Los círculos viciosos de la economía informal en el centro de Medellín

 

 —Reportaje—

Los centros de las principales ciudades del país son hoy escenarios de problemas complejos, relacionados en buena parte con las tensiones que genera la ocupación del espacio público por vendedores informales; problema éste que tiene origen en el desajuste estructural del mercado laboral: el 51.3% de los ocupados en las 13 áreas metropolitanas hace parte de la economía informal, un alto número de ellos en el rebusque puro y duro.

Para efectos de este reportaje, recorrimos el centro de Medellín, miramos, indagamos a los diferentes actores y especialistas relacionados con esta problemática.

 En el centro de Medellín los problemas asociados con el desbordamiento de las ventas informales: frutas, ropa, zapatos, confituras, productos medicinales, artesanías, helados, lotería, minutos celular, lotería, tinto, libros, videos piratas…, alcanza niveles preocupantes; una problemática que mostró su faceta más álgida en diciembre pasado, cuando por las calles del centro, atiborradas de venteros, prácticamente no se podía caminar. Tanto que Fenalco Antioquia reveló que las ventas del comercio formal en el centro, por esta causa, disminuyeron 10%.

Pero lo más grave y sintomático tuvo lugar el 1º de octubre del año pasado, cuando el centro de Medellín vivió una inusitada jornada de desórdenes y saqueos, luego de una protesta de los informales ante los planes de reubicación de la Alcaldía. Todo un campanazo de lo que puede pasar si el problema no se enfrenta en su real dimensión, porque, como lo aseguraron las autoridades, en los desmanes también participaron grupos delincuenciales que medran y tienen algún control en el centro.

En el origen del problema está, sin duda, el hecho de que Medellín tenga una de las tasas más altas de desempleo del país: 12.4% en 2012 (3 puntos más que Bogotá), y que el empleo informal caya en aumento: 0.25% en el último año, para ubicarse en 47.21%. Es además una de las ciudades más receptoras de gentes pobres y desplazadas, principalmente de municipios de Antioquia y Chocó, que sólo encuentran oportunidades laborales en la economía informal.

Se calcula que diariamente 1´200.000 personas transitan por el centro de Medellín, mercado potencial para los 25 mil venteros informales que, se calcula, se instalan o transitan por allí; cifra que para Guillermo Giraldo, de la Unión de Trabajadores Informales de Antioquia, no deja de ser una especulación, dado que no existe un censo que lo certifique. Además sería imposible hacerlo, dada la movilidad de los venteros. La única cifra cierta es la de carnetizados por la Alcaldía, que son 2.902.

Los círculos viciosos del rebusque

Ante la imposibilidad de acceder a un empleo formal los desempleados se pegan de la informalidad como su única tabla de salvación, especialmente la gente joven, que tiene tasas de desocupación más altas; y especialmente ahora, en que por efectos del TLC y la revaluación del peso la industria y la agricultura están perdiendo empleos formales.

Según Giovanni Galeano, miembro de la Asociación de Jóvenes Trabajadores(as) de la Economía Informal, para vender en la calle lo único que se necesita es tener hambre, porque $5 mil es suficiente plante para sobrevivir en el rebusque callejero.

Por lo general las gentes de este oficio empiezan como venteros ambulantes, o sea moviéndose por la ciudad en rutas variables. Cuando toman un poco de fuerza y logran acumular un capital, algunos se convierten en estacionarios: se ubican en un espacio determinado para comercializar sus productos. Y de éstos unos pocos logran avanzar y convertirse en patrones de otros informales, caso las ventas de guarapo, videos, tinto, minutos celulares, etc. La siguiente etapa sería crear empresa, pero a ésta muy pocos logran acceder.

Están pues inmersos en un círculo que ineludiblemente termina también cobijando a sus hijos. Es el caso de Jesús, quien desde hace 18 años vende confituras y cachivaches en los buses, oficio que aprendió de su madre, quien lleva 12 años más que él en ese rebusque. Ella también se lo enseñó a su yerno y a su hija menor; y Jesús a su vez inició en él a la mujer con la que convive.

En suma: la inestabilidad y el excluyente mercado laboral llevaron a toda la familia de Jesús a entrar al círculo vicioso de la economía informal. Es lo que para Soledad Betancur, investigadora del Instituto Popular de Capacitación, explica el aumento de la tasa de participación, o sea del número de personas que buscan empleo, situación que se da cuando los miembros que trabajan en una familia no tienen ingresos suficientes para sostener a los demás, entonces éstos tienen que salir a buscar empleo. Medellín hace 10 años tenía 58% de tasa de participación, hoy es del 65.6%.

Y romper ese círculo no es fácil, sobre todo porque los vendedores informales carecen de recursos, y sobre todo de formación para iniciar proyectos alternativos. Según Giovanny Galeano, en su mayoría son personas que apenas tienen entre primero y cuarto de primaria; y Diego Bermúdez, investigador de la Personería de Medellín, nos informa que de una muestra de 11.406 vendedores sólo uno tuvo formación en tecnología, y una pequeña parte terminó secundaria.

El difícil acceso al sistema de salud (para no hablar del sistema pensional que para esta población es aún más inaccesible) es otro círculo vicioso, porque sus bajos ingresos no les permiten cotizar a nada. El investigador Diego Bermúdez calcula que el 99% de los comerciantes informales no está afiliado a ninguna EPS, y sólo una parte accede al sistema de salud por el Sisbén. Con el agravante de que es gente que trabaja al sol y al agua, expuesta a la contaminación ambiental y sin ninguna protección ante los accidentes, y muchos pasan de 45 y 50 años de edad. Y como carecen de seguro de incapacidad o desempleo, enfermarse es su peor desgracia, pues dependen de su propia fuerza, o sea de que estén aliviados. Día que se enfermen es día que no comen, ni ellos ni sus familias, así de simple. Y el 70% de ellos, según Bermúdez, tiene familia que sostener.

“La Alcaldía sólo piensa en la necesidad de tener el centro limpio de vendedores ambulantes, no quiere que el turista vea el ventero. Pero si a mí me sacan del centro, lo primero que hago es coger un arma para unirme a un combo de los barrios, porque yo necesito comer”, dice por su parte Cristian, vendedor de frutas y verduras desde hace 15 años, oficio que eligió por no tener capacitación para otro, y gracias a un tío que le enseñó a trabajar con la carreta. No conoce un modo diferente de vida, no sabe lo que es recibir el sueldo de una quincena, vive al vaivén de lo que gane al día.

Dos derechos enfrentados

Ante la magnitud del problema, la Administración Municipal plantea un plan de Intervención Integral en las 56 manzanas que comprenden el centro de Medellín; plan que busca mejorar la seguridad, la movilidad, y las ventas informales mediante un esquema de regularización de los permisos y la carnetización. Considera una intervención a tres años con acciones en tres zonas: la cultural, la comercial y la tecnológica-educativa, con el fin de que los espacios se hagan más transitables, seguros y atractivos para habitantes y turistas. Establece también medidas para mejorar la movilidad de vehículos y peatones, el control de establecimientos, y las actividades de aseo y ornato.

Pero el Plan no considera el aspecto social, ni la historia oculta detrás de cada situación, que es, si se quiere, la parte que Soledad Betancur, del IPC, considera más problemática. Para esta profesional, el nudo del conflicto es la existencia de dos derechos enfrentados: el del uso y disfrute del espacio público por parte de la ciudadanía, y el derecho al trabajo de los vendedores informales. Y no es clara la perspectiva institucional para abordarlo. La intervención se limita a la verificación de los permisos, sin propuestas integrales para corregir la saturación del espacio público y al mismo tiempo garantizar alternativas laborales diferentes al simple desalojo.

 

“El conflicto —afirma Betancur— no se trata en lógica del derecho. No queda claro si se trata de defender el derecho al espacio público, o de liberar el centro de trabajadores informales. Lo que la alcaldía identifica es la saturación de la ciudad, y entiende que los informales no tienen derecho a ocupar el espacio público; política que por lo general no considera la dignidad humana y el derecho al trabajo, y más específicamente al trabajo decente”.

Dinamizadores de la economía formal

Aunque la idea generalizada sobre los vendedores informales es la de que son invasores del espacio público, también se pueden mirar por la cara contraria: la de dinamizadores de la economía formal, en la medida en que comercializan mercancías fabricadas por las grandes empresas, y en la calle lo hacen de manera más expedita. Es un potencial económico que no es dimensionado por los mismos vendedores, pero tampoco reconocido por la administración municipal ni por los empresarios del sector privado, que bien podría involucrarse en las soluciones de esta problemática y hacer propuestas integrales.

Según Giovanny Galeano, en el centro pueden trabajar unos 1.400 carretilleros que un día comercializan frutas y legumbres, actividad que dinamiza el comercio de las centrales Mayorista y Minorista. Pero al otro día pueden estar vendiendo otros productos de temporada: confitería, útiles de colegio, ropa, calzado, etc., lo que a su vez dinamiza otros sectores económicos.

Entre la legalidad y la ilegalidad

Otro asunto espinoso y difícil de abordar dentro de la problemática del centro, es el de la seguridad. Los vendedores informales están permeados por circunstancias que,  en la mayoría de los casos, son ajenas a ellos, como lo es estar a merced de cuanto individuo o grupo ilegal llegue a monopolizar el espacio público.

Según Giovanni Galeano, el centro de la ciudad es un escenario donde el trabajo informal se enmarca dentro de la legalidad y la ilegalidad, dependiendo del tipo de productos y servicios que se ofrezcan y los aprovechamientos que se hagan. Es decir, incluye el robo a transeúntes, el microtráfico de drogas, la venta de libros y películas piratas, los préstamos agiotistas, actividades éstas que si bien son ilegales también hacen parte de la economía informal, y unos casos gozan de cierto margen de tolerancia. E incluye también la prostitución, un trabajo para nada “decente” que se ubica en el límite de la informalidad.

Esas economías “criminales” generalmente están bajo el poder de grupos ilegales que aprovechan la situación de desempleo y la ausencia institucional para capitalizar la necesidad de las personas y utilizarlas en la venta de sus productos ilegales. O también lo aprovechan para imponer un impuesto obligado por concepto de vigilancia. En este escenario aparecen las llamadas Convivir, que cobran a los comerciantes una cuota determinada, o “vacuna”, por el supuesto servicio de seguridad que prestan.

Estas Convivir, aunque ilegales, llevan mucho tiempo establecidas y aparecen en todos los espacios del centro, razón por la cual tienen un alto grado de legitimidad, al punto que se pueden considerar una “institucionalidad” paralela. Las mismas autoridades saben de su existencia y sus acciones, sobre todo porque, como afirma Giovanny Galeano, comparten espacio de trabajo en determinados sectores, y en no pocos casos dentro de relaciones de complicidad.

Según Fernando Quijano, director de Corpades, en el centro actúan unas 30 Convivir que se reparten el poder sobre los diversos sectores de comercio. Los vendedores informales son uno de esos sectores, que aceptan la existencia de estas Convivir y les pagan puntualmente la cuota de seguridad porque, irónicamente, la policía no les brinda la seguridad que requieren.

“Es importante recalcar que los criminales no son los trabajadores informales —anota Soledad Betancur—. Éstos sólo tratan de solucionar su problema laboral y terminan actuando en un ambiente donde confluyen otras dinámicas que los afectan, como las economías criminales, que por momentos llegan a tener más poder que los organismos del Estado”.

Por su parte Diego Bermúdez, de la Personería, reconoce que el Estado tiene la fuerza necesaria para atacar los problemas de seguridad, pero esa fuerza no la utiliza de manera adecuada. Sólo se preocupa por la incautación y la judicialización, pero no por la destrucción de las estructuras criminales. Por eso cualquier intervención —agrega Soledad Betancur— requiere de una observación permanente y una política clara, que controle y trasforme las problemáticas en clave configuración de ciudadanía y de preservación de los derechos humanos.

Posibles soluciones

 “Todo lo que han tratado de hacer para regular el comercio informal nunca ha sido consultado. Son medidas que toma sola la administración pero no hacen parte de un plan conjunto con los comerciantes informales, que son los implicados. Y si no nos dejan hacer parte, seguro que las medidas no van a tener ningún impacto”, señala Guillermo Giraldo, de la Unión de Trabajadores Informales de Antioquia.

Afirma además este dirigente que las organizaciones de venteros no tienen acompañamiento porque la relación con la administración municipal cambió. El proceso de carnetización que comenzó con el alcalde Alonso Salazar, se interrumpió con el cambio de alcalde. “Hasta ahora sólo existe la intención pero no hay soluciones”, añade.

Una de las alternativas de solución que se plantea desde la administración y el sector formal de la economía, es la creación de nuevos centros comerciales populares, y la recuperación de los que se crearon en años anteriores. Hoy hay 14 de estos centros comerciarles, con una ocupación del 70%.

Fernando Orrego, director ejecutivo del Grupo Empresarial Multisectorial, comparte esta alternativa, y afirma que los empresarios del Grupo están buscando la participación del municipio de Medellín para construir locales comerciales para los vendedores informales. Ya existe una experiencia previa en el Bazar de los Puentes y en el Centro Comercial Medellín, que por las equivocaciones que tuvieron son una buena muestra de cómo no se debe hacer el proceso, cómo no cometer los mismos errores.

“Sobre todo —dice Orrego— no se deben sacar los informales de su entorno de trabajo y alejarlos del ambiente en el que ya están establecidos. Las administraciones municipales no han tenido en cuenta que las ventas informales no se pueden ubicar en cualquier lugar, porque éstas tienen la particularidad de que son ventas rápidas para personas de paso. Es un error crear centros comerciales populares que sólo llevan a la quiebra a muchos de los venteros que allí se ubican, razón por la que vuelven a las calles”.

Desde el Grupo Multisectorial Empresarial se habla de un proyecto que en algunos meses será divulgado, y que apunta a la formalización del 10% de los comerciantes informales del centro para mejorar sus condiciones laborales. El objetivo es agruparlos, capacitarlos y ubicarlos en lugares donde puedan formar su propia empresa. En su primera fase esta iniciativa busca formalizar entre 1.500 y 1.800 informales, con la idea es continuar en el futuro con el proceso y llegar a la mayor cantidad posible de ellos.

Pero antes que todo eso está la instancia de la capacitación, que es un cuello de botella a cualquier solución que se plantee. La capacitación en tecnologías y administración es la opción para que los vendedores informales puedan encontrar otras alternativas de vida y avancen en su formalización laboral y, por qué no, empresarial. En este punto Soledad Betancur llama la atención sobre la precariedad de los ingresos de estos trabajadores y la falta de garantías que tienen por parte del Estado, que les impide acceder al sistema educativo. Aunque se plantee la alternativa de brindarles educación, a ellos y a sus familias, se debe entender que existen muchas razones que restringen tanto el acceso como su permanencia en el sistema.

Sería necesario aplicar una política integral que, por ejemplo, le garantice a cada persona una canasta educativa. “Que no se limite sólo a brindar cupos educativos sino a entender las razones y las restricciones que por su condición tienen estas personas para acceder a la educación. Por eso es indispensable la aplicación de políticas rigurosas, para que se puedan romper los círculos viciosos en que están metidos los comerciantes informales”, puntualizó la investigadora del IPC.

 

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