Luces y sombras sobre el nuevo gobierno de Duque

En este análisis, el director de la Escuela Nacional Sindical habla de lo que será el nuevo gobierno de Ivan Duque.

Por Alberto Orgulloso, Director ENS

“Todo está consumado”, Jesús.

La elección de Iván Duque como Presidente de la República era previsible, y así se cumplió en medio de una campaña polarizada y caracterizada por modelos de sociedad bien diferenciados.

La paradoja de estas elecciones fue que se eligió al delfín de Álvaro Uribe, con la ayuda de varios de sus adversarios políticos, como el Partido Liberal (César Gaviria), Cambio Radical (Germán Vargas) y el Partido de la U (la mayoría de sus parlamentarios), el partido cristiano Mira, aliados y defensores del gobierno y del Acuerdo de Paz. Ganó la oposición al Presidente Juan Manuel Santos, con su propia ayuda y beneplácito.

Los resultados electorales tendrán significativas repercusiones en la dinámica política y en la agenda estratégica de país, en especial respecto a: 1) la modificación del Acuerdo de Paz con las Farc, 2) los diálogos con el ELN, 3) la política antidrogas, 4) las relaciones internacionales (especialmente con Venezuela y EEUU), 5) las reformas legislativas que incluyen asuntos sociales como las pensiones, el trabajo y los impuestos, 6) la arquitectura institucional del Estado, y 7) la puesta en marcha del modelo gobierno–oposición.

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En su discurso de victoria el nuevo presidente sorprendió con su llamado a la unidad del país, tarea titánica –y poco creíble– en un país tan polarizado por las dinámicas del conflicto armado, las disputas del poder político y económico, y el papel de algunos medios de comunicación. Dijo el presidente electo que va “a pasar la página de la polarización, para que nos unamos en unos propósitos de país”.

Sin lugar a dudas Colombia es una nación necesitada de reconciliación y de unidad sobre lo fundamental en temas diversos, como la preservación de la vida de los defensores de DDHH y líderes sociales; la ampliación de la democracia; la terminación definitiva de todas las guerras y factores de violencia, no sólo el silencio de los fusiles de las guerrillas; y el restablecimiento del Estado social de derecho, incluyendo la legalidad, que hoy por hoy no funciona en muchas zonas del país, evidenciado por la presencia de grupos armados ilegales y carteles del narcotráfico, e incluyendo efectivamente a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil.

Lecciones de las elecciones presidenciales

Los resultados de la elección presidencial evidencian varias realidades y dinámicas con luces y sombras, a saber:

Una alta votación de 19 millones 511 mil colombianos/as, que expresa un crecimiento de la participación electoral: el 53,04% de las personas habilitadas para votar, de un total de 36´783.940, y una reducción de la abstención histórica. Comparado con la primera vuelta, la participación política creció en más de 3 millones de nuevos electores respecto a la elección presidencial de 2014, especialmente en las zonas urbanas.
Iván Duque fue elegido con una votación histórica superior a 10 millones 300 mil votos (54%), producto en buena parte del aumento de la participación electoral, de la estrategia de polarización y miedo contra el Acuerdo de Paz y el supuesto “Castrochavismo”, lo cual generó un anti-petrismo y la unidad de las élites. Como es sabido, la candidatura de Duque significó la conformación de un bloque de partidos liderados por el Centro Democrático (Álvaro Uribe), sectores de derecha del Partido Conservador, empresarios y políticos de varios partidos, y poquísimos sectores sociales. En la segunda vuelta logró la adhesión del Partido Mira, el Partido Liberal, Cambio Radical y el Partido de la U., además del empresariado en bloque (Consejo Gremial).
Álvaro Uribe sigue siendo el gran elector, con un resultado que lo sitúa nuevamente en el gobierno (luego de ser presidente por dos periodos y contribuir a elegir a Santos en el primer periodo), además del poder alcanzado con su bancada parlamentaria (51 congresistas) y de su gran influencia en los grandes medios de comunicación y en el gran empresariado. Este resultado tiene serias implicaciones en la nueva agenda política que, según lo propuesto por dirigentes del Centro Democrático, significará modificaciones al Acuerdo de Paz y a las reformas derivadas de su implementación, así como en materia de justicia (propuesta de una sola corte), de ajustes en el Estado para reducir el “gobierno derrochón”, y nuevas reformas tributaria y pensional en favor del sector privado.
Contra todo pronóstico, Gustavo Petro obtuvo una alta votación, sin precedentes para un candidato de izquierda: 8´034.189 votos, equivalentes al 41,8%, con un programa de corte liberal progresista y claramente diferenciado del modelo de Venezuela. Esta votación recoge, en parte, el voto anti-uribista y la voluntad de cambio de la sociedad colombiana, especialmente de jóvenes, sectores sociales, sindicales y clase media urbana. Este resultado permitiría configurar un bloque político y social en virtud de la ley de equilibrios de poderes (acto legislativo 02 de 2015) y la ley de bancadas (Ley 974/2005), que posibilitaría el ejercicio de la oposición democrática de manera articulada frente al nuevo gobierno. La cuestión sería el cómo Petro logrará erigirse como líder de la oposición desde el Congreso, propiciando un acuerdo político y una convergencia de diversas fuerzas y movimiento sociales y políticos, algunos de los cuales también disputan la condición de oposición o independientes, como el Polo Democrático y el Partido Verde, inclusive respecto a la nueva bancada de la Farc.
El voto en blanco apenas representó el 4,2%, a pesar de la apuesta política de líderes representativos como Sergio Fajardo y Jorge Robledo, quienes, tras obtener una admirable votación (4´600.000) asumieron la opción del voto en blanco en segunda vuelta, bajo el argumento de que “ninguno de los dos candidatos representaba lo que querían para Colombia”. Sin embargo, en blanco apenas votaron 808.368 personas, que representan el mismo porcentaje de la elección de 2014.
Luego de las elecciones parlamentarias y de la primera vuelta presidencial surgieron sombras sobre la transparencia de la gestión de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral, reforzadas por el anuncio del Fiscal General de que hubo una “corrupción nauseabunda”, de la cual solo reveló algunos hechos pasada la segunda vuelta, lo que fue criticado tanto por el candidato Petro como por diversos sectores políticos. A lo que se suman los informes de la Misión de Observación Electoral, la Corporación PARES y algunos académicos. La rapidez con la que se dieron los resultados de la segunda vuelta, no borran los hechos de corrupción electoral y ni la vulnerabilidad del sistema electoral, que sigue siendo un obstáculo para las garantías de participación política de sectores alternativos.

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Lo que viene para el nuevo gobierno

Asistiremos a los denominados conflictos de intereses en los procesos de toma de decisiones y de contratación pública.

Los indicios del proceso de empalme, que ha tenido una fuerte presencia de sectores y gremios económicos (financieros, ganaderos, comerciantes y los productores), vislumbran un gobierno corporativista empresarial, al servicio del sector privado, lo que implica que la agenda de política pública y legislativa estará al servicio de las empresas y del capital, haciendo del Estado una corporación al servicio de intereses particulares, más que al interés general. Asistiremos a los denominados conflictos de intereses en los procesos de toma de decisiones y de contratación pública.

Los desafíos y riesgos del nuevo gobierno están asociados a la capacidad del nuevo presidente de caracterizarse y liderar una agenda propia, que seguramente profundizará la agenda neoliberal con fundamentos neoconservadores, orientada a la privatización, al desmonte de funciones sociales del Estado, así como a las pocas garantías a los derechos civiles y políticos. Muchos sectores dudan de la independencia y autonomía de Duque respecto de Uribe, para liderar un gobierno que responda a los desafíos nacionales en un contexto de tensiones y mayores conflictividades.

Frente a este nuevo escenario, las organizaciones sindicales y sociales están revisando los anuncios de la agenda del gobierno y las posibles estrategias de actuación frente al gobierno, sea que se declaren en oposición abierta y deliberante, o que asuman independencia crítica de las políticas públicas. En algunos casos se podrían dar alianzas temáticas o programáticas para preservar los avances del Acuerdo de Paz, su desarrollo normativo y de política pública para el campo.

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Las reformas de impacto social de Duque

El nuevo gobierno emprenderá una serie de reformas legislativas en materias sociales, laborales y pensionales, para ello debería convocar a los sindicatos, empleadores y gremios, así como promover una amplia deliberación pública. Los primeros anuncios indican que promoverá una reforma tributaria para reducir impuestos a las empresas y al capital transnacional, con el presunto propósito de generar más empleo, todo ello en el marco del denominado “Pacto por Colombia”.

Sin posesionarse, Duque y el Centro Democrático lograron cambios unilaterales del Acuerdo de Paz en materia de justicia transicional. Suponiendo que habrá modificaciones de fondo al Acuerdo de Paz, el nuevo gobierno tendrá que asignar nuevos recursos fiscales para la implementación de la Paz, en especial para las zonas rurales, el funcionamiento del sistema de justicia transicional y atender las obligaciones del Estado en relación con los excombatientes desmovilizados y su reincorporación, y con el programa de erradicación de cultivos ilícitos, entre otros asuntos.

La presión y beligerancia del Centro Democrático, partido del nuevo presidente, de “hacer trizas los acuerdos”, generará mucha turbulencia política y mayor conflictividad social, que podría desencadenar en un mayor escalamiento de la violencia. Ojalá que no.

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Diálogo social o diálogo nacional eficaz

Para que el gobierno de Duque pueda cumplir su promesa política de “unir al país”, tendría que propiciar un proceso de diálogo nacional con todos los actores políticos y sociales, incluyendo a la oposición, con el fin de procurar una desactivación de la polarización, la retaliación, y la revancha política que ha exacerbado el odio, la venganza y la violencia física y simbólica, especialmente contra los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, los reclamantes de tierras, los gestores de paz, los excombatientes y los activistas de izquierda en el último tiempo.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, los asesinatos de líderes sociales ascienden a 311, con total impunidad, evidenciando la incapacidad y/o permisividad de la fuerza pública y demás autoridades.

Sería deseable que un diálogo nacional se fundamente en un verdadero Pacto Nacional, o como dijo Duque: un Pacto por Colombia, que incluya a todas las fuerzas políticas y sociales, y que contenga pilares fundamentales, como el respeto a los principios democráticos, la separación de poderes, la garantía del Estado Social de Derecho, las garantías a la oposición, entre otros. De la misma manera deberá procurar acuerdos programáticos de política pública y legislativos, a fin de garantizar la implementación del Acuerdo de Paz, la terminación de la violencia política, el cierre de brechas de exclusión e inequidades sociales y el respeto de los derechos humanos.

Para que las autoridades logren resultados efectivos contra los responsables de los asesinatos sistemáticos y el desmonte de todos los grupos armados ilegales, el propio presidente Duque tendrá que liderar una estrategia nacional de protección de los líderes y de desactivación de los factores de violencia política y simbólica, como la estigmatización de los gestores de paz y los líderes sociales y sindicales.

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Agenda laboral y compromisos internacionales

Entre la carpeta de reformas que trae el nuevo gobierno, sobresalen la pensional y la laboral, incluyendo el procedimiento de fijación del salario mínimo, la reforma al sistema de salud y de riesgos laborales, además de la reforma tributaria para bajar los impuestos a las empresas y subir los impuestos a los trabajadores.

Sin embargo, existe una agenda internacional vinculante para el nuevo gobierno. Éste debe cumplir los compromisos laborales internacionales, los relativos a los DDHH y ambientales derivados del Plan Acción Laboral con los EEUU, con Canadá, la Hoja de Ruta del Parlamento Europeo (Resolución 2628/12), y ahora con el ingreso de Colombia a la OCDE quedaron materias laborales pendientes de cumplimiento. Esto teniendo en cuenta que recientemente Colombia no ha sido respetuosa de las normas internacionales, ni de los compromisos en DDHH derivados de los TLC, ni de los acuerdos multilaterales en escenarios como las Naciones Unidas con los ODS y la OIT.

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Estrategia del movimiento sindical frente al nuevo gobierno

El movimiento sindical se muestra dividido respecto al relacionamiento con el nuevo gobierno. La CUT decidió hacer oposición mediante la movilización. Según su presidente, Luis Alejandro Pedraza, “a nosotros no nos queda ninguna alternativa diferente sino la movilización social. Reiteraremos la agenda que se le presentó al presidente Santos, cuyo fin es lograr que se le resarzan a las y los trabajadores el despojo del que hemos sido objeto durante estos últimos gobiernos”. En ese mismo sentido se pronunció la Junta Nacional de la CUT.

La CGT, por su parte, decidió dar un compás de espera. En la voz de su presidente Julio Roberto Gómez manifiesta que “habrá que esperar cuál es su tipo de gobierno, cómo va a ser su programa en los 100 primeros días. Ahí estaremos nosotros, para criticar todo lo que sea malo y para apoyar las iniciativas buenas, como corresponde”.

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La CTC ve al nuevo gobierno con grandes preocupaciones. Su Presidente, Miguel Morante, manifestó que “tenemos que prepararnos para salirle al frente a algunos de los anuncios que se han hechos sobre asuntos que pueden ser lesivos para los trabajadores, como las reformas pensional y tributaria”.

En general, las organizaciones sindicales, que apoyaron mayoritariamente a Petro, procurarán desarrollar su propia agenda socio-laboral para presionar al gobierno y tratar de lograr incidencia política basada en la movilización social y la resistencia democrática.

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El comportamiento de los actores está por definirse

El gran desafío de los movimientos sociales y sindicales será fortalecer su unidad, reforzar y profundizar la formación política de las y los trabajadores,

Aparte de quienes apoyaron la elección de Duque, ¿quiénes serán aliados de su gobierno?, ¿quiénes serán oposición?, ¿quiénes serán independientes? En el mismo sentido se esperan decisiones de las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, afros, de mujeres, juveniles, estudiantiles, y de las organizaciones de sociedad civil que han sido defensoras del Acuerdo de Paz y del Estado Social de Derecho.

El gran desafío de los movimientos sociales y sindicales será fortalecer su unidad, reforzar y profundizar la formación política de las y los trabajadores, para promover una cultura política democrática que movilice una agenda centrada en la defensa de la Paz, la ampliación de la democracia, y la garantía de los derechos fundamentales en el trabajo y los derechos de ciudadanía. Amanecerá y veremos.

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