CUT y CTC presentan y socializan sus propuestas para abordar la reforma pensional

CUT y CTC presentan y socializan sus propuestas para abordar la reforma pensional
(Foto de referencia: Ela ele1, por Paola Insabralde, Brasil 2015. Foto finalista del Concurso Latinoamericano de Fotografía Documental los Trabajo sy los días)

En el auditorio de la Escuela Nacional Sindical tuvo lugar el pasado martes un foro sobre el esquema de protección a la vejez en Colombia y la reforma pensional, evento en el cual la CUT y la CTC presentaron la propuesta que conjuntamente elaboraron con miras a la reforma pensional que el Gobierno Duque ha anunciado, con la advertencia de que se trata de una propuesta en construcción, para socializar con el conjunto del movimiento sindical. 

María Doris González, por parte de la CUT, y Diana Gómez Cely, por parte de la CTC, fueron las encargadas de presentar la propuesta en el foro, en el que también fueron expositores Santiago Castaño, profesor de la Universidad Nacional, quien presentó un diagnóstico del estado del sistema de protección de la vejez en Colombia; y Héctor Vásquez Fernández, de la ENS, quien tituló su disertación: “Alternativas de protección social para los adultos mayores en condición de vulnerabilidad, retos y dificultades”.

En este informe especial presentamos un panorama de la crisis pensional en Colombia, las propuestas de reforma al sistema que han planteado los gremios privados, y finalmente las propuestas que construyeron la CUT y la CTC.

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Panorama de la crisis pensional

En Colombia el modelo pensional se diseñó para que solo se pensionen personas que trabajen en el sector formal de la economía, tengan estabilidad laboral, altos niveles educativos y trabajen preferiblemente en zonas urbanas.

De ahí que apenas el 30% de la población mayor de 60/62 años tiene acceso a una pensión, y del total de afiliados al Sistema General de Pensiones (SGP) solo el 38% son cotizantes (7.7 millones). En el sector rural la afiliación a pensiones es menor al 10%.

Es larga la lista de trabajadores excluidos del SGP: los del sector informal, en su mayoría los cuenta-propia; las personas con discapacidad; las “amas de casa”, que figuran como parte de la población inactiva; las y los trabajadores temporales sin estabilidad laboral; la mayoría de los trabajadores del campo; la mayoría de las personas pobres (88%), que en el nivel más bajo cotizan en promedio 5 semanas por año.

Más de dos tercios de las personas que llegan a edad de pensión reciben devolución de saldos porque es insuficiente su capital o las semanas cotizadas. En el caso de las mujeres las devoluciones doblan a las de los hombres.

En cuanto a los dos regímenes pensionales que coexisten, el desbalance es desproporcionado en favor del régimen privado. El Régimen de Ahorro Individual (RAIS) en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), tenían en 2017 $227 billones de ahorro pensional, proveniente de 14.8 millones de afiliados, y cargaba con solo 137.926 pensionados. El 40% de estos recursos se utilizan como deuda por parte del Estado.

Mientras que el Régimen de Prima Media (Colpensiones), con $5.8 billones de aportes y 6,5 millones de afiliados, carga con 1.2 millones de pensionados. Por lo que el Estado debe destinarle $40 billones para que pueda pagar todas esas pensiones.

En cuanto a las devoluciones, éstas en el RAIS constituyen el 75%, y en Colpensiones el 50%.

El BEPS (Beneficios Económicos Periódicos) es un programa que se inició en 2015 para personas con ingresos inferiores a un salario mínimo. La persona recibe un pago periódico cada dos meses hasta su muerte, que corresponde a la suma de lo ahorrado, los rendimientos y el incentivo del 20% que otorga el Estado.

Actualmente el BEPS vincula 1´129.389 colombianos, pero sólo el 30% de ellos son ahorradores activos, cada uno en promedio ha ahorrado $176.447. Hasta el 30 de junio de 2018 se habían expedido 5.587 anualidades. Su cobertura ha crecido, si se mide por el número de afiliados. Sin embargo, en la práctica la cantidad de personas que ahorran y el monto de lo ahorrado es mínimo, y más grave aún: la frecuencia de sus aportes es extremadamente baja. Durante todo 2016 la mitad de los ahorradores hicieron como máximo tres aportes.

En conclusión, el BEPS no está generando ahorros, y éstos, aun sumando el aporte estatal del 20%, no son suficientes para proteger a los afiliados al sistema en su vejez.

El otro programa es “Colombia Mayor”, creado con el objetivo de proteger al adulto mayor en estado de extrema pobreza. Consiste en un subsidio entre $40.000 a $75.000. Desde 2003 ha beneficiado a 2´358.155 personas. En 2018 se destinaron a este programa subsidios por $1.1 billones para 1´503.706 cupos, los que en promedio recibieron $62.284 al mes por persona, una suma que representa apenas el 24.87% de la línea de pobreza a nivel nacional, o el 53.4% de la línea de pobreza extrema. En la práctica, a este programa no se accede con la cédula sino por recomendación de los directorios políticos.

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Propuestas de los gremios privados

Como se vio atrás, el tema pensional es básicamente un negocio del sistema financiero. Las 4 empresas que controlan los fondos de cesantías y pensiones en 2017 se ganaron $890 mil millones, con una utilidad neta 25% más alta que en 2016. Protección y Porvenir controlan el 86% de las ganancias.

En ese contexto, veamos en resumen las propuestas de los gremios financieros para la reforma pensional:

Asofondos propone que Colpensiones compita en el mercado como una AFP más, es decir, poner fin al régimen de prima media. También propone fortalecer los BEPS para los más pobres y los trabajadores informales de las zonas rurales, así como la ampliación de la cobertura del programa “Colombia Mayor”.

La propuesta de Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) tiene como columna vertebral el “marchitamiento” del Régimen de Prima Media (RPM), para lo cual propone cerrar la opción de nuevos afiliados a este régimen a partir de enero de 2019; e incrementar gradualmente la edad de pensión a 62 años para las mujeres y a 67 años para los hombres.

ANIF también propone reducir la pensión mínima del 100% de un salario mínimo vigente, al 75%, como el modelo chileno; disminuir las tasas de reemplazo en 20 puntos porcentuales para los ingresos superiores a un salario mínimo, frente a los niveles actuales que son del 60% al 80%; reducir la pensión sustitutiva (heredada) del 100% al 75%, con la salvedad de que se mantiene el 100% hasta que todos los hijos cumplan 25 años.

Fedesarrollo por su parte propone un régimen de pilares, que sería obligatorio hasta un salario mínimo, y Régimen de Ahorro Individual para más de un salario. Y cambios paramétricos, como aumentar la edad de pensión, aumento del número de semanas cotizadas y disminución de la tasa de reemplazo. También propone fortalecer los BEPS y el programa “Colombia Mayor”.

Con respecto a la cobertura en zonas rurales, cursa en el Congreso un proyecto de ley que establece un mini código laboral para los trabajadores del campo, cuyo sistema de seguridad social sería BEPS y el régimen de salud subsidiado.

En el siguiente video puede ver parte de la presentación que hicieron las centrales en el foro realizado en la Escuela Nacional Sindical 

Objetivos de la propuesta CUT-CTC

Las propuestas de estas dos centrales sindicales apuntan a garantizar el derecho a la protección de los ingresos para toda la población adulta mayor, bajo la noción de dignidad en la que supuestamente descansa nuestro Estado.

Proponen rescatar el Sistema Pensional como un sistema público de protección social, cuyo objetivo es garantizar derechos humanos fundamentales y no la posibilidad de hacer negocios, como ocurre hoy con el sistema de ahorro individual. Defienden la coherencia entre el sistema contributivo y el no contributivo, y entre las instituciones encargadas del sistema de protección a la vejez.

La reforma del régimen de pensiones que necesita el país debe partir de las orientaciones de Naciones Unidas y la OIT, en el sentido de que los países adopten un piso de protección social adaptado a las necesidades y contextos locales, que pueda implementarse de forma progresiva. Entendido este piso como el acceso a una canasta básica de bienes y servicios que asegure que la gente no sufra hambre ni enfermedades evitables, no se quede sin educación, sin vivienda ni agua potable.

El ingreso antipobreza en la vejez no puede depender sólo de la existencia de un régimen pensional contributivo, menos en el contexto económico colombiano, caracterizado por la informalidad y la precariedad laboral, un problema que los diferentes gobiernos han tratado con políticas similares, y pocos avances porque sus resultados están limitados por el modelo de desarrollo que han impuesto estos mismos gobiernos.

Los objetivos de la propuesta que han puesto a discusión de sus bases y del pueblo colombiano la CUT y la CTC, son:

  • Lograr la universalidad del sistema integral de pensiones con garantía de suficiencia y no discriminación, con especial énfasis en medidas para las y los trabajadores rurales.
  • Aumentar la cobertura y densidad de cotización de los trabajadores al Sistema Integral de Seguridad Social en Pensiones.
  • Asegurar pensiones dignas y suficientes a los trabajadores, con especial énfasis en las zonas rurales.
  • Consolidar un sistema universal de protección integral para la vejez, que a todos los adultos mayores que no accedieron a la pensión contributiva les garantice unos ingresos que les aseguren un envejecimiento digno y activo.

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Propuesta para el régimen contributivo

El régimen contributivo pensional debe ser uno solo, eliminando el absurdo esquema de dos regímenes que compiten entre sí.

Obligatorio: Sistema Público de Pensiones.

Voluntario: Fondos Privados de Pensiones.

Se consolidan los activos del RAIS con el Régimen de Prima Media, y los primeros pasan a las condiciones de RPM, así que los ingresos de este régimen se multiplican por 4 y se resuelve el problema de caja de Colpensiones. El Presupuesto Nacional deja de gastar en pensiones $13 billones.

El PILA cotiza a salud y pensiones hasta 6 meses cuando se carece de contrato laboral para las personas que están por prestación de servicios, o por cualquier modalidad de contratos temporales.

Los trabajadores del sector informal cotizan el 4%, y el Estado aporta el 12% restante para completar.

Propuesta para el régimen no contributivo

Se propone una pensión no contributiva universal no inferior a medio salario mínimo para los hombres mayores de 62 años y mujeres mayores de 57 años, independiente de su condición socioeconómica y de si ha cotizado o no al sistema, inicialmente dirigido a la población adulta mayor más vulnerable. Reemplazan el actual programa de “Adulto Mayor”.

¿Cómo se financian estas pensiones?, teniendo en cuenta que costarían $14 billones (1.5% del PIB), ya que en Colombia hay unos 3 millones de personas que no reciben pensión, ni tienen rentas que les aseguren una vida digna.

Se financiarían, entre otras, con las siguientes fuentes:

  • Recursos del Estado en los programas “Colombia Mayor”, Subsidio al Aporte para Pensión (PSAP) y el Fondo de Solidaridad Pensional.
  • Recursos que generaría el impuesto a pensiones millonarias.
  • Aportes voluntarios como lo que establece el programa BEPS.
  • Cotizaciones obligatorias de todos los trabajadores.
  • Recursos que se ahorren al limitar el régimen de prima media hasta 4 salarios mínimos.
  • Destinando un dólar por cada barril de petróleo exportado, para conformar un fondo cuyos rendimientos se destinarían a financiar estas pensiones.
  • Con el valor de la indemnización sustitutiva, o la devolución de saldos. Entre 2006 y 2017 se devolvieron valores por $3.6 billones en el RAIS y $2.8 billones en Colpensiones a personas que no alcanzaron a cotizar las semanas mínimas.

También se proponen para el régimen no contributivo las “Casas de cuidado de la tercera edad”, financiadas con presupuesto del subsidio familiar y del Sistema General de Participación.

Acceso efectivo a los servicios de salud por parte de los adultos mayores.

Propuesta para el régimen especial rural

Creación, fortalecimiento y formalización de las asociaciones y organizaciones agrarias, las cuales serán el vínculo principal entre el campesino y el Sistema de Seguridad Social.

Para los trabajadores rurales se establece un sistema de pago flexible, de manera que tengan facilidades para hacer los aportes correspondientes a 12 meses, ya sea en un solo pago anual o semestral, considerando la estacionalidad de las cosechas y la variación de otros ingresos provenientes de fuentes diferentes a las actividades agropecuarias.

Se establece la posibilidad de que terceros (hijos y familiares) aporten a la pensión de los trabajadores y trabajadoras rurales.

El aporte al Sistema de Pensiones no deberá significarles a los campesinos el aporte completo a salud, ni la pérdida de los beneficios del régimen subsidiado en salud.


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