“No veo al Gobierno ni las FARC preparándose para el día uno del posconflicto”, dijo Antonio Navarro.
El Congreso Nacional de la CUT, que con 1.200 delegados actualmente sesiona en la ciudad de Santa Marta, donde deliberará hasta mañana viernes, en su sesión inaugural abordó el tema de las conversaciones de paz que se adelantan en La Habana y sus implicaciones para el país y el movimiento sindical.
Se realizó un panel en el que llevaron la palabra el senador por la Alianza Verde, Antonio Navarro; Alejo Vargas, profesor de la Universidad Nacional y director del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogos de Paz; en representación del Comité Ejecutivo de la CUT habló Domingo Tovar; y al final habló Jaime Caicedo, de la dirección del Partido Comunista.
A continuación un compendio de los apartes más significativos de los planteamientos de los 4 panelistas, aclarando que en el momento en que intervinieron aún no se conocía el texto de los tres puntos acordados en La Habana por el Gobierno Nacional y las FARC, el cual fue divulgado ayer por decisión de ambas partes.
Conceptuó que el proceso va por buen camino, y puede conducir al fin del conflicto armado con las FARC. Dijo que los tres acuerdos parciales en torno al asunto de la tierra, la participación política y las drogas ilícitas, son “factibles, moderados”, muy distinto a lo que se planteó en El Caguán en el año 2000.
“Una guerrilla que firma acuerdos sensatos, es una guerrilla que quiere ir hasta el final de la negociación”, dijo, al tiempo que subrayó la importancia de que también se llegue al fin del conflicto con el ELN.
Pero para llegar a la paz el camino a cruzar es más largo, porque lo que hay al frente es mucho más que el fin del conflicto, y en ese sentido señaló que le preocupan varias cosas, de las cuales mencionó dos:
En primer lugar, le preocupa el hecho de no ver al Gobierno preparándose para el día uno del posconflicto. El reto más grande es sostener la presencia integral del Estado en las zonas donde ha habido conflicto, porque de no hacerlo otro grupo armado ocupará el de las FARC cuando éstas se vayan, ya que los estímulos económicos ilegales, como la coca y la minería ilegal, atraen a los grupos armados. Y presencia estatal significa infraestructura.
“Por ejemplo —agregó— en el presupuesto no hay un solo peso para nuevas vías rurales, y sin éstas es difícil que se cambien las actividades ilícitas por actividades productivas. Para la paz se necesita acompañamiento económico al desarrollo rural, se necesita educación, salud, justicia”.
Y lo otro que le preocupa es no ver a las FARC preparándose para salir a conseguir el apoyo popular que el proceso requiere.
“¿Qué hicimos nosotros los del M-19 cuando firmamos la paz? No sabíamos de política electoral pero salimos a buscar el apoyo, y tuvimos una avalancha de apoyos; pero una avalancha que buscamos y trabajamos desde el primer momento. Cuando el M-19 empezó la negociación en santo Domingo tenía una sola cosa en la cabeza: cómo vamos a hacer para que la gente de Colombia nos apoye, para ganarnos el corazón de los colombianos. Era muy difícil porque estaba cercana en el tiempo la toma del Palacio de Justicia y lo que eso produjo. Yo no veo que eso esté ahora en la cabeza las FARC”.
Alejo Vargas (Centro de Pensamiento y Seguimiento Diálogos de Paz. U.N):
Se refirió a algunos elementos del proceso de La Habana y las posibilidades que éste abre a las fuerzas democráticas colombianas, tanto a las que hay como a las que surjan del proceso:
“No se trata solo de parar la `fábrica de víctimas’, sino que en un escenario de posconflicto se abra la posibilidad para que las fuerzas democráticas que han sido excluidas, tengan la oportunidad de poner en el debate público sus ideas, sus soluciones, y puedan articular un gran bloque que empiece a ser opción real de conducción de los destinos de este país; la posibilidad de una democracia profunda, real, y ya no solo la controversia de las fuerzas tradicionales”.
Como algo distintivo de este proceso con relación a anteriores intentos de paz con las FARC, resaltó como hecho clave la manera seria como fue preparado entre ambas partes en los dos años de encuentros reservados que hubo. “Claramente se definió una hoja de ruta, porque en una negociación es fundamental tener muy claro qué y cómo se va a negociar. Se acordó una agenda realista, que toca temas centrales, que apuntan a problemas gruesos, que pueden ser la base para desencadenar transformaciones importantes en la sociedad colombiana”, dijo.
Sobre el primer punto de la agenda acordada: el tema agrario, dijo que es tema capital porque sobre él ha girado gran parte de nuestras violencias. “El problema de la apropiación de la tierra sigue siendo central en Colombia, cuando probablemente en muchas sociedades fue un tema del siglo XIX, o si acaso de la primera mitad del siglo XX”, subrayó.
A su juicio, si se desarrolla adecuadamente lo acordado en el tema agrario, implicará una transformación muy importante del sector rural. “Hay una serie de programas de desarrollo rural integral que van a permitir que la economía campesina, los productores pequeños y medianos, tengan la posibilidad de opciones de producción y mejoramiento de su calidad de vida. Es una mirada integral del problema, porque no es solo el tema de la tierra sino también del crédito, el mercadeo, las vías, la salud y la educación rural”.
Sobre el segundo tema acordado, el de la participación y las garantías políticas, dijo que es central en las negociaciones porque si bien Colombia ha sido una democracia formal, históricamente ha sido excluyente. “Una democracia muy sui generis, donde los votantes eligen cada cuatro años presidente, pero al mismo tiempo prevalece un nivel de matazón y de violencia impresionantes. Porque en política no es suficiente que se pueda participar, sino que haya garantías para que todos jueguen en igualdad de condiciones, y no que de antemano haya un ganado”, destacó el profesor Vargas.
En tal sentido destacó los planteamientos acerca de una reforma al sistema electoral que incluya un estatuto de la oposición, una deuda que todavía se tiene con la Constitución del 91; que incluya unas circunscripciones especiales en el Congreso para que las poblaciones que han vivido el conflicto puedan tener una representación; y una política de estímulo a la cultura de la reconciliación, porque lo que hemos heredado es todo lo contrario: la cultura de la retaliación, del odio, propia de la lógica de la guerra.
Se refirió asimismo al tercer tema acordado, también históricamente asociado a la violencia: los cultivos ilícitos. No del narcotráfico, aclaró, porque hay que hacer la distinción:
“El narcotráfico es una empresa criminal de carácter global, que tiene muchas etapas y plantea políticas globales. No se puede pretender que se resuelva con los acuerdos de La Habana. El problema central es el de los cultivos ilícitos. Todos sabemos que buena parte éste tiene que ver con falta de otras opciones productivas para los campesinos. No es que a éstos les parezca bien meterse con la coca, es que no tienen otras opciones. Si se les permite opciones de producción y alternativas de mercado para otros cultivos, probablemente va a haber una disminución importante en ese campo; no disminución a cero, que no parece ser realista”, dijo.
Aparte del programa de sustitución de cultivos ilícitos, destacó como importante el planteamiento sobre prevención y tratamiento al consumo, entendiendo que no todas las drogas se pueden poner en la misma categoría.
Sobre el cuarto punto, sobre el que aún no ha habido acuerdos, el de víctimas del conflicto, el profesor Vargas señaló que hoy en el mundo moderno la terminación de un conflicto implica colocar en el centro a las víctimas. “Hoy no podemos hacer lo que hicieron Alberto Lleras y Laureano Gómez cuando acordaron el Frente Nacional en 1957, que consistió en borrón y cuenta nueva, no mirar para atrás. Eso hoy no es posible. Las víctimas tienen que ser reconocidas, reparadas y tienen que jugar un papel muy importante en el proceso de reconciliación en el posconflicto”, explicó.
Sobre la participación de la sociedad en las conversaciones de paz, otro tema espinoso, Vargas dijo que, entre las posiciones maximalistas, que piden la participación de todos los sectores, y las posiciones minimalistas, que dicen que solo el gobierno debe negociar, el acuerdo entre el gobierno y las FARC va por la vía intermedia: convoca espacios de participación como los foros, que han reunido hasta ahora unos 5 mil colombianos haciendo propuestas; la página de internet, a la que han llegado más de 20 mil propuestas; los expertos que se invitan a la mesa en La Habana a tratar temas de toda índole, nacionales e internacionales; y el desplazamiento desde Colombia de 60 víctimas para hacer interlocución con la mesa.
“No son comisiones de la verdad —aclaró—. Allá no va nadie a que le resuelvan su problema. Van con su dolor a plantear cómo creen que deben construirse los acuerdos sobre víctimas, justamente para garantizar reconocimiento, reparación, no repetición, y analizar el rol que las victimas deben jugar en el escenario de unos acuerdos. Esa es una novedad importante, que hasta ahora ha sido muy positiva para el proceso”.
En síntesis, el profesor Vargas ve muy positivos avances en La Habana. “Lo deseable sería que estuviera acompañado de un cese de la violencia, pero el acuerdo fue negociar en medio de la confrontación, y eso evidentemente es muy complejo de manejar políticamente, porque para el ciudadano de a pie no es fácil entender que se hable de paz pero sigan los hechos de violencia”, dijo, y lo consideró una debilidad del proceso, que es aprovechada además por los enemigos de la salida negociada del conflicto para decir que todo es una farsa.
Sin embargo, consideró que cada vez se están dando las condiciones para llegar a un tipo de distensión o cese al juego. “Pero es un tema difícil”, aclaró.
Domingo Tovar (en representación del Comité Ejecutivo de la CUT):
Llamó la atención sobre el análisis que el movimiento sindical y la clase trabajadora deben hacer sobre el proceso de transformación política como salida al conflicto colombiano. En su concepto, los conflictos laborales también hacen parte del conflicto interno del país, y para ir allanando el camino a la salida política hay que materializar derechos laborales.
El movimiento sindical debe ser parte activa de la salida política al conflicto, señaló, en la medida en que es víctima de manera individual y a la vez víctima como organización. “El movimiento sindical ha sido víctima de los paramilitares, de la guerrilla, del Estado, de los empresarios y de todo tipo de violencia. Estamos entonces llamados a formar parte del proceso de solución política”, indico Tovar. Agregó que la CUT, y sindicalismo en general, deben trabajar en la valoración del daño político, social y económico que el conflicto les ha causado, “propiciado por una clase burguesa que considera al sindicalismo como un enemigo”.
En tal sentido, dijo que la reparación colectiva no es otra cosa que la restitución de los derechos laborales y la reconstrucción del movimiento sindical.
“Por eso este VI Congreso debe proyectar una agenda de salida política que parta de reconocer el trabajo y la libertad sindical como derechos humanos fundamentales; que conlleve la formalización laboral y la negociación colectiva, al empleo en condiciones de contratación dignas, un cambio en el sistema de seguridad social, la defensa del derecho de huelga, porque ya el ampresariado del mundo tiene la pretensión de acabar con este derecho; la lucha política contra los TLC y las violaciones que cometan las multinacionales en Colombia”.
Señaló que en un mundo en que la guerra dejó de ser una opción para la obtención del poder, y en el que el modelo económico neoliberal supone grandes cambios en el mundo del trabajo, se impone una lucha política por las paz, la democracia y los derechos individuales y colectivos; una lucha política de movilización en la perspectiva de un movimiento social por la paz, que plantee claramente la responsabilidades del gobierno, el Estado y algunos empresarios en la violencia contra el movimiento sindical.
Jaime Caicedo (dirigente Partido Comunista)
En su discurso se refirió las soluciones que es necesario aportar a los grandes problemas del país, como los territoriales, el tema de la reforma agraria, de la apertura democrática y de las garantías para todas y todos, sin excepciones.
“Nos tenemos que unir todas las fuerzas para aislar a la ultraderecha militarista y fascista, que pretende movilizar sus poderosas herramientas para hacer retroceder lo avanzado”, dijo, como también recalcó la necesidad de un cese al fuego bilateral inmediato, para que no se sigan presentando hechos lamentables, y dejar atrás “esa política que nos impuso el Comando Sur de Estados Unidos de negociar en medio de la guerra. Y se deben también terminar definitivamente con los falsos positivos”.
Caicedo habló de la necesidad de un estatuto laboral democrático, como existe en los países que nos rodean, que garantice mejores condiciones de vida; que el sindicalismo vuelva a tener derechos, y las y los trabajadores no sean despedidos por el hecho de socializarse y organizarse. Al final hizo énfasis en que debe prevalecer la unidad de la CUT.