El modelo económico de Argentina, para beneficio de unos pocos

En Argentina el gobierno nacional de Mauricio Macri apuesta al endeudamiento voraz –que a fin de año llegaría al 110% del PBI nacional–, refrendado por el pedido de un préstamo stand by al Fondo Monetario Internacional mientras congela la actividad económica y productiva, generando un círculo vicioso en el que el aumento de la pobreza y el desempleo son sus consecuencias directas.

Por Gonzalo Manzullo

Director de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma (Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma). Exclusivo para la AIL.

 Los últimos tres meses en la Argentina se caracterizaron por una fuerte corrida cambiaria del precio del dólar contra la moneda nacional, la cual afectó directamente el poder adquisitivo de los trabajadores. El cálculo interanual de la devaluación ya superó el 100%.

Para el pueblo trabajador esto significó la caída de su salario real y la depreciación del valor de la fuerza de trabajo respecto al resto del mundo. No se trata de un daño colateral: es uno de los principales objetivos de un modelo económico nefasto, del que la corrida cambiaria parece ser apenas un dato anecdótico.

No podemos olvidar que el gobierno encabezado por Mauricio Macri se estrenó con una brutal transferencia de recursos hacia los sectores más ricos y concentrados, al reducir las retenciones agrarias y mineras por decreto presidencial.

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El segundo paso de este plan fue la implementación de sucesivas olas de despidos en el sector público, que luego continuaron en el sector privado. Medidas crueles sostenidas con una salvaje represión de la protesta social, más la criminalización de los líderes sociales y sindicales.

Posteriormente, bajo la retórica de la ineficiencia estatal legada por el gobierno anterior, se introdujo una reducción del gasto público que alimentó la recesión de la actividad económica –atizada también por el incentivo a la especulación del capital financiero– y redujo el financiamiento de políticas sociales claves para la vida digna en salud y educación. Además, aumentó groseramente las tarifas de los servicios públicos esenciales.

Entre tanto, el gobierno nacional de Mauricio Macri apuesta al endeudamiento voraz –que a fin de año llegaría al 110% del PBI nacional–, refrendado por el pedido de un préstamo stand by al Fondo Monetario Internacional mientras congela la actividad económica y productiva, generando un círculo vicioso en el que el aumento de la pobreza y el desempleo son sus consecuencias directas: más de 8 millones de niños/as viven en la pobreza y la mitad de ellos pasa hambre, mientras el desempleo asciende al 9.6%. Quienes sobrevivan, deberán pagar durante años los servicios a la deuda contraídos por el actual gobierno.

En este crítico panorama económico y social, aparece la mano interventora del FMI, que “recomienda” apretarnos el cinturón y exige profundizar aún más el ajuste económico. Así surgió una nueva iniciativa presidencial: reducir por decreto la cantidad de Ministerios Nacionales de 22 a 11, degradando de categoría y de presupuesto a Ministerios claves como Trabajo, Educación y Salud. Actualmente, el proyecto de presupuesto nacional que trata el Congreso para el año próximo planea recortes en el pago de jubilaciones y pensiones para pagar los servicios de la deuda externa.

En tal contexto, la aceleración de la inflación, que alcanzará este año el 42% y se concentra principalmente los rubros de alimentos y transporte, sumada a la brutal devaluación de la moneda nacional en un contexto de negociaciones paritarias con techos muy bajos, dificultan alcanzar la canasta básica de alimentos para una familia tipo y dejan al borde de la pobreza a más del 30% de la población.

Pero son efectos de política económica buscados conscientemente. Este modelo neoliberal confía en que los salarios son un “costo” para los empleadores y que reducirlos brindará “competitividad” a nuestro país en el mundo. Se trata de un esquema donde los beneficiados son siempre los mismos y los perdedores somos los/as trabajadores/as.

Mientras en los últimos 30 años la productividad laboral ha crecido sin cesar, permitiendo incluso la reducción de la jornada laboral, los niveles salariales son cada vez más bajos y los derechos fundamentales, como el derecho a huelga, negociación colectiva y organización, son cuestionados por los  empleadores en alianza con los gobiernos neoliberales de turno.

La pequeña y mediana empresa (PyME), uno de los principales motores de la actividad económica en nuestro país, también ha sido fuertemente afectada, ya que la recesión combinada con la pérdida del poder adquisitivo genera una baja en el consumo, que sumada al aumento de tarifas de luz, gas y agua provocó el cierre de  pequeñas y medianas empresas argentinas. Desde cuando asumió el Gobierno de Cambiemos, cerraron 7.500 PyMEs. Entre diciembre de 2015 y marzo de 2017 en la Argentina cerraron 3.198 empresas, siete por día.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer en su último informe que de un total de 20 millones de trabajadores en el país, la mitad no está registrada o es cuentapropista. A su vez, registró un 2,7% de crecimiento con respecto al mismo período de 2017 en la creación de puestos de trabajo, pero de esta cifra, sólo el 1,1% representa los puestos de trabajo de asalariados registrados, mientras que los asalariados no registrados aumentaron un 5,8%, y los cuentapropistas un 3,3%. Por lo que se puede inferir que el trabajo que más creció en el último año es en “negro”.

El resultado de este combo económico es el aumento de la conflictividad laboral, más medidas de fuerza e intensidad de los conflictos, la limitación de la negociación colectiva vía techos salariales, la caída del Salario Mínimo Vital y Móvil a su nivel más bajo desde el año 2004.

Nos encontramos bajo una ola regresiva que se extiende por toda la región y que ataca principalmente la democracia y la vida digna vía represión, ajuste económico y reformas laborales. Frente a ello, como trabajadores/as proponemos una agenda alternativa consistente en volver a las políticas redistributivas, apostar al trabajo genuino y poner freno a la desregulación mercantil de la vida.

En un mundo en donde unas pocas grandes corporaciones transnacionales manejan el 80% del comercio y la producción vía deslocalización y tercerización de la producción, precarizando y explotando a los trabajadores, nuestra alternativa debe ser tener Estados nacionales más fuertes, que hagan frente a la codicia corporativa y aboguen por los intereses de los pueblos.

Consideramos que pelear por salarios dignos, por la aplicación de políticas públicas progresivas, por la salud y la educación públicas es parte de un mismo proceso. Como trabajadores nos paramos con firmeza ante un modelo económico que empobrece a niños/as, jóvenes, adultos/as y jubilados/as y por eso, desde cuando el gobierno nacional comenzó sus afrentas contra el pueblo trabajador, lanzamos un plan de acción y lucha en las calles a nivel nacional.

Este año nuestras acciones confluyen por tercera vez en un paro nacional que se desarrolló masivamente el 24 y 25 de septiembre, junto a otras organizaciones sindicales, cooperativistas, trabajadores de la economía popular y movimientos sociales, que alzaron la voz frente al ajuste económico, el endeudamiento y los recortes de derechos en nuestro país.

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