumentos internacionales y nacionales la reconocen como un tipo de producción que tiene profundas raíces históricas y sociales, que ha permitido generar ingresos a un gran número de personas que habitan zonas rurales, y sin los cuales vivirían en la extrema pobreza.
¿Cómo hacen el dueño del título y el pequeño empresario que desarrolla la explotación bajo un contrato de operación, para conocer la historia de una zona minera que se ha explotado por varias generaciones? Es bastante difícil. No basta con un Programa y un Comité Paritario de Salud Ocupacional. Por ello al Estado le corresponde llenar este vacío existente en el país, pero la política neoliberal que se propone el desmonte de éste no lo permite. Cuando entrega una licencia de explotación, ¿no debería el Estado entregar también el mapa topográfico que diga al empresario dónde están los bulbos de agua, que representan la segunda causa de mortalidad después de las explosiones a causa del gas metano en la minería subterránea de carbón?
Alguna responsabilidad deberá tener el empresario y el dueño del título en el accidente mortal del 7 de marzo en la mina La Cascada en Angelópolis, pero el principal responsable es un Estado que se alejó de la minería tradicional para favorecer a la minería depredadora del capital multinacional, a tal punto que ya no solo no la acompaña, sino que la persigue.
¿Será que accidentes mortales como éste le ayudan a un Estado Neoliberal en sus propósitos de acabar con la pequeña minería para favorecer la de gran escala? ¿Sobre los impactos sociales de esta política quién responde? ¿Dónde están las fuentes de empleo que absorberán a los trabajadores desplazados de la minería tradicional?
Para evitar que las tragedias mortales se sigan repitiendo, se requiere: una política que mejore la rentabilidad de la minería tradicional y, de hecho, la transformación de la cultura de empresarios y trabajadores donde la vida y la salud estén en la cúspide de los valores: una revisión a fondo del sistema de Riesgos Profesionales que transforme lo que hoy es negocio en derechos; pero sobre todo se requiere que el Estado recupere su rol de responsable último en una política minera que coloque al ser humano-trabajador en el centro de sus preocupaciones.
LOS SINDICATOS HACEN EL TRABAJO MAS SEGURO