Director de Viva la Ciudadanía habla sobre acuerdo de participación ciudadana y garantías a la protesta social
El segundo punto del acuerdo del Gobierno Nacional y las FARC sobre “Participación política: nueva apertura democrática para la paz”, incluye un aparte relacionado con las garantías para la participación ciudadana y la protesta social, y obliga al Gobierno a presentar al Congreso un proyecto de ley que establezca estas garantías.
Para ello, la mesa de conversaciones de La Habana acordó invitar a tres organizaciones centros de apoyo a los movimientos sociales colombianos para que, dentro de los lineamientos establecidos en el segundo punto del acuerdo Gobierno – Farc, presenten propuestas y recomendaciones que enriquezcan el texto del proyecto de ley sobre participación ciudadana y garantías para la protesta, un tema que sin duda entraña un alto interés para los diversos movimientos sociales y políticos del país, entre ellos el sindicalismo.
Las tres organizaciones invitadas a asesorar y presentar propuestas a la mesa de La Habana son la Corporación Viva la Ciudadanía, el CINEP y Foro Nacional por Colombia, cuyos voceros estuvieron el pasado fin de semana en la capital cubana presentando el documento que elaboraron sobre el tema, y que recoge sus propuestas y recomendaciones.
Para profundizar un poco al respecto, la Agencia de Información conversó con Antonio Madariaga, director de la Corporación Viva la Ciudadanía:
- ¿Cuál es exactamente el papel que cumplen Viva la Ciudadanía, Foro y el CINEP en este proceso? ¿Qué trámites adelantaron en La Habana el pasado fin de semana?
Tanto el Gobierno como las FARC consideran que para desarrollar el punto dos del acuerdo, hay que procurar crear espacios de deliberación lo más amplios y plurales posible, y también eficaces. Para ello invitó a Viva la Ciudadanía y a las otras dos organizaciones sociales a elaborar propuestas e insumos para el proyecto de ley que el Gobierno deberá presentar al Congreso y que reglamentará la participación ciudadana democrática y las garantías para la protesta social. A eso fuimos a La Habana el pasado fin de semana: a presentar nuestras propuestas, que elaboramos en el corto tiempo de dos semanas, que fue el plazo perentorio que nos dieron. Primero tuvimos una reunión con la delegación de las FARC, luego con la delegación del Gobierno, y posteriormente con la mesa en pleno.
- ¿Por qué se necesita una ley para eso?, si ya está la ley estatutaria 1757 que establece disposiciones en materia de participación democrática.
Porque una cosa es que los derechos estén consagrados en la ley, y otra que el Estado esté dispuesto a dar las garantías correspondientes. Además, y no es menos importante, el reclamo de los derechos no incluye solamente los mecanismos de participación institucional. Por ejemplo: un paro no está normatizado en ninguna parte, no hay una ley que establezca que los paros se deben hacer de tal o cual manera. Pero el Estado sí tiene la obligación de garantizar que el paro se realice si cumple la condición de ser una protesta pacífica.
- ¿Por qué escogieron a Viva la Ciudadanía, al Cinep y a Foro como asesoras en el tema?
Yo supongo que por la trayectoria y la experiencia de las tres organizaciones. Foro Nacional por Colombia lleva 35 años trabajando en el tema de la participación; el Cinep tiene una larga tradición de trabajo en educación popular, investigación y seguimiento a los movimientos sociales; y Viva la Ciudadanía nació como un gran ejercicio de deliberación en torno a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, y ha desarrollado una metodología y un enfoque de comunicación pública que facilita esos procesos. Supongo que también tiene que ver con el hecho de que somos tres organizaciones que nos hemos manifestado públicamente, y hemos hecho múltiples acciones en defensa de la solución política negociada del conflicto armado en Colombia. Lo que sí debe quedar muy claro, es la independencia con la que venimos actuando las tres organizaciones. No somos asesores de las FARC ni asesores del Gobierno. Somos organizaciones autónomas e independientes.
- ¿Qué tanto le debe interesar al sindicalismo esos temas que se están discutiendo?
Mucho. Tiene que ver con las organizaciones de los trabajadores en la medida en que efectivamente se garantice la participación social, incluyendo los derechos relacionados con la libertad de asociación, expresión y reunión. El pos-acuerdo necesariamente será un proceso de participación territorial y poblacional, y el movimiento sindical se considera una fuerza social sumamente relevante y en esa medida debe participar en las deliberaciones.
En términos generales se busca un marco legal que garantice la participación ciudadana y la protesta social. Pero por otro lado ya hay normas que limitan esos derechos, como la ley de seguridad ciudadana y el nuevo código de policía, por ejemplo.
- ¿Ve incompatibilidades en eso?
No voy a entrar a pronunciarme sobre cada una de las normas, lo que sí puedo decir es que una ampliación democrática hacia las garantías para la protesta social implicará revisar algunos casos o modificar normativas que están en contravía de ese propósito. Así como tendrán que ser modificadas o revisadas las normas que tienen vacíos importantes en cuanto a las garantías para la participación social.
- ¿En sus recomendaciones trataron, por ejemplo, el tema de las controvertidas actuaciones del Esmad de la policía?
Hasta allá no hemos llegado. Apenas estamos en los criterios y lineamientos para el proceso de deliberación.
- ¿La tarea de las tres organizaciones ya terminó, o siguen acompañando el proceso?
Se supone que vamos a acompañar todo el proceso de deliberación y de sistematización, y hasta ahí el encargo que nos han dado en la mesa de La Habana. Cualquier asunto posterior será objeto de una nueva discusión. Nosotros aceptamos gustosos ayudar y apoyar el proceso de negociación que llevará a la firma de un acuerdo del fin del conflicto con las Farc.