La crisis laboral: el otro rostro marchito de la floricultura colombiana

La crisis de la floricultura colombiana, especialmente por el impacto de la revaluación del peso frente al dólar (aunque también por el escándalo del mal uso de los subsidios y créditos en que han incurrido algunas empresas del sector) ha sido en las últimas semanas un tema de preocupación recurrente en los medios de comunicación.

Pero lo ha sido sólo en lo relativo a la situación financiera de los empresarios y exportadores, porque muy poco, por no decir nada, se menciona la situación de los y las trabajadoras, que son los que han sostenido el crecimiento y el peso de la floricultura a lo largo de los últimos veinte años, y quienes en mayor medida sufren ahora los estragos de la crisis, sin que ninguna entidad estatal haga lo mínimo para proteger sus derechos. Es decir: preocupa más la disminución de la ganancia de los grandes capitales, que salvaguardar los derechos mínimos fundamentales de miles y miles de trabajadoras y trabajadores; empezando porque, por cuenta de la crisis, se han perdido más de 17 mil puestos de trabajo en la sola sabana cundiboyacense, según datos del Ministerio de Agricultura.

Y lo más preocupante: la revaluación del peso le ha dado un contexto de impunidad a la violación de los derechos laborales, una excusa para que las empresas agudicen su sobreexplotación laboral, lo que ha derivado en una serie de paros y huelgas de corta y mediana duración que, según Luis Alfonso Velásquez, Tesorero de la CUT Nacional, han afectado en conjunto a 37 mil trabajadores en la sabana de Bogotá.

El caso más sonado es el de la empresa Guacarí, donde el paro duró 17 días. También está el caso de Flores La Fragancia, que reúne tres fincas y ocupa 450 operarios, quienes desde el 19 de octubre están en paro. José Mora, presidente de Untrafragancia, sindicato de la empresa, dijo a la Agencia de Información Laboral de la ENS que están dispuestos a seguir en su cese de actividades hasta que ésta atienda sus reclamos, pues desde mayo no se les pagan los aportes a la seguridad social, ni parafiscales, les deben la prima de julio y una quincena atrasada. Ambas empresas pertenecen al Grupo Nanneti, al cual más adelante en este informe se le dedican algunas líneas porque ilustra bien la suerte que están arrastrando los y las trabajadoras en el sector de las flores.

Un sector consentido pero históricamente explotador

Luego de Holanda, Colombia es hoy el segundo exportador de flores del mundo. De acuerdo con la SAC, a 1.049 millones de dólares ascendieron en 2009 las exportaciones del sector floricultor, sector que tradicionalmente ha sido consentido por el Gobierno. Ha gozado de coberturas cambiarias, lo mismo que de incentivos sanitarios para financiar los programas de erradicación y control de plagas, créditos con bajas tasas de interés y subsidios del programa Agro Ingreso Seguro, que no en todos los casos se ha usado en buena forma.

En efecto, el 9 de octubre pasado El Espectador informó que el Banco Agrario, como parte de un Plan de Salvamento frente a la revaluación del peso, otorgó créditos por $224 mil millones a más de 100 empresas floricultoras. Pero hay indicios de que antes de contactar al Banco Agrario para renegociar sus créditos, algunas giraron sus capitales (con los dineros públicos incluidos) a cuentas en el extranjero. 5 empresas suman $16.000 millones de deudas en mora, siendo el caso más complicado el de Camalena S. A., que debe $9.300 millones.

El impacto social del sector floricultor es sustancial en el tema del empleo, toda vez que genera unos 100 mil empleos directos y más de 80 mil indirectos. Sólo que, en opinión de Héctor Bermúdez, presidente de la CUT Bogotá, “Es un sector que ocupa una inmensa cantidad de mano de obra muy barata, porque los empresarios han tercerizado mucho la labor. La mayoría nunca ha pagado los derechos reales de los trabajadores, que en muchos casos no ganan ni siquiera el salario mínimo. Son pocos los que cumplen con la seguridad industrial y la salud ocupacional, y en la práctica no reconocen el derecho a la negociación colectiva. Cada vez que los trabajadores tratan de organizarse en un sindicato los despiden, o los chantajean o amenazan. Además se aprovechan de que las dos terceras partes de la mano de obra son mujeres, en su mayoría madres cabeza de familia. Y si eso han sido históricamente estos empresarios, imagínese cómo serán ahora que tienen la disculpa de la revaluación del peso”.

Y sobre las modalidades de contratación, el dirigente sindical señaló: “Contrato directo prácticamente no tiene sino el 20% de los trabajadores. Lo común es que los grandes empresarios monten medianas o pequeñas empresas que enganchan mano de obra a través de cooperativas de trabajo asociado; empresas que se disuelvan fácilmente o se quiebran, y los grandes no responden por los compromisos laborales. Es un mecanismo muy bien montado para burlar los derechos de los trabajadores”.

La CUT Nacional ha adelantado en el último año un trabajo de organización con los trabajadores de este sector, en la perspectiva de establecer condiciones generales estables en materia laboral.

El caso del Grupo Nanneti

Según datos de Cactus, que es una ONG especializada en estudios sociales y laborales en el sector de la floricultura, el grupo Sunburst Floramérica (conocido también como Grupo Nanneti, por el apellido de sus propietarios) posee más de 18 plantaciones en la Sabana de Bogotá, adquiridas en 2008 tras una transacción con Dole Fresh Flowers, sus antiguos dueños, quienes en el 2006 habían despedido a todos los trabajadores de la empresa Splendor Flowers, argumentando un supuesto cese de operaciones que al final no se dio. Fue en últimas una jugada para eliminar al sindicato que en esta empresa se había conformado pocos meses atrás.

En el documento Desempeño del sector floricultor años 2006 a 2009, informe realizado por la Superintendencia de Sociedades, figuran 4 empresas del grupo Sunburst entre las 10 unidades productivas con mayores utilidades en este periodo: $136 mil millones de ganancia neta, después de costos de producción, incluidos los laborales, una suma nada despreciable. Vale notar que este grupo fue uno de los beneficiados con los créditos del Banco Agrario y con subsidios del controvertido programa “Agro ingreso Seguro”.

Sin embargo, y en contraste con sus enormes ganancias, aparece la evidencia de la sistemática violación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras por parte de este grupo. En casi todas sus empresas, como Guacarí, Flores la Fragancia, Splendor Flowers, Jardines de Colombia y Flores de la Vega, entre otras, a los y las trabajadoras no se les cotiza la seguridad social ni los parafiscales, aun cuando descuentan de los salarios la proporción correspondiente al cotizante. También hay retraso en la prima semestral, que debió cancelar en junio, y en el pago de quincenas salariales.

Un caso especial es el de la empresa Guacarí, donde, aparte de los incumplimientos arriba descritos, se registra una flagrante violación de los derechos de contratación y organización sindical. Bajo la excusa de que estaba teniendo muchas pérdidas, la empresa decidió cambiar los contratos laborales por contratos verbales a destajo, con metas casi imposibles de alcanzar para ganar el salario mínimo, y sin importar el tiempo que en ello invirtiera el trabajador, y con la advertencia de que quien no aceptara tales condiciones debía salir de la empresa. Además hubo despido sistemático de trabajadoras y trabajadores con problemas de salud.

Ante estos atropellos, el 4 de septiembre más de 100 trabajadores y trabajadoras crearon el sindicato Sintraguacarí, filial de Unaltralfores. Al ser notificada de la fundación del sindicato, la empresa tomó una serie de medidas violatorias del derecho de asociación. En primer lugar, con el argumento de que el sindicato es ilegal, despidió a 4 trabajadores de su junta directiva, y amenazó con despedir a quienes se afiliaran.

Ante estos hechos, y la negativa de la empresa a ponerse al día en sus acreencias laborales, Sintraguacarí se declaró en huelga el 9 de septiembre. Todos los días los y las trabajadoras se concentraban pacíficamente en las instalaciones de la empresa para exigir sus derechos, hasta el sábado 18, cuando fueron sorprendidos por más de 30 agentes de policía de Zipaquirá, quienes los atacaron de manera brutal. Varias mujeres fueron golpeadas y algunas en estado de embarazo respiraron gases lacrimógenos.

Finalmente, tras obtener el reintegro de los 4 trabajadores de la junta directiva, el sindicato levantó la huelga, aunque sigue siendo calificado de ilegítimo por la empresa, que ha emprendido una campaña para desprestigiarlo. De tal suerte que los y las afiliadas a Sintraguacarí, a parte de sufrir las presiones de los empresarios, tienen que enfrentarse a la de sus compañeros y algunos pobladores, influenciados por las campañas calumniosas de los empresarios. Pero así y todo, Sintraguacarí espera que el 30 de octubre la empresa se ponga al día con todas las acreencias laborales, a la vez que adelantan campañas de concienciación entre los operarios de otras empresas del Grupo Nanneti que están pasando por la misma situación.

Opciones con que cuenta el Estado para proteger a los trabajadores

Una apuesta del actual gobierno es formalizar el empleo. Y un buen ejemplo de precariedad e informalidad se puede encontrar en el sector floricultor, entonces bien haría el Ministerio de la Protección Social si desarrollara un amplio programa de inspección del trabajo en la floricultura, con lo cual podría corregir muchos de los problemas hoy existentes en materia laboral.

De otro lado, mientras la tasa de cambio siga a la baja, valdría la pena que el Gobierno pensara en aplicar fórmulas que garanticen en la floricultura y en otros sectores exportadores la conservación de los puestos de trabajo. Es decir, que incentive el empleo y no a las empresas. Sobre este tema el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, expuso en su columna del pasado 22 de agosto en el periódico “El Espectador” (para leerla completa consulte: http://www.elespectador.com/columna-220422-una-propuesta-cambiaria), una alternativa que merece ser analizada. La propuesta, es la siguiente:
“Primero, se dolariza la obligación laboral de empresas que cumplan ciertos requisitos básicos, tales como derivar el 80% o más de sus ingresos en dólares, ejecutar el 60% o más de su gasto operativo en pesos, tener una fuerza laboral formalizada, etc. Segundo, se establece que las erogaciones de tipo laboral tendrán garantizada una conversión cambiaria previamente definida, a cargo de un fideicomiso, cuyo capital semilla es aportado por el Gobierno. Tercero, cada mes se define si la tasa de cambio observada es mayor o menor que la garantía. Si es menor, el fideicomiso traslada recursos a las empresas, quienes los usan para pagar la parte correspondiente de la nómina. Si es mayor, las empresas efectúan un depósito en el fideicomiso.
Supongamos, para ilustrar, que se desea ofrecer una garantía para cubrir 100 mil empleos formales con remuneración igual a un salario mínimo legal vigente. Garantizar a los trabajadores un salario mínimo constante en pesos, ofrecer una garantía de conversión de $2.200 para efectos laborales y seguir sufragando todos los costos asociados a la formalidad de 100 mil trabajadores, podría llegar a costarle al fisco US$77 millones si la tasa de cambio llega a $1.600 en diciembre; a todas luces, una suma irrisoria de cara a los efectos que podría tener en el ámbito laboral y social”.

Esta propuesta debería analizarse por el gobierno y las centrales sindicales. Con ella, el Estado cumple su función social, y las empresas exportadoras no tendrán “disculpas” para continuar precarizando y despidiendo trabajadores.

Conservar los empleos y garantizar condiciones de trabajo decente es posible, es necesario cambiar la perspectiva de las políticas públicas y ampliar el horizonte de la responsabilidad social. Éste, como otros casos, brindan la oportunidad para construir un “Pacto por el Empleo”.

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