Desde su creación en 1957, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, ha posibilitado que miles de jóvenes colombianos de los estratos bajos, que no tienen acceso a la universidad, se capaciten para el trabajo de manera gratuita, tanto así que por mucho tiempo se le conoció como la “Universidad de los Pobres”. 
Y son muchos también las y los instructores que tienen en el SENA su fuente de trabajo (cerca de 25 mil en la actualidad), pero en unas condiciones que están lejos de ser satisfactorias, y que se han venido deteriorando en los últimos años, lo que no sólo les merma la calidad de vida sino que afecta negativamente la calidad de la educación que imparten.
Empezando porque el número de los instructores de planta, que son quienes tienen mayor estabilidad y garantías económicas y laborales, es mínimo frente a los vinculados por Orden de Prestación de Servicios (OPS). Éstos son 22 mil, mientras el número de los de planta no asciende a 3 mil.
Para indagar sobre las condiciones laborales de esa gran masa de instructores, conversamos con varias personas que trabajan o trabajaron en la entidad, y con dirigentes sindicales como Nicolás Zapata Vásquez, presidente de Sindesena Medellín, uno de los sindicatos de la institución que hoy cuenta con 2.400 afiliados en todo el país; Fabio Arias, Secretario General de la CUT Nacional, y Carlos Julio Díaz, ex presidente de la CUT Antioquia.
Una contratación amarrada
La Sentencia C-614 de la Corte Constitucional dice que toda persona que haga labores permanentes en el sector público, debe ser parte de la nómina. O sea que las entidades del Estado deben contratar directamente el personal que tienen vinculado por terceros o por OPS. Pero en el SENA, al igual que en la mayoría de los entes estatales, esta sentencia no se cumple y las OPS siguen al orden del día. La inestabilidad laboral y la rotación continua son pan de cada día entre los instructores del SENA, dice Nicolás Zapata, presidente de Sindesena Medellín.
Si bien en el SENA hay contratistas con más de 15 años vinculados por contratos OPS, que se les renueva cada año, no es el caso de la mayoría.
Un primer factor de inestabilidad, según Zapata, es que se han incrementado contratos de entre 3 y 10 meses, sin garantías de renovación. Y un segundo factor, asociado al primero, es que en muchos casos prima más la “rosca” que la calidad de la hoja de vida y la experiencia de los instructores. Se refiere a que llegan por recomendación política.
“Tradicionalmente, y es algo sabido, cada regional se le ha entregado a un directorio político, que la utiliza para hacer clientelismo y colocar su gente”, señala Carlos Julio Díaz, de la CUT Antioquia.
“El SENA con frecuencia abre convocatorias para seleccionar instructores, y trata de hacerlo de manera transparente, tienen formatos y requisitos que muchas veces se acomodan para que los puestos queden en manos de determinadas personas”, asegura Zapata.
Y lo confirma la sicóloga Diana Marín, ex empleada del SENA. Recuerda que cuando empezó a trabajar varios compañeros le preguntaron quién la había recomendado, como si esa fuera la ruta normal de acceso a la entidad. Lo que, según ella, configura acoso laboral, ya que como condición para renovar el contrato les exigen votar por determinado partido o candidato.
“Una formación profesional pertinente y de calidad no se logra con instructores por el sistema de contratistas y sin estabilidad laboral, además sometidos al clientelismo y la politiquería. Es una combinación perversa para las posibilidades de la juventud trabajadora”, señala Fabio Arias, Secretario General de la CUT Nacional.
A los instructores, como requisitos para empezar a trabajar, se les exige póliza de cumplimiento y exámenes médicos preocupacionales, que deben pagar de su bolsillo, como también asumir el pago de salud, pensión y ARL, calculado sobre el 40% del valor total del contrato. Por este concepto pagan entonces sumas altas, de hasta $400 y $500 mil, sobre sueldos de $2 millones (tecnólogo) y $3 millones (profesional) respectivamente. Además los cursos de capacitación y actualización que deben hacer, virtuales o presenciales, no les cuentan cómo horas laboradas.
Las jornadas y condiciones laborales varían según el centro en que trabajen. Para quienes laboran alejados de las áreas metropolitanas la situación es desventajosa porque gastan más tiempo y dinero en desplazamiento. El SENA solo paga viáticos y transporte a municipios alejados, a los cercanos los paga el instructor.
El clima laboral también deja qué desear. En su experiencia como sicóloga, Diana Marín conoció, por encuestas, que son muchos los empleados que encuentran el ambiente pesado y poco acogedor; o muestran inconformidad por el mal trato de los jefes. “Pero no se atreven a expresar su malestar por temor de que no les renueven el contrato. Conocí casos de instructores afectados física y sicológicamente, y otros que renunciaron antes de cumplir el contrato”, dice.
Baja calidad educativa
Durante el Gobierno Uribe se dio un punto de quiebre en la institución: empezó a pesar más la lógica de las cifras, la cantidad, antes que la calidad de la educación. Aumentaron significativamente los cupos y egresados y se redujo el tiempo y la intensidad de los programas. Todo para mostrar cantidad.
“Antes un curso para técnico profesional duraba 4 semestres y uno para tecnólogo duraba 6, y un curso corto duraba entre 40 y 60 horas. Ahora manejamos tecnologías de 3 semestres. Es decir, a los estudiantes se les están dando menos elementos de capacitación. Por eso la entidad ha perdido favoritismo en el mercado laboral”, dice John Jairo Clavijo, instructor de diseño en la entidad.
“El Presidente Uribe vio en el SENA un gran bastión para desarrollar su política, pues era lo único social que tenía, y anunció que quería fortalecerlo. O por lo menos lo hizo ver así, porque en realidad no hubo ningún fortalecimiento, la calidad de la educación bajó. Y esa misma política la ha mantenido el Gobierno Santos, quien este año ofertó cien mil cupos nuevos para formación de tecnólogos”, dice por su parte el presidente de Sindesena.
“Cada módulo del estudiante se contaba como un curso completo, y así la cantidad de trabajadores presuntamente capacitados llegó a la cifra de 5 millones, lo cual era un embuchado”, afirma Fabio Arias, de la CUT.
Y Carlos Julio Díaz al respecto anota: “Se hace énfasis en impresionar a la sociedad con la cantidad de gente que capacita el SENA, pero sin considerar si esa capacitación es pertinente para el país, y si es útil para conseguir un trabajo”.
Lo otro es que las condiciones de contratación de los instructores repercute en la calidad de la formación, pues no les permite prepararse, investigar y profundizar en sus conocimientos. Antes, para ser instructor del SENA el aspirante debía hacer un curso de pedagogía de un año. Hoy este curso es de 40 horas y puede hacerse virtual.
“Por eso están llegando instructores con el componente del conocimiento pero sin adiestramiento pedagógico ni experiencia laboral, que es clave en el SENA”, concluye Clavijo, y asegura que no cree en el porcentaje de empleabilidad que da el gobierno. Dice que no es cierto que de 100 egresados 70 consiguen empleo. “Eso no está sustentado en ninguna parte, o son datos viejos”, señala.
Sobre la estrategia de ampliar la cobertura sucontratando la formación con universidades e instituciones privadas, Fabio Arias opina que con ello el SENA está desvirtuando su misión y suplantando la educación universitaria. ¿El SENA es una institución de educación para el trabajo, o de educación superior formal?, se preguntal. Sin contar con que los estudiantes formados por otras instituciones son más costosos que los formados en las propias aulas y talleres del SENA.
Otro asunto que Carlos Julio Díaz ve como negativo, es que al SENA se le asignen funciones que obedecen a compromisos sociales del gobierno, como atender desplazados y actores de grupos ilegales.
Los aprendices
Un aspecto que también se ha deteriorado, advierte Zapata, es la condición laboral de los aprendices del SENA. Se conocen casos en que éstos cumplen horarios nocturnos, dominicales y festivos o jornadas muy extensas sin pago de horas extras, pero como están sujetos a una nota académica hay pocas quejas.
Zapata recordó que antes del año 2002 el contrato de aprendizaje tenía fuerte connotación laboral. A partir de ese año, con la Ley 789, de reforma laboral, el salario que recibían los aprendices se cambió por “apoyo de sostenimiento”. Antes tenían derecho a prestaciones sociales y a la mitad del salario correspondiente a la técnica que estudiaban, y una vez ingresaran a la empresa patrocinadora para hacer su práctica recibían un sueldo completo. Además se beneficiaban de la convención colectiva de una empresa si ésta así lo pactaba con el sindicato.
“Ahora a los aprendices les pagan el 50% de un salario mínimo, sin importar el cargo que sea, y el 75% cuando realizan las prácticas. Lo otro que se ve mucho es que se forman en una técnica y terminan trabajando en otra cosa”, anota Zapata.
Parody y los sindicatos
En marzo de 2013 la dirección el SENA la asumió Gina Parody, y desde entonces han sido frecuentes sus choques con las organizaciones sindicales, que consideran que esta funcionaria no tiene experiencia suficiente para dirigir la institución, y además ha mostrado animadversión hacia los sindicatos.
“La señora Parody no se presta para el diálogo, no recibe a los trabajadores ni escucha sus requerimientos, y siempre busca deslegitimar la acción del sindicato. Hay un pliego de peticiones negociado desde hace dos años, que cubre también este año, pero lo ha desconocido”, asegura Zapata.
Por su parte, los instructores contratados por OPS no se atreven a exigir sus derechos y la mayoría teme afiliarse al sindicato, pues les implicaría perder la posibilidad de renovación del contrato.
Y sobre la Reforma Tributaria que dejó a cargo de los fondos comunes del Ministerio de Hacienda la financiación de la institución, Fabio Arias dice que eso la deja en la incertidumbre presupuestal, pues la que antes era una renta segura se volvió renta competida, y eso más temprano que tarde dará al traste con el SENA.
“Los recaudos no están superando las expectativas. Ahora dependemos del Ministerio de Haciendo, cuando el SENA siempre había tenido autonomía y patrimonio propio e independiente, situación que puede redundar en desmejoras laborales”, indica por su parte Nicolás Zapata, de Sindesena.
Pese a todo, la lucha de los sindicatos para evitar la privatización del SENA y mejorar las condiciones laborales y educativas, continúa. Reconocen el valor que tiene la entidad para los colombianos y las oportunidades que brinda a millones de personas de los sectores más vulnerables.