Mintrabajo multa a 8 empresas por más de $15 mil millones

Por tercerización laboral Ilegal: Min-Trabajo multa a 8 empresas por más de $15 mil millones

 

  • Afecta a Drummond, El Cerrejón, Clínica Marly, Hospital Universitario del Caribe, a las contratistas Gecolsa y Dimantec, y a las temporales Ocupar y Konekta

A “cuenta gotas” el Ministerio de Trabajo viene aplicando sanciones a las empresas contra las cuales se han puesto querellas: 151 en total en los últimos dos años, 106 de ellas por tercerización laboral ilegal y 145 por imposición de pactos colectivos y planes de beneficios; querellas que fueron presentadas por las directivas de la CUT y la CTC, con asesoría de los CAL. Además, como producto de una capacitación que brindó a los sindicatos la Consejería Técnica de la OIT.

A esta fecha, de las querellas por tercerización ilegal el Ministerio solo ha resuelto 3 con sanción para los responsables, la primera en junio pasado y las otras dos en el último mes. Afectan a dos entidades hospitalarias y dos multinacionales carboníferas, sectores estos caracterizados por hacer una intensiva intermediación laboral. Y también afectan a las 4 empresas contratistas de trabajadores que se prestaron para hacer la tercerización ilegal.

Son ellas: Clínica Marly y Ocupar Temporal SA, ambas de Bogotá, cada una con multas de $3.185.259; el Hospital Universitario del Caribe, de Cartagena, y la Temporal Konekca, con mutas por $68´945.400 y $689´454.000 respectivamente; la Drummond y Carbones El Cerrejón, y las contratistas de ambas Gecolsa y Dimantec, con multa de $2.069.000 millones cada una.

En total las multas ascienden a más de $15 mil millones, que por ley deberán ser canceladas al SENA.

Sin embargo, según lo manifestado por directivos de los sindicatos querellantes, se espera que las empresas sancionadas se acojan al Decreto 321 de 2015, que les permite cambiar la multa que les fue impuesta, por un acuerdo de formalización laboral para los trabajadores afectados por la tercerización.

 

Caso Clínica Mary


La querella contra la Clínica Marly la entabló el sindicato Sintramarly desde abril de 2015, alegando que este centro médico llevaba 20 años contratando trabajadores temporales para actividades permanentes y misionales, lo cual es ilegal. Este hecho lo comprobaron los inspectores del Ministerio de Trabajo que adelantaron la investigación del caso.

Son 800 profesionales, entre médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, camilleros, etc., vinculados por Ocupar Temporal SA., la empresa de empleo temporal que le hace la intermediación laboral a la clínica Marly.

Son profesionales que realizan las mismas funciones que quienes trabajan de planta pero en condiciones salariales y laborales precarias. Cada 6 meses, o máximo cada año les renuevan los contratos, lo cual los deja laboralmente instables y sin posibilidad de organizarse en sindicato, que es precisamente uno de los objetivos de la subcontratación.

La abogada Angélica Palacio, directora del Centro de Atención Laboral Móvil de Bogotá, quien ha asesorado y acompañado los sindicatos querellantes, dijo que se ha avanzado en conversaciones con la empresa para iniciar el proceso de formalización gradual de los 800 profesionales tercerizados, ya que de no hacerlo deberá cancelar los $3.185.259 de la multa, al igual que Ocupar Temporal S.A.

Este proceso de formalización lo acompañará la CUT, el Centro de Solidaridad de la AFL-CIO y el CAL Bogotá. Se espera que en un año se complete este proceso.

Por su parte, Sintramarly espera que una vez los trabajadores sean formalizados se afilien a esta organización sindical, y que la empresa les respete ese derecho, pues en las últimas semanas ha enviado cartas a los trabajadores instándolos a que no se afilien. Este es un sindicato que lleva 20 años de existencia, pero no ha podido pasar de los 50 afiliados, precisamente por la masiva tercerización que se ha dado en la Clínica Marly.

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La querella de Anthoc


Esta querella había sido interpuesta por el sindicato Anthoc desde el año 2014, contra el Hospital Universitario del Caribe, que hace parte de la red pública de atención de Cartagena, y contra la empresa Konekta Temporal, que le suministra personal médico y paramédico. Para esta acción legal contó con el respaldo de la CUT Bolívar y del Centro de Atención Laboral de Cartagena.

Y al igual que en la Clínica Marly, los inspectores del Ministerio que hicieron la investigación encontraron que los cerca de 400 médicos y paramédicos que laboran en este hospital, subcontratados por la empresa de empleo temporal, realizan actividades misiones y permanentes desde hace 10 años, por lo cual deben ser vinculados como personal de planta, deben formalizarse.

Por lo que el Ministerio de Trabajo actuó en este caso a favor del sindicato e impuso sendas multas al hospital y Konekta Temporal. La primera debe pagar $68´945.400 y la segunda $689´454.000.

Estos montos para la directora del CAL Móvil resultan bajos, o no lo suficientemente altos como para disuadir al hospital de seguir haciendo subcontratación ilegal. El Ministerio puede multar hasta con 5 mil salarios mínimos, y en este caso lo hizo solo por 100 salarios en un caso y 1.000 en el otro.

 

Las multas en el sector carbón


Como se dijo, el sector de la mega minería del carbón es uno de los que más terceriza en Colombia, y en algunos procesos lo hace ilegalmente, como lo demostró la investigación del Ministerio de Trabajo, que encontró prácticas ilegales en la subcontratación del servicio de mantenimiento de equipos en la Drummond y Carbones El Cerrejón, por lo que a cada una sancionó con más de $2.000 millones, al igual que a las contratistas Gecolsa y Dimantec.

Las querellas que originaron la investigación las radicaron entre 2013 y 2014 los sindicatos Sintraime y Sintracarbón, con la asesoría y apoyo del CAL, el Centro de Solidaridad y la Corporación Justicia y Libertad.

Sintraime querelló a la Drummond por tercerización ilegal de la empresa Gecolsa, encargada el servicio de mantenimiento de equipos en la zona minera de La Jagua de Ibirico, Cesar. Y Sintracarbón querelló a Carbones El Cerrejón exactamente por la misma razón.

El caso es que desde hace 6 años ambas multinacionales contratan el mantenimiento con la empresa Gecolsa, que a su vez lo subcontrata con la empresa Dimantec, configurando así una doble subcontratación, que no solo es ilegal, sino que va en detrimento de los derechos laborales de los trabajadores tercerizados. Según la abogada Palacio, un auxiliar de mantenimiento de planta en la Drummond gana al mes $1.600.00, mientras en Dimantec solo gana $860.000 por realizar la misma labor. Y en El Cerrejón un técnico de planta gana $2 millones, y uno de Dimantec gana $800 mil,

Es de resaltar que por el mismo motivo: por intermediación laboral ilegal en la Drummond, Sintraime tiene una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, y otra ante el gobierno de Canadá. Asimismo, Sintracarbón tiene 6 querellas más por tercerización ilegal en otras áreas del complejo El Cerrejón, las cuales se espera también resulten favorables a los trabajadores.

Ambos sindicatos esperan que pronto se inicie el proceso de formalización laboral en estas 4 empresas multadas, a no ser que éstas prefieran pagar la multa y seguir haciendo tercerización ilegal.

 

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