Por Carmen L. Tangarife. Economista. Área Investigación ENS.
Los jóvenes colombianos se encuentran en una encrucijada. Sus deseos de trabajar y construir una vida a partir de sus empleos, tropiezan con la realidad de un mundo laboral que no les ofrece oportunidades, que precariza su mano de obra, lo que les causa desaliento y frustración, y a otros sumerge en la inactividad: no estudian, no trabajan, ni buscan trabajo. Los llamados “Ninis”. Y el Plan Nacional de Desarrollo que presentó el Gobierno Duque a discusión del Congreso, poco o nada contribuye a solucionar esta problemática.
El PND no incluye las recomendaciones de OIT, organización que recomienda a los gobiernos multiplicar las oportunidades de trabajo decente de los jóvenes, con programas de empleo y apoyo real a los emprendedores.
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Pero antes de analizar los componentes de este Plan en cuanto a oportunidades para los jóvenes, veamos algunas cifras que muestran su realidad laboral en Colombia:
47 de cada 100 desocupados en el país son jóvenes. De los 5´920.000 ocupados jóvenes el 58,1% son asalariados y el 41,9% restante es no asalariado, con respecto a 2006 los primeros cedieron participación mientras que los segundos la ganaron.
El 42,2% de los jóvenes en edad de trabajar, están inactivos: 5´198.000 personas.
Entre 2006 y 2018 el desempleo de los jóvenes (de 14 a 28 años) se redujo de 20,5% a 16,9%, que continúa siendo casi el doble de la tasa general: 9,7%.
Los jóvenes se ocupan así: comercio, hoteles y restaurantes (28,7%); servicios comunales, sociales y personales (17,5%) y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (16,5%). Sectores con altas tasa de informalidad (comercio 78,3%; servicios 43,2% y agricultura 90,1%), y por lo mismo de baja productividad e ingresos, y escasa cobertura de protección social.
Participación porcentual de los ocupados por posición ocupacional, 2006 y 2018
Fuente: elaboración propia con información de DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares.
La tasa de informalidad laboral de los jóvenes es 62,9%, o sea 3´724.000 en esta condición. Con gran crecimiento de los cuenta propia. Pasaron de tener una participación de 25,7% en 2006, a 34% en el último año, para un total de 2´105.000 jóvenes cuentapropistas. También creció la participación de los jornaleros, que pasaron de 1,8% a 3,9%. Los trabajadores jóvenes sin remuneración son 387.000 y representa el 6,5% del total de ocupados.
En materia de seguridad y protección social, en 2018 sólo el 41,1% de los jóvenes[1] ocupados cotizaba a salud; 38,3% contribuía a pensión, y 39,9% al sistema de riesgos laborales.
En cuanto a la contratación, sólo el 39% de los jóvenes tenía contrato escrito. En 2008 era menor: 34,6%. Y en cuanto a salarios, los jóvenes tuvieron un ingreso laboral promedio de $836.060, inferior al de la población total, que es $1´016.007.
La tasa de desempleo juvenil rural llegó a 10,1%, para un total de 152.000 jóvenes desocupados. O sea, de los 264.000 desempleados de la zona rural, los jóvenes representan el 57,6%. La tasa de desempleo de las mujeres jóvenes rurales triplicó la registrada por los hombres: 18,5% y 6,2% respectivamente.
Persisten altos niveles de jóvenes que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo (Ninis). En los últimos 10 años su porcentaje no ha disminuido, problemática que obstaculiza la igualdad, pues la mayoría de estos jóvenes proviene de hogares de ingresos bajos y vulnerables. En 2018 el 21,7% de los jóvenes entre 14 y 28 eran Ninis (2´674.000 personas). Además el fenómeno afecta en mayor medida a las mujeres jóvenes. Su tasa: 30,8%, duplica la de los hombres, que fue 12,7%.
PND con metas pobres y confusas
Si bien el Plan Nacional de Desarrollo se basa en el Trabajo Decente, este concepto brilla por su ausencia, pues se toma a manera de enunciado, más no desarrolla a profundidad sus fundamentos, que son: oportunidades de empleo, garantía de los derechos fundamentales en el trabajo, la protección social y el diálogo social.
En las bases del PND, como metas para la población joven se estipula lo siguiente en materia laboral: a) disminuir la tasa de desempleo de 16,6% a 14,0%; b) pasar de 248.000 a 627.000 jóvenes colocados a través del Servicio Público de Empleo; c) reducir el porcentaje de jóvenes “Ninis” de 21,2% a 17,6%.
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Sin embargo, en este orden de ideas, el PND en vez de mejorar las condiciones de acceso al empleo podría desmejorar las condiciones actuales. Fundamenta la solución del desempleo en el emprendimiento personal, desconociendo la importancia del aparato productivo como fuente real de generación de empleo.
Además, en que Colombia la gran mayoría de “empresarios” es de supervivencia económica, no son agentes de creación y desarrollo. Entre 2013 y 2017 se crearon 1´075.908 empresas en el país, y de ellas se quebraron 1´011.613[2], es decir el 94%.
Esto se presenta por la forma como se está manejando el emprendimiento en el país, que en vez de desarrollar está contribuyendo a que haya personas más pobres. Se trata de un proceso reactivo, no planeado ni desde la política ni desde los recursos disponibles[3]. En Colombia, más que innovación y creatividad, las personas ingresan al mundo empresarial debido a la falta de oportunidades reales de empleos decentes y estables.
En cuanto al empleo público, el que ofrecen las entidades del Estado, el PND es contradictorio, plantea una estrategia que deja dudas sobre su capacidad para disminuir las altas tasas de desempleo que enfrenta la población joven del país.
Así aparece en el articulado del PND la estrategia para disminuir el desempleo juvenil: “Las entidades públicas darán prioridad a la vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años, para lo cual deberán garantizar cuando adelanten modificaciones a su plana de personal, que el 10% de los nuevos empleos no requieran experiencia profesional, con el fin de que sean provistos con jóvenes egresados de programas técnicos, tecnológicos y de pregrado”[4].
Este punto es contradictorio con lo planteado por el gobierno como meta de “austeridad”, ya que en su período busca reducir los gastos administrativos en $6 billones, con particular énfasis en la reducción de gastos de personal. Entonces, ¿de dónde saldrán los nuevos empleos destinados a la vinculación de jóvenes en el sector público?, y más cuando se trata de un sector que sólo genera el 3,8% del total de empleos nacionales y el 1,3% del total de empleo juvenil.
Por
otro lado, sorprende que el PND no priorice las oportunidades de acceso a
trabajos decentes de la población joven rural y de jóvenes excombatientes. En
general, desconoce los planteamientos del punto uno de los Acuerdos de La
Habana sobre la Reforma Rural Integral, especialmente el apartado 1.3.3.5 sobre
Formalización laboral rural y protección
social. Las ideas planteadas para la población rural no son claras en
cuanto a metas y logros en el tiempo, y no garantizan la protección ni el
acceso a trabajos decentes.
[1] Entre 18 y 28 años.
[2] Valencia, Mario. 2019. “Emprendedores quebrados”. Dinero, 5 de marzo, https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/emprendedores-quebrados-por-mario-valencia/267743 (accedido el 5 de marzo).
[3] Arbeláez-Jaramillo, Natalia. 2019. “El emprendimiento, como se maneja hoy, contribuye a tener más personas pobres”. La Silla Vacía, 31 de marzo, https://lasillavacia.com/silla-academica/universidad-externado-colombia/emprendimiento-como-se-maneja-hoy-contribuye-tener (accedido el 31 de marzo de 2019).
[4] Artículo 200 del Informe de ponencia para segundo debate del Senado del Plan Nacional de Desarrollo.
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