Retos laborales y sindicales del año 2022 ¿Qué nos espera en la acción política del sindicalismo?

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Este 2022 está lleno de retos laborales y sindicales y en esta columna, el Director de la Escuela Nacional Sindical nos hace un resumen de ellos.

Por Carlos Julio Díaz Lotero

Los retos laborales y sindicales del año 2022 se desprenden de la herencia negativa que nos deja el año 2021, en parte por las equivocaciones políticas del gobierno nacional para enfrentar la crisis de salud publica que nos trajo la pandemia del Covid 19, y para responder a la crisis socio – laboral que se profundizó a causa de la misma. Por otra parte, el panorama se oscurece por la subordinación incondicional del gobierno de Colombia a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y la Unión Europea, así como a su agenda económica neoliberal.

El año 2022 empieza con una pandemia fuera de control, y con una nueva variante, la Ómicron, que tiene la velocidad de propagación más rápida de todos los virus conocidos hasta el momento. Esto genera incertidumbres sobre la recuperación de la economía y el empleo a causa del impacto en la dinámica empresarial y en el comercio internacional. El incumplimiento de las metas de vacunación del gobierno nos deja un riesgo mayor que se evidencia en el desbordamiento al sistema de salud por la presión de las necesidades de atención del desbocado número de contagiados. Los impactos en la economía y el empleo serán bastante nocivos por las incapacidades laborales que ya afectan el tráfico aéreo, el mismo funcionamiento del sistema de salud por el alto número de su personal contagiado e incapacitado, y por las afectaciones de otros sectores importantes para el empleo como el comercio y la hotelería.

Del año anterior también nos queda una crisis socio – laboral sin precedentes. La tasa de desocupación bordea el 10,8%, por encima de la tasa previa a la pandemia, la pobreza monetaria alcanza al 42% de la población, es decir, que cerca de 21 millones de colombianos tiene problemas de inseguridad alimentaria y según un estudio de la Andi unos 560 mil niños sufren desnutrición crónica, la desigualdad crece al ubicarse el Gini en 0,54, y el desespero de la población ha llevado a muchos al suicidio.

Otro tema que afecta al sindicalismo y al desarrollo del país son los obstáculos del gobierno a la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, cerrando posibilidades para la modernización de la dinámica rural, y no solo para generar trabajo decente en el campo, sino de dar pasos hacia la soberanía y la seguridad alimentaria.

Nos deja este Gobierno una mayor profundización de las políticas neoliberales como respuesta a la crisis del empleo, por la acelerada precariedad y destrucción del tejido empresarial a causa de la pandemia, con la creación, sin ningún tipo de consulta ni diálogo con los trabajadores, de un falso Piso de Protección Social por medio del artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo y reglamentado con el Decreto 1174 de 2020.

Durante el año 2021 también se presentaron retrocesos en el diseño democrático del país, al debilitarse el sistema de pesos y contrapesos con la concentración de poderes en el ejecutivo y las limitaciones para el ejercicio de la garantía al derecho de protesta.

Nos queda también como herencia del año anterior el resurgimiento de un nuevo ciclo de violencia que ha dejado un registro de 168 líderes sociales y 48 excombatientes de las Farc asesinados. Dentro de este contexto persiste la violencia contra el sindicalismo. Según la base de datos de la Escuela Nacional Sindical, Sinderh, con corte al mes de noviembre del 2021, se presentaron 128 violaciones a los derechos humanos que incluye 14 homicidios.

Pero el año 2021 también nos deja una luz de esperanza en medio de la oscuridad que nos cobija: el auge de la protesta con un paro nacional que infringió derrotas a las políticas neoliberales del gobierno como el hundimiento de la reforma tributaria que cargaba con más impuestos a la comida, y una reforma de la salud que la mercantizaba aún más. El tratamiento de orden público que se dio a la protesta social dejó más de 70 manifestantes fallecidos y mas de un centenar de desaparecidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las graves violaciones de los derechos humanos que se presentaron en el marco de las protestas. Es de resaltar el gran protagonismo que tuvieron los jóvenes como un reflejo de su maduración política.

El proceso político – electoral por el que atraviesa nuestro país, es otra ventana de oportunidad para buscar cambios importantes en las agendas políticas, económicas, sociales y laborales que han dominado el diseño y la acción pública estatal de las últimas tres décadas.

Finalmente se destaca como positivo del año anterior el acuerdo de salario mínimo que significó un incremento del 10,07% para establecerlo en $1.000.000 y un auxilio de transporte de $125.000, adicionalmente el control de los precios de los bienes regulados e indexados, el cumplimiento del acuerdo del año 2013 en la mesa de concertación con los pensionados para reducir el aporte en salud al 4%, y la revisión y derogatoria del decreto 1174 del 2020 que fue una reforma pensional y laboral encubierta realizada por el gobierno en el contexto de la pandemia.

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El aumento del salario mínimo y las preguntas que hacen

Resumen de los retos laborales y sindicales para este 2022

A partir de la realidad comentada anteriormente podemos señalar como retos del sindicalismo para el año 2022, los siguientes:

Hacer propuestas para reorientar la política de contención de la pandemia y construir una infraestructura médica avanzada, moderna, con capacidad de fabricar vacunas, y promover lazos de cooperación internacional para desarrollar una plataforma de salud global que nos permita enfrentar, en mejores condiciones, esta amenaza planetaria.
Elaborar propuestas en generación de empleo de calidad para reducir las altas tasas de desempleo, informalidad y precariedad laboral.
Dar respuesta, en un amplio debate nacional, a las conclusiones y recomendaciones del informe de la Misión de Empleo del Gobierno, presentado el pasado 12 de enero, en el que plantea que la regulación laboral y la protección social son los responsables del alto desempleo y las altas tasas de informalidad laboral.
Promover un gran debate al modelo de desarrollo neoliberal que durante los últimos 30 años ha desindustrializado al país, debilitado al sector agropecuario y fomentado el desempleo y la precariedad laboral, para dar paso a un nuevo modelo que priorice la economía productiva y la creación de trabajo decente.
Debemos continuar impulsando una transformación radical de la política social, excluyéndola del mercado, retomando el impulso para la creación de una Renta Básica incondicional que nos permita enfrentar el hambre, y por la otra fortalecer el sistema de seguridad social contributivo, para que sea universal, público y solidario.
Reformular la política pública de trabajo decente y de protección social del actual gobierno para ajustarla a las propuestas, convenios y recomendaciones de la OIT.
Hacerle seguimiento a los acuerdos de salario mínimo en materia de control de precios, reducción de los aportes de los pensionados en salud, y derogatoria del decreto 1174 del 2020 que reglamenta los falsos Pisos de Protección Social creados por el Plan Nacional de Desarrollo.
Reimpulso al proceso de paz y respaldo a las recomendaciones del informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad .
Presentar el informe del sindicalismo ante la Jurisdicción Especial para la Paz, sobre las violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra sindicalistas, con el propósito de acceso a la justicia, reparación y garantías de no repetición
Lograr garantías plenas para el ejercicio del derecho de protesta y del diálogo social como mecanismo democrático para el tramite de los conflictos y resolución de los problemas.
Participar en el debate electoral con nuestra agenda en modelo de desarrollo, DDHH y paz, trabajo decente, derecho de protesta y diálogo social, reforma tributaria, reforma al sistema de protección social, seguridad y soberanía alimentaria, regulación de los trabajos en plataformas tecnológicas, transición energética, etc.
Promover la participación política de los trabajadores, y en especial de los jóvenes, para buscar cambios importantes en la composición del Congreso y en la elección de un nuevo gobierno que represente los intereses nacionales y el bien común.

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