Las ganancias de la petrolera canadiense Pacific Rubiales están disparadas. En el segundo trimestre de este año ascendieron a 349,4 millones de dólares (Periódico Portafolio, 10 agosto, pag. 11), gracias en gran parte a la producción de los campos que esta multinacional opera en Colombia, especialmente Rubiales, ubicado a cinco horas de Puerto Gaitán, llano adentro, en el departamento del Meta, cuya propiedad la comparte con Ecopetrol, hoy convertido en el campo más productivo del país: 230 mil barriles diarios.
Pero esa enorme ganancia contrasta con las indignantes condiciones en que allí laboran cerca de 10 mil trabajadores contratistas, claramente violatorias de sus derechos laborales y su dignidad como personas, tal como lo pudo comprobar la comisión de la USO que en días pasados visitó sus campamentos; y lo verificó la Agencia de Información de la ENS en reciente visita a la zona, donde entrevistó a dirigentes de la USO y a varios obreros de Rubiales, cuyo drama no es distinto del que padecen sus pares en otras regiones donde ha llegado el boom petrolero (Vichada, Vaupés, Caquetá, Putumayo, Montes de María).
Según la USO, hoy las petroleras emplean unos 70 mil trabajadores mediante empresas contratistas y subcontratistas (25 mil en Ecopetrol), la mayoría en condiciones laborales que en nada compaginan con la riqueza que producen, y que explican en buena parte la espontánea revuelta que estos trabajadores protagonizaron a mediados del mes pasado en Puerto Gaitán y el campamento Rubiales. Movilización que contó con el apoyo de la comunidad, también afectada por los desastres ambientales, el desplazamiento poblacional y la poca, por no decir ninguna, responsabilidad social de la multinacional canadiense en la zona, la cual, según se lee en el informe de Portafolio, avanza hacia el descubrimiento de otro gran pozo de petróleo en el Meta, que podría tener el mismo tamaño de Rubiales.
Con el agravante de que en la zona donde opera, la Pacific Rubiales se comporta como una especie de república independiente, o “caja negra”, como le dicen los habitantes de Puerto Gaitán, por el hermetismo con que actúa y proporciona la información. Tanto es así que la comisión de la USO que en días pasados logró llegar hasta allí, debió sortear los obstáculos que la empresa puso en la carretera: montículos, vehículos atravesados y zanjas hechas adrede; en una carretera que es propiedad de la nación y por tanto, se supone, por ella puede transitar cualquier parroquiano.
Vida en el campamento
Empecemos por contar dónde y cómo duermen los trabajadores.
Duermen dentro de carpas como de circo y sobre estrechos camarotes dobles, y hasta triples, provistos de colchonetas de mala calidad a las que los tendidos se les cambia una vez cada 21 días, que es el tiempo que dura el contrato de los trabajadores. O sea que a la falta absoluta de privacidad se suma la insalubridad, la incomodidad, las altas temperaturas (dentro de estas carpas el calor es casi criminal porque la ventilación es escasa), y los olores corporales de más de 140 personas, que es el número de trabajadores que se hacinan en cada carpa.
La diana de levantada suena a las 4 de la mañana, hora en que empiezan las colas. Colas para bañarse (hay 40 duchas por cada 1.400 hombres), y colas para hacer las necesidades fisiológicas (hay un sanitario por cada 40 hombres). Y se bañan los que alcancen, porque llega el momento en que el agua se acaba.
A las 5 de la mañana se empieza a servir el desayuno, que es de la misma calidad del almuerzo y la comida, o sea pésima y poco nutritiva, según coincidieron los trabajadores entrevistados. Algo de lo que no culpan del todo a la empresa que suministra la alimentación, pues ésta tiene que ceñirse a los pliegos de condiciones que fija la Pacific Rubiales, a la que al parecer poco le interesa tener sus trabajadores bien alimentados.
A las 6 de la mañana la jornada laboral comienza con una breve reunión y luego el traslado al campo, por unas carreteras destapadas y en unos vehículos que dejan mucho que desear en materia de seguridad y comodidad, pues carecen de aire acondicionado y no tienen la hermeticidad necesaria para evitar la entrada de polvo.
Ya en el campo el trabajador se enfrenta a la rudeza del oficio, que tiene en el inclemente calor su peor aliado, y en la posibilidad de un accidente una permanente amenaza porque es un oficio de alto riesgo. Sólo que, según el Fiscal de la USO, la mayoría de los accidentes no se reportan. Es una forma de las empresas contratistas mantener bajo su récord de accidentalidad para no afectar su desempeño a la hora de firmar un nuevo contrato de operación. Es más, a los accidentados y enfermos no se les renueva el contrato. “Los echan como a perros. Tenemos el reporte de 34 casos de personas que fueron despedidas enfermas e incapacitadas, y que hoy engrosan la economía informal de Puerto Gaitán”, anotó el fiscal de la USO.
Lo otro es que a los trabajadores no se les permite liderar los Comités Paritarios de Salud Ocupacional, que son administrados por las mismas empresas, que así se convierten en juez y parte en los accidentes laborales. También la USO denunció que algunas no cotizan oportunamente a la seguridad social, o lo hacen parcialmente; y los trabajadores no tienen la libertad de escoger a qué aseguradoras afiliarse. Otra denuncia tiene que ver con el acoso sexual que sufren las pocas mujeres que trabajan en el campamento, y su nula estabilidad laboral: mujer embarazada es mujer despedida, así sea madre cabeza de familia. Lo mismo ocurre con las personas mayores de 45 años. Todo esto contrasta con las garantías que tienen los obreros vinculados a Ecopetrol, que gracias a su lucha sindical lograron en su Convención Colectiva un capítulo entero dedicado al tema de la salud ocupacional.
La jornada termina a las 6 de la tarde, hora del regreso al campamento, y de nuevo a las colas para el baño, para la comida, y hasta para ver televisión, pues cada carpa sólo cuenta con un televisor. Tampoco los trabajadores tienen sitios adecuados para la recreación (hay unas pocas canchas de basquetbol) y el único gimnasio lo usa el personal administrativo.
Así que a las 9 de la noche los trabajadores ya están profundamente dormidos, pero más por el cansancio del cuerpo que por la comodidad del colchón. El problema es que no se pueden dormir sin tomar precauciones con sus pertenencias. Como no tienen lókers para guardar nada, los robos entre ellos mismos son sucesos de ocurrencia diaria. Y si lo que se les pierde es un objetos de dotación de la empresa, ésta automáticamente lo descuenta del pago. Pero no sólo los objetos robados, también los que se les dañe en el desempeño de su labor. O sea que la Pacific Rubiales no pierde nada.
“Nosotros aquí vivimos como en un campo de concertación”, fue la frase que utilizó uno de los contratistas entrevistados, y tal vez no haya una frase mejor para describir su situación.
Contratos basura
La modalidad y forma de contratación son, de entrada, lesivas para el trabajador. En su mayoría son contratos con empresas temporales (Sertempo y Servicios Asociados son dos de ellas) y en menor escala con cooperativas de trabajo asociado. Pero según la denuncia de la USO, algunas temporales son de propiedad de empresas contratistas, o sea que ahí se configura una doble intermediación, que necesariamente rebaja más el salario y las condiciones de los trabajadores. Y también dificultan sus reclamaciones, por cuanto las oficinas de las temporales y las cooperativas no están en Puerto Gaitán. O sea que literalmente no tienen a quién reclamar, pues su patrón está a cientos de kilómetros de allí. Y la Pacific Rubiales, como empresa operadora, no asume la responsabilidad solidaria frente al incumplimiento de los compromisos de las firmas contratistas y subcontratistas.
Por lo general los contratos son por 21 días, sin pago de festivos y dominicales, a razón de 12 horas diarias y sin pago de horas extras. El trabajador tiene 7 días de descanso, que en realidad no descanso sino vacancia porque no se los pagan, lo cual configura una flagrante violación del derecho al descanso y a las vacaciones. Cuando no es que les programan hasta 40 días de trabajo continuo, sin descanso. Con el agravante de que los 7 días de supuesto descanso en la práctica se les recorta, porque por lo menos 2 días se les va viajando (la mayoría son foráneos, tienen su familia en otras regiones), y porque es usual que la firma de un nuevo contrato se demore 2 días, y entonces tienen que esperar en Puerto Gaitán pagando hotel y comida cara.
Lo otro es que la mano de obra local no es prioridad para las empresas contratistas y subcontratistas. Estas traen sus trabajadores de otras partes del país, bien porque ya han laborado con ellos, o porque conocen el oficio. Y así se configura un círculo vicioso: la Pacific Rubiales y sus contratistas no ocupan mano de obra local porque ésta no está capacitada en los oficios petroleros, pero tampoco les ofrecen capacitación, ni becas, ni pasantías, ni nada. Resultado: la mano de obra local sólo tiene el 30% de participación en Rubiales. La protesta airada de la población por esta política discriminatoria estuvo en la base de la movilización de julio.
Como también es común que a los técnicos y profesionales lugareños les toque trabajar como obreros no calificados. Y cuando ejercen funciones superiores a las inicialmente contratadas (ejemplo: obreros rasos desarrollando funciones de ayudante de mecánica, o técnico mecánicos desarrollando funciones de paileros, etc.), éstas no se les reconocen, ni salarialmente ni mediante un certificado que por lo menos les sirva para mejorar sus condiciones en una posterior contratación.
Y para los indígenas, que es una población importante en número en la región, la situación es peor. Ellos, que tienen toda la autoridad ancestral por ser los dueños originales de estos territorios, sufren un desplazamiento atroz. La Pacific Rubiales tiene en total, entre contratistas y vinculados, unos 12 mil trabajadores, y entre ellos no hay 100 de las etnias indígenas. Lo que si ponen son muertos. Se denunció que en los últimos diez años han muerto 14 indígenas arrollados por las tractomulas que transitan a altas velocidades por las carreteras de la zona petrolera.
Salarios que no cuadran
“Si el pago que recibimos fuera bueno, uno hasta aceptaría tantas privaciones, pero lo que nos pagan es una miseria”, dijo un trabajador entrevistado.
El salario básico para un trabajador raso en rubiales es $580 mil, más bonificaciones (que no inciden en la composición salarial) entre $200 y $400 mil, según sea subcontratista o contratista. Esto en una región que, por su condición de centro petrolero, tiene inflación propia: una gaseosa vale $2.000, un almuerzo normalito $10.000, y una pieza alquilada en una casa $400.000, lo que en otro pueblo no petrolero vale el alquiler de toda la casa. Además, el salario no contempla compensaciones por el tiempo que al trabajador le toma recorrer largas distancias por vías malas, con lo cual sacrifica parte de su tiempo de descanso. Como tampoco considera el tiempo que, dada la lejanía de Puerto Gaitán, obligatoriamente debe permanecer en el campamento.
Y todas estas anomalías bajo el manto permisivo del Ministerio de la Protección Social, al que la USO le adjudica una responsabilidad inmensa en el alto nivel alcanzado por la violación de los derechos laborales en Rubiales. Sólo a raíz del campanazo que con su movilización lanzaron los trabajadores en julio, algunas comisiones del Ministerio han visitado la zona. Sin embargo, la USO no legitima dichas comisiones porque éstas no incluyen representantes sindicales de los trabajadores, sólo a funcionarios de las empresas. Se desconoce que ya más de 4 mil contratistas de Rubiales se afiliaron a la USO.
Es de anotar que si en años anteriores la USO no había llegado a Rubiales, fue porque no tuvo mínimas garantías para hacerlo. Las veces que lo intentó sus delegados fueron “correteados” por los paramilitares. “Y así y todo, aquí llegamos primero que el Ministerio, que hasta ahora se ha comportado como las olas: va y viene, pero sin resolver nada”, señaló categórico Martín Ravelo, Fiscal Nacional de la USO.
Exigencias y propuestas de la USO
La primera exigencia es que no se impida el libre ejercicio de la actividad sindical. “Hemos denunciado que la Pacific Rubiales, en contubernio con el ejército y la policía, están impidiendo que la USO hable con los trabajadores. Fue lo que sucedió el pasado 20 de julio cuando llegamos al campamento. La policía nos notificó que teníamos que salir porque estábamos en propiedad privada donde el sindicato no era bienvenido. Además dieron descanso obligatorio el 70% de los trabajadores con el fin de que no hablaran con nosotros. También nos dimos cuenta de que antes de contratar al trabajador le hacen firmar el compromisos de no afiliarse al sindicato, dizque porque eso es una traición a la empresa”, señaló Héctor Vaca, dirigente nacional de la USO.
Otra exigencia es que Ecopetrol aplique el principio de Unidad de Empresa, ya que es socio de la Pacific Rubiales (posee el 60% de las acciones) y las demás multinacionales petroleras que operan en Colombia. Se busca con ello que los contratistas tengan condiciones iguales o parecidas al resto de los trabajadores de la industria, tomando como referencia los salarios y prestaciones que paga la Oxy en Arauca, donde un obrero contratista gana entre $1`400.000 y $1`600.000.
Legalmente la Pacific no está obligada a aplicar la convención de Ecopetrol, porque el Consejo de Estado, en virtud de una demanda interpuesta por el Ministerio de Minas, suspendió el Decreto 0284 de 1957 y su resolución 0644 de 1959, que plantean que los salarios de los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas deben homologarse a los que devengan en las empresas operadoras.
A todas estas, la USO propone lo que llama el “salario petrolero”, no sólo para la región del Meta sino para todas las zonas petroleras. “Este es un salario que considera el retorno que para el trabajador significa laborar en una industria que hoy sostiene gran parte de la economía nacional; una industria que por demás es agresiva en el tema de la salud ocupacional y es de alto riesgo en cualquiera de sus actividades”, dijo a esta Agencia de Información Rodolfo Vecino, presidente de la USO.
El Encuentro del 3 de agosto
El pasado 3 de agosto, por iniciativa del Vicepresidente Angelino Garzón, se realizó en Puerto Gaitán un Encuentro entre las comunidades, representantes de los trabajadores, la USO, autoridades regionales, delegados del Ministerio de la Protección Social y voceros de las petroleras, en el cual se discutieron las diversas problemáticas que afectan la zona y se instalaron 9 mesas de trabajo temáticas (una de ellas laboral y de seguridad social), que continuarán un proceso de diálogo y concertación de soluciones para la región.
Sobre el significado y perspectivas del evento, Rodolfo Vecino, presidente de la USO, dijo:
“Tomamos la apuesta del Gobierno en el sentido de abrir una discusión en cabeza del Ministro, con los representantes de las multinacionales, la comunidad y el sindicato. En este escenario discutiremos nuestras propuestas. Pero tenemos que ser sinceros en manifestar nuestro escepticismo, pues en los últimos 10 años se firmaron con las multinacionales 24 actas, sobre temas laborales, de seguridad social y de responsabilidad empresarial, que fueron completamente incumplidas”.
Por su parte el Fiscal de la organización sindical, Martín Revelo, señaló que la USO llegó a Rubiales para quedarse, y con el propósito de instalar puntos de atención a las reclamaciones de los trabajadores, iniciar un proceso de educación sindical para los nuevos afiliados, y lograr capacitar líderes que jalonen el proceso.
“Pero más allá de eso necesitamos que el gobierno y la Pacific Rubiales garanticen el libre ejercicio de nuestra actividad en el campo, porque las tareas del sindicalismo petrolero no se pueden desarrollar desde una oficina o seccional administrativa. Se hacen con las botas puestas en el campo, recogiendo las reclamaciones e inquietudes de los trabajadores para hacerlas llegar al patrono”, puntualizó.
Y advirtió que de no observar respuestas positivas a los requerimientos y las justas reclamaciones de los trabajadores, “acudiremos a las herramientas históricas de lucha, basadas en la movilización, la protesta y la facultad que tenemos los obreros de no producirle al patrón”, señaló el Fiscal de la USO.
