La asamblea de la ANDI y el trabajo decente en la industria colombiana

Por Héctor Vásquez F.
Analista Escuela Nacional Sindical
Termina hoy en Medellín la asamblea de la ANDI, que coincide con la celebración de los 70 años de esta entidad, la cual inicialmente se propuso agremiar a los industriales del país, pero posteriormente amplió sus estatutos para agremiar a los empresarios de otras actividades económicas, como la minería y los servicios.

Históricamente la ANDI, conjuntamente con la SAC y Fedegán, han tenido una enorme influencia en la política pública y en el manejo de ministerios claves para estos sectores. Durante muchos años los industriales lograron imponer un modelo de desarrollo que protegía la industria nacional de la competencia de otros países, por medio de aranceles y restricciones a las importaciones, sin importar las ineficiencias que tal política generaba, ni la captura de rentas que ello suponía para muchos industriales, quienes le trasladaban a los consumidores los mayores costos de sus ineficiencias. Y por su parte los gremios patronales del campo hasta ahora han impedido que haya reforma agraria, lo que nos ha condenado a ser un país con una de las más altas tasas de concentración de la propiedad rural y con uno de los más perversos e ineficientes usos del suelo.

La asamblea de la ANDI se realiza en un contexto de pérdida de participación de la industria en la generación de riqueza, de empleo y en las exportaciones.

“Durante los años 1975-2012 Colombia ha venido experimentando un proceso de desindustrialización, a través del cual su relación Valor Agregado Industrial/PIB ha venido descendiendo de niveles del 24% hace tres décadas, a uno del 15% hace una década. Y se perfila hacia un valor proyectado entre 9% y 12% para el período 2012-2020. En términos de generación de empleo, hace tres décadas la industria aportaba cerca del 25% del total de empleo, hace una década aportaba el 23%, pero actualmente sólo contribuye con el 13%”.

Las exportaciones manufactureras también han venido perdiendo participación en el total exportado: en el último años cayeron 13%, en tanto que las importaciones de productos manufacturados, sin incluir el contrabando, incrementaron su participación en el PIB, lo que indica que en el largo plazo, con la apertura y los tratados de libre comercio, lo que hicimos fue una “apertura hacia adentro”, con ganancia neta de los importadores, esto es, de los países que aprovecharon esa apertura y esos tratados para tener una mayor presencia de sus productos en nuestro mercado, en detrimento del trabajo y el empleo nacional.

Así que uno de los restos que enfrenta la asamblea de la ANDI es cómo frenar la tendencia hacia la desindustrialización que estamos viviendo. Esto requiere de una activa intervención del gobierno nacional para impulsar una política de desarrollo industrial, la cual no existe en la realidad, pues lo que se impuso en las agendas de éste y anteriores gobiernos, fue el dictado de los organismos internacionales que controlan la economía mundial, más interesados en favorecer a las compañías transnacionales mediante implementación de políticas de desregulación, apertura comercial y la firma de tratados de libre comercio.

A este respecto es pertinente reproducir lo dicho por Rosa García, presidenta de Siemens en España, publicadas en El País de Madrid: “… la importancia creciente de la industria puede atribuirse a diversas características estabilizadoras y sostenibles. Constituye el punto de partida de una extensa cadena de valor que abarca desde la investigación y el desarrollo hasta servicios basados en tecnología. Este sector se considera una garantía para el crecimiento (cada dólar estadounidense en valor añadido bruto en la industria genera 1,4 dólares en valor añadido bruto en otros sectores), el empleo (por cada nuevo puesto de trabajo en la industria, se crea una media de 2 empleos en otros sectores), la competitividad (los países más industrializados tienen una mayor cuota de mercado en exportaciones) y, por tanto, un factor de estabilidad para la sociedad”.

Estructura de la producción en la industria colombiana

Fuente: DANE. Cuenta de producción y generación del ingreso por ramas de actividadeconómica. Cálculos de la ENS.

Como se observa en el cuadro anterior, en los resultados de la Industria colombiana tiene una enorme incidencia el consumo intermedio, que representa casi el 70% del valor de la producción, un factor que reduce sensiblemente la generación de valor agregado y que les deja a las empresas un margen relativamente estrecho para asumir los demás costos en que tienen que incurrir y además generar utilidades. Recordemos que en este terreno, los factores que más inciden son los costos de materias primas e insumos, maquinaria y equipos, y los costos de los servicios públicos, entre ellos energía eléctrica. Las preguntas son: ¿cómo puede intervenir el Estado para incidir en estos costos y asegurar la sostenibilidad de las industrias que presentan costos de producción que amenazan su sostenibilidad? ¿Qué otro tipo de estrategias son necesarias por parte de las empresas y los trabajadores para hacer eficiente y productivo el uso de este factor?

Un segundo reto de este sector es apostarle a la formalización laboral. De cada 100 personas que trabajan en la industria, 62.3 hoy están en condición de informalidad, es decir, trabajan por fuera del marco de la legislación laboral, de la protección social y del concepto de trabajo decente que promueve la OIT.

Esta situación es resultado, por un lado, de la cultura de la ilegalidad que prevalece en el país, y que en el caso de la industria se expresa en que muchos empleadores, teniendo las condiciones para actuar en el marco legal, no lo hacen y evaden su obligación de pagar un salario mínimo, afiliar a sus trabajadores a la seguridad social (salud, riesgos laborales y pensiones). Esta cultura se ve favorecida por la negligencia del Estado para cumplir su función de inspección del trabajo, como quedó evidente en la última conferencia de la OIT, donde Colombia volvió a figurar en la lista negra de países con problemas en la aplicación de los estándares de OIT, específicamente en relación con la aplicación del Convenio 86 sobre inspección del trabajo.

Por otro lado, la informalidad de muchas empresas es resultado del papel dominante que en el mercado interno tienen las grandes empresas industriales, subsidiarias de compañías transnacionales, o propiedad de los tres grandes grupos económicos nacionales: el Grupo Empresarial Antioqueño, la Organización Ardila Lulle, y Sarmiento Angulo. En 2013 la Supersociedades publicó balances generales y estados de resultados de 4.329 empresas, informe que excluye a la mayoría de empresas agremiadas en ACOPI. En su conjunto, estas empresas tenían inversiones por $157.8 billones (activos totales), ingresos operacionales por de $141.7 billones, y ganancias netas por $6.4 billones. Sin embargo, el 50% de las inversiones las concentraban 91 empresas (el 2.1% del total); el 50% de los ingresos operacionales en 106 empresas, (el 2.4%), y el 50% de las ganancias se concentraban en 59 empresas (el 1.3% del total).

Estos datos indican que la mayor parte de las empresas del sector manufacturero colombiano tienen poco espacio en el mercado interno para ubicar sus productos y ser competitivas, situación que es peor para las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayor proporción de empresas del sector manufacturero y las que más empleo generan. En su mayoría deben someterse a las condiciones que les imponen las grandes empresas que controlan el mercado, las cadenas de suministro, la subcontratación y el mercadeo, de ahí que sus márgenes de rentabilidad son tan exiguos que no les permite ser competitivas, razón que en parte explica la alta proporción de trabajo informal en la industria.

Para ACOPI, el gremio que agrupa a los pequeños industriales, tal situación constituye “un entorno hostil a la formalización”; un entorno que le da sentido a la queja de agremiaciones como la Asociación de Confeccionistas (ASCONFEC), que en 2009 agrupaba en Medellín a 240 unidades familiares dedicadas a la maquila de la confección. Esta entidad ha denunciado “los estrechísimos márgenes de rentabilidad que les dejan las empresas que las subcontratan, lo cual les impiden no sólo contratar trabajadores en condiciones de Trabajo Decente, sino formalizar su propia actividad”. Esta problemática obliga asimismo una activa política pública para garantizarles condiciones de competitividad a estas empresas y evitar que se sigan presentando condiciones de abusos por parte de las grandes empresas y de aparición de fenómenos como el del “cartel de los pañales”, denunciado en los últimos días.

El tercer reto de los industriales y del gremio que los agrupa, es el de apostarle al Trabajo Decente, particularmente en relación con uno de sus componentes básicos: el Diálogo Social, que tiene como condición la existencia de organizaciones sindicales fuertes. Si en el terreno de la formalización laboral y de la protección social la situación es grave, lo es también en relación con los derechos de asociación y de negociación colectiva.

Indicadores de trabajo decente en la industria manufacturera colombiana

Fuente: DANE, Ministerio del Trabajo, FASECOLDA, ENS.

De acuerdo con la base de datos de censo sindical de la ENS, a 2013 se encontraban organizados 90.771 trabajadores de la industria en 451 sindicatos, lo que significa una tasa de sindicalización de sólo el 3.4%, y se habían negociado 409 contratos colectivos de trabajo en 358 empresas, (el 8.4% de las empresas referenciadas en el informe de la Supersociedades), los que en su conjunto beneficiaron apenas a 85.985 trabajadores (el 3.2% de la población ocupada en la industria). Sin embargo, la mayoría de estos convenios, 210, fueron pactos colectivos, los cuales generalmente son impuestos por las empresas como estrategia antisindical y no ofrecen ninguna autonomía a los trabajadores.

Así que el Diálogo Social prácticamente está ausente, o es marginal, en las políticas de relaciones laborales de las empresas, lo que hace imposible construir democracia auténtica, la que supone la organización y la participación de los trabajadores en los asuntos que les atañen como sujetos activos y autónomos, con capacidad para incidir en sus condiciones laborales y de empleo.