La política electoral puede servir para defender y garantizar derechos de los trabajadores y pensionados.
Por Carlos Arturo Rodríguez Díaz
En el momento presente, para fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho, defender la aplicación de los derechos laborales y garantizar el pago de las pensiones, resulta imperativo que los sindicatos y las organizaciones de pensionados, participen activamente en la acción política electoral. El legislativo debe convertirse en un real y eficaz espacio de dialogo sociopolítico.
Con estas notas, pretendo argumentar, que los derechos se fortalecieron con el nacimiento de la OIT, se desvanecieron con la puesta en práctica del neoliberalismo y se agudizaron con la caída del muro de Berlín y que el Dialogo Social está en crisis, a pesar de ser el mejor instrumento para dirimir conflictos, porque los gobiernos se sustrajeron de su responsabilidad como articulador de la sociedad.
Veamos;
Con nacimiento de OIT, se fortalecen derechos laborales y sindicales
Recordemos que en 1919 se creó la Organización Internacional del Trabajo, OIT, como parte del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. La OIT nació reflejando la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar la paz universal y permanente. En aquel momento, tras la Primera Guerra Mundial y la llamada gripe española que azotó al mundo, se entró en una peligrosa espiral de crisis económica, tensiones políticas y conflicto armado, que «regresar a la normalidad» era un deseo generalizado.
En aquel marco, creció la inestabilidad global, sobre todo tras la Gran Depresión de 1929, que hundió el comercio, disparó el desempleo, fortaleció el nacionalismo y debilitó la democracia, llevando al mundo al mayor conflicto bélico de su historia, que fue la Segunda Guerra Mundial.
Después de esta devastadora Guerra y aún con las heridas abiertas, los países con gran generosidad e incuestionable decisión política dejaron de lado sus diferencias para responder a los riesgos del nuevo orden internacional que asomaba. Entonces, se crearon organizaciones para promover gobernabilidad, paz y seguridad global; se avanzó en la cooperación entre países, se integraron economías y se evitó una nueva guerra mundial.
Es preciso señalar que la OIT, en medio de la Segunda Guerra Mundial, realizó en Filadelfia, el 10 de mayo de 1944, su 26 Conferencia Internacional con delegados de gobiernos, empleadores y trabajadores de 41 países y adoptó la emblemática Declaración de Filadelfia, que fue marco referencial para incorporarla a la carta de objetivos y propósitos, cuando en 1946 la OIT se convirtió en una Agencia especializada de las Naciones Unidas. A partir de ahí, se fortalecen los derechos laborales y sindicales.
Construir consensos para sortear la crisis
Recordemos que, frente a la crisis del modelo neoliberal, el sindicalismo asumió con fuerza las banderas sociopolíticas y junto con otros sectores, propuso salidas a la crisis sanitaria, económica, social y política, lo que implicaba gestionarlas y al mismo tiempo, construir futuro, propiciando un escenario para la implementación de la paz y materializar un Nuevo Contrato Social.
La anterior formulación la hizo teniendo claro que esta mega crisis debe acelerar el cambio de modelo, porque los efectos negativos de 50 años de neoliberalismo han sido, la desigualdad en lo económico y el debilitamiento y desprestigio del Estado en lo político.
Una economía basada en la extracción minera, en la tenencia de la tierra, en el comercio al detal y en la banca especulativa, no produce riqueza, produce concentración de la riqueza en pocas manos. América Latina sigue enojada por ello y en los últimos años vemos una sociedad que protesta masivamente, entendiendo que la lucha económica o reivindicativa es importante pero que hoy, sus planteamientos son estructurales, lo que implica repensar el modelo de desarrollo.
Además, el coronavirus lo transformó todo y desnudó completamente un modelo económico que escondía pobreza, discriminación y desigualdad; también, una crisis de liderazgo, pues la confianza entre gobernantes y ciudadanos ya era precaria antes del virus, lo mismo que la forma como algunos políticos irresponsables erosionaron la democracia. Por ello, la crisis sanitaria está ligada al sistema económico y enfrentar solo la pandemia, sin atender sus causas estructurales, es prolongar la reacción social.
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Obstruir dialogo social es agrietar democracia
Aplicando la receta neoliberal, algunos gobiernos centran la solución de los conflictos laborales, solo en manos de empresarios y trabajadores, olvidando que el derecho laboral, le asignó al Estado un papel protagónico en la relación laboral, entre empleadores y trabajadores y que, por tanto, se considera que la relación laboral, es una relación triangular. De acuerdo con investigadores y juristas reconocidos, se reitera que el Estado tiene un papel determinante para comprender, armonizar y definir las reglas que permitan la coordinación económica y el equilibrio social.
Lo anterior se traduce en que quienes representan a la sociedad en un Estado Social de Derecho tienen el deber, en cuanto a relaciones laborales se refiere, de adoptar las normas y medidas para aplicar justicia en las relaciones de trabajo. Concertar, en la acepción más acorde con el derecho del trabajo y la concepción OIT, significa: “traer a identidad de fines o propósitos cosas diversas o intenciones diferentes”; por ello, el dialogo social, se fortalece concertando con organizaciones empresariales y sindicales y liderando como Estado, las medidas consensuadas.
En América Latina, el dialogo social, sigue debilitándose y se soslaya a los sindicatos con diálogos individuales entre empresarios y trabajadores. Por estas razones, el desarrollo del diálogo social se caracteriza por su precariedad y bajo nivel de materialización práctica. El común denominador es creer que este es un mecanismo desgastado; que se habla por hablar, por cortesía, o porque “no hay que dejar perder los espacios”.
Así las cosas, el diálogo social se ha convertido en un verdadero reto político y cultural para la gestión y trámite de los conflictos, sobre todo en el mundo del trabajo, aunque el símil de su implementación en otras esferas de la política deja grandes sinsabores como en la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia, cuyos logros caminan tan lentamente, que parecieran echar marcha atrás.
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Los derechos se convirtieron en una formalidad
Si realizamos un inventario sobre los derechos, podemos afirmar que casi todos están escritos en la carta de derechos de nuestras constituciones: La libertad individual, el laicismo, la justicia, la educación, la negociación colectiva y la seguridad social; es decir, los derechos fundamentales, los económicos, sociales y culturales con sus garantías y deberes.
Sin embargo, estamos viendo que los valores y derechos se alejan del punto en el horizonte que parecía asequible, pero que ahora se vuelve más distante. Cuando hablamos de derechos, no significa que todos se respeten, porque hoy resultan más un ideal que una realidad, en momentos en los que los derechos continúan siendo amenazados.
¿Pero cuando empezó ese punto de inflexión? ¿Cuándo fue el momento en el que los derechos empezaron a desvanecerse? ¿Podríamos decir que la caída del muro de Berlín influyó y a partir de ahí, con la ruptura del equilibrio de las fuerzas en contienda se descompensó la balanza geopolítica?
Recordemos que por los años ochenta se inició un ciclo caracterizado por el predominio del libre mercado, pasando de un modelo económico que articulaba la economía y la política, a uno que las dispersaba. Fue la época neoliberal que se presentó entre 1979 y 1990. En este marco también se produjo en 1989 la caída del muro de Berlín.
Esta apertura económica sobrepasó el paso de la industrialización, generando un cambio en la estructura ocupacional con despidos masivos y dio lugar al empleo tercerizado con formas de subempleo relacionadas con ocupaciones precarias y remuneraciones por debajo del salario mínimo.
Este modelo trajo efectos negativos para el empleo. Para la OIT, ésta fue una crisis que sobrevaluó la capacidad de los mercados para autorregularse; subvaloró el rol del Estado y de las políticas públicas; devaluó la dignidad del trabajo, la protección del medio ambiente y los servicios públicos, generando mayor desigualdad.
Luego vino la crisis financiera del 2008, que impactó el comercio internacional ocasionando una brusca caída en los intercambios de bienes y servicios; en esta oportunidad, la clase media fue golpeada con intensidad.
Los sindicatos frente a este cambio geopolítico
Inicialmente priorizaron la acción económica y su preocupación central fue la lucha económica. Practicaba el apoliticismo como un principio sindical y la educación la realizaba solo para defender derechos laborales. Luego entendió que la lucha económica es soporte para la lucha política; que no puede haber nada que afecte, al país o a su entorno laboral, positiva o negativamente que le sea indiferente. Por ello, impulsa la formación para aprender y para transformar.
Frente a la debilidad sindical y pérdida de derechos, ahora asume que el carácter político de la lucha sindical resulta esencial y acoge la defensa del Estado Social de Derecho y el cambio de modelo de desarrollo como un objetivo inmediato. Actualiza el concepto de autonomía sindical al concebirse como una institución sociopolítica, que se coloca junto a la sociedad y frente al gobierno con propuestas y cambios socioeconómicos profundos, que establece alianzas con otras fuerzas sociales y políticas para avanzar hacia democracias políticas, económicas y sociales. Entiende que frente a derechos socio laborales, no puede haber neutralidad política.
Para esta tarea, hoy es imperativo que los sindicatos y las organizaciones de pensionados participen activamente en la acción política electoral y postulen institucionalmente dirigentes, hombres y mujeres, a los cuerpos colegiados o hagan acuerdos políticos con los partidos afines con el respeto de los derechos laborales y pensionales. Hoy el pago oportuno de las pensiones está en riesgo.
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Eficaz táctica empresarial para defender sus intereses
En relación con las organizaciones empresariales, recordemos que en toda democracia se considera parte inherente de la libertad de asociación, que quienes están en una actividad productiva se unan para defender sus aspiraciones. Sin embargo, en algunos países, el protagonismo y el proceder de los gremios económicos va mucho más allá de ser simples defensores de unas aspiraciones sectoriales ante el Estado.
En Colombia, así lo corrobora el buen periodista Gabriel Silva Lujan, en su artículo del 13 de julio del 2020, del que tomo algunos apartes y los estudios que han hecho sobre el tema, los analistas Fernando Cepeda, Angélica Rothberg, Miguel Urrutia y Jesús Bejarano, quienes llegan a la conclusión que:
“los gremios de la producción más tradicionales se han convertido en verdaderas ‘para instituciones’ que actúan de manera determinante en la viabilidad de los gobiernos de turno, en la dinámica del proceso electoral, en la toma de decisiones del Estado y en la asignación de legitimidad. De manera superlativa ejercen un poder “cuasi estatal” en franca competencia con las ramas del poder público, sobre las que despliegan su capacidad de influencia en forma decisiva. Para nadie es un secreto que en muchas ocasiones, las instituciones y las agencias oficiales deciden con un ojo puesto en la Constitución y el otro en los guiños de los actores gremiales»
Fernando Cepeda, en su trabajo al respecto, muestra cómo buena parte de la debilidad de los partidos políticos y del Congreso ha estado asociada a que su función democrática de canalizadores del debate público desfallece ante el dinero, los medios y la eficacia de los gremios que asumen, desde su particular orilla ideológica, esa responsabilidad, que debería ser eminentemente política y no gremial.
Algunas líneas síntesis
Desde la implementación del modelo neoliberal se agudizó la crisis del dialogo social, porque el Estado se sustrajo de dicha responsabilidad y la solución de los conflictos la dejó en manos de empresarios y trabajadores. Luego vino un cambio geopolítico con la caída del muro de Berlín, que desvaneció los derechos y precarizó las relaciones laborales, con las graves consecuencias que trajo a la sociedad.
Hoy, frente a la negativa de los gobiernos de dialogar, resulta imperativo que los sindicatos y las asociaciones de pensionados, participen institucionalmente en la acción política electoral. El Congreso de la República, en la hora presente, debe convertirse es un eficaz espacio para el dialogo social, para fortalecer el Estado Social de Derecho, construir leyes que beneficien al conjunto de la sociedad y garantice el pago de las pensiones, hoy amenazado por la ausencia de empleo formal y la débil apropiación presupuestal de los recursos para Colpensiones.
Para ello, se requiere colocar toda la infraestructura sindical y pensional al servicio del objetivo electoral y trabajar una eficaz política de alianzas para alcanzar una mayoría con los sectores progresistas.
No se trata de que los sindicatos y asociaciones de pensionados cambien su rol o se conviertan en un partido político; se busca articular la movilización social con el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho, con la implementación de los Convenios OIT, para aprovechar el poder legislativo y garantizar derechos.
Dejo para la discusión estas formulaciones, que son solo una propuesta frente al agrietamiento del Estado Social de Derecho, la vulneración de derechos y el riesgo que están teniendo el pago de las mesadas pensionales.
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