Guillermo Marín, sindicalista, asesinado en 1994
-Lo había negado porque en 1994, supuestamente, no había grupos paramilitares-
A Guillermo Marín Echavarría lo asesinaron en 1994 y, como en la novela de García Márquez, fue una muerte anunciada, incluso por la prensa de la época, que dos semanas atrás informó sobre una llamada anónima recibida en las oficinas de la Unión Patriótica, que alertaba sobre la presencia en Medellín de diez paramilitares llegados de Puerto Nare con la misión de dar muerte a varios dirigentes de la Futran, una de las federaciones fundadoras de la subdirectiva CUT en Antioquia. El nombre de Guillermo Marín hacía parte de esa lista. Lo irónico, por no decir absurdo, es que durante muchos años el Gobierno le haya negado el derecho a su reparación como víctima del conflicto armado, con el peregrino argumento de que “en esta época no estaba operando ningún grupo al margen de la ley”. Es apenas una muestra de los muchos obstáculos que enfrentan las víctimas a la hora de su derecho a la reparación. Esta es la historia.
Si bien toda su vida Guillermo Marín había sufrido amenazas y hostigamientos por cuenta de su protagonismo sindical (era uno de los líderes más reconocidos y respetados en Antioquia), las semanas que precedieron a su asesinato fueron de extrema zozobra para él y su familia. La causa: habían recibido la información de que a Medellín, procedentes del Magdalena Medio, habían llegado sicarios con lista en mano de sindicalistas para asesinar, lista en la cual figuraba el nombre suyo, junto al del Secretario General de la Federación Unitaria de Trabajadores de Antioquia (Futran) y otros dirigentes de esta organización.
Era una noticia que había que tomar en toda su gravedad porque era una época en la que el paramilitarismo, aupado por las fuerzas oscuras del país, arreciaba con todo contra los dirigentes del sindicalismo y la izquierda política, en especial contra la Unión Patriótica. Sólo en el año de 1993 fueron asesinados 201 sindicalistas, y la lista de homicidios de líderes y militantes de la UP, en la que ya figuraban dos candidatos presidenciales, no hacía más que crecer.
Tanto así que un mes y medio después del crimen de Guillermo Marín asesinarían a otro importante dirigente de ese partido: el senador Manuel Cepeda Vargas.
Eliana, una de las hijas de Guillermo Marín, recuerda que el activismo sindical de su papá copaba todo el espacio del hogar y era el centro de las preocupaciones de la familia, que era plenamente consciente del riesgo que implicaba para él ser dirigente sindical en una época en que no sólo estaban asesinando sindicalistas a granel, sino que para ellos no existía un programa de protección por parte del Estado.
De ahí que cualquier precaución fuera poca. No era raro que su papá se encerrara por temporadas largas y cambiara constantemente sus recorridos y rutinas. Como también que a su familia le prohibiera dar información sobre él, o atender llamadas y encuestas.
Dicen quienes lo conocieron que era un hombre que, literalmente, dedicaba todo su tiempo a la actividad sindical, desde la línea ideológica del llamado sindicalismo clasista. Era miembro del Frente Popular, por el que en una ocasión se lanzó como candidato al Concejo de Medellín.
Eliana recuerda que, de niña, siempre lo acompañaba a las marchas del 1º de Mayo, las que invariablemente se cerraban con el vibrante discurso de su papá, porque ante todo era un gran orador, dueño una recia y punzante voz. Como también recuerda que en 1986, el día que se protocolizó en Bogotá la fundación de la CUT, él arrancó en bus con su familia para estar presentes en aquel histórico suceso.
Además fue un hombre que, cuando se trataba de la lucha sindical, no conocía la pereza. Era capaz de levantarse a las tres de la mañana y caminar horas enteras para llegar a alguna fábrica en huelga y repartir volantes. Esto porque sus recursos eran magros, tanto que a veces no tenía ni para un pasaje en bus. Eso también lo recuerda Eliana con dolor: los años de penuria en la familia por cuenta de la efervescente vocación sindicalista de su padre, cuya principal consecuencia fue que lo despidieran de las empresas en las que trabajó: Coltejer y Fabricato.
De esta última lo despidieron en 1983, y desde entonces se dedicó a hacer trabajos en lo que resultara porque, con sus antecedentes sindicales, no era fácil que otras empresas lo contrataran. Un empleo que consiguió su esposa y la solidaridad del movimiento sindical, fungieron como las tablas de salvación en esos años de penuria económica.
Su situación mejoró cuando la Futran lo enganchó como secretario de educación, con la tarea de asesorar sindicatos y dictar charlas sobre distintos temas, algo que él hacía con profesional solvencia porque, pese a no terminar su bachillerato, tenía una sólida formación autodidacta. Era un voraz lector de libros, revistas y de todo papel que cayera en sus manos. Además se apuntaba a cuanto curso o seminario se programara, especialmente sobre legislación laboral y seguridad social.
“Lo único malo de él —dice Eliana— fue que le dedicó más tiempo al sindicalismo que a su familia. Lo absorbió completamente. Claro que en lo poco que permanecía en la casa nos daba calidad de tiempo, aunque nos confrontaba de manera respetuosa. Era un lindo, cariñoso cuando estaba en la casa, pero por fuera, en la vida pública, era un radical, un toro dispuesto a pelear duro por la defensa de los trabajadores. Lo que se proponía lo sacaba adelante”.
Lo que sí no pudo sacar adelante, a sus 48 años de edad, fue su propia existencia. Lo asesinaron el 28 de julio de 1994.
El asesinato
El día en que asesinaron Eliana tenía 22 años de edad y vivía con sus padres, dos hermanos y su pequeño hijo, de apenas año y medio.
Recuerda que las dos semanas previas al asesinato la preocupación en su familia subió al voltaje máximo, tras enterarse de la presencia de sicarios llegados de Puerto Nare con la misión de asesinarlo; a él y a Belisario Restrepo, secretario general de la Futran, y a los dirigentes Pedro Pablo Gómez, Amparo Echavarría, Hernando Melán, entre otros. Además días antes habían asesinado a Luis Efrén Correa, vicepresidente de Sintrasatexcom, y a Jairo León Agudelo, presidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Antioquia. Pero el único que obtuvo protección fue Belisario Restrepo, a quien le pusieron escoltas del DAS.
La muerte de Guillermo Marín, de la que Eliana se enteró media hora después, se produjo en la puerta de salida la sede del sindicato del Seguro Social, en el centro de Medellín, donde el hombre acababa de dictar una conferencia sobre la Ley 100 y estaba reunido con otros sindicalistas. Los sicarios, que lo estaban esperando, le descerrajaron tres tiros de pistola en la cabeza y a su lado arrojaron un maletín que contenía un papel con la sigla Colsingue: Colombia Sin guerrilla. Eliana en ese momento se encontraba en el Comfama de Bello, donde entonces trabajaba como impulsadora de ventas
Dos meses después a este crimen se sumaría el de Hugo Zapata, otro directivo de la Futran, secretario de conflictos laborales, hecho ocurrido el 26 de septiembre. Ese día cinco hombres armados que se identificaron como agentes de la Fiscalía irrumpieron en la sede de la federación sindical y solicitaron al presidente Belisario Restrepo. Pero como éste no se encontraba, dispararon contra Zapata y Carlos Posada, secretario de derechos humanos, quien resultó herido.
En noviembre de ese año Eliana empezó a trabajar como secretaria del sindicato bancario UNEB, cargo que le consiguieron en la Futran a manera de solidaridad, dada la mala situación económica en que quedó su familia tras el asesinato de su padre, cuya única herencia fue la casa donde vivían, y aún viven.
Le niegan el derecho a la reparación
Como un desarrollo de la Ley 975 de 2005, de Justicia y Paz, el Estado colombiano, mediante el decreto 1290 de 2008, creó el Programa de Reparación Individual por vía administrativa. Y crea la entidad Acción Social, cuya función es decidir, con base en un estudio técnico, sobre el reconocimiento de calidad de víctimas y beneficiarios de las medidas de reparación en cada caso particular.
Así que en el mismo año 2008, tan pronto conoció la existencia del Programa, la señora Marta Edilma Sierra, esposa de Guillermo Marín, presentó la documentación que le pidieron para iniciar el proceso de reparación por el asesinato de su esposo. Llenó el formato y ajuntó los recortes de prensa que daban cuenta del crimen, el acta de la Fiscalía 90 que lo estaba investigando, y las denuncias de la CUT ante la OIT y el presidente de la época, Ernesto Samper.
Pero Acción Social, mediante acta del 16 de abril de 2010, le informó que el estudio técnico del caso no daba para reconocer la reparación de Guillermo Marín, con el argumento de que, textualmente, “… en esta época no estaba operando ningún grupo al margen de la ley. Revisando uno a uno los criterios plasmados en el Decreto 1290 de 2008 para reconocer la calidad de víctima, no se puede aplicar en este caso, por lo cual no puede ser incluido en reparación de víctimas”.
Marta Edilma, por considerar no solo absurda sino injusta la decisión de Acción Social, la apeló, e incluso adjuntó nueva documentación. Pero la respuesta fue la misma, se reconfirmó el no reconocimiento de la reparación.
Es claro que el argumento de Acción Social se caía de su peso, puesto que en 1994 ya el país estaba infestado de grupos paramilitares, y Guillermo Marín no solo estaba amenazado por uno de ellos, sino que, además, no era un líder sindical cualquiera. Tenía peso e importante influencia en el movimiento sindical antioqueño, y tanto su muerte, como la posterior de Hugo Zapata, tuvieron impactos fuertes en la Futran, generaron mucha zozobra entre la dirigencia de entonces.
Recientemente, a partir de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas, que reemplazó a Acción Social, la familia presentó derecho de petición a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas, entidad que surgió de dicha ley, a fin de que retomara el caso y revaluara lo actuado y calificado por su antecesora; y sobre todo para que lo asumiera como una grave violación a los derechos humanos.
Esta última gestión por fin dio sus resultados, y esta semana la familia de Guillermo Marín fue incluida en el registro único de víctimas que en algún momento deberán ser reparadas por vía administrativa, en su caso por ser víctima de la violencia antisindical.
“Es lógico, y más que justo, que la Unidad haya acogido nuestra petición”, puntualiza Eliana. Petición que no obstante puede tardar meses en concretarse, incluso años, porque en esta Unidad los trámites no marchan a la velocidad que las víctimas quisieran.
¿Y de la investigación qué?
En cuanto a la investigación judicial en torno a este caso, el proceso, si se quiere, ha sido aún más sombrío. La Fiscalía 90 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, después de casi 20 años, no ha logrado dar con los autores materiales e intelectuales del homicidio.
Ante esa total ausencia de resultados, y para tratar de que este crimen no quede en la impunidad, la familia también elevó un derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación a fin de que el caso pase a ser investigado por la Subunidad de OIT, que tiene más recursos y capacidad investigativa, y además la presión nacional e internacional de presentar resultados. Aunque esto de por sí no garantice que la muerte de Guillermo Marín, que en su momento estremeció el sindicalismo antioqueño, no quede en la impunidad.
Por lo pronto, su memoria la trata de preservar un grupo de sindicalistas que en Medellín conformó un colectivo de acción sindical que lleva el nombre de Guillermo Marín.