Uno de las políticas más publicitadas por el gobierno Santos en sus primeros cuatro años, es la de formalización laboral. ¿Qué tan efectiva ha sido?, es la pregunta.
Una primera respuesta la podemos buscar en la evolución del empleo en algunas de las “locomotoras” que el gobierno seleccionó para impulsar el desarrollo del país. En la agricultura, por ejemplo, entre 2010 y 2013 se perdieron 149 mil empleos; la minería apenas generó 5 mil empleos más con respecto a 2010, pero perdió 42 mil en el último año; y la construcción, que responde tanto a inversiones públicas como privadas (infraestructura y vivienda gratis), incrementó 176 mil empleos con respecto a 2010, pero perdió 75 mil en el último año.
Según el DANE, en 2013 las actividades que más incidencia tuvieron en la disminución del desempleo fueron, en primer lugar, el comercio, hoteles y restaurantes, en las que el trabajo informal es del orden del 78%. En segundo lugar están los servicios sociales, comunitarios y personales (peluquería, belleza, reciclaje, esparcimiento, deportivas, y otras de autoempleo), actividades en las que la informalidad es del 46.8%. Y en tercer lugar las actividades inmobiliarias, donde la prevalencia del trabajo informal es del 47.5%.
En los tres primeros años del Gobierno Santos la población ocupada se incrementó en 1´859.000 personas, pero los afiliados cotizantes a pensiones apenas lo hicieron en 356.161. Es decir, por cada 5 nuevos ocupados apenas 1.2 lo hicieron en condiciones de trabajo decente.
A su vez el subempleo subjetivo y objetivo, que expresa el descontento de los trabajadores en relación con sus ingresos laborales, se mantienen en tasas del 31.2 y 11.7%, respectivamente. O sea que cada una apenas mejoró 1.2 y 0.7, esto en un año en el que el crecimiento de la economía superó el 4%. Lo que quiere decir que este crecimiento no logró traducirse en mejores empleos ni en mejores ingresos para la población trabajadora.
Es un resultado que también se debe al poco sindicalismo que existe en Colombia. La experiencia internacional muestra que las sociedades donde el sindicalismo y la negociación colectiva son fuertes, hay mejor distribución del ingreso y mayor democracia social y económica.
El gobierno colombiano se comprometió a “poner en cintura” a las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) y toda otra forma de intermediación laboral ilegal, y expidió normas para ello (Ley 1429 de 2010 y decreto 2025 de 2011), que, en efecto, los dos primeros años lograron que las 4.307 CTA que había en 2010, pasaran a 2.890 al final de 2012. Sin embargo, la intermediación laboral ilegal no disminuyó sino que hizo metástasis en nuevas y “creativas” formas, tales como SAS, contratos sindicales, empresas de empleo temporal y contratos de prestación de servicios. Con naturalezas jurídicas diversas, todas estas figuras han servido para mantener e incluso incrementar la intermediación laboral ilegal.
Es de aclarar que el Decreto 2025 no prohíbe las CTA, sino su uso para fines de intermediación laboral, considerando criterios como: autonomía administrativa y financiera, propiedad de medios de producción y herramientas, y la ausencia de vinculación de la cooperativa con el tercero contratante, entre otras. Si estos criterios los cumplen las CTA que sobreviven, es algo que aún no han hecho ni el Ministerio del Trabajo ni la Superintendencia de Economía Solidaria.
Sin embargo, el contrato sindical es una forma de intermediación aún más preocupante, porque no sólo subcontrata labores que son misionales permanentes, sino que representa una subversión de los principios y finalidades del sindicalismo. Mientras en 2010 existían 50 casos de contrato sindical, en 2012 la cifra se elevó a 703, de los cuales 699 (99.43%) fueron en el sector salud, y vinculaban a más de 150 mil trabajadores(as). Y en 2013, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo, se firmaron 964 contratos sindicales, cifra que expresa la dinámica expansiva de esta forma intermediación laboral ilegal.
La SAS es una figura de derecho comercial que no requiere registro notarial ni un objeto social determinado, lo que facilita la evasión fiscal y que se pueda crear y disolver a voluntad y sin mínimos de tiempo, y por eso mismo se presta como fachada a relaciones de intermediación laboral. Es lo que explica en sólo 5 años se hayan creado más de 160 mil empresas de este tipo, de las cuales resulta imposible determinar cuántas operan como tercerizadoras encubiertas. Pero lo que más preocupa es que no son objeto de inspección laboral. De las 16.195 visitas e investigaciones que en 2003 hizo el Min-Trabajo a empresas, solo el 6,47% se hicieron en SAS.
Las Empresas de Servicios Temporales (EST) son las únicas figuras legalmente habilitadas para hacer intermediación laboral, aunque en casos muy específicos. Según ACOSET (gremio que agrupa a las EST del país), en 2012 hubo casi 600 mil trabajadores enganchados por esta modalidad de intermediación, y cada uno firmó en promedio 2.1 contratos al año, lo que habla de una magra estabilidad laboral. Además en no pocos casos las EST actúan como intermediarias laborales ilegales, y sin vigilancia del Min-Trabajo, que de las 1.262 sanciones que en 2013 tramitó por violación de leyes laborales, solo 38 fueron a EST.
Diversos estudios manifiestan que, en promedio, un trabajador temporal recibe 19% menos de ingresos por hora respecto a un trabajador directo con contrato a término indefinido; esto cuando la EST cumple sus funciones de ley en materia laboral y prestacional, que no es siempre el caso.
La poca inclinación del Min-Trabajo a tomar medidas punitivas contra empresas que violen las leyes laborales se convirtió en norma con la Ley 1610 de 2013, que en su artículo 16 establece que los Acuerdos de Formalización se pueden suscribir durante “una investigación administrativa dirigida a imponer una sanción”. Pero tañes acuerdos tienen el poder de suspender o archivar la investigación, o la sanción previamente contemplada. Durante 2012 y 2013 los inspectores del trabajo y la Dirección Territorial del Ministerio promovieron la firma de 36 Acuerdos de Formalización, con una cobertura de 12.030 trabajadores.
La tercerización en las grandes empresas
De la información disponible sobre sobre la estructura laboral en las grandes empresas del país, se infiere que 11 de ellas tienen más del 50% de trabajadores tercerizados, y un alto número está cerca de ese porcentaje.
Entre las estas grandes empresas el liderazgo en tercerización lo lleva Biomax (90,91% del personal tercerizado), Emgesa (89,9%), Codensa (87,41%), Movistar (86,03%). Y a renglón seguido se suman en la lista Ecopetrol (82% tercerizado), Grupo EPM, Claro, Hocol, Cementos Argos, Une EPM, Telco.
Claro, por ejemplo, empresa dominante del mercado de telecomunicaciones, que terceriza la mitad de su planta de personal, presenta indicadores de rentabilidad extraordinarios: por cada $100 que vende obtiene una rentabilidad bruta de $44,53, operacional de $23,39 y neta de $18,48.
Claro, por ejemplo, empresa dominante del mercado de telecomunicaciones, que terceriza la mitad de su planta de personal, presenta indicadores de rentabilidad extraordinarios: por cada $100 que vende obtiene una rentabilidad bruta de $44,53, operacional de $23,39 y neta de $18,48. Pero el impuesto de renta y complementarios que pagó en 2011 sólo le representaron el 7,12% del total de sus ingresos operacionales.
El caso de Ecopetrol: a 31 de diciembre de 2013 tenía 8.800 trabajadores directos, pero en obras y proyectos adelantados a lo largo y ancho del país ocupó un total de 30.247 personas mediante unas 4.483 empresas contratistas de bienes y servicios, de las cuales 450 fueron extranjeras y 4.033, nacionales.
Tercerización en el Sector Público
En el año 2002 en Colombia laboraban de manera directa con el Estado 1.018.000 personas, diez años después el número de empleados públicos y trabajadores oficiales vinculados de manera directa con el Estado se redujo un 16,2% en dicho período, o sea a 853.000 servidores públicos, incluyendo empleados públicos y trabajadores oficiales, que representaban el 4,05% del total de ocupados en el país. Reducción que se explica por el aumento de la flexibilización y tercerización mediante diferentes modalidades, la reducción de nómina, la liquidación de varias entidades del Estado y el congelamiento de los concursos de méritos.
En 2013 los trabajadores directos aumentaron en 1,8% con respecto a 2012 (15.000 nuevos empleos), aunque todos no fueran nuevos sino fruto de procesos de formalización en el Estado, la creación de algunas plazas, la eliminación de contratación por CTA y el enganche con contrato laboral de un alto número de personas que antes estaban por prestación de servicios.
En lo últimos años ha habido un incremento significativo en la contratación en el sector público mediante Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) y por SAS, al punto de en 2011 el Min-Trabajo informó que por cada 100 empleados de planta en el nivel central había 132 por contratados por OPS; y en las entidades territoriales el porcentaje era mayor: por cada 100 de planta, 170 por OPS.
Esto evidencia un deterioro en la mano de obra, pues es claro que los servidores estatales vinculados por estas formas “atípicas” de contratación no cuentan con prestaciones sociales y no se les permite asociarse a ninguna organización sindical, es decir, son trabajadores que no cuenta con las mínimas garantías laborales.
Respecto al tema de nóminas paralelas, algunas organizaciones sindicales han denunciado que, pese al anuncio del Gobierno para eliminarlas en todas las entidades estatales, se sigue utilizando esta modalidad de contratación, ya sea para reducir gastos presupuestales o como forma de pago de favores políticos.
Por ejemplo, en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi hay 1.054 empleados de planta, por 900 por OPS; en el Departamento Administrativo de la Función Pública hay 981 servidores de planta, por 554 por OPS. Y así en muchas entidades públicas.