“Formalización” es una palabra que se escucha mucho por estos días en que adelantan un paro nacional las organizaciones vinculadas a la minería que opera sin titulación. Justamente uno de los móviles de este paro es rechazar la forma como el Gobierno trata de “formalizar” la actividad minera, y las múltiples trabas y exigencias que los pequeños y medianos empresarios tienen para formalizarse.
El pliego de peticiones que presentó al Gobierno la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, organización que orienta la protesta, se centra en el tema de la legislación minera y los requisitos para la regulación y formalización de los productores pequeños, medianos y artesanales; y en las dificultades que éstos tienen para operar y acceder a los títulos mineros, gran parte de ellos ya en poder de grandes empresas y compañías multinacionales. Deben realizar estudio medioambiental, presentar un plan de trabajo, invertir en infraestructura y formalizar a sus trabajadores, entre otras exigencias.
Puntualmente el paro también se enfoca en la derogatoria del Decreto 2235 de 2012, que autoriza la destrucción de maquinaria y que, según la Confederación que orienta el paro, no establece diferencia entre la minería informal y la ilegal. 
Se centra pues esta protesta minera en los intereses de los dueños y operadores de las minas, poco se toca el tema de los trabajadores y las violaciones de los derechos de que éstos son objeto, un asunto que también es parte del problema minero en Colombia. Y una parte no menor, dado el creciente número de personas que obtienen su sustento de esta actividad económica, cuyo auge en los últimos años ha ido siempre en ascenso y a la par con la informalidad en todos los órdenes y niveles. Es uno de los sectores más informales en materia laboral.
Así que en el debate sobre la crisis de la minería se debe incluir el tema de la formalización y mejoramiento de las condiciones de los trabajadores mineros, de esos no son dueños de nada y se ganan la vida vendiendo su mano de obra en las minas, y no preguntan si éstas son formales o ilegales. Se emplean donde les resulte, sometidos a una precariedad que en todas sus aristas riñe con los preceptos del trabajo decente. Y son trabajadores totalmente desprotegidos, en su gran mayoría no están organizados en asociaciones o sindicatos.
Es clara la necesidad de un marco legal que regule y formalice la operación y los derechos de los trabajadores de la pequeña y mediana minería; un código específico para ellos en materia salarial y de seguridad en el trabajo. Porque el desgaste y los riesgos que sufre un minero no son equiparables con los de un trabajador del común. Sobre todo en el caso del minero de socavón, que enfrenta un ambiente laboral totalmente hostil: oscuridad cerrada, oxígeno escaso y altas temperaturas; y a eso hay que agregar el miedo a una explosión cuando la mina es de carbón, más el hecho de que lo usual es que trabaje con tecnología rudimentaria, vestimenta inadecuada y pocas precauciones e instrumentos de seguridad industrial.
El caso Segovia
Recientemente la ENS y la Fundación Amigos del Chocó realizaron una visita a Segovia para hacer una caracterización del tipo de minería y las condiciones de trabajo en esta región del nordeste antioqueño, reconocida por su gran riqueza aurífera, la cual se viene explotando desde la época de la Colonia y que aún hoy sigue teniendo un peso específico en el total de la producción nacional: el 6,66% del oro del país.
Pero todo el oro que a lo largo de la historia se ha sacado, y se sigue sacando, del subsuelo de Segovia y su vecino municipio de Remedios, sólo ha servido como fuente de empleo y subsistencia para sus habitantes, porque a la región no le ha dejado la infraestructura y el desarrollo que se podría esperar de tanta riqueza, aparte del deterioro del medio ambiente.
En Antioquia estos dos municipios son de los más atrasados en desarrollo social y humano. El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas de Segovia es de 41.37%, y el de Remedios es algo peor: 47.56%. En Segovia el 23.6% de la gente está desprotegida en salud, el 80% no tiene alcantarillado y el 35% consume agua de pozos o riachuelos, no apta para el consumo humano; la tasa de escolaridad en primaria es 47.42% y en secundaria 35.62%. En Remedios el 63% está desprotegida en salud (en la zona rural es el 75%), sólo el 44% de las viviendas del casco urbano cuenta con alcantarillado o pozo séptico, de las 2.183 viviendas que del área rural sólo 67 tienen acueducto, y el 60% de la población infantil presenta algún grado de desnutrición.
Y a eso hay que sumar los estragos de los grupos armados que se disputan el control de los beneficios que deja la riqueza aurífera, que han resquebrajado el tejido social y estancado el desarrollo de una región que desde los años 80 arrastra un historial de violencia pavoroso. No termina de reponerse de una masacre cuando ya está llorando la siguiente. La más terrible fue la que tuvo lugar en Segovia en 1988, con saldo de 46 personas muertas y 60 heridas. La masacre más reciente fue el 7 de junio de 2012, que se saldó con 8 víctimas, entre quienes se encontraban mineros previamente amenazados por no pagar extorciones.
Cuando existía la Frontino Gold Mines las pequeñas unidades productivas se concedían por el sistema de comodatos, acuerdos por los cuales la empresa cedía a los mineros una determinada zona. A algunos de ellos se les permitía operar dentro de antiguas minas explotadas por La Frontino. Estos contratos se otorgaban sin contraprestación, solo para seguir manteniendo la propiedad del título minero y apaciguar las tensiones entre la población y la empresa.
Tras las sucesivas crisis que tuvo La Frontino, la actividad decayó, muchos quedaron desempleados, y algunos decidieron reabrir por su cuenta las minas abandonadas por la compañía.
En el 2010 entra a la región la Gran Colombia Gold, compañía de capital canadiense que compró los activos que pertenecieron a La Frontino, y empezó a operar a través de Zandor Cápital, y a poner las condiciones sobe la explotación del oro, como propietaria que es de los terrenos mineros. Adopta la operación por outsourcing, otorgando contratos de arrendamiento y operación a mineros particulares, y mina que se explote sin el debido contrato es mina queda como ilegal.
Para la adjudicación de estos contratos no hay unos criterios claros y unificados, y su duración se determina de manera subjetiva y en muchos casos arbitraria, dependiendo del tamaño y la reputación de la mina. Entre los requisitos que se exigen para acceder a estos contratos, el operador debe constituir una empresa legal, cargar con la seguridad social y las prestaciones sociales de los mineros que contrate, lo mismo que hacer inversiones en seguridad industrial y sostenibilidad ambiental.
Pero lo usual, en la práctica, es que los operadores que ostentan estos contratos les hagan esguinces a esas exigencias. En la parte salarial, a un trabajador que gane dos o tres salarios mínimos, el salario que se le reporta es el mínimo legal vigente, lo que le afecta la cotización a pensión y el monto de sus prestaciones sociales; aparte de que así le birlan recursos a los sistemas de salud y pensional.
Lo otro que ocurre en ocasiones es que parte del salario, cuando no todo, lo pagan en especie, en material de mina, para que el trabajador lo procese y extraiga el oro. O sea que es un salario sujeto al azar, a la cantidad de oro que recupere, que además recibe depreciado porque el precio internacional del oro ha rebajado.
Una modalidad común en la región es que un grupo grande de mineros conforme una asociación para obtener un contrato de operación con la Zandor. Pero con grandes limitaciones para acceder a los beneficios de los programas de formalización y tener una producción que permita mejorar las condiciones de seguridad de las minas. Carecen de músculo financiero para hacer las inversiones requeridas, y aparte de eso deben pagar extorsiones y “vacunas” a los grupos armados. Adicionalmente el nuevo código minero elimina las categorías de pequeña, mediana y gran minería, lo que los lleva a competir con la gran empresa, que si tiene recursos para hacer las inversiones y correr con los gastos que implica un proceso de formalización. Todo eso lleva a que los empleos en las minas pequeñas y artesanales sean bastante precarios e inestables, la rotación laboral es alta.
Edwin Castañeda es el representante legal de una sociedad contratista de la Zandor Cápital, conformada por 40 mineros, que a su vez da empleo a otros 40 mineros asalariados. Afirma que tecnificar la mina y garantizar la seguridad social de los trabajadores no es nada fácil, y por eso le han entregado a la Zandor una propuesta para modificar y mejorar las condiciones del contrato. “Para nosotros es una inversión de alto riesgo porque el contrato es a dos años y no tenemos ninguna garantía de que se nos renueve”, agrega.
En la zona también hay varias grandes empresas que operan para la Zandor, como OPAN, que tiene cerca de mil trabajadores. Pero no los tiene con contrato directo sino que a todos, incluidos los del área administrativa, los engancha como temporales, con el argumento de que los contratos de operación con la Zandor son a uno, dos, tres años, y eso no les permite contratar personal con contrato a término fijo.
Y todo eso ocurre bajo el manto del silencio porque los trabajadores no denuncian esas situaciones ante la Inspección del Trabajo por temor a perder su empleo, o a sufrir retaliaciones, las que en una zona de tan fuerte presencia de grupos armados equivale casi a perder la vida.