El movimiento sindical prendió las alertas por lo que considera un preocupante escalamiento de las amenazas y acosos en su contra, con hechos puntuales graves ocurridos en las últimas semanas, pues de las amenazas se ha pasado a los atentados. Los dos últimos esta semana, contra Jonathan Urbano Iguera, presidente de la USO subdirectiva Puerto Gaitán, Meta; y William Manrique, presidente del Sindicato Colombiano Estatal, Sincoest, filial de la CGT.
Según lo informó la USO, el vehículo del esquema de seguridad de Yónatan Urbano fue atacado a bala el lunes pasado, por dos motorizados que lo esperaban en un sector de la vía alterna de Villavicencio a Puerto López, cuando se dirigía a una vereda para participar en un taller sobre derechos humanos. El vehículo recibió varios impactos en las ventanas traseras, luego de que con una rápida maniobra el conductor esquivara el ataque.
William Manrique –informó en varios trinos la CGT–, se salvó por el chaleco antibalas que portaba al momento del ataque al automóvil en que viajaba, a la altura de Gachancipá, Cundinamarca, tras sostener una reunión sindical en Tunja. Había recibido amenazas de muerte por denuncias de irregularidades en una institución del sector salud. “William ha hecho denuncias de corrupción, solicitamos a las autoridades reforzar su seguridad y al país hacer visible su caso, es la mejor manera de protegerlo”, escribió la CGT.
Según la USO, en lo que va corrido de 2020 han sido amenazados dirigentes de este sindicato en prácticamente todas las zonas donde desarrolla actividad: Meta, Magdalena Medio, Huila, Tolima, Putumayo y Bogotá. Situación que en repetidas veces han denunciado ante el Gobierno y los entes de control, pero sin resultados.
Por lo que la USO hace responsable al estado colombiano por la integridad de Yonatan Urbano y demás dirigentes amenazados, indicó Héctor Vaca, director del área de Derechos Humanos de esta organización sindical.
Y no es solo contra la USO, subrayó. La andanada de amenazas y estigmatizaciones es contra la dirigencia sindical en general, y especialmente Fecode, las cuales se han incrementado desde la gran movilización ciudadana del 21 de noviembre. En concepto de Héctor Vaca, es una táctica de amedrentamiento a las movilizaciones ciudadanas y al movimiento sindical por su participación en el Paro Nacional que convoca el Comando Nacional Unitario.
Al atentado en Puerto Gaitán se suma al perpetrado el pasado 8 de febrero en El Guamo, Tolima, contra Carlos Rivas, expresidente de Fecode y miembro del Comité Ejecutivo de esta federación. Su vehículo fue impactado por disparos de desconocidos, y de esa salió ileso.
Precisamente en respuesta al clima de inseguridad y violencia que viven hoy los maestros, Fecode convocó a un paro de 48 horas mañana jueves y este viernes 20 y 21 de febrero.
La dirección de la CUT, por su parte, en un comunicado de esta semana también rechazó las crecientes amenazas contra dirigentes de organizaciones sindicales afiliadas a esa central. Exigió a las autoridades medidas de seguridad que garanticen el libre ejercicio de la actividad sindical, y más teniendo en cuenta que su propio presidente, Diógenes Orjuela, apareció en una lista de 20 dirigentes sociales amenazados por las tales “Águilas Negras”.
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Asimismo, el comunicado da cuenta de la amenaza que en la tarde del domingo recibió Edgardo Puello Castro, secretario de prensa de Sutimac y operador en la planta de Argos de la Zona Franca de Cartagena. Lo llamaron a su celular para advertirle que sí en 20 minutos no salía del centro recreativo donde departía con su familia, lo asesinarían. Así que les tocó salir de inmediato del lugar.
Fecode en la mira
Marta Alfonso, Vicepresidenta y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de Fecode, denunció que en este mes y medio de 2020 ya van 280 dirigentes y maestros amenazas. En 2019, año empieza el fuerte escalamiento de las amenazas, éstas sumaron 890 en todo el país. Cuando el promedio en la última década era de unas 300 amenazas.
Entre los casos ocurridos este año, se cuentan dos homicidios de educadores, uno de ellos en Arauca; intimidaciones a 25 profesores de El Salado, Carmen de Bolívar, quienes se fueron y dijeron que solo volverían cuando se aclarara una serie de panfletos que fueron conocidos en el pueblo. En Soledad, Atlántico, amenazaron a 40 docentes, y de Tarazá, Antioquia, se desplazaron 12 profesores.
Otro caso puntual ocurrió el 10 de febrero, cuando a la residencia del presidente de la Subdirectiva de SIMANA La Cruz, Nariño, llegó un panfleto amenazante a nombre de las “Águilas Negras”. Fueron amenazados Salomón Cruz, Aicardo Rodríguez, Floriberto Ortega, Hernán Erazo, Segundo Ricardo Ordoñez (Secretario DDHH Simana), Gildardo Muñoz y Lucio Muñoz.
Datos y cifras que dan cuenta de la dimensión que ha adquirido el flagelo de las amenazas y la violencia contra el magisterio del sector público, y ya no solo en las zonas rurales sino también en las urbanas. Sin embargo, no da cuenta de todo el fenómeno porque hay mucho subregistro, señaló Marta Alfonso.
Esto porque a los maestros les da miedo denunciar, ya que en sus territorios conviven con toda clase de grupos armados; o ven inútil hacerlo porque el gobierno no les presta atención y la Unidad Nacional de Protección no los incluye en sus esquemas de seguridad. O prefieren aguantarse su situación y quedarse a riesgo propio, en muchos casos pagando extorsiones, porque una reubicación puede ser a un lugar igual o peor que el que dejan.
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Asimismo, Marta Alfonso hace hincapié en lo dañina y peligrosa que resulta la campaña que ha emprendido el senador Álvaro Uribe y el Centro Democrático, partido de gobierno, para desprestigiar a Fecode y acabarla como federación sindical, que hoy aglutina a más de 300 mil educadores del sector público.
“Rechazamos este tipo de acciones que buscan generar confusión, temor y zozobra. Exigimos que se adelanten las investigaciones, se establezca su origen y que se aclare de una vez por todas quienes son las Águilas Negras, el verdadero origen y carácter de estas estructuras criminales, y se individualice y juzgue a los responsables”, dijo la vicepresidenta y coordinadora de Derechos Humanos de Fecode.
Escalada de amenazas a la USO
A parte del atentado contra Yónatan Urbano de la subdirectiva de Puerto Gaitán, la USO también denunció amenazas y hostigamientos contra otros 3 integrantes de esa subdirectiva, y contra 5 de la subdirectiva Meta.
Resalta el caso de David Ramírez, tesorero de la subdirectiva, quien el 13 de febrero fue herido en una de sus manos con arma blanca cuando se dirigía en su vehículo particular, y también atacaron su residencia. La policía detuvo a los atacantes, pero los dejó en libertad supuestamente por no portar arma alguna.
A la subdirectiva de la USO en Huila llegó un panfleto amenazante dirigido con nombre propio a todos los integrantes de esa subdirectiva, en momentos en que ésta adelanta acciones en la defensa de los campos de producción para que no sean entregados a HOCOL, una transnacional petrolera.
De su situación de inseguridad, la USO también hace responsable a Ecopetrol, porque también es Estado y debe asumir su responsabilidad en la seguridad de sus trabajadores y el personal en riesgo de la USO. “Yónatan Urbano trabaja en Campo Rubiales, uno de los campos que más produce”, anotó Héctor Vaca.
Adicionalmente, la responsabilidad de Ecopetrol en la protección de los líderes sindicales está incluida en la convención colectiva. Asimismo, debe cumplir el decreto MC-1-01 de medidas cautelares otorgado por la Comisión Interamericana de DDHH a la USO desde el 2001.
Pero la respuesta de Ecopetrol no ha sido la adecuada, señala Héctor Vaca. Ésta se “lava las manos” y traslada toda la responsabilidad de protección de los dirigentes sindicales a la Unidad Nacional de Protección.
“Una entidad que no actúa eficazmente en la asignación y mantenimiento de los esquemas de seguridad. Todos sabemos que está más enfocada en proteger empresarios que líderes sociales”, agregó Vaca.
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