Boletín Observando la implementación del acuerdo de paz # 10

Estado de los proyectos relacionados con la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en el Congreso de la República, semana del 9 al 13 de octubre:

El debate sobre Jurisdicción Especial para la Paz avanzó de manera importante en las Comisiones primeras de ambas Cámaras; se realizó en Comisión Primera de la Cámara la Audiencia pública sobre Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, luego de más de un mes de haber sido solicitada por la sociedad civil, aunque con escasa presencia de los ponentes. En el Senado sigue estancada la aprobación del texto conciliado para la norma sobre el Monopolio legítimo de la fuerza y el uso de las armas por parte del Estado. También continúan estancados los proyectos del punto uno, Reforma Rural Integral. Hay escuetas conclusiones de la Audiencia convocada por el Centro democrático sobre el Costo fiscal de la amnistía

Puedes leer: Boletín Observando la implementación del acuerdo de paz # 9

Lo importante de cada proyecto

Aprobado proyecto de ley estatutaria de la JEP en comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara

Sin la presencia de la Bancada de Cambio Radical, luego de cinco sesiones y muchas discusiones fue aprobado el proyecto de la JEP en primer y tercer debate en las Comisiones Primeras que sesionaron conjuntamente el pasado 9 de octubre. El paso que sigue es la discusión en Plenaria del Senado donde se requerirá de mínimo 52 fotos favorables para que pase al debate final en Plenaria de la Cámara, es decir, la disciplina partidaria de las bancadas es imprescindible para que este  proyecto avance positivamente.

Lo Aprobado

Dentro de los artículos que se aprobaron como fueron presentados en la Ponencia se encuentran los que regulan Reparación integral, que asigna al Gobierno la obligación de poner en marcha medidas para que quienes cometieron daños con ocasión del conflicto se comprometan a contribuir de manera directa a la reparación de las víctimas; Efectos de la renuncia a la persecución penal por parte del Estado; Seguridad jurídica, Amnistía y sus efectos;Funciones de la sala de reconocimiento; Responsabilidad de mando de las FARC por los actos de sus subordinados; y Paz como principio orientador de la Jurisdicción especial, entre otros.

Te recomendamos leer: 

Boletín Observando la implementación del acuerdo de paz # 8

Las proposiciones del Fiscal fueron acogidas en su mayoría. 
El bloque correspondiente a los artículos sobre los cuales el Fiscal General de la Nación presentó reparos se aprobó adicionando proposiciones acordadas entre Gobierno, Fiscal, FARC y Congresistas.

Algunos destacados son la Competencia material de la JEP, que hace referencia a las circunstancias de modo y tiempo que definirán cuál jurisdicción tendrá competencia para conocer de la investigación y juzgamiento de los delitos expresamente señalados en esta norma. En ese sentido queda claro que la JEP conocerá de algunos delitos, en particular cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 y siempre que los actores estén acreditados como miembros de las FARC-EP; de los cometidos en fecha posterior tendrá conocimiento la Jurisdicción ordinaria.

Están en este bloque también Competencia personal, donde se mantienen las facultades de la jurisdicción ordinaria para conocer los delitos cometidos por desertores que entren a hacer parte de las organizaciones criminales y sobre quienes no habrá ningún tipo de beneficio. Sin embargo, no se aprobó la eliminación de la suspensión condicional de la pena, como lo había pedido el Fiscal.

Fueron excluidos de este bloque los artículos que regulan los Requisitos para acceder al tratamiento especial y Reglas especiales transitorias. No queda claro cómo fueron aprobadas en la reapertura de votación, dado que durante el debate se acordó “Dejarlo como estaba en la Ponencia” pero en la página del Congreso aparecen como aprobadas las proposiciones del Fiscal. Hacemos un llamado a las Comisiones a aclarar este asunto.

Los artículos con proposiciones de los legisladores. 
Entre las proposiciones aprobadas se halla la que presentó la Senadora Viviane Morales, del Partido Liberal, sobre el impedimento a abogados extranjeros para llevar procesos de esta jurisdicción en el marco del Derecho a la defensa.

Las discusiones más álgidas durante el debate se presentaron sobre los artículos que regulan la Participación política de quienes hayan sido objeto de sanción por parte de la JEP, debido a la proposición de la Representante Angélica Lozano y la Senadora Claudia López, en el sentido de negar la posibilidad de acceder a curules sin al menos cumplir con la obligación de aportar a la verdad. Esta proposición junto al artículo que regula la Responsabilidad por mando de los miembros de la Fuerza Pública tuvo votación negativa inicialmente; luego de lograr el ingreso de la bancada conservadora al recinto, se solicitó reapertura de votación para estos dos artículos (30 y 67 respectivamente) y se aprobaron conforme al contenido del texto original de la ponencia.

El tiempo corre y la reforma política y electoral no avanza

Durante las sesiones del 10 y 11 de octubre para el trámite del acto legislativo de la reforma política en la plenaria de la Cámara de Representantes se han radicado alrededor de 40 impedimentos presentados por las diferentes bancadas, de los cuales se han evacuado alrededor de 24, aunque es probable que para la siguiente sesión se presenten más dado el grado de incertidumbre de los congresistas con relación al Tribunal de Aforados y las reglas electorales que para varios parlamentarios presentan un conflicto de intereses.

La reforma política presenta un retraso de 41 días desde que fue aprobada en la Comisión Primera de la Cámara y hasta el momento en la Plenaria no ha comenzado la discusión del proyecto que contiene dos ponencias, una de archivo presentada por el Centro Democrático y la ponencia mayoritaria, que ya cuenta con aproximadamente  40 proposiciones radicadas en la secretaría, que buscan modificar la reforma.

Además, el trámite de la reforma se ha visto retrasado por la falta de orden en los debates que preside la mesa directiva de la Plenaria encabezada por el representante Rodrigo Lara, de Cambio Radical, quien manifestó en una carta que se apartaba del gobierno, incluso en el trámite de los proyectos para la implementación del Acuerdo de Paz.

Por este motivo, varios representantes de diferentes bancadas, incluyendo las dos vicepresidencias de la mesa directiva de la Plenaria firmaron una carta dirigida al representante Lara solicitando que, para los debates de Reforma Política, CTEP y la JEP no sea él quien presida, para que se pueda orientar mejor el debate y que no exista un conflicto de intereses para el Representante al dirigir la plenaria. También se propone dentro de la carta que los días 17, 18, 19 y 20 de octubre se declare sesión permanente en la Plenaria para evacuar los proyectos de reforma política y CTEP.

De las 40 proposiciones que se han presentado, se destacan las de los representantes Rodrigo Lara, María Eugenia Triana y Berner Zambrano, que buscan eliminar los límites de la financiación privada a las campañas electorales, las seccionales regionales del Consejo Nacional Electoral, las listas cerradas y el Tribunal de Aforados. De ser aprobadas estas proposiciones se vulnerarían el espíritu de la reforma y se profundizarían las problemáticas ya existentes en la democracia colombiana. El debate de la reforma fue citado nuevamente para el 17 de octubre a la 1:30 p.m., solo hasta entonces sabremos cual será el rumbo que seguirá el proyecto a menos de 50 días de que termine el procedimiento legislativo especial para la paz.

La Audiencia Pública sobre el proyecto de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

El 12 de octubre se realizó la Audiencia pública sobre CTEP que fue solicitada por varias organizaciones de la sociedad civil desde el mes de septiembre. La citaron Alirio Uribe (Polo), Albeiro Vanegas (Partido de la U), Santiago Valencia (Centro Democrático) y Silvio Carrasquilla (Liberal). Solo estuvieron dos de los ponentes, Vanegas y la Representante Angélica Lozano que dirigió la última parte de la sesión.

Se presentaron 26 intervenciones de organizaciones de varios sectores sociales y participó también el Registrador Nacional del Estado Civil. Groso modo, las propuestas y desacuerdos de las organizaciones frente al proyecto giraron en torno a los siguientes puntos:

La exclusión de las cabeceras municipales. Esta decisión tomada en la Comisión Primera en tercer debate conllevaría a que 75% de las personas que representan el censo electoral y que con ocasión del conflicto debieron registrar sus cédulas en las cabeceras de esos municipios no pueda ejercer su derecho al voto.

Paridad de género para la conformación de las listas. El llamado de las organizaciones a dejar expresa la participación material de la mujer en las listas y no sólo como principio general del proyecto, en ese sentido proponen que, al menos, una de las personas que conforme la lista sea mujer.

Acreditación de organización social. Con la exigencia de personería jurídica para las organizaciones que quieran postular candidatos se dejaría por fuera a muchas que a pesar de no contar con este requisito llevan muchos años aportando en las regiones, recomiendan que se apele al principio de buena fe y que sea el Ministerio del Interior, la Defensoría o las Personerías Municipales, quien otorgue acreditación a aquellas organizaciones que deseen participar en estar circunscripciones, y no a la autoridad electoral regional.

Acreditación como víctima. El proyecto aprobado obliga a que las víctimas que se postulen estén incluidas en el Registro Único de Víctimas. Con lo anterior, un número significativo de víctimas individuales y colectivas no podrían postularse y se vulnerarían sus derechos toda vez que la Corte Constitucional ya ha expresado que el registro es un requisito declarativo y no constitutivo de esta condición para beneficios legales y de protección.

Calendario electoral. Existe una seria preocupación sobre los tiempos del calendario electoral. Según datos de la MOE el 46.1% (77 municipios) de los 167 que componen las CTEP poseen un déficit de cedulación, 51,9% (40 municipios) se concentran en 4 circunscripciones, 116 municipios de los 167 tienen dificultades de acceso a puestos de votación, la población de dichos municipios representa el 70% del total de las Circunscripciones; por lo que se requiere establecer como mandato a la Registraduría Nacional del Estado Civil la realización de campañas masivas de cedulación en dichos municipios, campañas de pedagogía sobre el proceso de inscripción de candidatos y la ubicación de nuevos puestos y mesas de votación que garanticen el acceso de la ciudadanía, estableciendo a su vez, un calendario electoral especial que permita a la Registraduría atender dichas demandas y garantizar derechos políticos.

Adicionalmente, las organizaciones indígenas se quejan por excluir a los cabildos indígenas de participar en estas circunscripciones, generándole una causal de inconstitucionalidad al Acto legislativo debido a la vulneración a los derechos de las minorías étnicas.

Así mismo, otras organizaciones expresaron su preocupación sobre la presencia de actores armados ilegales, por lo cual recomienda incluir un parágrafo tercero que ordene verificar quince días antes de las elecciones el orden público en las zonas focalizadas. Y de no darse las garantías de seguridad suspender las elecciones en dichas circunscripciones.

Puedes leer: El sindicalismo se pronunció en la audiencia sobre Circunscripciones Especiales de Paz

Las preocupaciones del Registrador.

Una de las intervenciones que generó el primer acto de desorden en la Audiencia fue la del Registrador Nacional, debido a que, para el Representante Albeiro Vanegas, con estos reparos busca engavetar un proyecto que da respuestas en modos y tiempos a la labor de esta Autoridad electoral en el marco de las Circunscripciones.

Dentro de los asuntos que presentó el Registrado como preocupantes se encuentran:

1. Periodo de Inscripción de candidatos. Se requiere disponer de un tiempo prudencial para su inscripción, que además impacta en la preparación de les tarjetas y formularios electorales.
2. Autoridad acreditadora de requisitos, pues aún se ha establecido cuál sería la autoridad competente para acreditar los requisitos especiales para participar en estas circunscripciones transitorias.
3. Facultades de la Registraduría: Para identificar y ubicar puestos de votación nuevos en zonas rurales, apartadas y centros poblados dispersos de los lugares que no se encuentran su DIVIPOL (La división político-administrativa en la que se organizan y codifican los lugares de votación en todo el país). Hoy esto es competencia de los alcaldes.
4. Las creaciones de nuevos puestos de votación requieren de un periodo de inscripción de ciudadanos con el fin de conformar el censo electoral del lugar.
5. Comisiones de Escrutinio: Teniendo en cuenta que las CTEP comprenden municipios de más de un departamento, existe la necesidad de una reglamentación especial para el proceso de escrutinios y la correspondiente declaratoria de elección, para lo cual debe considerarse la conformación de comisiones escrutadoras que aún no se encuentran definidas.
6. Armonización de calendarlos electorales y fases del proceso: Las actividades establecidas en el calendario electoral para Congreso de la República se encuentran definidas legalmente con términos perentorios, existe la necesidad de adecuarlos y ampliarlos.
7. La ausencia de recursos financieros y humanos para el desarrollo de todas esas tareas que tendrá que hacer la Registraduría.

Sin embargo, algo de razón hay en los señalamientos del Registrador, de allí que sea necesario que se le den facultades especiales a esta Autoridad para ubicar nuevos puestos, modificar calendario electoral, que se asigne presupuesto que pueda operarse de forma rápida para que no haya obstáculos en la implementación de las CETP.

Sin quorum la Plenaria del Senado

En el orden del día del 10 de octubre se hallaba registrado por tercera ocasión la votación a la conciliación del Acto Legislativo sobre monopolio de uso de la fuerza, más conocido como prohibición del paramilitarismo. De acuerdo con la lista de asistencia estaban en el recinto 85 Senadores y senadoras, pero sólo abrieron registro 47, de los cuales 46 votaron a favor. En la medida que se fueron retirando los Congresistas, no fue posible mantener quorum y hubo que suspender la jornada.

Las constancias del Centro Democrático.

Antes de la votación, se dieron 30 minutos para las constancias, que en su mayoría expresaban un rechazo por lo sucedido en Tumaco, haciendo un llamado al Gobierno a esclarecer los hechos y a llevar a cabo una política de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y no de erradicación forzosa, especialmente en Nariño, aspecto en el que se había insistido desde años antes. Algunos piensan que esto puede afectar el posconflicto y la implementación del Acuerdo.

Sin embargo, el Centro Democrático, centró sus constancias en señalar que las disidencias de las FARC están extorsionando a personas cerca de las zonas veredales y van más de 500 personas que han vuelto a delinquir. Insisten que lo de Tumaco demuestra la necesidad de la erradicación forzosa. Incluso se van a temas diferentes para dilatar e impedir la votación que les corresponde en el momento, como es el caso del Senador Iván Duque que planteó la preocupación sobre la discusión de la JEP y Alfredo Ramos que la llama “Justicia Especial para la Persecución”, pues dice que quienes conformaban el Comité de Escogencia de los magistrados tenían investigaciones penales.

Seguimos esperando que las demás bancadas, en aras de sacar adelante este proyecto, que ya es presentado en los medios nacionales como aprobado, hagan un esfuerzo para que esta norma vea la luz y por fin en este país haya un sustento legal para la persecución de paramilitares y se procure la no repetición de los hechos cometidos por estos grupos.

Los proyectos de Reforma Rural Integral no se movieron esta semana

Los cuatro proyectos sobre de RRI esta semana no aparecieron en el escenario: Adecuación de tierras, Innovación agropecuaria, Catastro multipropósito y Adjudicación de baldíos, siguen esperando a que el Congreso les preste atención y defina los trámites que le corresponden a cada uno.
En el caso de Innovación, su debate en Plenaria del Senado ha sido aplazado por razones diversas, la última fue el Partido por la clasificación al mundial de fútbol entre Colombia-Perú, y aunque se esperaba que se agendara para el miércoles 11, tampoco fue incluido en el orden del día “Una embarrada” como lo asumió el presidente de la Plenaria ante la pregunta por el proyecto del Senador Alexander López del Polo Democrático.

Se realizó Debate de control político sobre el Costo fiscal de las amnistías.

El Senador del Centro Democrático Fernando Araújo citó un debate de control político sobre el costo fiscal de las amnistías otorgadas en virtud de la Ley 1820 de 2016 e igualmente el impacto fiscal del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, el pasado 9 de octubre en la Comisión Tercera del Senado, a la que asistieron la viceministra general de Hacienda y el Ministro de Justicia y el Derecho.

Las críticas del Centro democrático:

Para la Senadora María del Rosario Guerra la financiación de la implementación debería hacerse con el patrimonio de las FARC, que asciende a 100 mil millones de dólares y no con recursos de regalías. Emplear estos segundos, implicaría, en la lógica de la Senadora, quitarle recursos a hidrocarburos y a la ciencia y tecnología la inversión de regalías directas. Agregó que del Sistema General de Participación se destinará a la implementación un 0,8%, sin atender que los otros temas tienen presupuestos insuficientes. Y en ese sentido, los más afectados por la financiación de la implementación serán los municipios y departamentos. Para la Senadora se está invirtiendo más en los desmovilizados que en las víctimas y frente a la erradicación de cultivos ilícitos considera que no todas las familias cocaleras están siendo beneficiarias de los recursos destinados para tal fin, de allí que sea necesario retomar la aspersión aérea de cultivos y la erradicación obligatoria.

Por su parte el Senador Iván Duque considera que hay tres vacíos en la formulación del marco fiscal, en relación con:

1. Se está contemplando una reducción del déficit al 1% para el año 2022, sin embargo, se da de forma paralela a otras inversiones no esclarecidas por el gobierno en: salud, transporte masivo, Electricaribe y el déficit de universidades públicas y, en general, de la educación. De este modo aparecerán sobrecostos que no se tienen en cuenta, por lo que no se sabe de dónde saldrán recursos para cumplir los acuerdos.
2. Si en la implementación se le ha dado prelación a lo rural por qué el Ministerio de Agricultura ha tenido reducción de presupuesto en los últimos años.
3. La JEP requiere al menos 2 billones solo para ponerla en marcha, a lo que se le agrega el costo de más magistrados, lo cual implica más de 30 millones de pesos y para la nueva Fiscalía más de 400 millones de pesos. Su reflexión es que a este gobierno le gusta hablar de ingeniería de detalle, pero la implementación no la tiene.

Respuestas del Gobierno:

El Ministro de Justicia y el Derecho, Enrique Gil Botero y la Viceministra de General de Hacienda, Paula Acosta, respondieron a las críticas presentadas en el debate, que el trámite administrativo de liberación de guerrilleros de las FARC sigue el mismo protocolo en tiempo y forma que los asuntos ordinarios del INPEC, lo que implica que no aumentó el personal para realizar dicho trámite, pero además, en desarrollo de dicho trámite no se realiza ninguna actividad relacionada con el derecho de las víctimas, dado que al INPEC no le compete la función de verdad, justicia y reparación. La amnistía, en ese sentido, dado que es concedida por una autoridad judicial por delitos políticos y conexos, no genera víctimas directas.

Por otro lado, señalaron que el Ministerio de Hacienda realizó un ejercicio de costeo de cada punto del acuerdo, de lo que salen 7 metas, dentro de estas, ya algunas se vienen atendiendo en desarrollo de las políticas públicas como reducción de la pobreza, cobertura a la primera infancia, entre otros.

Aclaran que el Presupuesto general por tener enfoque territorial prioriza 170 municipios. En cuanto a las fuentes de financiación, explica que 36% proviene del Presupuesto General de la Nación, el 30% del Sistema General de Participaciones, el 15% del Sistema General de Regalías, el 4% de entidades territoriales, el 9% de Cooperación internacional (proyección en la que manifiesta que han sido prudentes, ya que se considera a Colombia como un país de ingreso medio, por lo que las fuentes de financiamiento no son donaciones sino condiciones preferenciales de créditos) y 6.4% en inversión privada.

Los saldos del Fondo de Ciencia y Tecnología dirigidos a la financiación de infraestructura de transporte para la implementación del Acuerdo Final

El Acto Legislativo 08 de 2017 modificó el artículo 361 de la Constitución Política sobre el Sistema General de Regalías (SGR) para reasignar recursos hacia la financiación de proyectos de inversión relacionados con la implementación del Acuerdo Final en los siguientes casos:

• Cuando una entidad territorial que recibe recursos del SGR para el ahorro pensional cubra sus pasivos pensionales;
• En todos los casos, un 7% de los ingresos del SGR a una Asignación para la Paz;
• Cuando no se hayan aprobado saldos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación a 31 de diciembre de 2016. El 50% de estos recursos se dirigirá a la Asignación para la Paz y el 50% restante se dirigirá al Fondo de Desarrollo Regional.

El mismo Acto Legislativo señala que los proyectos de inversión que se vayan a financiar con los recursos del SGR destinados para la implementación del Acuerdo Final deberán guardar concordancia con el régimen de planeación vigente, el componente específico para la Paz y la implementación del Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de desarrollo de las entidades territoriales.

El Decreto 1634 del 5 de octubre de 2017 desarrolla este Acto Legislativo y ajusta el presupuesto bienal 2017 – 2018 del SGR. Se efectúa un contracrédito (“devolución” al presupuesto del SGR) por UN BILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES Y MIL SCIENTOS SEIS MON LEGAL ($1.380.491.066.606) y se reasigna la misma suma para todos los departamentos del país, a través del Fondo de Desarrollo Regional y la Asignación para la Paz. Los departamentos que más recursos recibirán son:

Cuadro 1. Recursos del SGR para financiación de obras de infraestructura en desarrollo del AF

Agenda legislativa semana 17 al 20 de octubre de 2017

Los 5 proyectos pendientes por presentar al Congreso en  45 días que quedan del Fast Track son: