La derecha que gobernó a este país hasta agosto de 2022 dejó un enorme déficit de Trabajo Decente, resultado de la implantación de un modelo de desarrollo extractivista y excluyente, y de un sistema de relaciones laborales autoritario en el que no caben los sindicatos ni el Diálogo social.
Desde 1999 la OIT ha estado promoviendo la generación de Trabajo Decente en el planeta ante el avance de relaciones de trabajo completamente precarias, al margen de las legislaciones laborales y de los sistemas de protección social de cada país, y de los Convenios de la OIT. Trabajo Decente es trabajo con derechos y trabajo con protección social, o, como muy precisamente lo define la OIT (OIT, 2007), trabajo decente es “trabajo productivo con remuneración justa”; trabajo decente es “trabajo con seguridad en el lugar de trabajo” (salud y estabilidad laboral); trabajo decente es “trabajo con protección social para el trabajador y su familia”; trabajo Decente es “trabajo con mejores perspectivas para el desarrollo personal y social, así como libertad para que (los trabajadores y trabajadoras) manifiesten sus preocupaciones, se organicen, y participen en la toma de decisiones que afectan a sus vidas” (sindicatos y negociación colectiva); trabajo decente es “trabajo con igualdad de oportunidades y de trato para mujeres y hombres”.
La mayoría de los indicadores que nos dicen cómo está el Trabajo Decente en Colombia han mejorado en estos dos primeros años del gobierno de Petro, pero todavía se mantienen en niveles bastante precarios, entre otras razones, porque los partidos de la derecha han estado ejerciendo una oposición irracional, que tiene como único objetivo que al gobierno le vaya mal, razón por la cual se han estado oponiendo de manera sistemática a reformas que son clave para mejorarlos, como las reformas pensional, laboral y de salud.
Como lo indica el cuadro 1, más de la mitad de la población ocupada trabaja en la economía informal, al margen de la legislación laboral y de la protección social: 56,0% de la población ocupada, un indicador que en dos años de gobierno progresista y de izquierda mejoró dos puntos porcentuales, los mismos dos puntos que disminuyó también el trabajo por cuenta propia, una condición laboral que para mucha gente es apenas una alternativa para rebuscarse algún ingreso y que en el 80% es informal, y en la mayoría de los casos no es trabajo productivo sino de mera sobrevivencia. Aunque la tasa de desempleo bajó casi un punto porcentual, todavía se mantiene en niveles muy altos, afectando a 2.504.821 personas, con el agravante de que nuestro sistema de protección social no tiene un sistema de protección de los ingresos distinto de las cesantías, cuando estos se pierden por causa del desempleo. Y aunque mejoraron las tasas de desempleo de las mujeres y de la población joven, estos sectores aún mantienen altísimas tasas de desempleo.
Que la mayor parte de la población ocupada trabaje en la informalidad, es lo que explica también los bajos ingresos laborales que caracterizan el mercado de trabajo en Colombia: que el ingreso percápita promedio de los hogares a nivel nacional sea apenas de $1.064.896, de $482.386 en las zonas rurales, y que el 44,6% de los ocupados tenga ingresos menores a un salario mínimo. Estos ingresos todavía se mantienen en niveles muy precarios, pese a que en estos dos años de gobierno progresista se incrementaron en 15,9% el ingreso percápita promedio y en 19,4% el ingreso promedio de las áreas rurales, muy por encima de la tasa de inflación.
También, el alto índice de pobreza monetaria, 33,0% de la población, y de pobreza extrema, 11,4%, tienen en parte su explicación en el alto índice de trabajo informal, indicadores que en los dos años del gobierno del cambio disminuyeron 3,6 pp y 2,4 pp cada uno, lo que significó sacar de la pobreza monetaria a 1.6 millones de personas y de la pobreza extrema a 1,1 millones.
La mejora de estos indicadores tiene su explicación principal en los esfuerzos que está haciendo este gobierno para avanzar en la implementación del punto uno de los acuerdos con las FARC, entregando miles de hectáreas de tierra a las comunidades campesinas sin tierra, y en los incrementos que ha tenido el salario mínimo en estos 2 años, que han significado una ganancia del poder adquisitivo real de los salarios de 5,6 pp, sin que se haya incrementado la tasa de desempleo, que en estos dos años bajó del 10,6% al 9,7%, y sin que se haya presentado un incremento de precios, los que, al contrario, bajaron en estos dos años en 4,72 pp, pasando del 10,84% al 6,12% en el mismo período.
Esta disminución de la pobreza monetaria y de la pobreza extrema, y el hecho de que miles de familias campesinas hayan recibido tierra, ha permitido también que se mejore la distribución del ingreso, aunque todavía de manera muy marginal, un resultado que lo muestra el GINI, un indicador que nos dice cómo se distribuye el ingreso que produce un país, que va de 0, igualdad absoluta, a 1, desigualdad absoluta.
Los bajos salarios, los altos índices de pobreza monetaria y de pobreza extrema, el alto índice de desempleo, y la cultura entre algunas poblaciones, es lo que explica también la alta prevalencia del trabajo infantil en Colombia y del trabajo infantil ampliado, que suma al trabajo infantil propiamente dicho, el trabajo obligatorio que por 15 horas o más a la semana realizan niños y niñas en sus hogares en oficios domésticos o en el cuidado. Los datos del DANE correspondientes al trimestre octubre – diciembre de 2023 y de 2022, indican que, en el total nacional, la población de 5 a 17 años que trabajó fue de 310 mil personas, presentando una disminución de 59 mil en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que da una tasa de trabajo infantil del 2,9%, frente al 3,4% de igual período del 2022. Por su parte, en el trabajo infantil ampliado se hallaban 1.241 mil niños, niñas y adolescentes, lo que significó una disminución de 114 mil personas respecto al mismo periodo del año anterior (1.355 mil personas), lo que corresponde a una TTIA del 11,6%.
La prevalencia del trabajo informal es lo que explica también las bajas coberturas en materia de protección social: en promedio, apenas el 50,5% de la población ocupada está protegida por el sistema de protección social como contribuyente/cotizante, un indicador que apenas mejoró medio punto porcentual en estos dos años: 47,43% en pensiones, 51,37% en riesgos laborales; 52,62% en cesantías; y 50,61% en salud.
En esta baja cobertura incide también las condiciones de ilegalidad laboral en que funcionan muchas empresas, principalmente en las zonas rurales, por la débil presencia del Ministerio del Trabajo, y por el sometimiento que imponen los gamonales de pueblo a los inspectores del trabajo en estas regiones.
El sistema de protección social en Colombia aun no cobija a aquellas personas que se quedan sin ingresos por la pérdida del empleo. A este respecto, únicamente las cesantías son una prestación que de alguna manera da respuesta a esta situación, pero apenas cubre a los trabajadores con contrato de trabajo, o a los empleados públicos vinculados al Estado. Por fuera de este mecanismo, las Cajas de Compensación tienen establecido un auxilio que se recibe por una sola vez y que es bastante precario.
Finalmente, el porcentaje de población pensionada en Colombia es muy bajo, aunque se incrementó en 1,7 pp en estos dos años: apenas 1 de cada 4 personas mayores tiene pensión, un problema que tiene relación con el modelo pensional que impuso la ley 100 de 1993, que se diseñó para que únicamente se pensionen personas con una alta estabilidad laboral, con una buena formación académica y profesional, y predominantemente hombres de las grandes ciudades. Este problema en parte va a resolverse con la reforma pensional, pues al establecerse el pilar solidario y el pilar semicontributivo, se va ampliar la población mayor que en todo caso va a recibir un ingreso en su vejez que por lo menos le cubra el valor de la línea de pobreza extrema.
Que Colombia sea uno de los países más desiguales del planeta, con un GINI de 0,546, y en donde los ingresos laborales apenas representan el 36,46% del ingreso nacional (en estos dos años este indicador mejoró 2,81 pp), es un resultado que tiene relación directa con el poco sindicalismo existente en el país y con la baja cobertura de la negociación colectiva, lo que hace que el Diálogo Social sea prácticamente inexistente: menos de 5 de cada 100 trabajadores están afiliados a un sindicato, y menos de 7 de cada 100 trabajadores asalariados se beneficia de algún convenio colectivo de trabajo, en este caso de convenciones y pactos colectivos, y la negociación colectiva apenas tiene presencia en el 0,06% de las empresas del sector privado; los otros componentes del Diálogo Social, como la consulta y el intercambio de información, son prácticamente inexistentes en el sistema de relaciones laborales.
En este aspecto, los países de la OCDE con mayor desarrollo del Estado Social y del Trabajo Decente, muestran indicadores muy distintos: así, mientras las tasas de sindicalización están en promedio por encima del 40% de la población asalariada, y la cobertura de los convenios por encima del 65%, el índice de GINI en estos países está por debajo de 0,3 y la participación de los salarios por encima del 50% del ingreso nacional. Así que existe una relación directa entre Estado Social, distribución del ingreso y democracia económica con el sindicalismo y la negociación colectiva.
