Una gran preocupación expresaron las organizaciones que integran el Comité de Impulso para la Reparación Colectiva al Movimiento Sindical (Conare) y las centrales sindicales, luego de conocer las acciones encubiertas (“chuzadas”) que el Ejército Nacional viene haciendo a líderes sociales y políticos, entre ellos dos sindicalistas activistas de derechos humanos. Según lo denunció la Revista Semana en su edición 1983, que destapó el ilegal programa de espionaje en el ejército colombiano.
Esta preocupación la manifiestan el movimiento sindical en carta enviada al Presidente de la República, firmada por Diógenes Orjuela, presidente de la CUT; Percy Oyola, vicepresidente de la CGT; Nelson Alarcón, Mirtha Rodríguez y Martha Rocío Alfonso, presidente, secretaria ejecutiva y vicepresidenta de Fecoce, respectigvamente; Ómar Romero, secretario de DDHH de la CUT; y Humberto Correa Gómez, secretario de DDHH de CGT.
Precisamente este último es uno de los dos sindicalistas que aparecen en las carpetas de personas “chuzadas”, mencionadas por Semana. El otro es Carlos Castañeda, el expresidente de CUT Cundinamarca. Como también genera preocupación la persecución a corporaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), organización que apoya la defensa de los derechos humanos y la construcción de informes de memoria, verdad, justicia y reparación que adelantan tanto Fecode como las centrales sindicales.
Como se ha difundido ampliamente, aparte de los sindicalistas en las carpetas de espionaje del Ejercito también aparecen periodistas (6 de ellos extranjeros), dirigentes políticos, ONG de derechos humanos y otras personalidades, para un total de 130 víctimas de persecución a través de escuchas ilegales, denominadas por los militares como “perfilaciones” y “trabajos especiales”.
Es una situación muy preocupante, afirma el movimiento sindical en la carta enviada al Presidente Duque, en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares y como Jefe de Estado. En especial porque se da en el marco actual de la ola de violencia que hasta el 24 de abril dejaba asesinados a 84 líderes y lideresas sociales, y a 24 excombatientes de las FARC.
Aparte de eso, señalan que estamos ante un gran deterioro en materia de derechos humanos, como lo mostró el reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.
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La destitución de oficiales no basta
“Tan grave situación no puede resolverse con la sola destitución de unos pocos oficiales que obedecían órdenes, provenientes probablemente de una jerarquía mayor en los altos mandos del Ejército”, indican los sindicatos al Presidente Iván Duque, al tiempo que lo instan a que asuma la responsabilidad de lo que sucede al interior de la inteligencia ilegal en el Ejército.
Estos son los puntos específicos que señalan en la carta:
- Que se nos dé acceso a estos expedientes, para saber qué otros sindicalistas, defensores de DDHH han sido ilegalmente investigados.
- Que todos estos informes salgan de los archivos de los organismos de inteligencia.
- Que se abra una investigación seria para determinar qué personas realmente ordenaron realizar esta inteligencia.
- Que se someta a la justicia a los autores intelectuales y que no quede la responsabilidad diluida en aquellos que por su rango deben obedecer las órdenes.
- Que cesen las investigaciones ilegales en contra de sindicalistas y defensores de derechos humanos.
- Que se proteja la vida de líderes y lideresas sociales.
“Como Movimiento Sindical estamos sentados con representantes de su Gobierno en la Mesa Permanente de Concertación para la Reparación Colectiva, para buscar, entre otras cosas, garantías de no repetición. Infortunadamente estos hechos muestran que la estigmatización de la labor sindical continua”, anotan en la carta los dirigentes sindicales.
No es la primera vez que se presentan este tipo de denuncias, recuerdan. Ya organismos internacionales han llamado la atención del gobierno colombiano para que proteja los derechos de los ciudadanos y tome medidas al respecto. La misma Revista Semana había denunciado el año pasado chuzadas ilegales, tras lo cual se produjo el retiro del comandante del Ejército, el General Nicacio Martínez.
La carta va con copias a Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación; Carlos Alfonso Negret, Defensor del Pueblo; Francisco Barbosa, Fiscal General; Daniel Palacios Martínez, Director (E) Unidad Nacional de Protección.
Conversatorio del movimiento sindical sobre el tema
El próximo lunes 11 de mayo, a las 3 pm se realizará, a través de Facebook, un conversatorio sobre el tema de las escuchas ilegales. El evento es organizado por el movimiento sindical y contará con la participación de representantes de las tres centrales sindicales, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Fecode y la Escuela Nacional Sindical.
Por la CUT participará Omar Romero Díaz, por la CGT, Humberto Correa, por la CTC Mirtha Rodríguez. De la misma manera participará Martha Alfonso por Fecode y Reinaldo Villalba por el Cajar. El conversatorio será moderado por Viviana Colorado de la Escuela Nacional Sindical.
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