Proyecto de reforma tributaria ¿Realmente promueve la inversión, el empleo y la equidad?

Por Carlos Julio Díaz

Director General de la ENS.

Colombia se caracteriza por tener elevados índices de pobreza. Dentro del contexto internacional es uno de los países con mayores niveles de desigualdad en la distribución del ingreso, situación de la que es responsable, en parte, la política de gastos y recaudos públicos.

El gasto público tiene como finalidad dotar a la sociedad de cierta cantidad de bienes colectivos, como la justicia, la seguridad, la defensa nacional, carreteras, parques, servicios públicos domiciliarios, salud, educación, etc., siendo el gasto público social prioritario por mandato constitucional para que tenga un efecto redistributivo.

No obstante, el presupuesto de gasto público dedica casi el 25% al servicio de la deuda ($50 billones en el 2016) que favorece al capital financiero. También las ayudas y subsidios benefician muchas veces más a los ricos que a los pobres, como se evidenció con el escandaloso programa Agro Ingreso Seguro. Pero el mayor problema que distorsiona la finalidad del gasto público, es el fenómeno de la corrupción, que, según un informe publicado por la Sociedad Colombiana de Economistas, le costó al país alrededor de $189 billones entre los años 1991 y 2010, equivalentes al 4% del PIB durante esos 19 años.

El sistema tributario a su vez tiene un bajo nivel de recaudo (14,7% del PIB), es profundamente inequitativo, tiene altos niveles de evasión (del 25% en renta e IVA), no apoya actividades empresariales con mayor impacto en la generación de empleo, y su alta dependencia de la producción y exportación de productos minero-energéticos ha causado un hueco fiscal de $27,2 billones ante la abrupta caída de sus precios internacionales. Por otra parte, tras la caída de la renta petrolera, la devaluación del peso frente al dólar ha encarecido el pago de intereses de la deuda en $ 7,2 billones. En resumen, el faltante en las finanzas públicas de este año asciende a $ 34,4 billones (4,3% del PIB).

Una paz estable y duradera necesita que la política macroeconómica garantice una mejor redistribución del ingreso y promueva el desarrollo industrial y agrícola, que son los sectores que mayor impacto pueden tener en el empleo en cantidad y calidad, lo que a su vez fortalecería la demanda interna como condición necesaria para la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo. Nos corresponde en esta perspectiva diseñar un sistema tributario que se fundamente en los principios establecidos en la Constitución Política de equidad, eficiencia y progresividad.

El proyecto de reforma tributaria mantiene la inequidad horizontal y vertical, y les da mayor peso a los impuestos regresivos.

El proyecto de reforma tributaria presentado al Congreso por parte del Gobierno no tiene ese enfoque. No garantiza un mayor recaudo mediante el desarrollo de actividades empresariales en la economía real, y por tanto de empleos con mejores ingresos. Mantiene la inequidad horizontal y vertical, y les da mayor peso a los impuestos regresivos. Veamos:

  1. Disminuye el impuesto de renta a las empresas a una tarifa única del 32% y no incorpora el principio de progresividad. Se aumenta la tarifa a las personas naturales que ya declaran renta y se incorporan 500 mil nuevos contribuyentes, al bajar el ingreso mínimo para declarar de $3,7 millones a $2,65 millones. Sin embargo, el aumento de la base de contribuyentes no compensa la rebaja al impuesto de renta a las empresas, por lo que se espera que en 2017 por este concepto se reduzca el recaudo en casi $2 billones.
  2. No elimina los beneficios tributarios (zonas francas, contratos de estabilidad jurídica, otras exenciones) que generan inequidad horizontal
  3. Aumenta la tarifa general del IVA del 16% al 19%, e incorpora servicios del sector de telecomunicaciones. De hecho, el 60% de la canasta familiar ya tiene IVA, por lo que se calcula un impacto en la inflación de un 2%. Por este impuesto, que grava el consumo y es altamente regresivo (en términos relativos paga más el que menos gana), el Gobierno espera aumentar el recaudo en $8,2 billones.
  4. Aumenta el impuesto a la gasolina. Este es un impuesto indirecto, que también tendrá un impacto regresivo con el incremento de precios de la canasta familiar. Con él espera el Gobierno recaudar casi $1 billón.
  5. De manera general les permitirá a las empresas el descuento del IVA pagado en compras de bienes de capital. No hay un tratamiento diferenciado favorable para los sectores estratégicos en el desarrollo y la generación de empleo.
  6. Otros puntos del proyecto proponen: una tarifa del 10% a los dividendos, no pagarán impuestos las pensiones altas, se mantiene el régimen especial de las entidades sin ánimo de lucro, se establece el monotributo a los pequeños negocios, y cárcel para los evasores.

Sigue siendo un reto para nuestro país tener un sistema tributario ajustado a los principios constitucionales, que cumpla no solo las funciones de generar los ingresos necesarios para el funcionamiento del Estado, sino también alentar las actividades empresariales que benefician el empleo y castigue las especulativas, que son probadamente nocivas al bienestar general.

La mejor reforma tributaria es un programa de desarrollo económico que amplíe la base tributaria al aumentar la densidad y rentabilidad empresarial del sector real y el empleo estable y bien remunerado. La política tributaria puede contribuir a este propósito si se dan ventajas tributarias solo a las empresas productivas que reinviertan utilidades en modalidades de alto contenido de capital y tecnología, mientras se gravan con altos impuestos a las formas parasitarias, insanas y rentísticas del ingreso, que está más que probado tienen bajo impacto en el empleo.

¿Tiene presentación política una reforma tributaria que mantiene la inequidad y aumenta la regresividad? ¿Una reforma en la que el mayor recaudo recae en las capas medias, y que es inferior a la plata que se pierde en corrupción, evasión y exagerados beneficios tributarios?

Publicado 24 de octubre de 2016.

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