Desde una carpa en la calle, contratistas de Claro protestan por atropello y reclaman derecho al trabajo

En Cali

La empresa multilatina Claro maneja en Colombia el 62.3% del mercado de la telefonía móvil y el 40% de la televisión por suscripción, cifras enormes como lo son sus ganancias.

Y como enorme es también la cantidad de trabajadores que el grupo Claro tiene con contratos tercerizados, unos 20 mil en todo el país, vinculados principalmente por SAS, pero que realizan actividades misionales, esto es: conexiones e instalaciones, construcción y mantenimiento de redes, venta del servicio de internet y telefonía, etc.; y en condiciones muy desmejoradas con respecto a los trabajadores con contrato directo, cuyo número en total asciende a unos 10 mil en el país, o sea la mitad de los tercerizados.

Y dentro de estos tercerizados un buen número está vinculado por contratos de “corretaje”, que es una modalidad de contratación despiadada en la que el salario del trabajador depende de su gestión, de lo que realice en el día, de las metas que cumpla, las cuales son cada vez más altas.

O sea contratos “basura”, para usar un calificativo benévolo, pues que ni siquiera les garantiza el salario mínimo. Además deben laborar largas jornadas sin derecho a horas extras ni a descansos el domingo, y sin que éste se les pague como lo establece la ley. Y en condiciones inseguras, sin los elementos adecuados para trabajar y sin representatividad sindical, porque el grupo Claro, por política, no reconoce y persigue la actividad sindical en cualquiera de sus manifestaciones.

De ahí que en Claro sea normal que pasen cosas como la que está pasando en Cali con los trabajadores de Mercatel SAS, empresa contratistas que le suministraba a Claro mano de obra barata. Allí ocurrió que de la noche a la mañana la empresa se acabó, se liquidó, porque Claro no le renovó el contrato en las ciudades donde operaba, dejando sin empleo a unos 300 trabajadores. Con el agravante de que todos tenían contrato a término indefinido, muchos hasta con 5 años de antigüedad, según lo denunció Eduardo Salamanca, presidente de Sintramercatel, sindicato de base.

El dirigente también denunció que la mayoría de quienes renunciaron voluntariamente, animados por la promesa de que los vincularían a una nueva empresa contratista (Telcos, de Bogotá) para que no perdieran su empleo, finalmente no los vincularon. “Les hicieron conejo”, en palabras del líder sindical.

De tal suerte que un grupo de 70 trabajadores, en su mayoría afiliados al sindicato, se negaron a firmar su renuncia y se resisten al despido. Desde hace un mes protestan en una carpa que instalaron en las afueras de la empresa, con el argumento de que ésta les ha violado el derecho de asociación sindical, toda vez que se liquidó de manera unilateral estando de por medio un conflicto laboral que desde hace diez meses cursa ante el Ministerio de Trabajo; conflicto que está a la espera de solución mediante convocatoria de tribunal de arbitramento.

“Claro es el directamente responsable de estos trabajadores, ya que son misionales”, agrega por su parte Yuly Higuera, presidenta del Sindicato Unión de Trabajadores de Claro; afirmación con la que coincide Salamanca, para quien el meollo del asunto es que Claro ha dicho reiteradamente que no reconoce como trabajadores propios a los que están vinculados por SAS, sabiendo que todas las actividades que cumplen son misionales. Es decir, tienen relación laboral directa.

Es más, este dirigente sindical asegura que la intención de Claro al cancelarle el contrato a Mercatel, es acabar con el sindicato en esta empresa contratista, por sustracción de materia.

Movilizaciones y protestas

Aparte de las tutelas radicadas por los trabajadores cesantes, unas 80 en total, con las cuales piden que se les ampare el derecho al trabajo y se les respete el fuero sindical, toda vez que la empresa y el sindicato tienen un conflicto laboral sin resolver, han realizado movilizaciones y varias jornadas de protesta, como desfiles por las calles de Cali y cacerolazos frente a las instalaciones de Claro y el Ministerio de Trabajo, entidad ésta que ha permanecido sorda ante las protestas y reclamos de los trabajadores.

“No sabemos qué va a pasar con nosotros, pero si sabemos que no nos vamos a rendir, hasta que Mercatel o la multinacional Claro nos repare por todos los daños y perjuicios que nos ha causado”, puntualizó Eduardo Salmanca.