Detroit, MI, EE.UU. Activistas solidarios estadounidenses han presentado una petición legal ante dos entidades gubernamentales, el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Seguridades e Intercambio (SEC por sus siglas en inglés).
El documento acusa a la compañía General Motors por haber violado la Ley de Actividades Corruptas en el Exterior (Foreign Corrupt Practices Act) en su planta ensambladora en Bogotá, Colombia. Las acusaciones de soborno y corrupción, detalladas en el documento de 16 páginas, han sido lanzadas por los miembros de la Asociación de Trabajadores y Extrabajadores Enfermos de GM Colmotores (ASOTRECOL), quienes alegan que fueron despedidos ilegalmente después de haber sufrido lesiones permanentes de tipo profesional en la planta. Algunos de estos continúan su protesta prolongada en frente de la embajada de EE.UU. en Bogotá, donde han cumplido 1,205 días viviendo en carpas de plástico para exigir una compensación justa y legal de parte de GM.
Basada en una gran cantidad de documentos recolectados por el presidente de ASOTRECOL, Jorge Parra, la petición enviada al DOJ y la SEC sostiene que GM violaba con impunidad las leyes colombianas, con la ayuda activa e ilegal de oficiales del gobierno colombiano. En particular, la petición describe cómo un funcionario del Ministerio de Trabajo, Pablo Edgar Pinto Pinto, y sus subordinados aseguraron que GM pudiera despedir a los trabajadores lesionados en la planta y negarles compensación laboral. El beneficiado de esta corrupción ha sido GM, el que jactó de que su planta colombiana era la más lucrativa en toda América Latina. Las víctimas han sido los trabajadores y sus familias, quienes no tienen capacidad de pagar las cirugías necesarias y, estando discapacitados quienes ganaban el pan, ahora viven una existencia sumamente precaria como resultado. Mientras que, públicamente, GM sigue negando cualquier responsabilidad por las lesiones profesionales de los trabajadores, en el año 2012 la compañía les ofreció una cantidad de dinero para callarles, la cual, siendo una miseria totalmente inadecuada, no fue aceptada por los trabajadores.
La petición actual, escrita por los aliados estadounidenses con la ayuda del señor Parra, revela un sistema compuesto de numerosos departamentos y agencias gubernamentales colombianas, las cuales hicieron posibles los despidos ilegales. El expediente presentado incluye 33 documentos adjuntados. Estos exponen los siguientes, entre otras cosas:
– El mal manejo, por parte del gobierno, de una investigación lanzada para verificar las prácticas ilegales que involucraban el Centro Médico de la planta de GM, entidad que otorgó acceso a los archivos médicos privados de los trabajadores a los funcionarios del departamento de Relaciones Laborales.
– Demoras intencionales en el manejo de quejas laborales presentadas por los trabajadores, para que caducaran y pudieran ser entonces “archivadas” y olvidadas.
– Documentos falsificados por un funcionario del Ministerio de Trabajo, quien actuó para ocultar los ilegales “acuerdos de terminación voluntaria” usados para despedir a los trabajadores lesionados.
– Una oficina compartida por un ejecutivo alto de GM Colmotores y un funcionario del Ministerio de Trabajo, quien no cumplía con sus responsabilidades de monitorear y sancionar a GM.
La petición solicita una investigación profunda y la prosecución de GM bajo los auspicios de la Ley de Actividades Corruptas en el Exterior.
Hace aproximadamente dos meses, el periodista Steve Carmody de Michigan Radio, preguntó a la Señora Mary Barra, Presidenta de GM, de las alegaciones de los trabajadores a cerca de los problemas de seguridad en las plantas de GM, incluyendo en Colombia. Según informó Carmody, Barra “declinó comentar sobre las quejas de los trabajadores de auto extranjeros, sólo dijo que sus quejas han sido revisadas por autoridades locales en Colombia…y habían sido ‘bien investigadas”.
La petición ante el DOJ y la SEC —entidades encargadas de hacer cumplir la mencionada Ley— pretende que aquellas “autoridades” citadas por Barra sean sometidas a una investigación por haber aceptado sobornos de GM y procesadas según sea necesario. La petición forma parte de una lucha más grande por lograr la justicia para los trabajadores lesionados de GM, la que tendrá que incluir una compensación justa con los miembros de ASOTRECOL.
Para más información, consulte la página de web: www.asotrecol.org
Paige Shell-Spurling
Latin America Solidarity Activist
Carta al embajador de Estados Unidos de parte de Jobs with Justice
Portland Oregon, 1º diciembre de 2014
Sr. Kevin Whitaker
Embajador de los Estados Unidos para Colombia
Estimado Embajador Whitaker,
Portland Jobs con Justicia (JWJ) es una coalición de 100 organizaciones sindicales y grupos comunitarios dedicado a proteger los derechos de los y las trabajadores y a apoyar luchas enfocadas en construir una sociedad más justa. En 2012 Jorge Parra, Presidente de la Asociación de Trabajadores Lesionados de General Motors (Asotrecol), contó a nuestra coalición sobre las injusticias que enfrentan los trabajadores en la fábrica de esta empresa en Bogotá. Desde esa fecha, nuestra coalición ha apoyado a Asotrecol y su campamento pacífico en busca de justicia.
Le escribimos a usted para expresar nuestra indignación sobre el atropello de los trabajadores lesionados de General Motors, hecho por personal de la Embajada Estadounidense el martes 18 de noviembre de 2014. Jorge Parra y Carlos Trujillo se habían encadenado a un poste al frente de la Embajada en una acción no violenta, como manera de conseguir una reunión con usted. Manuel Ospina, otro trabajador lesionado de GM, quien no participó en dicha acción, se encontraba parado sobre su bastón en una zona cercana, cuando él fue arrojado al piso y golpeado y pateado repetidamente por personal de la Embajada. Es de nuestro conocimiento que esta agresión dejó Ospina con una rodilla fracturada y ahora él debe caminar con el apoyo de muletas. Los costos médicos de Ospina deben ser asumidos por la Embajada o por los individuos responsables de esa agresión.
Nosotros solicitamos que la Embajada respete el derecho de estos trabajadores lesionados a protestar pacíficamente y que garantice que su campamento sea permitido a continuar en su presente sitio sin tener la amenaza de evicción de la Embajada.
Adicionalmente, solicitamos que los trabajadores lesionados de Asotrecol sean acordados la reunión con usted que llevan más de seis meses solicitando. Es de alta preocupación para nosotros a escuchar que usted ha estado dispuesto de reunirse con altos gerentes de General Motors Colmotores al mismo tiempo que se niega a reunir con los trabajadores afectados por esta empresa.
Finalmente, queremos enfatizar que nosotros no consideramos que la resolución de este conflicto laboral sea un logro imposible. Los trabajadores lesionados de Asotrecol solicitan un nivel de compensación mínimo por lesiones, claramente adquirido durante sus labores en la empresa, que implican discapacidad. Incluso lo que ellos demandan es menos de lo que la ley laboral pediría que GM les otorgara. General Motors ya ha reconocido la legitimidad de las quejas de los trabajadores involucrados. La Embajada Estadounidense debe tomar un papel activo en traer a GM a la mesa para discutir una resolución justa de este conflicto laboral. Solicitar una contra propuesta de GM sería un buen primer paso.
Nos daría gusto escuchar por parte de los trabajadores lesionados de GM que usted ha agendado una reunión con ellos. Agradecemos su atención en este asunto.
Sinceramente,
Portland Jobs with Justice.
Cc. Grupo de Evaluación Congresional sobre Derechos Laborales en Colombia.