Consideraciones de la Escuela Nacional Sindical sobre la negociación del Salario Mínimo

La política de contracción salarial[1] como estrategia de competitividad para promover las exportaciones y el crecimiento, ha sido en Colombia un completo fracaso, y a la vez condena a las y los trabajadores a menores ingresos en la torta distributiva del ingreso nacional que crea el trabajo. Estamos en el peor de los mundos: el país no exporta más, salvo bienes primarios, ni es más competitivo a nivel internacional, mientras se viene destruyendo la demanda interna, la producción nacional y se deteriora la distribución del ingreso. Es decir, los ricos más ricos y los trabajadores más pobres.

En la lógica de los empresarios los salarios son un componente de los costos de producción de las empresas; mientras que desde la mirada de los trabajadores el salario es un ingreso que proviene de la distribución del producto creado por el trabajo en el proceso productivo, lo que a su vez es uno de los principales determinantes de la demanda de bienes y servicios. Por tanto, se requiere un aumento real de los salarios por encima de la productividad y de los factores de ley, para elevar el consumo de los hogares, como los alimentos, y por tanto contribuir al crecimiento de la economía y a generar más empleo de calidad. Por ello se justifica la propuesta de los sindicatos de un incremento real del salario mínimo que beneficie al 43% de la población trabajadora en Colombia, que tiene un ingreso menor o de hasta un salario mínimo, según datos del DANE.

Desigualdad en la distribución del ingreso

Durante muchos años el aumento de los salarios en el país fue inferior al aumento de la productividad, lo cual llevó a que las ganancias que provienen de este incremento fueran acaparadas por las grandes empresas, afectando de manera regresiva la distribución del ingreso.

Colombia cuenta hoy con un coeficiente de concentración de la riqueza, denominado Gini, de 0,508 que mantiene al país en la lista de los países más desiguales de América. Lo anterior tiene que ver con la desigualdad en la distribución de la riqueza del país, pues las remuneraciones al trabajo se mantienen en una tercera parte del ingreso nacional. En el 2016 los salarios participaron del 33,5% del PIB, mientras que la apropiación del producto por los empresarios fue de 55,8%, menos los impuestos en ambos casos. Es decir, el trabajo pierde participación en el ingreso nacional, mientras los empresarios aumentan sus ganancias y su riqueza.

En los países de la OCDE, organismo de países ricos al cual Colombia ingresó este año, la participación de los salarios en el ingreso nacional oscila entre un 65% y un 70%. Es decir, nuestro país apenas llega a menos de la mitad.

Un hogar requiere más de un salario mínimo

Según la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH), un hogar a nivel nacional necesita en promedio $1.792.000 para el consumo de los bienes y servicios, representados en  alimentación, transporte, alojamiento, educación, entre otros. Es decir, en un hogar colombiano se necesitan 2,4 salarios mínimos legales vigentes (Smmlv) para obtener estos bienes y servicios, lo que significa que a cerca de la mitad de las y los trabajadores no les alcanza el salario para compresas ese productos vitales.

En las cabeceras municipales el gasto corriente mensual promedio de los hogares urbanos es de $2.020.000, lo que corresponde a 2,7 Smmlv. En el caso de los hogares de los centros poblados y rural disperso se necesitan $955.000, lo que significa 1,3 Smmlv necesarios para consumir estos bienes y servicios.

El argumento del Gobierno y empresarios de que el salario mínimo es muy alto y le quita competitividad a la economía, se cae por su peso al compararlo con el costo de la canasta básica de bienes y servicios que necesita una familia promedio. Y al profundizar un poco en la causa de los problemas de competitividad que tienen las empresas, también pierde asidero si se compara el salario mínimo entre los países de América Latina y de la OCDE.

La competitividad o rentabilidad de las empresas no depende del salario, sino de otros costos como la energía (8 veces más costosa que en los países de la OCDE), las altas tasas de interés (por la protección del sector especulativo de los bancos), el alto costo de la gasolina que incrementa los costos de transporte de alimentos y bienes necesarios, la precaria infraestructura económica que limita la competitividad, la ausencia de una política de investigación e innovación tecnológica aplicada a los procesos productivos y baja calificación del trabajo, que limitan los incrementos de productividad, además del contrabando que utilizan las mafias para el lavado de activos y la política cambiaria.

El otro argumento: que el salario mínimo es muy alto porque está muy cerca del ingreso medio, es un engaño. Esto se debe a que este último es muy bajo y no porque el primero sea muy alto, como se puede ver en el siguiente gráfico.

El ingreso promedio del país es de tan solo $1.016.007, es decir 1,4 veces el salario mínimo, lo que representa el 57% del costo de los bienes y servicios que un hogar a nivel nacional necesita en promedio como se mencionó anteriormente. Se resalta que los sectores de mejores ingresos son los que menos aportan a la ocupación, como ocurre con la intermediación financiera que solo participa con el 1,4% del empleo, la explotación de minas y canteras con el 0,6%, y electricidad, gas y agua con el 0,5%.

Los mayores salarios promedio en minería, sector financiero y eléctrico, se debe a la presencia de fuertes sindicatos, situación que no se da en los demás sectores de la economía.

Baja cobertura de aplicación del salario mínimo

La baja cobertura de aplicación del incremento del salario mínimo nos indica, de igual manera, que los argumentos de los gremios empresariales y del gobierno sobre los impactos que éste tiene en el aumento del desempleo y la informalidad laboral son absurdos. La ausencia de una política de desarrollo empresarial con alto contenido de valor agregado explica en parte la precariedad empresarial y laboral. Mientras que Colombia tiene una densidad empresarial (empresas por cada mil habitantes) de 28,6, en los países desarrollados es superior a 70. La baja densidad y alta precariedad empresarial son responsables parcialmente del alto desempleo y de la alta informalidad y precariedad laboral, no el salario mínimo.

En 2017 el 42,7% de los ocupados recibió menos o igual a un salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), lo que corresponde a 9.572.000 personas, de las cuales el 8,8% ganan el salario mínimo, es decir 1.969.176 trabajadores. Y se muestra una reducción del número de trabajadores que ganan más de un salario mínimo o de 1,5 Smlv, según el cuadro siguiente con datos del Dane:

Informalidad alta en el contexto regional

La informalidad medida por el acceso a los tres sistemas básicos de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) fue de 65,9% en 2017, lo que corresponde a 14.750.000 trabajadores/as ocupados.

En las zonas rurales la tasa de informalidad fue de 87,3%, es decir 4.280.000 ocupados, mientras que en tres sectores económicos fue superior al 70%: construcción (74,1%); comercio, hoteles y restaurantes (78,2%) y agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura (90,7%).

La informalidad laboral tiene tres causas: 1) la alta concentración de activos, ingresos y utilidades en menos del 1% de las empresas conformadas por multinacionales y los grandes grupos económicos que tienen en la precariedad a casi el 90% del tejido empresarial del país; 2) la política de ilegalidad laboral del Estado y sectores del empresariado que tienen en condiciones precarias a unos 5 millones de trabajadores, y 3) las políticas de precios de factores y la falta de estímulos que le restan competitividad a las MIPYMES, como el costo de la energía, la tasa de interés, el precio de la gasolina, la tasa de cambio, etc., que frenan el desarrollo empresarial.

Propuestas y recomendaciones de la ENS

1. El incremento del salario mínimo en términos reales debe ser superior a la inflación (IPC más alto), más productividad laboral, más los factores de ley, más la recuperación de pérdidas anteriores, más compensaciones adicionales ofrecidas por el gobierno. Esta decisión debe ser producto de un diálogo social eficaz.
2. Se requiere del gobierno nacional un papel más activo y decisivo para proponer y lograr un acuerdo tripartito, mediante el fortalecimiento del diálogo social eficaz, procurando un equilibrio favorable entre la justa remuneración al trabajo y las ganancias del capital, empezando por un incremento real del salario mínimo, que de manera progresiva se vaya acercando al costo de la canasta básica y a su vez aumente la participación de los salarios en el ingreso nacional y reduzca la indigna desigualdad de ingresos y las brechas entre mujeres y hombres.
3. Debe adoptarse una política de control de precios, empezando por los que son regulados por el Estado, como el precio de la gasolina y de los medicamentos, de lo contrario da lo mismo cualquier porcentaje de incremento del salario mínimo, pues la indexación de precios atados a este incremento hace totalmente ineficaz el aumento del salario mínimo y de los salarios en general en el propósito de mejorar la capacidad de compra de los trabajadores.
4. El debate sobre el salario mínimo no puede reducirse a la discusión sobre un porcentaje. El país y el gobierno debe abordar con seriedad el tema de la alta informalidad, la ilegalidad y precariedad laboral para aumentar la cobertura de los ocupados. Se requiere que todos los trabajadores y trabajadoras informales se beneficien de los incrementos del salario mínimo, empezando por promover una cultura de legalidad y formalización laboral.
5. El fortalecimiento del mercado interno es igualmente una necesidad para garantizar que las empresas puedan realizar su producción sin depender de los mercados externos, cada vez más inciertos y volátiles. El crecimiento económico no puede seguir dependiendo del comportamiento del precio del petróleo en los mercados internacionales, y del sector financiero, en primer lugar, porque no tienen un efecto redistributivo, y en segundo lugar porque aportan poco a la generación de nuevos empleos de calidad.
6. El modelo de desarrollo se debe revisar para atender las necesidades de la economía real, empezando por recuperar el crédito de fomento para este sector, y orientar recursos públicos en nueva infraestructura y en ciencia y tecnología para aumentar la productividad, la rentabilidad de las MIPYMES y la vez generar empleos estables y bien remunerados.
7. Es de gran importancia para la democracia fortalecer el diálogo social y la concertación para lograr acuerdos en materia laboral y salarial, ya que con ello se revitalizaría la Comisión de Concertación Salarial y Laboral en la medida que se cumplan las funciones y competencias que ésta tiene, o en su defecto procurar cambios en la metodología de negociación y fijación del salario mínimo. En la medida que se logre un gran acuerdo favorable para las y los trabajadores, se gana en credibilidad y confianza ante la ciudadanía y los actores del mundo del trabajo. Un mal acuerdo o su incumplimiento genera mayor frustración, y será peor si el gobierno fija el salario de manera unilateral en un bajo porcentaje.
8. El gobierno nacional debe mostrar verdadera voluntad política para cumplir lo prometido en la campaña electoral: bajar impuestos y aumentar salarios para mejorar la capacidad de compra de los trabajadores y su calidad de vida. A su vez el gobierno y su bancada deben cumplir lo prometido de aprobar un incremento extra del salario o una prima adicional para mejorar el ingreso de las y los trabajadores. Seguir incumpliendo acuerdos y promesas desacredita al gobierno, debilita la confianza en el diálogo social como mecanismo democrático de las relaciones laborales y el trámite de los conflictos que expresan los diversos y legítimos intereses de los actores laborales, especialmente de los sindicatos.
9. Los empresarios deben reconocer la contribución de las y los trabajadores al crecimiento de las empresas y de la riqueza nacional, facilitando que los mecanismos distributivos y redistributivos del ingreso en el marco de la negociación colectiva y de la política salarial contribuyan a la construcción de sociedades más justas, equitativas y decentes. Para que haya empresas sostenibles se debe garantizar trabajo decente, mejores salarios y garantías al ejercicio de la libertad sindical consagrada en la Constitución y los convenios de la OIT.
10. El gobierno debe procurar y garantizar que los trabajadores de ingresos bajos y medios no tengan la mayor carga tributaria, y especialmente que no se impongan nuevos impuestos a los trabajadores independientes o prestación de servicios.
11. Es necesario lograr acuerdos de implementación de las nuevas tecnologías que favorezcan la modernización, la productividad y mejoras en las condiciones laborales. Ello debe implicar procesos concertados que conlleve a la reducción de la jornada de trabajo, procesos de capacitación y entrenamiento de las y los trabajadores para hacer frente al impacto de la digitalización, robotización, la inteligencia artificial y las plataformas digitales, entre otras.
12. Se debe incluir dentro de la agenda de la Comisión de Concertación la necesidad de adoptar un piso mínimo de protección y una pensión social no contributiva (ingreso de ciudadanía) para todos los trabajadores/as rurales que ganen menos del salario mínimo y para los trabajadores que hoy se encuentran en condición de informalidad por falta de acceso a la seguridad social.

[1] Por medio de reformas laborales regresivas como la ley 50 de 1990, la ley 789 del 2002, las reformas laborales de hecho que someten condiciones de ilegalidad laboral a unos 5 millones de trabajadores, la política salarial de los últimos gobiernos limita el crecimiento real de los salarios, además de una política tributaria regresiva que impone mayores impuestos a las y los trabajadores.

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