Por: José Luciano Sanín Vásquez – Director General ENS
Durante los 8 años de Uribe estuvo bloqueada la agenda laboral y sindical, lo que significó el agravamiento de una situación histórica en Colombia: la exclusión a la que han sido sometidos los trabajadores y sus organizaciones.
Uribe nos deja: 1) Con la tasa de desempleo más alta de América Latina, con el país más desigual del continente, con una informalidad cercana al 60%, con las dos terceras partes de los trabajadores sin protección social e ingresos que los mantienen en la pobreza. 2) Con unas políticas económicas, fiscales y sociales lesivas a los derechos laborales. 3) Con una institucionalidad del Estado incapaz de controlar los abusos laborales. 4) Con un gran distanciamiento y desconfianza entre los interlocutores sociales, que en estos 8 años vieron frenada la agenda del diálogo social y disminuida la negociación colectiva. 5) Con el movimiento sindical atropellado por la estigmatización y la violencia, con menos afiliados y presencia en el país.
El Presidente Santos en su campaña presentó varias propuestas: 1) Normas para incentivar la generación y formalización del empleo y una ley del primer empleo. 2) La creación del Ministerio del Trabajo. 3) La creación de 2´500.000 de empleos, como resultado de las locomotoras del crecimiento económico. 4) La implementación de algunos convenios y recomendaciones de la OIT por la vía de decretos reglamentarios. 5) Fortalecimiento de espacios para el diálogo social.
Por su lado, los empresarios han venido anunciando sus propuestas: 1) Eliminación, o reducción, o sustitución de los parafiscales. 2) Eliminación del salario mínimo, o al menos el establecimiento de salarios mínimos diferenciados por edad, sector y región. 3) Reforma pensional que elimine el régimen de prima media e incremente la edad y semanas de cotización. 4) Normas fiscales que incentiven la creación y formalización del empleo. 5) Reforma al sistema de aseguramiento de la salud para garantizar los márgenes de ganancia.
Por otra parte, los debates de los TLC en EU y Europa vienen implicando, si el gobierno quiere su aprobación, la adopción de algunos cambios en materia de Derechos Humanos y derechos laborales y sindicales. Al menos en tres temas se presiona con fuerza: 1) Una política seria y estructural para enfrentar la violencia que se ejerce contra los sindicalistas y la impunidad de los crímenes. 2) Algunos cambios en materia de libertades sindicales, partiendo de los asuntos sustanciales que la OIT ha recomendado. 3) El control a las formas de precarización de los empleos, en especial las CTA.
Finalmente, el sindicalismo colombiano ha centrado su agenda en: 1) Políticas de generación y conservación de empleos. 2) Mejora de los salarios e ingresos de los trabajadores. 3) La recuperación del contrato de trabajo frente a la tercierización y las formas precarias de contratación. 4) La recuperación y ampliación de las libertades sindicales. 5) Políticas y medidas que garanticen la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la violencia antisindical.
La agenda laboral del nuevo gobierno se definirá en medio de grandes tensiones. Por un lado, las demandas ciudadanas que ubican el empleo y los ingresos como el principal problema del país; de otro lado, unas políticas económicas, fiscales y sociales que destruyen empleos, precarizan condiciones laborales e incrementan niveles de desigualdad y de pobreza; y como tercer factor, una importante presión internacional dirigida a que el gobierno asuma varios temas claves, como la violencia antisindical, la precarización del empleo y la destrucción del sindicalismo.
La pregunta es si el nuevo gobierno está dispuesto a modificar las políticas que hereda y le da un nuevo rumbo al tema laboral y sindical en el país. Todo parece indicar que tendremos continuidad, así se desprende de los anuncios del Presidente Santos y del perfil de su gabinete. En todo caso, la presión para el cambio será fuerte y algunos temas tendrán que ser abordados.
Todo indica entonces que el tema laboral y sindical será abordado, que no podrá ser ignorado, y que ocupará un lugar importante en la agenda del actual gobierno, y por tanto tendremos un amplio debate en el país. El punto está en qué dirección se mueve esta agenda. Y eso dependerá de la capacidad que desarrollen los trabajadores y sus sindicatos para ampliar la deliberación y movilizarse por una agenda laboral progresista.