8 miembros del Congreso de Estados Unidos reafirman su compromiso con los derechos laborales en Colombia

—Senador Camilo Romero pide que se active la comisión colombiana de seguimiento al Plan de Acción Obama Santos—

Ocho integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, miembros del Grupo de Monitoreo de Asuntos Laborales en Colombia (CMG), emitieron el pasado fin de semana un comunicado en el que ratifican su compromiso de defender los derechos laborales en nuestro país, dentro del marco del Plan de Acción Laboral (LAP, por sus siglas en inglés), suscrito el 7 de abril de 2011 por los presidentes de Colombia y Estados Unidos, como condición para la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

El LAP, como se sabe, resume las medidas específicas que debe tomar Colombia para abordar cuestiones laborales graves y urgentes, incluyendo violencia contra miembros de sindicatos colombianos, la impunidad de dichos casos, e insuficiente protección de los derechos de los trabajadores en Colombia.

Los 8 parlamentarios estadounidenses que suscribieron el comunicado son: George Miller, Rosa L. DeLauro, Keith Ellison, Sam Farr, Hank Johnson, Sander Levin, James P. McGovern y Michael H. Michaud, quienes hacen parte de la Comisión que desde Estados Unidos le hace seguimiento al LAP, y que tiene como par en Colombia la Comisión Accidental creada por la mesa directiva del Senado en noviembre de 2011, la cual coordina el senador Camilo Romero.

Por su parte WOLA, que es la sigla de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, comentó positivamente el comunicado de los 8 parlamentarios estadounidenses. En igual sentido se pronunció el senador Camilo Romero, quien planteó la necesidad de que se reactive la Comisión Accidental que él coordina y que hace seguimiento al LAP por parte de Colombia, de la cual también hacen parte los senadores José Iván Clavijo, Juan Mario Laserna, Edinson Delgado, Maritza Martínez y Edwin Hurtado, en representación de diversos partidos políticos.

Lea a continuación el texto del comunicado de los 8 congresistas norteamericanos, así como las declaraciones de WOLA y del senador Camilo Romero, Presidente de la Comisión Accidental del Senado de la República dedicada al seguimiento del Plan de Acción en Derechos Laborales.

Texto del comunicado de los congresistas de E.U

En su comunicado, los 8 congresistas integrantes de la CMG, afirman lo siguiente:

“Valoramos el Plan de Acción Laboral y lo consideramos una oportunidad histórica para abordar a los problemas de derechos laborales en Colombia. Para poder lograr estos cambios, en los años siguientes se necesita esfuerzo continuo, recursos financieros, asistencia técnica y compromiso político. 

“El CMG señala que durante los últimos 15 meses, desde el anuncio del LAP, el gobierno de Colombia ha tomado varias medidas importantes. Por ejemplo, ha restablecido un Ministerio de Trabajo distinto, ha aumentado el número de fiscales e investigadores que trabajan en casos de violencia contra los sindicalistas, ha adoptado leyes y decretos legislativos para controlar los abusos de cooperativas y otros contratos indirectos, y ha empezado a reforzar la inspección dirigida a la implementación de estas nuevas disciplinas.

Asimismo, han sido notables las multas a algunas de las compañías en los sectores de puertos y palmas, como sanción al uso de cooperativas ficticias, lo cual constituye un mensaje importante para que los empleadores no sigan utilizando estas entidades para eludir la contratación directa de trabajadores y trabajadoras. Estos desarrollos demuestran el fuerte compromiso del Presidente Santos, del Ministro Rafael Pardo y otros reformistas dentro del gobierno colombiano. Apreciamos la dedicación del Ministro de Trabajo, Rafael Pardo, al implementar el LAP y su buena voluntad para colaborar con el CMG.

A la vez, se necesita más trabajo para asegurar que los objetivos del LAP se conviertan en realidad. Por ejemplo, según los estadísticos de la Escuela Nacional Sindical (ENS), de Colombia 34 sindicalistas han sido asesinados desde que el LAP tuvo efecto. En la gran mayoría de los homicidios todavía no se sabe quién dio el orden o cometió los crímenes. Asimismo, la ENS informó que 485 sindicalistas han recibido amenazas de muerte desde el anuncio del LAP. Es inquietante que, hoy día, se dirijan las amenazas a los mismos trabajadores que tratan de utilizar las nuevas herramientas contempladas en el LAP, incluyendo los sectores designados como prioritarios para las inspecciones consideradas en el Plan. Hay informes que sugieren que muchos de los trabajadores que han buscado la protección del gobierno, siguen enfrentando retrasos para recibir una respuesta, a pesar de las últimas reformas dentro del programa nacional de protección.
 
Para disuadir de forma seria las amenazas y la violencia en contra de sindicalistas, los fiscales tienen que identificar, culpar, e imponer una pena oportuna  a los delincuentes y autores intelectuales de estas amenazas y actos de violencia. Además, es imperativo que no se les retrase la atención a aquellos sindicalistas que claramente necesitan protección.
 
También está claro que para detener eficazmente el uso de las cooperativas ficticias y otras formas de uso de contratos similares para evitar la contratación directa, el Ministerio de Trabajo tendrá que hacer cumplir con firmeza el alcance completo de la nueva legislación. Esto debe de incluir la aplicación de la ley y del decreto hacia toda forma de contrato indirecto, así como la prohibición total (bright-line prohibition) de las cooperativas y otras entidades similares que realizan labores misionales en las empresas. Vamos a hacer un seguimiento cercano de los esfuerzos del Ministerio en este sentido.
 
Igualmente importante sería la rigurosa aplicación de la nueva ley que fija penas de cárcel a los actos que impiden o interrumpen los ejercicios de derechos laborales, incluyendo el ofrecimiento de mejores términos y garantías a un pacto colectivo que a un pacto sindicalista. La nueva ley podrá disuadir a violaciones de los derechos de los trabajadores, siempre y cuando el Fiscal General de Colombia está activo en el enjuiciamiento de casos y la búsqueda de penas de cárcel para los infractores empleadores. Lamentablemente hasta la fecha no tenemos conocimiento de ningún caso que haya sido judicializado.
 
La implementación exitosa del LAP requerirá de una dedicación firme por parte de los gobiernos de EE.UU y Colombia, de las empresas locales y multinacionales que operan en Colombia, y de los sindicatos y la sociedad civil de ambos países. Los esfuerzos claves son la comunicación y el seguimiento de los progresos realizados por los trabajadores y los empleadores de los sectores prioritarios del LAP, y un proceso transparente para evaluar formalmente el progreso. Mediante la convocatoria de diálogo entre los dos gobiernos, organizaciones laborales y empleadores, nosotros creemos que el Ministerio de Trabajo puede proveer el impulso necesario para LAP.

Mientras avanza este proceso esencial, esperamos con interés seguir trabajando con el gobierno de Colombia, incluyendo la comisión del Senado de la República establecida para observar el LAP. Nuestra promesa de asegurar el progreso de este proceso es de largo plazo, y nuestro esfuerzo nunca cejará hasta que los trabajadores en Colombia puedan usar las herramientas incluidas en el LAP para que puedan ejercer todos sus derechos laborales”.

Senador romero pide activación de la Comisión colombiana

El senador Camilo Romero emitió un comunicado en el que respalda la declaración de sus pares estadunidenses miembros del CMG, al tiempo que pidió la activación de la comisión de seguimiento del senado colombiano. En este comunicado señala el senador Romero:

“Hay un Plan de Acción establecido, en el cual se definen compromisos muy importantes para el mejoramiento de las condiciones de nuestros trabajadores y trabajadoras. Y aunque, se ha avanzado de manera evidente, con la creación del Ministerio de Trabajo y se han adoptado algunas medidas normativas frente a los casos de violencia contra los sindicalistas, la tercerización laboral, el castigo a ciertas empresas y la generación de nuevos empleos, la tarea no ha finalizado, ya que se necesitan políticas fuertes de generación de trabajo decente, de fortalecimiento de las inspecciones laborales, de justicia frente a la violencia sindical y de mayor severidad en las sanciones.

Nosotros, como los congresistas estadounidenses, también creemos que Colombia tiene una oportunidad histórica para solucionar de manera integral los problemas laborales que vive nuestra gente. Pero para lograrlo, es necesario que la Comisión Accidental de Seguimiento al Plan de Acción del Acuerdo Obama Santos se dinamice y los Congresistas colombianos dimensionen la importancia que ésta reviste.

El tema del trabajo en Colombia no se puede agotar con medidas aisladas, requiere y lo reiteraremos siempre, el compromiso decidido del gobierno nacional en la creación de políticas de Estado. No puede ser que los parlamentarios extranjeros, con sus buenos oficios, estén más atentos que nosotros a la situación laboral de nuestro país”.

Declaración de WOLA

Por su parte, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), reaccionó al comunicado de los 8 parlamentarios estadunidenses en los siguientes términos:

“El Plan de Acción Laboral entre los Estados Unidos y Colombia es fundamental para garantizar que la protección de los derechos laborales continúe avanzando en Colombia. Mientras que EE.UU. y Colombia han tomado medidas para poner en práctica el plan, graves violaciones de los derechos laborales continúan. Los sindicalistas siguen siendo asesinados, amenazados de muerte, y son víctimas de falsas acusaciones legales. Los trabajadores de los puertos, el azúcar, el petróleo, la minería y el sector de flores siguen enfrentando obstáculos y represalias cuando ejercen sus derechos, y muchos trabajadores se quedan sin contratos directos. Por estas razones WOLA apoya firmemente la CMG en su compromiso de largo plazo de asegurar el progreso bajo el LAP”.

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