La Asociación de Servidores Públicos Departamentales y Municipales ADEA, denunció que en el Instituto de Deportes de Antioquia (Indeportes) hay una fuerte persecución antisindical que además sirve para tapar con “cortinas de humo” las denuncias que este sindicato ha hecho por presuntos hechos de corrupción en la entidad en las dos últimas administraciones.
ADEA denuncia lo que llama “artillería antilaboral y antisindical” en contra de la organización que mantiene en constante zozobra a gran parte de los trabajadores de Indeportes Antioquia, entidad descentralizada del orden departamental. Afirma que el actual gerente de la institución, Javier García Quiroz, se ha convertido en el líder de la persecución sindical, laboral y hasta psicológica.
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ADEA, con sus casi 60 años de existencia (fue fundado en 1961), es una organización que defiende los derechos laborales y sindicales de los empleados públicos y trabajadores oficiales en más de 100 municipios de Antioquia. Actualmente tiene 1.109 afiliados, 47 de ellos en Indeportes Antioquia. Hace parte de la CUT en el plano nacional, y de la ISP en el Internacional.
Su presidente, Guillermo León Herrera, le dijo a esta Agencia que el año pasado se conocieron unos correos anónimos que denunciaban supuestos actos de corrupción en la contratación de la entidad hecho que ADEA, en el mes de octubre, puso en conocimiento público y lo comunicó al gobernador del departamento Luis Pérez Gutiérrez, al igual que el acoso antisindical, para que ordenara una investigación.
De esas denuncias por corrupción hizo eco el concejal de Medellín Bernardo Guerra Hoyos, quien las documentó y las replicó. Según este dirigente el monto de la corrupción llegaba a $3 mil millones en un solo contrato. A raíz de esto días después presentaron renuncia el gerente de la entidad Hernán Elejalde López y el subgerente de Deporte Asociado, Luis Felipe Jiménez.
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El nuevo gerente empezó acusando al sindicato de querer generar un mal ambiente en la entidad y manchar su prestigio. Incluso publicó el nombre de los 47 asociados de ADEA en Indeportes, lo que para el sindicato representa un riesgo de seguridad en un país donde los líderes sociales y sindicalistas son estigmatizados y perseguidos. Aparte de que el acoso desestimula a los otros empleados a pertenecer a la organización. Dijo que desde el momento en que el sindicato hizo las denuncias arreció el hostigamiento laboral y la persecución contra sus directivos y afiliados.
En vista de que el Gobernador Luis Pérez no mostró interés en los supuestos hechos de corrupción y los hostigamientos antisindicales denunciados en diciembre, ADEA radicó un nuevo oficio solicitando información sobre los avances de la investigación, esta vez con copia a la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Auditoría General de la Nación, denuncias que están en trámite.
Persecución antisindical
En sus denuncias ADEA relaciona 13 hechos con pruebas, que evidencian la persecución sindical y hostigamiento laboral contra varios dirigentes de ADEA en Indeportes Antioquia. Uno de ellos es Juan Bautista Estrada, quien hace parte de la Junta Directiva de ADEA, y Rodrigo Mora Quiroz, camarógrafo y fotógrafo de la Entidad, a quien le desconocieron su labor y lo dejaron sentado 60 días sin asistir al cubrimiento de los eventos deportivos, entre otros abusos.
Tanto Estrada como Mora hacen parte del área de comunicaciones y son expertos en producción de televisión, actividad en la que llevan 20 años. No están de acuerdo con la contratación de personas externas para realizar el programa institucional de la entidad, pues ellos perfectamente lo pueden realizar aparte de que es una actividad incluida en el manual de funciones. La cotización que presentó Teleantioquia para realizar el programa asciende a $700 millones.
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También menciona, entre otros, el caso de Beatriz Restrepo Vásquez, quien denunció un presunto delito informático contra su correo oficial y otros supuestos actos de amoralidad administrativa los cuales le han generado complicaciones de salud.
Y el caso de Pastora Salinas, jefe de presupuesto de la entidad, a quien le abrieron proceso disciplinario porque no quiso aceptar un encargo que, por ley, no podía aceptar. Afirmó que la han presionado para que haga movimientos presupuestales con los que no está de acuerdo.
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