Por Carlos Julio Díaz Lotero. Analista ENS
En Colombia la cuestión agraria estuvo en el centro de la violencia desatada en la primera mitad del siglo pasado, y de manera particular en medio del conflicto armado que se inició con el surgimiento de las guerrillas en 1964. La problemática rural se resume de la siguiente manera:
- Alta concentración de la propiedad sobre la tierra e inequidad en acceso a otros recursos naturales, en especial el agua.
- Precariedad en los derechos de propiedad de la tierra.
- El enorme conflicto entre la vocación agroecológica y el uso real (ganadería extensiva) de la tierra rural.
- Alta informalidad y precariedad laboral de los trabajadores rurales.
- Condiciones de atraso y pobreza que se expresan en una enorme brecha entre lo rural y lo urbano.
- Violencia contra las organizaciones sociales y en particular campesinas, como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), y organizaciones sindicales como Sintrainagro.
Según el Censo Nacional Agropecuario del DANE, el 40% de la tierra se encuentra en manos del 0,4% de los dueños de fincas mayores de 500 hectáreas. Y de acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, los usos de la misma se realizan en contravía de su vocación.
El Censo Nacional Agropecuario reveló que la concentración de la propiedad, de las tierras dedicadas a la ganadería extensiva y a cultivos permanentes, siguen creciendo en detrimento de la producción de alimentos. El régimen de propiedad se caracteriza no solo por una alta concentración de la tierra de origen ilegal (narcotráfico, violencia), sino por la informalidad de un 60% de la posesión de pequeñas parcelas”[1].
Esta tendencia está coligada a un deterioro de las condiciones de vida de los campesinos y de precarización de las relaciones laborales, a tal punto que vivir y trabajar en las zonas rurales del país significa tener menos acceso a los bienes públicos y recibir menos protección por parte del Estado y sus instituciones. Por ejemplo, un campesino dedicado a actividades agrícolas, ganadería y pesca, devenga en promedio el 76.16% de un salario mínimo; y sólo el 16,3% de la población ocupada en las zonas rurales cotiza a una pensión[2].
El sector rural es más que la actividad agropecuaria, pero ésta, con la dinámica adquirida a partir del mejoramiento del orden público por la desactivación de la guerra en el marco de los acuerdos con las FARC, hoy representa el 63,1% de los ocupados, seguida por el comercio (12,2%) y servicios comunales y sociales (8,3%).
Casi el 81% de los ocupados en las áreas rurales se encuentra en la informalidad, siendo los “cuenta propia” los de mayor peso, con el 52,4%, seguido por los jornaleros (12,8%), y los trabajadores sin remuneración (9,7%). En la actividad agropecuaria la informalidad es de casi el 90%. Los trabajadores asalariados son por tanto el 19% de los ocupados rurales, y el 10% de los ocupados en las actividades agropecuarias. Significa esto que entre el 80% y el 90% de los ocupados en el sector rural y en el subsector agropecuario, respectivamente, se encuentran por fuera de la protección de las leyes laborales y de la seguridad social.
| Ocupados sector rural según ramas de actividad | Jun-Ago 2017 | ||
| Concepto | |||
| Miles | Porcentaje | ||
| Ocupados Centros poblados y rural disperso | 4.897 | 21,8% | |
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 3.090 | 63,1% | |
| Explotación de Minas y Canteras | 53 | 1,1% | |
| Industria manufacturera | 277 | 5,7% | |
| Suministro de Electricidad Gas y Agua | 22 | 0,4% | |
| Construcción | 192 | 3,9% | |
| Comercio, hoteles y restaurantes | 599 | 12,2% | |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 158 | 3,2% | |
| Intermediación financiera | 9 | 0,2% | |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 89 | 1,8% | |
| Servicios comunales, sociales y personales | 408 | 8,3% |
Fuente: DANE, ECH – GEIH
Nota: A partir de julio de 2006, inicia la Gran Encuesta Integrada de Hogares
| Ocupados sector rural según posicion ocupacional | |||
| Concepto | Jun-Ago | ||
| 2017 | |||
| Miles | Porcentaje | ||
| Ocupados Centros poblados y rural disperso | 4.897 | ||
| Obrero, empleado particular | 874 | 17,8% | |
| Obrero, empleado del gobierno | 68 | 1,4% | 19,2% |
| Empleado doméstico | 99 | 2,0% | |
| Trabajador por cuenta propia | 2.568 | 52,4% | |
| Patrón o empleador | 187 | 3,8% | |
| Trabajador familiar sin remuneración | 414 | 8,5% | |
| Trabajador sin remuneración en empresas de otros hogares | 59 | 1,2% | |
| Jornalero o Peón | 625 | 12,8% | |
| Otro | 4 | 0,1% | 80,8% |
Fuente: DANE, ECH – GEIH
Nota: A partir de julio de 2006, inicia la Gran Encuesta Integrada de Hogares
Nota: Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del censo 2005.
Nota: Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor al 10%, tiene un error de muestreo superior al 5%, que es el nivel de calidad admisible para el DANE.
Nota: Resultados en miles. Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente
Según el Sistema de Información en Derechos Humanos de la ENS, entre enero de 1977 y diciembre del 2016 se registraron en Colombia 3.111 homicidios y 14.238 hechos de violencia contra trabajadores sindicalizados. De los asesinatos contra sindicalistas, más del 30% fueron en el sector de la agricultura, siendo Sintrainagro el sindicato más victimizado, con casi mil asesinatos. A esto hay que sumar los 1.500 trabajadores asesinados que hacían parte de Fensuagro, quienes se clasifican como campesinos y no como sindicalistas en las estadísticas oficiales.
La ANUC surgió a finales de la década de los 60 como organización social de los campesinos para luchar por el derecho a la tierra mediante la movilización y la invasión de tierras inexplotadas de grandes latifundios, ante el fracaso del reforma agraria (Ley 135 de 1961). Pero fue neutralizada por la acción del paramilitarismo de la nueva elite rural ligada al narcotráfico, responsable de cientos de masacres y desplazamientos forzados, muchas veces en connivencia con la fuerza pública.
El fin del conflicto armado es una oportunidad para, en el marco de la lucha democrática, hacer los cambios que requiere el país y resolver los conflictos de concentración, usos y precariedad en los derechos de propiedad de la tierra; y a partir de allí promover el desarrollo de los territorios para cerrar la brecha urbano-rural mediante la provisión de bienes públicos esenciales y políticas públicas protectoras.
El desarrollo rural se logrará con infraestructura, electrificación, crédito de fomento, asistencia técnica, comercialización, precios de garantía, procesos asociativos, desarrollo empresarial, economía campesina, seguridad social, vivienda y saneamiento básico, cultura, recreación, formalización laboral, fomento de los procesos organizativos, diálogo social y garantías a los derechos de protesta y movilización social.[3]
El desarrollo rural tendrá un impacto en la productividad, de manera particular en la rama de actividades agropecuarias, en las que hoy se ocupan más de 3 millones de trabajadores. Un efecto previsible será una reducción bastante fuerte de los empleos necesarios en la agricultura y la ganadería. Por ello, el desarrollo agropecuario no se puede desconectar de una política industrial que absorba la mano de obra que se desplazará del campo a los centros urbanos, como ha sido la tendencia natural en los países desarrollados.
Una política industrial y agropecuaria que genere más empleos
Para garantizar más empleos estables y mejor remunerados necesitamos transitar de la economía primario-exportadora, que hoy tenemos, hacia una basada en el desarrollo de la industria manufacturera y una agricultura orientada al consumo interno. Solo si existe seguridad económica se podrá aclimatar una paz sólida y perdurable.
El libre comercio y la globalización neoliberal han fracasado, por lo que es posible, si hay sensatez en las elites del país, un cambio en la vocación económica a través de un gran pacto nacional sobre un nuevo modelo de desarrollo, que garantice el trabajo decente como fundamento de una paz estable y duradera.
Algunos elementos de la nueva política son los siguientes:
- Protección y fomento de industrias básicas de procesamiento de los recursos naturales que tiene el país, para superar la dependencia colonial que tenemos, ya que mientras más procesadas salgan nuestras exportaciones vamos a tener mejores precios. Así mismo, se debe fomentar la industria de máquinas herramientas y de bienes de capital. La nación debe tener una industria abastecedora de tractores e implementos agrícolas para el campo.
- Modernización de la infraestructura, no solo con mejores carreteras sino con ferrocarriles, para aumentar la eficiencia y productividad de la industria y el agro.
- Aranceles de protección a las industrias nacientes, los cuales deben ir variando en la medida en que dicha industria mejore su productividad.
- Modernización tecnológica de la agricultura y de la infraestructura de transporte. La protección de la agricultura significa créditos a bajo costo, establecimiento de precios de garantía y protección arancelaria, especialmente contra las importaciones subsidiadas que provienen de los países industrializados.
- Propiciar que la ganadería se vuelva intensiva y de establo, para mejorar la calidad de la carne, la productividad y aumentar la producción de carne y leche, y mejorar el consumo alimenticio de los colombianos.Sector
[1] La reforma rural para la paz. Alejandro Reyes Posada. Ed. Geminis. 2016. Pag. 28.
[2] Informe trabajo decente ENS 2016.
[3] La mayor parte de estas políticas y bienes públicos hacen parte del punto 1 del acuerdo de paz Gobierno – FARC