Se anuncia para próximos días la instalación e inicio de funciones de una Comisión binacional conformada por congresistas de Colombia y Estados Unidos, con el objetivo de hacerle seguimiento al Tratado de Libre Comercio entre estas dos naciones en materia laboral, en concordancia con los acuerdos (Plan de Acción) que en esta materia firmaron en abril del año pasado los presidentes Barack Obama y Juan Manuel Santos.
Según dijo a esta Agencia de Información el senador Camilo Romero, quien lidera la comisión por parte del Congreso colombiano, se trata de una iniciativa independiente del gobierno, cuya misión es hacerle seguimiento al acuerdo Obama-Santos y exponer ante la sociedad de ambos países los avances o retrocesos del TLC en el tema laboral. “Nuestro propósito no es causar interferencias al TLC, sino que se cumpla todo lo que el Plan de Acción contempla en materia de trabajo decente”, aseguró Romero.
“Entendimos que debe ser una comisión binacional para que tenga el peso y la importancia que requiere.
La propuesta también ha tenido el acompañamiento de la Escuela Nacional Sindical, con quien a mediados del año pasado nos reunimos a conversar sobre los temas laborales del TLC, y de ahí surgió la idea”, agregó Romero, senador electro por el Polo Democrático.
Senador Camilo Romero
La creación de la comisión por parte de Colombia fue aprobada por la mesa directiva del Senado de la República el 2 de noviembre de 2011, a través de la resolución de nombramiento Nº 61. Aparte del senador Romero, la integran los senadores José Iván Clavijo, Juan Mario Laserna, Edinson Delgado, Maritza Martínez y Edwin Hurtado, en representación de varios partidos políticos.
Se espera que después del 16 de marzo, cuando empiece la nueva legislatura, la mesa directiva del Senado colombiano instale formalmente la comisión y ésta empiece sus funciones.
Por parte del Congreso de Estados Unidos, la comisión binacional la integran nocho parlamentarios interesados y conocedores del tema colombiano. Ellos son Nancy Pelosi, Rosa L. Delauro, Jim P. McGovern, Sander M. Levi, George Miller, Sam Farr, Joseph Crowley, Michael H. Michaud.
Para finales de abril se espera realizar, en Bogotá, un foro binacional, con el objetivo de analizar y discutir los avances del Plan de Acción Obama-Santos en materia laboral. Un foro similar, con iguales propósitos, realizarían los parlamentarios en el segundo semestre de este año en Washington.
Una justa proporcionalidad
“Es una inquietud que a mí me surge por un mandato que, antes que normativo y legal, es moral: que nuestro país tenga como bandera primordial el trabajo decente. Lo triste es ver cómo el gobierno acelera las reivindicaciones laborales, que es un propósito buscado por los trabajadores colombianos desde hace tiempo, no por voluntad propia sino por imposición del gobierno de Estados Unidos. Ahora lo que hay que lograr es que el acuerdo Obama-Santos se cumpla en materia laboral, porque sería el colmo que, además de no tener la suficiente entereza para resolver nuestros problemas sin imposiciones externas, incumplamos dicho acuerdo. Pedimos que se den garantías a los empresarios, pero también a los trabajadores, que haya una justa proporcionalidad. Porque nuestros gobiernos históricamente han actuado con la lógica de darles todas las garantías y gabelas a los empresarios y ninguna a los trabajadores”, conceptuó el senador Romero.
“Lo trascendente del tema —agregó— es que el gobierno estará muy atento a los informes de la comisión, y a acoger las recomendaciones que hagamos, toda vez que en ella están involucrados congresistas norteamericanos de bastante peso.
A la pregunta sobre cómo ve, a la fecha, las medidas implementadas en materia laboral, en cumplimiento del acuerdo Obama-Santos, el senador Romero señaló que hay que abonarle el esfuerzo y la intensionalidad que hasta ahora ha mostrado el Gobierno, sobre todo en la prohibición de las cooperativas como forma de contratación de actividades misionales en las empresas. Criticó sí lo lenta que va la vinculación de más inspectores que vigilen y controlen las anomalías y violaciones de derechos laborales.
“Tenemos información de que ya han nombrado varias decenas de inspectores, pero el compromiso son 400. Además el acuerdo dice que deben ser inspectores vinculados como funcionarios de carrera, y sabemos que hay algunos con contrato provisional. Y eso no está bien, porque si el propio Ministerio del Trabajo incumple las reglas de juego, ¿qué mensaje le damos al resto de la sociedad?