Los trabajadores de la caña presentan diversos problemas de salud laboral. Este artículo analiza su situación.
Por Luisa Fernanda Delgado Martínez
Según Datos del DANE, en Colombia, en el año 2019, el sector de la agricultura representó la segunda rama económica con mayor participación, contribuyendo con el 15,8% de la población ocupada del país, es decir, 3.521.280 de trabajadores. Específicamente, en la actividad económica de la caña de azúcar, según datos de PROCAÑA, en la parte agrícola, se cuenta con 7.400 empleos directos y 42.000 empleos indirectos y, en la parte industrial, con 30.000 y 200.000 empleos directos e indirectos respectivamente. En consecuencia, si gran parte de la población ocupada se desempeña en el trabajo agrícola, resulta fundamental preguntarnos cuál es la situación de salud de estos trabajadores, ya que, además, un número importante de los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Laborales (ATEL) que se reportan están siendo padecidas por trabajadoras y trabajadores agrícolas, incluidos los que laboren en la industria azucarera colombiana.
En los últimos 10 años las empresas dedicadas a la producción especializada de caña azúcar han presentado un incremento considerable dentro del Sistema General de Riesgos laborales. En el siguiente gráfico podemos apreciar el crecimiento del número de empresas y trabajadores (dependientes e independientes) afiliados en el SGRL a nivel nacional, según datos de FASECOLDA. Cabe señalar que llama la atención las drásticas variaciones en el número de trabajadores independientes afiliados entre los años 2017 al 2019.
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No obstante, a pesar del crecimiento de esta industria y el aumento de empresas y trabajadores afiliados a una Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL), se observa con preocupación las altas tasas de accidentalidad, situación que lleva a cuestionarnos sobre la efectividad de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la actividad económica de la caña de azúcar.
De acuerdo a información de la Subdirección de Riesgos laborales del Ministerio de Salud y Protección Social, en el año 2019, por cada 100 afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL), se presentaron 5,88 accidentes de trabajo (AT); esta tasa de accidentalidad es casi tres veces mayor en el sector de la agricultura, donde se registraron 16,31 AT por cada 100 trabajadores afiliados, lo que representa la tasa de accidentes más alta en comparación con los demás sectores económicos, como el sector de Minas y Canteras, donde se presentaron 12,79 por cada 100 trabajadores en el mismo año.
Según datos de FASECOLDA, durante los últimos 10 años la tasa de accidentalidad para el sector de la agricultura ha presentado una tendencia cercana a 20 accidentes por cada 100 trabajadores afiliados al SGRL, mientras que en la actividad de la caña de azúcar la accidentalidad anual ha llegado a ser casi tres veces mayor. En el año 2013, por ejemplo, mientras que en el sector de la agricultura la tasa fue de 19,64 accidentes, en la actividad de la caña se alcanzó una tasa de 52,64 accidentes por cada 100 trabajadores. Adicionalmente, al observar las principales regiones productoras de caña de azúcar, se evidencia que el departamento de Valle ha tenido las mayores tasas de accidentalidad en comparación con los departamentos de Cauca y Risaralda, como se puede observar en la siguiente gráfica:
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Estos datos generan algunas inquietudes, por ejemplo ¿Qué sucedió en el año 2012 y 2013 para que de cada 100 trabajadores se calificaran más de 50 accidentes de trabajo? ¿Cuál política sectorial o macroeconómica ha influido en el aumento de las tasas de accidentalidad?, y sobre todo ¿Qué acciones preventivas están llevando a cabo los diversos actores del SGRL, considerando el comportamiento heterogéneo de las tasas de accidentalidad en los departamentos productores de caña de azúcar, para que en esta actividad sea protegida la salud y la vida de los trabajadores?
Adicional a las altas tasas de accidentalidad en la actividad de la caña de azúcar, según datos de MinSalud, como se puede evidenciar en la siguiente gráfica, existe una preocupante brecha entre los accidentes de trabajo que son reportados y los que son calificados anualmente, esto aunado a que no se cuenta con información disponible por parte de las autoridades del sistema sobre el tiempo que, en la práctica, se está tardando la calificación de origen laboral.
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En cuanto a las Enfermedades Laborales (EL), según datos de FASECOLDA, en los últimos 10 años en el sector de la agricultura por cada 100.000 trabajadores afiliados al SGRL se han calificado alrededor de 400 enfermedades laborales al año, mientras que, para la actividad económica de la caña de azúcar, a partir del 2013 se superó esta tasa con 540,2 enfermedades calificadas y para el 2019 con 1.310,4, teniendo la tasa más alta el departamento del Valle con 1.544,0 enfermedades.
Llama la atención periodos en los que no se reporta calificación de enfermedades, por ejemplo, en los años 2010, 2012, 2013 y 2014 no se calificaron enfermedades en la actividad de la caña de azúcar en los departamentos de Cauca y Risaralda, ¿Será que en 4 años ningún trabajador de la región reportó haberse enfermado a causa del trabajo?
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Por su parte, según datos de MinSalud, existe una importante brecha entre las enfermedades reportadas y las calificadas, donde se evidencia que, en los últimos 10 años, de las enfermedades que se han reportado se han calificado una o ninguna de las enfermedades, a excepción del año 2019, cuando se calificaron 7 enfermedades de las 240 reportadas:
Sumado al preocupante panorama de estos indicadores de ATEL, sabemos que estos eventos pueden llegar a significar la muerte para las y los trabajadores. Según datos de FASECOLDA, todas las muertes que se han calificado han sido por accidente de trabajo y ninguna por enfermedad laboral, tanto para el sector de la agricultura como para la actividad económica de la producción de la caña de azúcar.
Para el año 2019 la tasa de mortalidad en el sector de la agricultura fue de 8,3 muertes calificadas por 100.000 trabajadores afiliados, mientras que para la actividad nacional de producción de caña de azúcar fue 11,6; a nivel departamental la tasa de Valle fue 14,5 muertes y, para Cauca y Risaralda fue 0,0 porque no se calificó ninguna muerte de origen laboral para esos dos departamentos en el mismo año.
Llama la atención el reporte de periodos y regiones donde no se han calificado muertes, por ejemplo, en el Departamento del Cauca no se ha calificado ninguna muerte en los últimos 10 años, lo mismo sucede con Risaralda, a excepción del año 2013 cuando se calificó una (01) muerte; en el Valle y a nivel Nacional en los años 2010, 2012 y 2016 se presentó el mismo comportamiento (cero muertes calificadas). Sería afortunado pensar que no murió ningún trabajador en esos periodos y en esas regiones a causa del trabajo en la actividad de producción de caña de azúcar.
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De igual manera, según datos de MinSalud, resulta inquietante que entre los años de 2010 y 2017 no se calificó ninguna muerte por ATEL, pero en el año 2018 se reportaron 4 y se calificaron 22 muertes, ¿Será que la calificación de origen de estas muertes corresponde a eventos de años anteriores, incluso antes del 2010?
Como se puede evidenciar los datos disponibles en FASECOLDA y MinSalud no sólo generan preocupación sino diversos cuestionamientos, entre ellos, además de las causas de las altas tasas de ATEL, ¿cuáles son los diagnósticos de enfermedad y el tipo de accidentes que sufren las y los trabajadores de la caña de azúcar? Y en este sentido, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales por género? ¿Qué viene pasando con el rol de vigilancia del Ministerio del trabajo para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores de caña de azúcar?, ¿cuál ha sido la inversión y distribución, en el sector de la agricultura y, específicamente en la actividad de la caña de azúcar, de los recursos asignados por el SGRL a servicios de promoción de la salud y prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, de la que es objeto el artículo 11 de la ley 1562 de 2012?
Considerar estas y otras posibles cuestiones que demanden las acciones necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, resulta una tarea fundamental para ejercer el derecho al trabajo digno, que a su vez determina el derecho a la salud de los trabajadores rurales, en un país en el cual, según la encuesta del Ministerio del Trabajo, publicada en la página de Fasecolda, la agricultura es una actividad económica de alto riesgo y uno de los sectores donde se presenta mayores tasas de desempleo, accidentalidad, mayor frecuencia de trabajo (entre 9 y 12 horas), mayores tiempos de desplazamiento al centro de trabajo (entre dos y hasta 3 horas) y peores porcentajes en actividades de prevención en materia de la seguridad y salud en el trabajo.
Estas condiciones de trabajo, sociales e históricas, que determinan la salud de los trabajadores de la caña de azúcar, requieren ser intervenidas con la misma urgencia con la que, en esta pandemia por la COVID-19, solicitamos a los trabajadores agrícolas asegurar la producción de alimentos para garantizar la vida en las zonas urbanas; si queremos construir una sociedad equitativa también es necesario garantizar la salud y buen vivir de los trabajadores rurales, y para ello, una acción básica es la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades de laborales, eventos que en muchos casos tienen un desenlace fatal.
*Los Centros de Atención Laboral es un proyecto implementado por la Escuela Nacional Sindical y financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL).
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