Salario mínimo por regiones, ¿solución a la informalidad laboral?

Por Carlos Julio Díaz Lotero. Analista laboral de la ENS

Investigadores del Banco de la República han hecho una propuesta de incrementos del salario mínimo diferenciado en cuatro regiones del país, clasificadas según el nivel de informalidad laboral.

La propuesta plantea que el incremento salarial para la región de menor informalidad debe ser del 3% más algo de productividad, que iría del 0,5% al 1%. Los aumentos en las regiones de informalidad media, alta y muy alta deben ser del 70%, 50% y 30% del primer incremento. En términos concretos la propuesta plantea incrementos salariales del 4%, 3%, 2% y 1.2% respectivamente, partiendo de la región de menor informalidad hasta la de mayor informalidad, en un contexto donde la inflación causada del 2017 posiblemente sobrepase el 4%.

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Los técnicos del Banco de la República repiten refritos neoliberales sin ninguna evidencia empírica, como el considerar que la causa del desempleo y la informalidad laboral es el supuesto alto salario mínimo que ganan los trabajadores colombianos. Argumentan que los diferenciales de tasa de informalidad sugieren que la productividad es igualmente heterogénea, y como los salarios deben ir ligados a la productividad, deben existir mejores salarios en las regiones más productivas, que se deben corresponder con las tasas de informalidad más bajas.

¿Es realmente el salario mínimo en Colombia demasiado elevado? Para resolver esta pregunta veamos la lista comparativa de los salarios mensuales de los países de América Latina:

Del cuadro anterior se puede concluir que el de Colombia es uno de los salarios mínimos más bajos de la región. Pero la prueba reina para demostrar que es falsa la aseveración de que este es demasiado alto, es su limitada capacidad de compra interna, pues cuando mucho cubre el 60% de la canasta básica de una familia pobre. Pero que nosotros solo están Perú, Nicaragua y Paraguay.

El gráfico siguiente muestra que los salarios no progresan en su participación del ingreso nacional, lo que también contradice la idea de que lo salarios vienen creciendo en términos reales:

La estructura salarial del país es bastante precaria, como lo muestra el cuadro siguiente, en el que podemos ver que casi la mitad de los ocupados ganan menos de un salario mínimo, y el 86% que gana de dos mínimos hacia abajo tiene dificultades para acceder a la canasta mínima vital de ingresos bajos.

En la propuesta de salario mínimo diferencial también es controversial el método para calcular la productividad, pues se opone a la forma más clara y sencilla de hacerlo, que es dividiendo el PIB por el número de trabajadores, o sea la productividad laboral (PL) al considerar que “estaría sesgada hacia arriba dado que la dotación de capital por trabajador también contribuye a generar una mayor cantidad de producto por trabajador”, para proponer como medida la productividad total de los factores (PTF), que es un procedimiento medio confuso y esotérico para calcularla, y es el que tradicionalmente se utiliza en la Comisión de Concertación.

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El resultado es que el esoterismo le ha ganado a la objetividad y la PTF siempre es menor a la PL. Es absurdo desconectar la herramienta, el equipo y la maquinaria del trabajador para medir la productividad, pues el ser humano se caracteriza y diferencia del resto del mundo vivo por sus capacidades creativas para transformar el proceso productivo, introduciendo una extensión a su humanidad para elevar las capacidades productivas del trabajo. Así que antes de concertar el salario mínimo debería concertarse qué se entiende y cómo debe medirse la productividad.

Según la lógica discursiva de la propuesta del Banco de la República, los diferenciales de informalidad obedecen a diferenciales de productividad. Y concluye la propuesta que “en el caso de Colombia, esta diferenciación salarial se debería mantener para mantener controlada la informalidad laboral y reducir la heterogeneidad en la productividad laboral”. Es decir, considera que la contracción salarial aumentaría la productividad y, por tanto, reduciría la informalidad.

Existe en la propuesta de salario mínimo diferencial una confusión entre la productividad y la competitividad basada en la estrategia de mano de obra barata. De hecho, la política de contracción salarial tiene un efecto negativo en la productividad, pero positivo en la competitividad.

Como el problema último es la baja productividad, algo en lo que podemos coincidir, la propuesta concluye con una verdad a medias, y es que la superación de este problema se hace por la vía de la educación, cuando en la recomendación final señalan: “Para producir el salto se requiere capital humano tanto técnico y tecnológico como de alta formación. En este sentido, la mayor y mejor oferta educativa y el apoyo a la demanda de educación deben seguir siendo un objetivo permanente”.

La productividad tiene que ver con la educación, pero también existen otras variables, como la organización del trabajo, la calidad de los insumos, la cultura laboral, el nivel de desarrollo del diálogo social, la innovación tecnológica y, muy determinante, la infraestructura física (vías, ferrocarriles, puertos, canales, distrito de riego) y social (red pública hospitalaria, escuelas, universidades).

La elevada informalidad y precariedad laboral del país se corresponde con una estructura empresarial igualmente precaria, caso Medellín, que es una de las ciudades que tiene el mayor desarrollo empresarial: una densidad de 37 empresas por 1.000 habitantes y baja informalidad, pero inexplicablemente tiene una alta tasa de desempleo, que permea la propuesta de salarios mínimos diferenciales por regiones.

Las microempresas (la mayoría de baja productividad y poco valor agregado) constituyen el 86,6% de la base empresarial de Medellín y contribuyen con cerca del 45% del empleo en la ciudad. Las pequeñas y medianas empresas (PYME), dan cuenta del 12,6% del tejido empresarial y del 32% del empleo; mientras que las grandes empresas, aunque solo representan el 0,8% de la base empresarial, generan el 23% del empleo en la ciudad y concentran el 93,2% de los activos.

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La reducción de la informalidad y el crecimiento de las remuneraciones se lograrían aumentando la densidad y calidad empresarial, pero para ello se requieren grandes inversiones en infraestructura física y social, y a la vez un entorno macroeconómico favorable: política crediticia de fomento, cambiaria, regulaciones comerciales, investigación científica y tecnológica, impuestos equitativos y progresivos.

Esto permitiría la formalización y el desarrollo de gran parte de las microempresas que forman el tejido productivo del país para que transiten a pequeñas empresas, y éstas a medianas empresas. Necesitamos fortalecer la pequeña y mediana empresa para democratizar la estructura empresarial, formalizar el empleo, y aumentar la capacidad de compra de los salarios y del salario mínimo que ganan millones de trabajadores.

La propuesta de salarios mínimos diferenciales no solo es inconstitucional, sino que aumentaría la brecha de desarrollo entre las regiones, promovería migraciones hacia las regiones de mayor desarrollo y aumentaría las inequidades sociales y territoriales.