En este artículo, el columnista se pregunta por la política de seguridad en la actual administración municipal de Medellín.
Por Carlos Julio Diaz Lotero. Analista ENS
Los indicadores de seguridad de Medellín en materia de homicidios, hurtos, extorsiones, desplazamientos forzados intraurbanos, microtráfico, feminicidios, entre otros, vienen en franco deterioro, a pesar de la creciente inversión en infraestructura tecnológica de seguridad y de apoyo presupuestal a la acción de la Policía Metropolitana. Según Medellín Como Vamos (2017), la percepción de seguridad disminuyó del 51% al 47%.
¿A qué se debe entonces la ineficacia de la política de seguridad del Alcalde Federico Gutiérrez? Se debe a que ésta descansa en un 100% en acciones policiacas y desconoce condicionantes asociados a la inseguridad, como el alto desempleo de los jóvenes y su exclusión del sistema educativo, las múltiples desigualdades e inequidades no resueltas, recortes en el presupuesto a la cultura y a los programas de derechos humanos, y una política económica que no genera empleo, concentra riqueza y precariza la ocupación.
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Hace más de 30 años las elites regionales desmontaron el modelo de desarrollo basado en manufacturas e implantaron como base de las actividades económicas la banca, los seguros, el turismo de negocio y una serie diversa de servicios. La fuerza laboral expulsada por este cambio de vocación económica no fue absorbida por las nuevas dinámicas empresariales, lo que para la ciudad ha significado tasas de desempleo superiores al promedio del país, y por tanto menores oportunidades laborales para las nuevas generaciones, que crecieron bajo el paradigma del narcotráfico y la ilegalidad como únicas alternativas de prosperidad económica y movilidad social.
La falta de oportunidades de los jóvenes para construir un proyecto de vida en torno al trabajo y la educación los ha llevado a buscarlas en la ilegalidad. La inequitativa y precaria estructura empresarial de Medellín y la región no contribuyen a crear oportunidades laborales para las nuevas generaciones, y el Estado tampoco adelanta políticas que promuevan el desarrollo empresarial de las MIPYMES, ni programas sociales incluyentes.
Las operaciones del narcotráfico, la extorsión, la prostitución y el hurto, en gran medida son un subproducto de una política económica que genera alto desempleo, en especial juvenil, y de las múltiples exclusiones que afectan a los jóvenes de la ciudad. El área metropolitana tiene unos 157 mil NINIS (jóvenes que NI estudian, NI trabajan), que constituyen un impresionante ejército de reserva fácilmente reclutable por estructuras criminales supranacionales, como el Clan del Golfo, Los Triana, La Oficina y otras, que a un joven excluido le dan por lo menos la posibilidad, no solo de subsistencia, sino también de movilidad social.
La inseguridad asociada a las actividades de control del microtráfico, la extorsión en el transporte y en negocios barriales, la prostitución, incluida la venta de menores de edad, los carteles de proveedores en las tiendas de barrio, y la usura del gota a gota, no se combaten solo con acciones policiacas. Requieren alternativas laborales que se desprendan de un impulso económico que promueva un desarrollo empresarial de agregación de valor, una transformación cultural y educativa, la atención a los problemas de violencia intrafamiliar, y el apoyo a los jóvenes en la búsqueda de un sentido de vida.
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La ciudad no tiene un modelo de desarrollo de su economía basado en la inteligencia y en la agregación de valor. Solo crecen los casinos, las casas de juego, moteles, la prostitución, el narco-turismo, el turismo sexual, el esoterismo y toda la ilegalidad señalada.
¿Es este el modelo de desarrollo asociado a la “nueva vocación de la ciudad? La violencia y la inseguridad relacionada con las operaciones del narcotráfico y las rentas ilegales deben combatirse no solo con acciones de policía, necesitamos revisar el modelo de desarrollo, fortalecer las políticas culturales y de inclusión educativa. Si no resolvemos eso, nada funcionará. Lo que buscamos es algo diferente a una solución criminal al problema de las drogas, el consumo, la delincuencia, la prostitución infantil, etc., Y es difícil una solución si no tenemos una política económica y laboral que lo haga posible.
El hambre, el desempleo, los bajos ingresos, el trabajo infantil, las inequidades poblacionales, sociales y territoriales no se resuelven con más fuerza pública, drones, cámaras y helicópteros, sino con Trabajo Decente para la población urbana y tierra para la población desplazada que llega a la ciudad y que viene creciendo por la acción de la violencia en la mayor parte de las subregiones de Antioquia. Por ello a la ciudad metropolitana le conviene apoyar la implementación del acuerdo de paz con las FARC y una negociación con el ELN. ¿El Alcalde y el Gobernador tienen claro esto?
Este enfoque de seguridad, en el que las acciones de policía representan menos del 30% de su integralidad, es igualmente válido para el departamento de Antioquia y para el país.
Audiencia pública ciudadana
Mañana 11 de octubre de 2 a 6 de la tarde se realizará en el Salon del Concejo, del Museo de Antioquia, una Audiencia Pública ciudadana con el fín de discutir sobre el Plan de Desarrollo de Medellín en lo que tiene que ver con los derechos humanos. Diversas organizaciones sociales de la ciudad están convocando al alcalde Federico Gutierrez para que responda por lo que hasta el momento ha venido haciendo en materia de seguridad.
#AudienciaPúblicaMedellín Acompáñanos el próximo 11 de oct a las 2:00 PM en el @museodantioquia queremos respuestas, construyamos juntos soluciones. pic.twitter.com/oHJJDBJRij
— Veeduría Medellín (@veeduriademed) 9 de octubre de 2018
#AudienciaPúblicaMedellín
¿Se sienten en su cotidianidad los Medellinenses seguros y seguras en sus barrios? Necesitamos respuestas. ¡Apóyanos! te esperamos el próximo 11 de octubre a las 2 pm en el Museo de Antioquia. pic.twitter.com/1cNJFekgsK— Común Acuerdo (@comunacuerdo) 9 de octubre de 2018
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