-La tercerización laboral continua-
Si lo que el Gobierno buscaba con el Decreto 2025 de 2011 (que reglamenta el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y elimina intermediación laboral que hacen las cooperativas de trabajo asociado) era reducir la tercerización y fomentar la formalización laboral en las empresas, por lo que se ha visto en los puertos colombianos tal norma ha resultado un completo fracaso, una amarga decepción para los trabajadores.
En efecto, tres meses después de expedido el Decreto 2025, en los puertos de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta ni se acabó la tercerización, ni las sociedades portuarias vincularon directamente a los trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado (CTA), que era el espíritu que alentaba el decreto.
A diferencia de lo ocurrido en sectores del comercio (hipermercados), donde los asociados a las CTA fueron contratados directamente por las empresas, en los puertos los empleadores no quisieron seguir esa pauta y mejor instruyeron a las CTA para que se convirtieron en Agencias de Empleo Temporal o en Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), las dos figuras que reemplazaron a las CTA. Resultado: el remedio resultó peor que la enfermedad, porque, según dirigentes sindicales consultados por esta Agencia, hoy los trabajadores tienen menos estabilidad y salarios más malos.
Es más, el Decreto 2025 terminó sirviendo para que las sociedades portuarias se desembarazaran de las CTA y continuaran contratando con agencias temporales y SAS, de las cuales, en muchos casos, los dueños son accionistas de las sociedades portuarias. Es decir, concentraron más el negocio de la contratación, en desmedro de las condiciones laborales de los trabajadores, según lo denuncia Javier Marrugo, presidente nacional del Sindicato Unión Portuaria, quien recordó que el mes pasado el Ministerio de Protección Social emitió un instructivo sobre la correcta aplicación del Decreto 2025, en el que señala que la intermediación laboral que hacen las CTA no la pueden seguir haciendo agencias temporales y SAS. Instructivo éste que en los puertos ha sido letra muerta, por lo que la Unión Portuaria ya interpuso denuncias y entabló querellas ante el Ministerio.
“Nosotros siempre hemos denunciado que todas las formas de intermediación, llámense cooperativas, temporales, SAS o contratos sindicales, son factores perversos de tercerización. No consideramos que una sea peor que la otra: todas son peores. Lo que pasa es que el país le puso más los ojos a las cooperativas”, aseveró Javier Marrugo.
Qué son y cómo operan las SAS
La Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) es una figura que creó la Ley 1258 de 2008 por iniciativa del entonces senador Germán Vargas Lleras, con la finalidad de fomentar el emprendimiento y agilizar la creación de empresas. Sólo que los trabajadores a ellas vinculados quedan en alto riesgo de inestabilidad, por la misma facilidad con que estas SAS se pueden liquidar, pues la Ley les permite realizar cambios o sustituciones en el momento que lo estimen conveniente con el fin de reducir sus cargas económicas, en especial las referidas a asuntos laborales.
A lo anterior se suma que la Ley de Formalización Laboral (1429 de 2010) firmada por el presidente Santos en diciembre pasado, creó un escenario que están aprovechando algunas empresas (caso sociedades portuarias) para forzar a sus trabajadores a dejar atrás las cooperativas y crear SAS, para seguir contratando con ellas el suministro de personal. Así supuestamente demuestran que no están usando un tercero para vincular trabajadores sino que tienen una relación comercial con otra empresa, lo cual no deja de ser un esguince a la ley colombiana porque, según ésta, sólo existen dos vías legítimas para contratación de trabajadores: una es la vinculación directa, y la otra mediante empresas de servicios temporales para actividades no misionales sino temporales. “No existen más alternativas. Todo lo que se haga para manejar trabajadores por parte de un tercero es ilegal. Es el caso de las SAS, que se han convertido en una ingeniosa esguince al Decreto 2025,”, advierte Marrugo.
La situación en Buenaventura
Es el puerto más importante del país, mueve más de la mitad del comercio marítimo. Se calcula que allí toda la actividad portuaria requiere unos 4 mil trabajadores, pero debido al alto desempleo en la ciudad estas plazas se las disputan más de 8 mil trabajadores. Hay pues más oferta laboral que demanda de carga, de ahí todas las violaciones al trabajo decente que allí se dan. Sólo los empleados administrativos tienen vinculación directa, el resto son trabajadores tercerizados en condiciones bastante precarias, las mismas que la nuevas leyes y decretos no han mejorado en nada. “Todo lo contrario, los trabajadores están peor que antes”, anota John Jairo Castro, presidente de Unión Portuaria Seccional Buenaventura.
La Sociedad Portuaria de Buenaventura sólo administra el terminal, no emplea directamente estibadores, wincheros, operadores de grúa y demás oficios. Esta tarea la hacen los operadores portuarios, encargados del cargue, descargue y traslado de los contenedores y la carga. Recientemente los 5 operadores más grandes (que a la vez son accionistas de la Sociedad Portuaria) hicieron una alianza comercial para actuar como un solo gran operador. Pero en vez de vincular directamente a los trabajadores, lo que hicieron fue crear y fortalecer empresas de empleo temporal de su propiedad, para canalizar a través de ellas toda la contratación. “Y así quedarse con la carne y con el hueso”, anota Castro. Por esa razón el Decreto 2025 les cayó como anillo al dedo, porque les sirvió para eliminar la competencia de las CTA, pues, por ley, ya no pueden contratar con éstas.
Hoy en el puerto apenas quedan las llamadas “cooperativas de maletín”, que son unos intermediarios “piratas” que no tienen no ninguna relación laboral con los trabajadores, pues su única función es tramitarles el seguro de riesgos profesionales para que puedan entrar al muelle a rebuscarse, y por esa vuelta por les cobran entre 50 y 80 mil pesos. “Son intermediarios ilegales desde todo punto de vista, pero como el Ministerio de la Protección Social no ejerce ninguna vigilancia en el puerto, siguen actuando impunemente y cada cual hace lo que le da la gana”, señala el presidente de Unión Portuaria Seccional Buenaventura.
“Muchos de los que antes trabajaban por cooperativas, al éstas desaparecer, se quedaron en el aire, no fueron absorbidos por las empresas temporales. Y no es correcto que un Decreto que se suponía era para mejorar las condiciones de los trabajadores, lo que genere es pérdida de puestos de trabajo”, agregó.
A la par con las empresas temporales, en el puerto de Buenaventura hacen contratación laboral varias SAS recién creadas. A ese respecto, el John Jairo Castro mencionó el caso de Cielsa, empresa que maneja la carga de azúcar y mieles, la cual, tras la promulgación del Decreto 2025, orientó a la CTA con la que contrataba para que se transformara en SAS. Además fue la misma empresa la que escogió el personal para conformarla.
“Los compañeros no están contentos con esas decisiones porque esperaban que Cielsa los contratara directamente. Y lo mismo está pasando con la bodega del Banco Popular, que contrata los estibadores con una cooperativa, a la que ya le están diciendo que se vuelva SAS, pero sin consultar a los trabajadores. Es una imposición”, señala Castro.
En cuanto al tema salarial y la seguridad, explicó: “No ha habido mejoras. Quienes ganan un poco más son los del azúcar, que tienen quincenas entre 400 y 700 mil pesos. Pero los que entran al muelle a rebuscarse apenas ganan entre 100 y 200 mil pesos quincena, y tienen que esperar hasta 15 días a que los paguen. Con el agravante de que sólo les pagan el tiempo laborado, no las horas y hasta días que tienen que esperar a que los llamen. La seguridad social a muchos no se la pagan, la tienen que pagar de su bolsillo; y a eso se suma que la accidentalidad laboral también ha aumentado. Lo otro es que están trayendo gente del interior del país, al trabajador local lo están desplazando. Y hay discriminación por la edad: a los mayores de 45 años no los contratan”.
La persecución sindical también está al orden del día. “La Unión Portuaria arrancó el año pasado con 250 afiliados. Ahora solo tiene 150, y eso se debe más que todo a persecución de los empleadores. Para enganchar un trabador sindicalizado le exigen la carta de renuncia del sindicato, y al que se afilie no le dan más trabajo. Uno tiene que hacer labor sindical a escondidas, como si fuera un delincuente”, puntualiza Castro, quien asegura que todas estas arbitrariedades se dan ante la vista gorda de las autoridades e inspectores del trabajo. “El Ministerio dicen que ya ha habido sanciones, pero nosotros hemos enviado oficios pidiendo información, y nada que nos responden”.
En el puerto de Cartagena
La Sociedad Portuaria de Cartagena, a diferencia de Buenaventura, sí es empleadora directa. Tiene unos 500 trabajadores en su nómina. El resto, cerca de 1.000 trabajadores, son tercerizados.
Antes del decreto 2025 había tres CTA que en conjunto sumaban unos 300 asociados, y prestaban servicios en la Sociedad Portuaria y en el Terminal de Contenedores. A partir del 1º de julio ambos deciden no contratar más con las CTA y presionaron a sus asociados para que firmaran contratos con las empresas de servicio temporal Sescaribe, Equilog y Seimar.
Pero tal cambio, según Javier Marrugo, Presidente Nacional de la Unión Portuaria, no trajo sino desmejoras para los trabajadores, tanto en la parte salarial (ahora ganan entre 15% y 20% menos) como en estabilidad laboral. Prueba de esto es que 8 trabajadores que pasaron de las CTA a las temporales fueron despedidos unilateralmente por éstas, sin motivo alguno. Y un grupo de trabajadores asociados de CTA que estaban reubicados por tener enfermedades profesionales, no fueron contratados.
“Cuando el sindicato protestó por esa situación —explica Marrugo—, las cooperativas llamaron a conciliar a los trabajadores despedidos y a los enfermos, para evitarse futuras demandas. Les dio una buena indemnización, a condición de que renunciaran a cualquier demanda. Pero la plata de estas indemnizaciones salió de la Sociedad Portuaria, porque las cooperativas no tenían plata para pagarlas, lo que demuestra que realmente la relación real de trabajo no era con las cooperativas sino con la Sociedad Portuaria”.
En el puerto de Santa Marta
En este terminal, al igual que en Buenaventura, la Sociedad Portuaria de Santa Marta no es operadora, sólo administra. El grueso de la operación la realizan Smitco y Suministros Generales, que trabajan en asocio con la Sociedad Portuaria.
Tras la promulgación del Decreto 2025, la Sociedad Portuaria solicitó a todas las CTA que cambien su razón social para poder seguir prestado servicios en el terminal. De tal suerte que las CTA (Impulso Caribe, Cootraconcar, Trademar, entre otras) están haciendo el tránsito hacia SAS, según lo explicó el presidente de Unión Portuaria.
“Hay otros operadores portuarios de menor rango, como Opermundo, Opercosta, Astimag y Equimon, que no tienen contrato escrito con los trabajadores. Cuando requieren sus servicios los llaman por máximo tres días, que es el tiempo que demora el cargue o descargue de un barco. Es por eso que un trabajador portuario en Santa Marta labora con más de dos empresas al tiempo, y con ninguna tiene contrato de trabajo. Sus jornadas son excesivas. Hay días que trabajan hasta 21 horas seguidas, no se les suministra transporte nocturno, la alimentación es pagada por ellos, no cuentan con el pago de seguridad social, no les pagan horas extras ni recargos y mucho menos prestaciones sociales”, denunció Javier Marrugo.
En el puerto de Barranquilla
Este terminal marítimo ocupa unos 1.300 trabajadores, en su gran mayoría tercerizados a través de empresas de empleo temporal, y ahora también por SAS.
Las SAS fue la solución que optaron para sustituir las varias CTA que allí funcionan. Tras la promulgación del Decreto 2025 la Sociedad Portuaria ordenó a sus operadores no seguir contratando con cooperativas, sólo con personal suministrado por SAS o temporales.
Pero con el detalle adicional de que las cooperativas no se liquidaron sino que simplemente cambiaron de razón social, y siguieron funcionando como sí nada. Tanto es así que los trabajadores muestran ahora dos carné: uno de la cooperativa y otro de la SAS, lo cual es a todas luces irregular.