La posición que el gobierno colombiano fijará ante la OIT con respecto al debate sobre el derecho de huelga, cuestionado actualmente por grupos de empleadores al interior de esta organización internacional, se basa en la interpretación constitucional de que los derechos de asociación sindical, negociación colectiva y huelga son consustanciales, es decir, se requieren los unos a los otros para hacer efectivos los derechos colectivos de los trabajadores. Cuando no se puede ejercer la huelga se afecta la esfera completa del derecho.
Así lo expresó Enrique Borda, Viceministro de Relaciones Laborales, en el foro convocado el pasado 18 de febrero por la CUT y la CTC, en el marco del “Día de acción mundial en defensa del derecho de huelga”. Indicó que esa será la posición que llevará a la reunión que, para hablar sobre el tema, realizarán delegados de países de América Latina y el Caribe; lo mismo que a la reunión que entre el 23 y 25 de febrero sostendrán en Ginebra, Suiza, los organismos de control de la OIT con una comisión tripartita de gobiernos, trabajadores y empleadores, con el fin de buscar un camino de solución al debate sobre el derecho de huelga, de cara a la Conferencia Internacional de OIT en junio.
En el foro, aparte del gobierno y los presidentes de la CUT y CTC, también expusieron sus puntos de vista Alberto Echavarría, vicepresidente de la ANDI y representante de los empresarios ante la OIT; Clara Cecilia Dueñas, presidenta de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia; Beethoven Herrera, delegado de la OIT; Ricardo Sánchez, académico de la Universidad Nacional, entre otros expertos en el tema.
Según Borda, Colombia ya superó el debate sobre el derecho de huelga; debate que se dio en la Asamblea Constituyente de 1991, en el sentido de que los derechos de asociación, negociación colectiva y huelga son consustanciales, y lo han tratado en sus sentencias las altas cortes. Para el viceministro, el debate debe ser sobre los alcances y limitaciones de este derecho (la OIT ha formulado 8), lo mismo que sobre el contenido completo del derecho colectivo del trabajo en Colombia. Para este debate, dijo, el gobierno está listo, e invitó a que también participen en él los empleadores y las organizaciones sindicales.
La misma posición la expuso el Viceministro Borda en el conversatorio que organizó la CGT en su sede de Bogotá. “Convenio 87 y Derecho de Huelga”, fue el nombre del evento, que congregó a más de cien dirigentes sindicales. En él también participó Alberto Echavarría, vocero de los empleadores; Beethoven Herrera, varios académicos y representantes del Comité Ejecutivo de la CGT.
Por su parte Miguel Morantes, presidente de la CTC, y Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT, en sus intervenciones ratificaron su rechazo a las limitaciones al derecho de huelga, porque éstas son incompatibles con la libertad sindical. Pedraza consideró absurdo que después de décadas de funcionamiento del Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos sobre Aplicación de Normas de la OIT, los empleadores descubran ahora que el derecho de huelga no está consagrado en el Convenio 87.
Además, calificó de contradictoria la resistencia del grupo de los empleadores a la huelga, cuando es un derecho que históricamente no solo han ejercido los trabajadores sino también los mismos empleadores para lograr fines políticos. Mencionó como ejemplo el paro de los propietarios camioneros que ambientó el golpe militar en Chile en 1973.
Alberto Echavarría, de la ANDI, quien ocupa uno de los 14 puestos de los empleadores en el Consejo de Administración de OIT, y también hace parte del Comité de Libertad Sindical, dijo que el derecho de huelga no está en duda, es una realidad desde hace mucho tiempo y está consagrado en la constitución. Es parte de la esencia natural de las sociedades en su evolución democrática, y sustancial en el esquema de organización de los trabajadores, que los empleadores deben respetar. Pero también es parte del derecho de asociación de los empleadores frente a las autoridades públicas.
“Yo comparto el mensaje que hoy expresan los trabajadores del mundo, no en el sentido típico en que se puede decir que es un derecho que no se toca, sino en el sentido de que existe, se reconoce, pero debemos hablar de él y desarrollarlo de una mejor manera”, anotó el dirigente empresarial.
A su turno, el profesor de la Universidad Nacional, Ricardo Sánchez, y autor de textos sobre el derecho de huelga, opinó que éste no es simplemente de reivindicación económica, sino que siempre ha tenido dimensiones políticas muy connotadas, como la defensa de los intereses republicanos y los derechos humanos. “Es un derecho de clase. Su naturaleza social y política viene de abajo. Que esté en las legislaciones es el reconocimiento de que hay desigualdad en las sociedades, y por eso los de abajo tienen derecho a paralizar la actividad económica, no pedir permiso para ejercer la protesta”.
Qué más dijo el Viceministro Borda
Consideró que hoy está a prueba la eficacia de la OIT para hacer efectivo un derecho que su constitución no menciona expresamente, pero que sí ha incluido en el universo completo de los derechos colectivos de los trabajadores durante más de 60 años y a lo largo de más de 500 pronunciamientos. “Lo deseable es el tripartismo, que la OIT tenga el grado de racionalidad suficiente para solucionar el debate a su interior antes de que sea la Corte Internacional de Justicia la que lo dirima”, agregó.
Lamentó que Colombia, así como no ha logrado tramitar el estatuto del trabajo, no haya podido tampoco cumplir el deber constitucional de reglamentar el Artículo 56 de la Constitución, que dice que el derecho de huelga lo tienen todos los trabajadores, pero está limitado en los servicios públicos esenciales. “Esa es la tarea que hace falta: que el Congreso de la República indique cuáles son esos servicios esenciales, para que no tengan que interpretarlo la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia cuando se ocupan de ilegalidades de paros o huelgas”, anotó.
Sobre el tema de los tribunales de arbitramento, que es la alternativa a la huelga que tienen los sindicatos en Colombia, dijo que no tiene presentación que estos tribunales, creados como instrumentos de solución de conflictos, se demoren en ser convocados hasta dos o tres años por trámites que contempla el Código Sustantivo del Trabajo. O sea que no es un mecanismo efectivo de solución sino de profundización de los conflictos. Ante esa situación, agregó, en el Ministerio de Trabajo hay un equipo buscándole una solución al tema.
Consideró también que hay que abrir el debate sobre otros temas tocantes a los derechos sindicales. Por ejemplo, en torno a la Sentencia 063 sobre la pluralidad de sindicatos: “En un día sostuve dos reuniones con una misma organización sindical. En una reunión ésta era mayoritaria, y en la otra era minoritaria. O sea que en una reunión leyeron la sentencia de una manera y en la otra la leyeron de otra. Y así no es, nos tenemos que poner de acuerdo”.
Qué más dijo el vocero de los empleadores
Según Alberto Echavarría, el tema del derecho de huelga debió estar resuelto desde hace mucho tiempo en la OIT, desde el momento mismo de la constitución de los convenios 87 y 98. “Es inaudito que teniendo 187 convenios y más de 200 recomendaciones, la OIT no haya reglamentado y desarrollado más ampliamente un tema tan central como la huelga”, dijo.
Aclaró que la discusión de los empleadores no está concentrada tanto en el derecho de huelga, sino relacionada con el alcance de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Normas, porque a su juicio es una instancia de aplicación de los convenios, no de interpretación de los mismos.
Consideró inconveniente que la OIT, que es una organización cuyo eje central es el diálogo social, tenga que acudir a la Corte Internacional de Justicia para dirimir el tema. “Tenemos que tener la capacidad de resolverlo internamente. Eso es posible a través de un esquema que históricamente ha tenido la OIT: la producción de normas”. Pero según él, la dificultad de la discusión está en que el 50% de los votos son de los gobiernos, y éstos tienen disparidades porque sus constituciones establecen el tema de manera distinta. Ir a la Corte puede significar que ésta termina resolviendo esas dificultades de cualquier manera.
Se mostró optimista en que en la reunión de la próxima semana en Ginebra, y otra que la OIT programó para marzo, se logre despejar el camino para una solución del impase. Pero quedan pendientes por resolver otros temas, como la integración de la lista de 25 países que evalúa la Comisión de Normas, y la forma como deben producirse las conclusiones dentro de esta Comisión en relación con esos países. “Son temas que tienen muchos grises y van a requerir más diálogo”, insistió.