Restituir a los trabajadores recargos nocturnos y dominicales es justo y razonable

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Por Héctor Vásquez F.
Analista Escuela Nacional Sindical


En las pasadas elecciones, el Presidente Santos prometió a los trabajadores colombianos la restitución de algunos de los derechos que les fueron arrebatados en el 2002 mediante la Ley 789 de reforma laboral que promovió el entonces presidente Álvaro Uribe, y que suprimió los recargos nocturnos hasta las 10 de la noche, y rebajó el pago por dominicales y festivos.

Si bien la promesa concreta del Presidente Santos fue restablecer el recargo nocturno desde las 6 de la tarde, como era en el pasado, el proyecto de ley 172, aprobado ayer por la plenaria de la cámara en segundo debate, restablecería el recargo solo desde las 8 de la noche.

Con un salario básico promedio de $1´094.100[1], un trabajador pierde anualmente $3´034,447 por la supresión de los recargos nocturnos, y $1´477,151.41 por la disminución del 25% en el pago por el trabajo en dominicales y festivos.

A pesos de hoy, con un salario básico promedio de $1´094.100[1], un trabajador pierde anualmente $3´034,447 por la supresión de los recargos nocturnos, y     $1´477,151.41 por la disminución del 25% en el pago por el trabajo en dominicales y festivos. Pérdida de ingresos que se traduce en menor consumo de alimentos, vivienda, educación, etc., en menor calidad de vida. Para los empleadores, en cambio, ha significado mayores ganancias, que por lo general no se traducen en consumo, al menos dentro del país.

En este sentido, el resultado neto de la reforma laboral de Uribe fue un traslado de rentas desde los trabajadores hacia el capital, lo que es muy grave y regresivo, más aún en Colombia, que ostenta uno de los peores lugares en materia de distribución del ingreso. Con datos de 2015, fueron aproximadamente $8.8 billones lo que se ganaron los empleadores en un solo año como resultado de la reforma del 2002.

 

Tabla 1. Trabajadores formales afectados por disminución del salario impuesta por ley 789

 

Sectores económicos Total afiliados Sistema riesgos laborales Trabajadores que laboran

6 – 10 pm (25%)

Trabajadores que laboran festivos y dominicales (20%
Administración pública y defensa 375,008 93,752 75,002
Agricultura 340,771 85,193 68,154
Comercio 1,095,595 273,899 219,119
Construcción 1,025,920 256,480 205,184
Educación 542,725 135,681 108,545
Electricidad gas y agua 62,908 15,727 12,582
Sector financiero 295,630 73,908 59,126
Hoteles y restaurantes 212,812 53,203 148,968
Industria 1,049,367 262,342 209,873
S inmobiliario 2,348,254 587,064 469,651
Minas y canteras 150,402 37,601 30,080
Órganos extraterritoriales 735
Pesca 4,122 1,031 824
Servicio doméstico 107,607 26,902 21,521
Servicios comunitarios sociales ty personales 416,896 104,224 83,379
Servicios sociales y de salud 443,017 110,754 88,603
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 676,284 169,071 135,257
Total 9,148,053 2,287,013 1,936,016

Fuente: FASECOLDA y cálculos propios.

Los trabajadores que vieron educidos sus ingresos fueron los del sector formal, regulados por la legislación laboral, y principalmente los del comercio, vigilancia, hoteles, bares y restaurantes, transporte, hospitales y sector industrial. Unos 2.2 millones de personas que laboran después de las 6 de la tarde, y 1.9 millones que lo hacen domingos y festivos, sufrieron una reducción de su salario mensual en 17.2%, sólo por la supresión del 35% del recargo nocturno entre las 6 y las 10 pm; y en 5.8% por la disminución del 25% del pago en dominicales y festivos diurnos.

Hoy, ante el trámite del proyecto de ley 172 de 2015, que podría hacer realidad las promesas de campaña del Presidente Santos, el Ministro de hacienda esgrime los mismos argumentos de siempre para oponerse la restitución de estos derechos: que la reducción de costos laborales permitió que en 14 años se crearan 6.3 millones de empleo, que la tasa de desocupación disminuyó en 887 mil personas; que entre 2007 y 2016 la informalidad bajó de 58.2% a 50.7% y permitió crear 1.9 millones de empleos formales; y, finalmente, que el incremento de los costos laborales tendría un efecto negativo sobre la demanda de trabajadores formales.[2]

Si bien estos datos son ciertos, no son atribuibles a los efectos de la Ley 789, o la reducción de los costos laborales, como lo sostiene el Ministerio de Hacienda. No hay que perder de vista que en 2002 comenzó en firme la recuperación de la economía colombiana, luego de la caída que había sufrido en 1999, la cual contrajo el PIB en 4.4% e incrementó la tasa de desempleo a niveles del 21%. Durante los años del gobierno de Uribe la economía creció a una tasa promedio anual 4.1% los 4 primeros años, y 4.7% en su segundo mandato, crecimiento empujado por los altos precios del petróleo, carbón, níquel y oro, principalmente, y por el crecimiento extraordinario de la inversión extranjera, sobre todo en sectores de la minería. Y durante el Gobierno Santos la economía ha crecido 4.4% promedio anual.

Adicionalmente, durante este período salieron del país miles de colombianos (4´700.000 de personas hasta 2013[3]), principalmente hacia Estados Unidos y España, quienes además de seguridad para sus vidas buscaban mejores oportunidades de empleo. Este fenómeno también tuvo impactó positivo en el empleo, en varios sentidos:  disminuyó la presión sobre el mercado de trabajo, las remesas giradas por los migrantes aumentaron el consumo de los hogares, estimulando la demanda interna y la creación de nuevos puestos de trabajo.

La posición del Ministerio de Hacienda desconoce además los resultados arrojados por recientes investigaciones sobre los impactos del incremento salarial en la economía y la productividad de las empresas. Como las de los economistas David Card y Alan Krueger en el sector de las comidas rápidas de Estados Unidos. Descubrieron que el efecto del aumento salarial fue positivo, no redujo el número de puestos de trabajo. ¿Cómo es esto posible? Hay varias respuestas, pero la más importante es que el mercado laboral no es como el mercado del trigo, porque los trabajadores son personas. Y como tales, se obtienen beneficios importantes, incluso para el empresario, cuando se les paga más: tienen la moral más alta, cambian menos de trabajo y son más productivas, beneficios que compensan el efecto directo del aumento del coste de la mano de obra.

 

¿Qué tan caros son los trabajadores colombianos?


¿Se volvieron más competitivas las empresas por la reducción de los costos laborales que implementó la reforma del año 2002? Es una pregunta válida, porque si el efecto de esta reforma no fue el aumento de la competitividad, quiere decir que lo que hubo fue una captura de rentas por parte de los empleadores, una ganancia adicional para éstos.

Para toda la economía colombiana, los costos laborales totales (salarios, prestaciones, seguridad social, parafiscales, dotaciones, cesantías, primas) representan el 19.9% del valor de la producción, y el 36.14% del valor agregado.

Para toda la economía colombiana, los costos laborales totales (salarios, prestaciones, seguridad social, parafiscales, dotaciones, cesantías, primas) representan el 19.9% del valor de la producción, y el 36.14% del valor agregado. O sea: por cada $100 de valor de producto, los empleadores deben destinar en promedio $19.9 para cubrir la totalidad de los costos laborales, y por cada $100 de valor agregado, $36.14% son para los trabajadores. En cambio, la ganancia del capital, representada en el ingreso mixto más el excedente bruto de explotación, representan en cada caso el 33.96% y el 61.73%. Esto indica que no es el factor trabajo el componente que más incide en la estructura de costos de las empresas, ni en su competitividad.

Pero en vez de acudir a estos datos, los estudios que contratan los gremios empresariales por lo general se refieren al hecho cierto de que por cada peso que pagan a un trabajador por su salario, deben asumir cerca de un 50% adicional por los costos no salariales: dotación, subsidio de transporte, cesantías, prima legal, afiliación al sistema de pensiones, riesgos laborales y cajas de compensación.  Lo que no dicen es que esta proporción sería la misma si se redujera a la mitad el salario de los trabajadores.

Adicionalmente, sostienen que el salario mínimo es muy alto, pues representa cerca del 80% del salario medio nacional. Lo cual es cierto, pero por una razón: los trabajadores tienen muy bajos niveles de sindicalización (menos del 5%), y la negociación colectiva apenas se da en menos del 1% de las empresas, por lo que la determinación de los salarios y sus incrementos lo hacen las empresas de manera unilateral. En cambio, en las empresas donde hay presencia sindical y negociación colectiva el salario medio es por lo menos el doble del salario mínimo.

Respecto a si la reforma de 2002 mejoró la competitividad del país, los datos no indican ningún avance. Aquel año Colombia ocupó el puesto 61 en el ranking de competitividad. En el 2003 Colombia ocupó el puesto 56 en el ranking que publica el Foro Económico Mundial, en el 2007 ocupó el puesto 65, y en 2011 el puesto 68. Lo que indica que no es el costo del trabajo el factor relevante en la competitividad de un país, y menos cuando los primeros puestos los ocupan países de salarios altos y con fuerte implantación del sindicalismo y de la negociación colectiva.

 

La remuneración de los trabajadores y su impacto en la economía


Como se aprecia en la siguiente tabla, desde la demanda el componente más importante del PIB es el consumo de los hogares, conformado en un 54% por la remuneración de los asalariados. Por tanto, mejorar salarios tiene un impacto directo sobre el PIB, en tanto incrementa el valor del componente más importante e incidente de este indicador, lo que significa fortalecer el mercado interno y depender menos del comportamiento de los mercados internacionales.

            Tabla 3. Incidencia del consumo de los hogares en la formación del PIB

Año Producto interno bruto Demanda final interna Consumo de los hogares Consumo final del gobierno Formación bruta de capital
2015 800.849 877.101 508.886 146.092 222.123
% 100 58.02 16.66 25.32

Fuente: DANE.Cuentas Nacionales trimestrales. Elementos oferta y demanda final en el territorio nacional.

 

Mejorar salarios, y por tanto restituir los derechos perdidos por la reforma uribista, significa promover una modelo de desarrollo completamente distinto al que el Ministro de Hacienda ha implementado desde los gobierno en los que ha participado; modelo que le apuntó a la apertura y a los tratados de libre comercio y para el cual es completamente funcional un mercado laboral flexible, sin sindicatos ni negociación colectiva, y en la que el factor clave en la competitividad del país sean los bajos salarios, un modelo que solo funciona en beneficio de unos pocos, principalmente las transnacionales.

 

Salarios y distribución del ingreso en Colombia


La siguiente tabla muestra la incidencia de la remuneración de los trabajadores y la remuneración del capital (ingreso mixto más excedente bruto de explotación) en la riqueza que se produce en el país, o en el PIB:

        Tabla 4. Participación de la remuneración del trabajo y del capital en el PIB.

2010 2011 2012 2013 2014p
Producto interno bruto 100 100 100 100 100
Remuneración a los asalariados 32.72 31.36 32.23 32.73 33.10
Excedente bruto de explotación 34.34 36.00 35.49 35.81 34.63
Ingreso mixto bruto 22.30 21.61 21.54 21.43 21.90
Total remuneración del capital 56.64 57.61 57.03 57.24 56.53

Fuente. DANE, Principales agregados macroeconómicos por sector institucional

Según esta tabla, de cada 100 de PIB, los 22 millones de trabajadores colombianos participan con el 33.1%, en tanto que la participación del capital es del 56.53%. Desigualdad que también mide el coeficiente de GINI, que en el año 2015 fue 0,522 en el total nacional, indicativo de que somos una de las naciones más desiguales del planeta.

Esta baja participación de las remuneraciones en el PIB, y la extrema desigualdad en los ingresos, es resultado directo de la baja remuneración de la mayoría de los trabajadores colombianos, la cual empeoró la reforma laboral del 2002.

Ahora el gobierno y los partidos mayoritarios en el Congreso tienen la oportunidad de enderezar esta situación, restituyéndoles a los trabajadores lo que perdieron con la reforma laboral de Uribe.

Ahora el gobierno y los partidos mayoritarios en el Congreso tienen la oportunidad de enderezar esta situación, restituyéndoles a los trabajadores lo que perdieron con la reforma laboral de Uribe. Ello significaría mejorar ingresos de los hogares, un factor que es absolutamente clave en el crecimiento de la economía. Adicionalmente, mejores ingresos para los trabajadores significan más educación, mejor vivienda, mejor alimentación y más salud para los hogares de los trabajadores, factores todos que son clave en la competitividad de un país y en la construcción de sociedades pacíficas y civilizadas.

Restituir estos derechos incrementaría la participación de los costos laborales en el valor de la producción bruta en tan sólo 1.89 puntos porcentuales, lo que es prácticamente marginal, no afectaría la competitividad de las empresas. El impacto en cambio, es positivo en materia de distribución del ingreso, un resultado que es muy bueno para la salud económica del país y para la equidad.

[1] Este lo hemos deducido de la información recogida por el DANE en sus encuestas anuales de Industria, servicios y comercio.

[2] Carta del Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda, Andrés Escobar Arango, a la Comisión Séptima del Congreso de la República, 26 de junio de 2016.

[3] Ministerio de Relaciones Exteriores. Fortalecimiento de políticas públicas para la atención y vinculación de colombianos en el exterior. 2013. (https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/informe-ejecutivo-2013-vinculacion-colombianos-exterior.pdf)

Héctor Vásquez Fernández

Héctor Vásquez Fernández es Socio y fundador de la ENS. Exmiembro del Comité Ejecutivo de la Cut Antioquia. Docente, investigador y asesor de la ENS. Experto en temas sindicales y laborales

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