Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral con Trabajo Decente

Informe basado en Punto Nº1 del Acuerdo de Paz de La Habana sobre reforma rural


El principal problema de casi todas las zonas rurales[1] colombianas es la gran cantidad de población que vive allí en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. En 2015 la tasa de pobreza en el campo fue 40,3%, casi el doble de la de las cabeceras, que fue 24,1%. Y la tasa de pobreza extrema, es decir, la indigencia, era el 18,0% de la población rural, cuatro veces por encima de la tasa de las cabeceras: 4,9%.

La situación de pobreza rural se explica, en parte, por las condiciones laborales de su población, cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta básica de bienes. En 2015 el promedio de ingreso laboral en la zona rural fue de $439.571, frente a $1.048.367 en las cabeceras.

De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario, el sector agropecuario colombiano se ha caracterizado por tener un gran número de Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) con poca área, en contraste con un número bastante reducido de grandes unidades de producción con mucha área disponible. El 69,9% de las UPA tiene menos de 5 hectáreas, y ocupan menos del 5% del área total censada. Y sólo el 0,4% de las UPA tiene 500 hectáreas o más, o sea el 40,1% del área total censada.[2]

Una reforma rural integral que corrija este desajuste estructural, debe sentar las bases para la trasformación del campo y mejorar las condiciones de bienestar de la población, empleos estables y productivos en condiciones de trabajo decente, empleos con derechos y protección social, con libertades sindicales y diálogo social eficaz. No de otra manera se logrará una paz estable y duradera.

En este contexto, y en el marco de las jornadas mundiales por el Trabajo Decente, la Escuela Nacional Sindical publica su 9° Informe Nacional de Trabajo Decente, centrado en el sector rural, que incluye información sobre estado de la formalización laboral, la protección social, y el derecho de asociación sindical[3].

Y como preámbulo, consideramos válido reivindicar el apartado 1.3.3.5 del Acuerdo que firmaron el Gobierno Nacional y las Farc en La Habana, el cual de manera general establece:

El Gobierno Nacional fortalecerá al máximo el sistema de protección y seguridad social de la población rural, con un enfoque diferencial y de género, a la luz de las normas de la OIT de las que Colombia es parte, con el propósito de garantizar el trabajo digno y los derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo, y su protección social (protección a la vejez, maternidad y riesgos laborales). El Gobierno Nacional creará e implementará el Plan progresivo de protección social y garantía de derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales.

Se trata pues de un Plan que dignifica las condiciones laborales rurales mediante la aplicación de la normatividad sobre contrato laboral, jornada laboral, remuneración y subordinación, considerando los desarrollos jurisprudenciales favorables al trabajador, las normas de la OIT sobre el trabajo, y en particular sobre el trabajo rural.

Es un Plan que trata de garantizar el derecho fundamental al trabajo en condiciones de igualdad para hombres y mujeres, y que tiene en cuenta varios temas clave, como son: trabajo infantil, garantías de protección social, promoción y estímulo a procesos organizativos de las y los trabajadores, vinculación laboral de personas en situación de discapacidad, equidad y vinculación laboral de las mujeres, formación para el trabajo y formalización de empresas en materia de obligaciones y derechos laborales, inspección laboral en zonas rurales, protección de la tercera edad y de las mujeres trabajadoras.

En este informe especial mostraremos un panorama general de la situación laboral y de derechos humanos fundamentales en cada uno de los ítems que trata el apartado 1.3.3.5 del punto uno del Acuerdo Final firmado por el Gobierno Nacional y las Farc. Veamos:

 

Campañas para la erradicación del trabajo infantil


Campañas para la erradicación del trabajo infantil y medidas inmediatas para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil. (Apartado 1.3.3.5. Formalización laboral rural y protección social del Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

En 2015 la Tasa de Trabajo Infantil (TTI) fue variable según las diferentes zonas del país.  Mientras que en las cabeceras se ubicó en 6,7%, representando a un total de 548.000 niños, niñas y adolescentes trabajadores (NNA), en la zona rural la TTI fue más del doble: 15,6%, esto es 470.000 NNA que trabajaban.

Es una situación alarmante, que se agudiza cuando se consideran los NNA que realizaron oficios del hogar por 15 horas o más, es decir, la Tasa de Trabajo Infantil Ampliada (TTIA). Se encontró que en las cabeceras esta tasa fue de 11,0% (345.000 NNA), mientras en la zona rural se duplicó: 22,4% (203.000 NNA).

El trabajo infantil trae consecuencias de corto y largo plazo, limitantes del disfrute de los derechos de los niños y niñas y por tanto de su desarrollo. Es un factor que se reflejará en la baja calidad de los trabajos que obtendrán en su vida adulta, o en la limitación para acceder al empleo. El trabajo infantil aleja a los menores de la educación. En la zona rural el 36,7% de los infantes que trabajaban no asistieron a una institución educativa, el resto combina educación y trabajo, situación que redunda en bajo nivel académico y en deserción escolar, en tanto no proporciona ingresos o apoyo económico a sus familias.

Las razones por las cuales los NNA trabajan varían dependiendo de la zona. En la cabecera el 48,4% trabajaba porque le gusta mantener su propio dinero, mientras que en la zona rural el 43,2% lo hacía porque debía participar en la actividad económica de la familia.

 

Garantías de protección social


La garantía de protección social, mediante un beneficio económico periódico para los trabajadores y trabajadoras del campo en edad de jubilarse y de un subsidio de riesgos laborales, proporcional a un ahorro individual acompañado de un subsidio por parte del Estado. (Apartado 1.3.3.5. Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

Para los 4´758.000 trabajadores y trabajadoras rurales el panorama es, en la práctica, de exclusión de la seguridad social. Mientras en las cabeceras el 45,5% de los ocupados contribuyó a salud en el régimen contributivo, en la zona rural sólo contribuyó el 14,1%. Situación similar se presentó en la afiliación al sistema pensional, al cual el 41,4% de los ocupados de las cabeceras estaba afiliado, frente a 12,4% de los ocupados de la zona rural. La afiliación a cajas de compensación familiar sigue la misma línea: 33,7% de los ocupados en las cabeceras y el 8,9% de los ocupados en el campo.

Si calculamos la informalidad laboral por la no afiliación a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), las cifras son escandalosas. La tasa de informalidad laboral en la zona rural fue de 89,3%, es decir, 4´248.894 ocupados en esta condición. Mientras en las cabeceras la tasa de informalidad se ubicó en 62,3%, o sea 27 puntos porcentuales por debajo.

La promoción y estímulo de procesos organizativos de trabajadores(as)


 La promoción y estímulo de procesos organizativos de los trabajadores y trabajadoras del campo a través de formas asociativas basadas en la solidaridad y la cooperación, de tal forma que se facilite el acceso a servicios del Estado orientados al bienestar de los trabajadores y trabajadoras. (Apartado 1.3.3.5. Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

Si bien el ejercicio de la libertad sindical por parte de los trabajadores y trabajadoras del país tiene restricciones, para los trabajadores del sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca este ejercicio es casi inexistente, debido en gran parte al impacto que ha tenido la violencia antisindical.

Sólo el 9,9% de los ocupados en el sector agrícola tenía contrato de trabajo regulado por la ley, y apenas el 6,7% de los asalariados con contrato se beneficia de un convenio colectivo de trabajo[4].

Según el Sistema de Información en Derechos Humanos de la ENS (Sinderh) entre 1979 y 2016 se registraron 3.211 violaciones a la vida, libertad e integridad física contra sindicalistas del sector agricultura, caza y pesca y minas y canteras, siendo el homicidio la principal forma de victimización, con 1.207 casos[5], cifra que representa el 38,9% del total de homicidios a nivel nacional en el mismo período, que fue 3.101.

La violencia no sólo incidió en la pérdida de vidas y la instauración del terror, sino también en el debilitamiento y extinsión de sindicatos rurales, y con ello la pérdida de garantías y derechos. La violencia entorpeció el surgimiento y fortalecimiento del sindicalismo en el sector rural. Alrededor de 120 sindicatos de estos sectores son hoy sujetos de reparación colectiva porque han sido víctimas por lo menos de un hecho violatorio.

Durante el 2015 se presentaron 192 casos de violaciones a la vida, libertad e integridad de sindicalistas. En 47 de éstos casos las víctimas fueron trabajadores sindicalizados del sector agricultura, caza y pesca, es decir, el 25%. Otras formas de violencia, como las amenazas y los hostigamientos, fueron más recurrentes. Hay una intención de mantener un ambiente de temor en el campo, un temor que limite las posibilidades de mejorar las condiciones de los trabajadores y las comunidades a través de la acción sindical.

 

 Vinculación laboral de personas en discapacidad


La promoción de la vinculación laboral de las personas en situación de discapacidad. (Apartado 1.3.3.5. Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

En 2015 las cabeceras del país reportaron un 40,6% de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL), mientras que en la zona rural este porcentaje fue apenas del 11,7% (556.686 personas ocupadas). Es decir, el 88,3% de los trabajadores rurales estaba excluido del SGRL. Además, son trabajadores a quienes se les vulneran sus derechos laborales, y muchos están vinculados por modalidadades de trabajo informal y precario.

Ese porcentaje de afiliación se encoge en casi dos puntos porcentuales para los ocupados en el sector agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura; sector que en 2015 ocupaba 3´544.000 personas a nivel nacional, y de ellas sólo 9,9% (349.111) tenía afiliación a riesgos laborales. El sector reportó en este año 64.173 accidentes laborales (176 accidentes diarios), y 31 pensiones por invalidez[6]. Reportó 38 muertes y 984 enfermedades laborales calificadas (casi 3 enfermedades diarias), y 5 pensiones por invalidez. También 1.232 indemnizaciones por Incapacidad Permanente Parcial, pagadas a trabajadores por accidentes o enfermedad laboral.

 

Equidad y vinculación laboral de las mujeres y la juventud


La promoción de la vinculación laboral de las mujeres en áreas productivas no tradicionales. Los planes y programas social y ambientalmente sostenibles que se desarrollarán en las zonas rurales, se harán con el concurso de la mano de obra de las comunidades de la zona, hombres y mujeres. Las condiciones laborales de estos programas se adecuarán a la normativa internacional y nacional, y se regirán por los principios de dignidad y equidad. (Apartado 1.3.3.5. Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

La dinámica del mercado laboral siempre ha presentado enormes brechas entre hombres y mujeres, desfavorable a éstas. En las cabeceras la tasa de desempleo de los hombres fue de 7,9%, y la de ellas de 11,9%; mientras en la zona rural la brecha fue mucho mayor: 11,0% mujeres y 3,2% hombres, o sea tres veces superior.

Las mujeres ocupadas en la cabecera tuvieron ingreso promedio un 24,2% inferior al de los hombres ($891.958 frente a $1.176.612). En la zona rural la diferencia fue más profunda: las mujeres tuvieron ingresos 41,6% menores que los hombres ($293.632 frente a $502.928).

Por otro lado, los jóvenes entre 14 y 28 años carecen de proyectos personales y laborales lo suficientemente atractivos y dignos como para retenerlos en el campo. En la zona rural del total de desempleados, los jóvenes representaron el 54,0%, en el caso de la cabecera esta representación fue de 49,3%.

Y cuando se analizan las estadísticas por sexo, las mujeres jóvenes fueron quienes sufrieron mayor desempleo: 20,1%, frente a 6,1% de los hombres jóvenes en la zona rural. En la cabecera las tasas fueron 20,6% y 13,0% respectivamente.

Hay una población a la que se debe prestar especial atención: los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los llamados “Ninis”. En las cabeceras el porcentaje de Ninis fue 18,4%, mientras que en la zona rural se ubicó en 25,6%. La brecha se amplía entre las y los jóvenes Ninis. En las cabeceras el porcentaje de los Ninis fue 11,5%, frente a 25,3% en las Ninis. En tanto en la zona rural la brecha de género entre los Ninis fue mayor, casi 5 veces: 43,8% para ellas y 9,0% para ellos.

 

 Capacitación en materia de obligaciones y derechos laborales


La capacitación a los trabajadores y trabajadoras agrarios y a las empresas, en materia de obligaciones y derechos laborales, y el fomento de la cultura de la formalización laboral. (Apartado 1.3.3.5. Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

Clasificados los empleados por categoría ocupacional, en 2015 las zonas rurales y las cabeceras también tuvieron dinámicas diferentes. En las primeras el 65,8% de los ocupados era no asalariado, frente a 47,3% que estaba en esa condición en las cabeceras.

En la zona rural la mayoría de los ocupados era cuenta propia: 51,6%, seguido por los empleados particulares: 18,6%; jornalero o peón: 12,4%, trabajadores sin remuneración: 10,2%. Mientras en las cabeceras el 43,8% figuraba como empleado particular, 39,9% cuenta propia, 4,6% empleado del gobierno, y 3,1% trabajador sin remuneración.

Así mismo, se encontró que el 91,2% de los ocupados de la zona rural tenía un empleo precario, es decir, sin contrato de trabajo a término fijo o vinculado a través de una empresa de servicios temporales, cooperativas de trabajo asociado o empresa asociativa. Frente a un 70% de ocupados que en las cabeceras se encontraba en esa situación.

El 33,7% de los ocupados de la zona rural tenía una relación laboral ilegal, es decir 1´601.894. Estos trabajadores prestaron sus servicios a un patrón o empleador y éste no le garantizó derechos laborales ni protección social. En las cabeceras la relación laboral ilegal fue el 18,1% del total de ocupados.

En el sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras se registraron 81 protestas laborales y sindicales en 2015, lo que representó un incremento del 19,1% con relación al 2014. Es decir, el 21,6% de los casos registraron en todo el país, que fueron 375.

En cuanto a los motivos que llevaron a los trabajadores a movilizarse, se observó que el 45,6% fueron protestas de rechazo a las políticas generales o de Estado en lo social y lo laboral, lo que también estaría reflejando la ausencia de institucionalidad en la zona rural, o que su presencia es ineficaz para resolver las problemáticas de las poblaciones campesinas. Se destacan 13 acciones de despidos de trabajadores, y 7 más que ocurrieron por incumplimiento de las obligaciones del empleador.

 La inspección laboral en las zonas rurales


El fortalecimiento del sistema fijo de inspección laboral y la creación de un sistema móvil de inspección en las áreas rurales que permita que los trabajadores y trabajadoras puedan exigir debidamente sus derechos laborales y tramitar adecuadamente conflictos de carácter laboral. (Apartado 1.3.3.5. Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

 El sistema de inspección laboral en Colombia está diseñado para atender las zonas urbanas y el sector formal de la economía. Deja por fuera los trabajadores del sector rural que se encuentran en la informalidad. No existe un sistema de inspección para este sector, ni recursos económicos ni logísticos para realizar las inspecciones[7]. Los inspectores no reciben formación especializada, tampoco tienen un programa que demarque su campo de acción, lo que muestra la deficiente aplicación de las obligaciones contenidas en el convenio 129 de OIT sobre inspección en el sector agrícola.

En el país hay 904 inspectores para vigilar la situación laboral de más de 22 millones de trabajadores en 1.123 municipios. Unos 5 millones de éstos se encontraban en el campo, en donde resulta casi inviable realizar negociación colectiva, y es incluso imposible constituir organizaciones sindicales.

Además, sólo 51 municipios (de los 322 municipios priorizados para la ejecución de acciones estatales en la construcción de paz) cuentan con oficina del Ministerio de Trabajo. O sea que hay 271 municipios priorizados que no cuentan con una oficina de inspección del trabajo propia. Los trabajadores allí no cuentan con la presencia institucional necesaria para resolver sus conflictos laborales por las vías democráticas.

 

 Protección de la tercera edad


La extensión de programas para la protección eficaz del riesgo económico de la vejez hacia la población rural de tercera edad en extrema pobreza que no está cubierta por el sistema de seguridad social considerando las necesidades especiales de las mujeres adultas mayores. (Apartado 1.3.3.5. Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

Para el 2015 el total de pensionados por vejez en el país llegó a los 914.276 adultos, 29.875 pensionados más que en 2014, cuando fueron 884.401[8]. Un dato preocupante es que en ese mismo año en el país había unos 5,3 millones de personas mayores de 60 años, lo que significa prácticamente 4 de cada 5 adultos se encontraban desprotegidos, sin un ingreso estable que les garantizara una vejez digna.

En la zona rural la situación de los viejos es más dramática. Sólo el 7,5% de la población adulta recibió una pensión de vejez, mientras que en las cabeceras este porcentaje fue de 30,3%[9].

 

 Protección a la mujer trabajadora


Promover esquemas de protección al embarazo, parto, lactancia y atención en salud para el recién nacido, ampliando progresivamente en cobertura y calidad los sistemas de salud y subsidio familiar, con enfoque especial en la mujer trabajadora del campo. (Apartado 1.3.3.5. Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

La participación de las mujeres en las labores de cuidado[10] fue mayor en la zona rural, equivalente a 93%, frente al 60% de los hombres. Mientras en la cabecera la proporción es del 88,4% frente al 63,9% respectivamente.

El tiempo dedicado a las labores del cuidado fue también mayor, casi cuatro veces, en la zona rural, donde las mujeres dedicaron 7 horas y 33 minutos al trabajo del cuidado no remunerado, más de 5 horas adicionales del tiempo dedicado por los hombres: 1 hora y 53 minutos. Mientras en la cabecera se dedicaron 6 horas y 35 minutos, y 2 horas respectivamente

 Recomendaciones


Este apartado del Acuerdo Final abre el camino para lograr una política de trabajo decente que garantice el cumplimiento de la legislación laboral, la formalización de los trabajadores(as) cuenta propia, el acceso a la seguridad social, a la justicia laboral, a la sindicalización y la negociación colectiva, como formas de superación de la pobreza y de que las y los trabajadores tengan mejores condiciones de vida.

El logro de la paz en el campo es imprescindible para poder diseñar democráticamente un plan de reconstrucción de las zonas rurales que implique un salto en la productividad y en la calidad de vida campesina, para esto es necesario empoderar a las mujeres, fortalecer la institucionalidad estatal rural e impulsar agresivamente la formalización de la propiedad y el trabajo para superar la ilegalidad y disminuir el peso de la economía ilegal en la ruralidad.

El diseño de esta política debe considerar la reivindicación de la soberanía alimentaria por parte de los campesinos, el reconocimiento de la economía del pequeño campesinado, la condonación de sus crecientes deudas, mayor acceso a los créditos, concertación de políticas agropecuarias y distribución equitativa de la tierra, cumplimiento de acuerdos del gobierno con el movimiento campesino, garantía de respeto a los derechos humanos, y el fortalecimiento de la institucionalidad pública laboral, entre otros.

Anexos

 Tabla 1. Principales indicadores laborales y de protección social por zona. 2014-2015

2014 2015
Concepto Resto Cabecera Resto Cabecera
Población ocupada 4.630.000 16.874.000 4.758.000 17.259.000
Tasa de ocupación 54,8% 59,4% 56,0% 59,8%
Población desempleada 279.000 1.872.000 288.000 1.868.000
Tasa de desempleo 5,7% 10,0% 5,7% 9,8%
Población inactiva 3.534.000 9.638.000 3.454.000 9.715.000
Tasa de inactividad 41,9% 34,0% 40,6% 33,7%
Total ocupados por cuenta propia 2.341.000 6.822.000 2.456.000 6.889.000
Participación del cuenta propia en el empleo nacional 50,6% 40,4% 51,6% 39,9%
Total ocupados asalariados 1.619.000 8.754.000 1.626.000 9.094.000
Participación de los asalariados en el empleo nacional 35,0% 51,9% 34,2% 52,7%
Total ocupados no asalariados 3.010.000 8.119.000 3.132.000 8.166.000
Participación de los no asalariados en el empleo nacional 65,0% 48,1% 65,8% 47,3%
Tasa de empleo precario a 91,4% 70,6% 91,2% 70,0%
Tasa de informalidad por acceso a seguridad social (no afiliación a salud, pensión y riesgos laborales) b 89,4% 63,1% 89,3% 62,3%
Ocupados en relaciones laborales ilegales, sin contrato de trabajo y sin protección social c

1.612.220

(34,8%)

3.088.494

(18,3%)

1.601.894

(33,7%)

3.123.357

(18,1%)

a Elaboración propia con base en DANE-GEIH.

b Fuente de Información Laboral de Colombia (FILCO). Ministerio de Trabajo-DANE

c Los ocupados en relaciones laborales ilegales corresponden al número de ocupados que tienen un empleador y este no les garantiza derechos laborales ni protección social. Este indicador se calculó de la siguiente manera: Del total de ocupados asalariados del país se resta el total de ocupados con protección social, dando como resultado el total de asalariados sin protección social, a este último se le suma el total de ocupados que son trabajadores sin remuneración (familiar sin remuneración + trabajador sin remuneración en otras empresas). Los ocupados asalariados son trabajadores que poseen un contrato de trabajo verbal o escrito, por el cual perciben una remuneración de manera estable o regular. Corresponde a la sumatoria de las categorías ocupacionales: empleado particular, empleado del gobierno, empleado doméstico y jornalero o peón (En 2015 el número de asalariados fue 1.626.000). Los trabajadores sin remuneración como su nombre lo indica son trabajadores con un empleo independiente sin remuneración, en el caso de los familiares sin remuneración, laboran en una empresa cuyo propietario es un familiar o pariente que generalmente vive en el mismo hogar (En 2015 el total de ocupados sin remuneración fue de 485.000).

   Tabla 2. Promedio horas trabajadas, años de educación e ingresos por zona. 2014-2015.

Concepto 2014 2015
Resto Cabecera Resto Cabecera
Promedio de horas trabajadas 41,1 45,9 40,6 45,6
Promedio años de educación 5,6 9,7 5,7 9,8
Promedio ingresos laborales $425.874 $1.035.346 $439.571 $1.048.367
Diferencia de ingresos entre resto y cabeceras 58,9% menos 58,1% menos
Promedio ingresos laborales hombres $488.260 $1.165.214 $502.928 $1.176.612
Promedio ingresos laborales mujeres $278.530 $876.206 $293.632 $891.958

Fuente: Fuente de Información Laboral de Colombia (FILCO). Ministerio de Trabajo-DANE.

Tabla 3. Indicadores de mercado laboral población de 14 a 28 años, según sexo y zona 2015.

Indicador Cabeceras Resto
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Tasa de ocupación 49,8% 57,0% 42,7% 49,9% 68,2% 29,9%
Total ocupados 4.697.000 2.674.000 2.023.000 1.321.000 945.000 376.000
Tasa de desempleo 16,4% 13,0% 20,6% 10,5% 6,1% 20,1%
Total desempleados 921.000 397.000 523.000 155.000 61.000 94.000
Tasa de inactividad 40,4% 34,5% 46,2% 44,2% 27,4% 62,7%
Total inactivos 3.809.000 1.621.000 2.188.000 1.170.000 379.000 791.000
Tasa de Jóvenes Ninis* 18,4% 11,5% 25,3% 25,6% 9,0% 43,8%

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares. DANE. *Elaboración propia con base en DANE-GEIH.

Tabla 4. Empresas, trabajadores, sindicalización y negociación colectiva en sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 2015.

  Empresas y Convenios colectivos % Trabaladores %
Población ocupada total 22.017.000
Empresas formales y Población ocupada sector agropecuario 30.779 100 3.544.000 16,1/100
Trabajadores agrícolas afiliados sistema riesgos laborales 349.111 9,9
Trabajadores sindicalizados sector agropecuario 90.370 2,6
Convenios colectivos vigentes sector agropecuario 238 0,8
Trabajadores agrícolas cubiertos por convenios colectivos de trabajo 23.278 0,7/6,7
Ingreso promedio trabajadores agrícolas ($) 503.474

Fuentes: DANE, FASECOLDA. Escuela Nacional Sindical, Sistema de información Sindical y Laboral (SISLAB), Subsistema Dinámica de la Contratación Colectiva, con datos del Ministerio de Trabajo.

Tabla. 5 Comparativo de violaciones a la vida, libertad e integridad contra sindicalistas en sector agricultura, caza y pesca – minas y canteras. 2015

Sector Colombia Agricultura, caza y pesca Minas y canteras
Tipo de violación N° Casos N° Casos N° Casos
Amenazas 113 17 15
Hostigamiento 23 10 1
Homicidios 21
Atentado con o sin lesiones 15 7 2
Detención arbitraria 8 7 1
Tortura 3
Desaparición 3
Secuestro 3 1 1
Allanamiento ilegal 2 2
Total general 192 47 20

Fuente: Sistema de Información en Derechos Humanos, SINDERH, ENS.

Notas

[1] La información de la zona rural corresponde a lo que el DANE llama Centros poblados y rural disperso.

[2] Para información más detallada sobre el Censo Nacional Agropecuario consultar el enlace: http://www.dane.gov.co/index.php/Censo-Nacional-Agropecuario-2014

[3] La información estadística es tomada principalmente de la Gran Encuesta Integrada de Hogares de DANE y de las bases propias del Sistema de Información Sindical y Laboral (Sislab) de la ENS.

[4] La mayoría de los trabajadores agrícolas afiliados a un sindicato son de SINTRAINAGRO: 26,5%, sindicato que además es titular de 165 convenciones colectivas, el 69,3% del total, la mayoría de ellas en el sector bananero (85,5% de la cobertura total).

[5] Sistema de Información en Derechos Humanos, SINDERH, ENS.

[6]  Indica el número de trabajadores que presentaron un accidente de trabajo y se les inició el pago de una pensión de invalidez (pérdida de capacidad laboral mayor o igual al 50%). Lo mismo para la invalidez de la enfermedad laboral.

[7] Al respecto la CEACR en 2009, “…ruega una vez más al Gobierno que tenga a bien proporcionar informaciones precisas sobre el contenido de las cuestiones tratadas en las jornadas de asistencia jurídica, organizadas en todo el territorio nacional, incluidas las localidades más alejadas, a las que el Gobierno hizo referencia en una memoria anterior. Le agradecería tenga a bien indicar si obedecían a una necesidad o si se realizaron como parte de las medidas de extensión de las funciones de inspección con vistas al control de la aplicación de las disposiciones legales relativas a las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas y sus familias.”

[8] Los anteriores resultados sin tener en cuenta a las personas pensionadas de los regímenes exceptuados: Magisterio, Ecopetrol, Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR.

[9] Población masculina de 62 años o más y femenina de 57 años o más receptora de pensión / Población masculina de 62 años o más y femenina de 57 años o más por 100.

[10] Las actividades del cuidado son: a) Suministro de alimentos a miembros del hogar de manera no remunerada; b) Mantenimiento de vestuario para miembros del hogar de manera no remunerada; c) Actividades de limpieza y mantenimiento para el hogar de forma no remunerada; d) Actividades de compras y administración del hogar de forma no remunerada; e) Estar pendiente de miembros del hogar; f) Actividades con menores de 5 años; g) Actividades de cuidado físico a miembros del hogar; h) Actividades de apoyo a miembros del hogar y j) Actividades de voluntariado.

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