El pliego marco nacional que las centrales y federaciones sindicales estatales presentaron al Gobierno desde el 28 de febrero, por fin se convirtió en acuerdo laboral, firmado esta semana en la Casa de Nariño por el Presidente Santos y voceros de las organizaciones sindicales, y que beneficia a 1.2 millones de trabajadores al servicio del Estado.
El acuerdo se logró dentro del marco del Decreto 160, que rige la negociación colectiva en el sector estatal, y tras 4 meses de tira y afloje entre las partes. Por un lado, el gobierno argumentando no tener recursos para asumir las solicitudes de los trabajadores; y por el otro, éstos y sus organizaciones sindicales presionando con jornadas de protesta, plantones, movilizaciones y tres paros escalonados de 48 horas. La negociación tuvo además como telón de fondo el gran paro nacional de Fecode, que presionó fuertemente al Gobierno.
“Este acuerdo y el de Fecode son hermanos gemelos. Muestran la madurez, la capacidad de lucha y movilización del movimiento sindical. Sin las movilizaciones de los trabajadores estatales y el heroico paro de Fecode, el acuerdo hubiera sido más complicado”, señaló Francisco Maltés, encargado de asuntos estatales de la CUT.
Texto del acta final del acuerdo.
Por parte del sindicalismo, en la negociación participaron las organizaciones emblemáticas del sector público, esto es CUT, CGT y CTC, y las 5 federaciones estatales: Fenaltrase, Fecode, Fecotraservipúblicos, Utradec y Unete. También las 4 organizaciones sindicales de reciente aparición, las cuales, mediante una tutela aceptada por un juez, lograron entrar en la mesa de negociaciones, hecho que en vez de dinamizar la negociación la entorpeció y la retrasó.
Entre los puntos del acuerdo, los voceros sindicales destacan el aumento salarial de un punto por encima del IPC, que fue el primer tema acordado; la promesa de ampliación de las plantas de personal de varios ministerios y entidades del Estado, así como en los entes encargados de implementar los acuerdos de paz. También un Pacto Nacional por el Trabajo Digno y Decente, y una revisión de la jornada laboral en el sector público.
Asimismo, se acordó instalar una comisión de seguimiento a estos acuerdos y de discusión de puntos aún no resueltos, integrada por representantes de las organizaciones sindicales, el Gobierno y funcionarios del Departamento de la Función Pública.
“Fue un esfuerzo de las centrales y federaciones sindicales para blindar la negociación colectiva en el sector público, que por un momento estuvo en peligro. Logramos defenderla a toda costa, no queríamos perder lo que hemos construimos con tanto esfuerzo”, dijo por su parte Jorge Peña, presidente de Fecotraservipublicos, federación de la CTC.
Para este directivo sindical la negociación fue compleja y difícil el acuerdo final, entre otras cosas porque las nuevas organizaciones sindicales diferentes a la CUT, CTG y CTC, demandaron la negociación y ganaron, por lo que se debieron incluir en la mesa. “Eso empantanó la negociación durante varias semanas y no permitió avanzar como en años anteriores”, explicó.
Destacó además la actitud respetuosa y la altura que los negociadores del gobierno observaron en la mesa, lo que contrastó con la actitud de las 4 organizaciones nuevas que, vía tutela, lograron “colarse” en la mesa. “El tono con el que actuaron fue bastante desobligante y centraron la discusión en ataques personales”, señaló.
Triunfo del diálogo social, dijo Santos
El acuerdo fue firmado el miércoles de esta semana en la Casa de Nariño, en un acto presidido por el Primer Mandatario, quien lo calificó como un triunfo del diálogo social y la concertación, con el que ganan los trabajadores, gana el Estado y los colombianos. Además, lo valoró como un paso crucial hacia la paz laboral, luego de que la dejación de las armas de las Farc protocolizó la pacificación del país.
“Este acuerdo es un ejemplo más de que los colombianos estamos construyendo un país en paz, donde la única arma son las palabras y los argumentos. Celebro que con esta firma podamos decirle al país que hace dos días fuimos testigos de la protocolización de la paz, y hoy damos un paso hacia la paz laboral, hacia la concertación con los servidores públicos”, agregó el Presidente Santos.
Principales puntos acordados
En el tema del incremento salarial, este se mantuvo en la tendencia que viene desde hace 4 años, o sea incremento del IPC más un punto, tanto en este 2017 como para 2018.
Se avanzó en el tema de la ampliación de plantas de personal, en la perspectiva de formalizar el empleo público y disminuir la tercerización laboral, que es enorme en el sector estatal. Se calcula que hay cerca de un millón de personas que cumplen funciones permanentes de forma deslaboralizada, como contratistas del Estado.
Para desarrollar el plan de ampliación de plantas de personal se escogieron 23 entidades estatales del orden nacional, las cuales tienen 6 meses para hacer los estudios y propuestas de ampliación, teniendo en cuenta el número de contratistas y las funciones que cumplen. El mérito seguirá siendo el principal requisito para el ingreso, la permanencia y el ascenso en el empleo público.
Será una formalización escalonada, por fases. En ese sentido ayer se firmó un acuerdo en el INPEC, una de las entidades priorizadas para ampliación de planta de personal, dada la crisis carcelaria que vive el país, y que derivó en un “plan reglamento” que la guardia adelanta como protesta desde marzo. El compromiso del Gobierno es ampliar la planta en 2.800 personas, de manera escalonada; crear un fondo de ahorro y un seguro de vida para los funcionarios, y una inversión de $70 mil millones en la institución. Por su parte, los varios sindicatos con asiento allí se comprometieron a unificarse en uno solo.
Por otra parte, las organizaciones sindicales propusieron, para su discusión, la convocatoria de un Compes sobre el Trabajo Decente, para que se fijen líneas permanentes y se convierta en una política de gobierno y no en una situación coyuntural.
En el tema de la reforma a la carrera administrativa, se presentará un proyecto de reforma de la Ley 909, concertado con el movimiento sindical. Asimismo, un proyecto de ley especial de carrera administrativa para los empleados de la salud. Este es un viejo anhelo de estos trabajadores, e implicará la suspensión del concurso que se viene realizando.
Habrá una revisión de la jornada laboral en el sector estatal, para su unificación, toda vez que hay jornadas diferentes en las entidades, de 40, 42 y 44 horas semanales. Una comisión trabajará en ese sentido.
También se abordó el tema de la modificación del Decreto 160, otro viejo reclamo del movimiento sindical. El próximo 6 de julio habrá una reunión para definir la hoja de ruta para la discusión de este tema, en concertación con los voceros sindicales y de acuerdo con los parámetros definidos hace dos años. La idea es que este decreto se compagine más con lo establecido en el Convenio 151 de OIT, en especial en lo relativo al arbitramento como mecanismo de solución de los conflictos laborales en las instituciones del Estado.
“Aspiramos a que el gobierno cumpla el acuerdo de buna fe, pero ya hemos visto que es un gobierno conejero, en el sentido de que incumple los acuerdos. Pero obviamente hay que confiar, y eso esperamos”, puntualizó Francisco Maltés, de la CUT.